GREGORIO FERNÁNDEZ DE LA PUENTE

Por José Antonio Artusi

Gregorio Estanislao Fernández de la Puente Romero nació en Paraná el 13 de noviembre de 1848 y murió el 10 de mayo de 1887 en su ciudad natal, con sólo treinta y ocho años . María Marta Quinodoz señala que “fue uno de los alumnos sobresalientes de la única escuela de varones de Paraná, situada en unos largos ranchos de paja al frente de la plaza”. A diferencia de su hermano Francisco Juvenal, que estudió en el Colegio del Uruguay (fue uno de los redactores del reglamento de La Fraternidad), Gregorio recibió educación secundaria en el Colegio de la Inmaculada de los jesuitas de Santa Fe. Posteriormente se radicó en Buenos Aires para estudiar Derecho. En 1873 obtuvo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre “Derechos naturales”.         

Se casó en 1874 con Josefa Petrona Zubiaur, hermana de José Benjamín, quien sería el primer presidente de la Fraternidad y rector del Colegio del Uruguay. Fernández de la Puente hizo gestiones para que Zubiaur pueda estudiar en el histórico colegio. Años más tarde, en su tesis de abogado, su cuñado se lo agradecerá llamándolo su “hermano político y protector”.

De regreso en Paraná comenzó a ejercer la abogacía y en 1869 asumió el cargo de gerente del Banco de Paraná. Ejerció numerosos cargos en el Poder Legislativo y Judicial. Fue diputado provincial por el departamento La Paz y el departamento Tala. Se desempeñó como concejal de Paraná en dos períodos (1873-1875 y 1885-1886). Fue electo diputado nacional en una elección especial en 1880, para completar el mandato de Miguel Ruiz hasta 1882, declarado cesante por no asistir a las sesiones durante la Revolución de 1880.

Fue relator de la Cámara de Justicia en 1873, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial al año siguiente, y juez de Primera Instancia en lo Criminal en 1875. Retornó al fuero Civil y Comercial en 1879 y renunció en 1880. Redactó el Código de Procedimientos en materia criminal.

María Marta Quinodoz relata que “integró la comisión de vecinos encargada de promover la conclusión de la iglesia San Miguel” y que “apoyó la candidatura a presidente de la Nación de Julio Argentino Roca (1880). Asimismo, como vocal del Club 25 de Mayo, se pronunció a favor de la candidatura del Gral. Eduardo Racedo a gobernador de Entre Ríos (1881)”.

Gregorio Fernández de la Puente fue iniciado en la masonería en la logia San Juan de la Fe en 1867, y la presidió en 1881. Al año siguiente integró la logia Unión y Trabajo, en la que también ocupó diversos cargos.

En 1883 fue electo convencional por el departamento Paraná, junto con Ramón Calderón, para reformar la Constitución de Entre Ríos. La Convención se instaló en Concepción del Uruguay en julio de 1883. Gregorio Fernández de la Puente fue designado presidente. Estuvo acompañado por Manuel Morón y José Riquelme, ambos del departamento Concordia, como vicepresidentes primero y segundo respectivamente.

El 15 de julio el presidente expresó: “La Constitución de un pueblo libre no puede quedar estacionaria, como no puede detenerse el individuo resistiendo el movimiento de impulsión producido por las fuerzas que sobre él actúan y que favorecen continuamente su desenvolvimiento progresivo. Es obedeciendo a esta necesidad de existencia que la provincia de Entre Ríos quiere que se revise la Constitución, porque es también su voluntad no quedarse rezagada de la columna que los pueblos argentinos formaron después de conquistar su independencia, para marchar unidos por el camino de la libertad y del trabajo, a la meta de su engrandecimiento”.

Como es sabido, esa reforma privó a Concepción del Uruguay de su condición de capital. María Marta Quinodoz recuerda que las sesiones de la convención “fueron agitadísimas por la pasión despertada por la principal reforma: el cambio de capital para la provincia, lográndose fijar en Paraná”. La mencionada autora considera que – además de la cuestión capital – “en la convención constituyente el disenso se centró en dos temas conflictivos: el sostenimiento de la Iglesia Católica y la educación común”; a la vez que presenta a Fernández de la Puente como “un orador de palabra fácil y persuasiva”, que, “respecto al problema religioso afirmó que el artículo 5 sobre cooperación al sostenimiento del culto contradecía la disposición de la Constitución Nacional sobre libertad de cultos, quebrándose así la igualdad que es la base de la libertad.”  El artículo 5 mencionado consistía en la siguiente propuesta de la comisión redactora: “El gobierno de la provincia coopera a sostener el culto católico apostólico romano, con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional”.  Finalmente, imperó el criterio planteado por el presidente, y el artículo 5 quedó redactado así: “Es inviolable en el territorio de la Provincia, el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia, sin más limitación que la moral, las buenas costumbres y el orden público”. Cotejar algunos aspectos de los preámbulos sancionados en 1860 y en 1883 puede ayudarnos a darnos a una idea de las tensiones ideológicas que cruzaron los debates en la convención presidida por Fernández de la Puente. En 1860, por ejemplo, se sancionó la Constitución “en nombre de Dios y del Pueblo”. En 1883 se invocó “la protección del Ser Supremo”. Como se sabe, en 1933 directamente se optó por prescindir de preámbulo en el texto constitucional. 

El tema del traslado de la capital ha sido tratado en profundidad por Oscar Fernando Urquiza Almandoz en “La cuestión capital en la Provincia de Entre Ríos”. Allí sostiene que las deliberaciones fueron “caldeadas por aquello que, para muchos, había sido el principal motivo de la reforma: el traslado de la capital… Pero más allá de esta situación, no cabe duda de que la labor cumplida por la Convención permitió que los entrerrianos se rigieran por una constitución que aseguró mayores garantías a los derechos individuales, absoluta libertad de cultos y de enseñanza y el funcionamiento de registros civiles sin distingo de creencias religiosas. La nueva Constitución marcó un indudable progreso desde el punto de vista del derecho público con respecto a la sancionada en 1860. El Poder Legislativo – antes en manos de una sola Cámara – se transformó en bicameral”.  Considero una involución perniciosa dicha reforma, ya que no existen razones valederas para justificar el bicameralismo en las legislaturas provinciales, pero obviamente detallar los argumentos en ese sentido exceden el presente artículo. Continúa Urquiza Almandoz: “En lo que respecta al Ejecutivo, creó el cargo de vicegobernador hasta entonces inexistente, y modificó el sistema de elección del gobernador y vicegobernador. Mejoró la administración judicial, ejercida por un Superior Tribunal de Justicia, juzgados de primera instancia, jueces de paz y jurados de imprenta… Perfeccionó el régimen de la enseñanza primaria con la creación del Consejo General de Educación y determinó que la educación fuera gratuita, obligatoria y laica”.

Leoncio Gianello sostiene que “sin duda la reforma más importante fue, en cuanto a progreso institucional, el régimen municipal autónomo que convertía al municipio en un ente soberano dentro de su esfera de acción, con poderes específicos para funciones también específicas. Los intendentes y los miembros del Concejo Deliberante eran directamente elegidos por el pueblo… Se quiso con esa configuración del régimen de los municipios que en cada núcleo ciudadano arraigase una fuerte vida local, y los veinte años de vigencia del sistema contribuyeron muy especialmente a esa característica, tan propia de nuestra provincia, de contar con numerosos núcleos urbanos de importante acción irradiadora y que logran, salvo raras excepciones, un parejo equilibrio departamental”. Gianello habla de esos “veinte años” porque en 1903 el régimen municipal sufrió una lamentable involución, al perderse la elección directa del presidente municipal, que se recuperaría tras otros veinte años, en 1933.   

En 1885, nuevamente como vocal del Club 25 de Mayo, Fernández de la Puente apoyó la candidatura presidencial de Juárez Celman. Desde 1981 una calle de Paraná lleva su nombre, la que está ubicada frente a la Casa de Gobierno, entre las calles Córdoba y Santa Fe. Probablemente se trate de una de las calles más cortas del mundo, de una sola cuadra, con un único edificio y una única puerta.

 

Fuentes:

Bonvin, Jorge Héctor. «José Benjamín Zubiaur, una voz aún vigente.» La ciudad. 9 de septiembre de 2026. https://laciudadrevista.com/jose-benjamin-zubiaur-una-voz-aun-vigente/.

Gianello, Leoncio. Historia de Entre Ríos. Paraná: Ministerio de Educación de la Provincia de Entre Ríos, 1951.

Lappas, Alcibíades. La masonería argentina a través de sus hombres. 2000.

Quinodoz, María Marta. «Fernández de la Puente.» Centro de Genealogía de Entre Ríos XVI, 2018.

Urquiza Almandoz, Oscar Fernando. La cuestión capital en la provincia de Entre Ríos . 1999.

 

Publicado en el diario La Calle el 27 de septiembre de 2026.

LA BRECHA DE PORTA PÍA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO

Por José Antonio Artusi

Hace 156 años, el 20 de septiembre de 1870, los cañones del general Raffaele Cadorna abrieron un boquete en la muralla Aureliana, cerca de la Porta Pía, en Roma. Por ahí entraron los bersaglieri del ejército del recién nacido Reino de Italia, y con ellos terminó el poder temporal de los papas en Italia. Roma —la Roma de los Estados Pontificios, la de los tribunales eclesiásticos y el índice de libros prohibidos— dejaba de ser una teocracia para convertirse en capital de un Estado laico. De ahí viene que esta fecha se conmemora en algunos lugares del mundo como el Día de la Libertad de Expresión del Pensamiento.

Aquella acción militar, que consumó la unificación italiana y puso fin al poder temporal de los Estados Pontificios, trascendió las fronteras del mapa europeo para convertirse en una encrucijada conceptual de la modernidad. No se trató meramente de una disputa territorial ni de un alineamiento de fronteras geopolíticas: fue la victoria simbólica del Estado laico, de la tolerancia plural y de la autonomía del individuo frente al absolutismo dogmático.

Lo que se derrumbó aquella mañana en la muralla Aureliana no fue solamente un régimen político particular, sino una cierta manera de entender la relación entre la autoridad y la verdad: la idea de que existe un poder con derecho a fijar lo que se puede pensar, decir e imprimir. Contra esa pretensión, que reaparece bajo disfraces nuevos en cada generación, se erige el 20 de septiembre como fecha simbólica de la razón emancipada del dogma. No hace falta ser anticlerical —yo no lo soy— para reconocer que aquella Brecha significó, en los hechos, la ampliación del espacio de la conciencia individual frente a cualquier autoridad que pretenda monopolizar la verdad.

Conviene no confundir esta celebración con otras efemérides. No se trata del Día Mundial de la Libertad de Prensa impulsado por las Naciones Unidas y la UNESCO (que se recuerda el 3 de mayo, en memoria de la Declaración de Windhoek), sino de una conmemoración de raíz laica y liberal, vinculada al librepensamiento y a la tradición republicana que separa Iglesia y Estado. Su sentido original es político-filosófico: reafirmar que nadie debe ser hostigado por lo que piensa, dice o escribe, y que la diversidad de opiniones es condición de una sociedad abierta.

La libertad de expresión no es una concesión graciosa del poder ni un privilegio otorgado por las mayorías circunstanciales. Es un derecho humano fundamental, anterior y superior al Estado mismo, indisociable de la dignidad de la persona. Presupone la facultad indeclinable de dudar, de discrepar, de investigar y de difundir información e ideas sin persecuciones ni cortapisas de ningún tipo.

No es casual que la generación argentina que catorce años más tarde sancionó la ley 1420 de educación común, y más tarde el Registro Civil y el matrimonio civil, bebiera de fuentes muy parecidas a las que alimentaron a los bersaglieri que entraron por Porta Pía. Aquella dirigencia liberal y progresista del ochenta entendía la secularización del Estado no como una cruzada contra la fe de nadie, sino como la condición de posibilidad de la libertad de todos: solo un Estado que no impone una ortodoxia puede garantizar que cada cual profese la suya, o ninguna, sin quedar por ello sometido a alguna forma de discriminación que vulnere la igualdad.

La libertad de pensamiento no consiste solamente en el derecho a expresar aquello que pensamos. Es algo bastante más profundo: es el derecho a pensar. A dudar. A preguntar. A cambiar de opinión. A buscar argumentos. A equivocarnos. A escuchar al adversario. A revisar nuestras propias convicciones. Y, sobre todo, a no aceptar como verdad obligatoria aquello que una autoridad, cualquiera sea, pretende imponer como tal.

La civilización moderna no nació de la unanimidad. Nació, en buena medida, de la rebelión contra ella. El progreso humano ha sido posible porque hubo hombres y mujeres que se atrevieron a formular preguntas incómodas, a desafiar dogmas, a discutir tradiciones, a cuestionar privilegios y a sostener opiniones que en su tiempo eran consideradas absurdas, peligrosas o incluso heréticas. John Stuart Mill argumentó que una sociedad que silencia una opinión no solamente perjudica a quien la sostiene: se perjudica a sí misma, porque pierde la posibilidad de contrastar sus propias certezas.

De allí que la libertad de expresión no sea un adorno de las democracias republicanas. Es una de sus condiciones de existencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo expresó con admirable claridad en su artículo 19: toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio.

Y tampoco se trata de un derecho aislado. La libertad de pensamiento está íntimamente relacionada con la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de prensa, el derecho de reunión, el acceso a la información y, en definitiva, con la posibilidad efectiva de participar en una sociedad democrática.

Sin embargo, a más de siglo y medio de la gesta de la Porta Pía, las amenazas a la libertad de expresión del pensamiento no se han disipado; simplemente han mutado de ropaje. Las antiguas censuras de imprenta, los edictos absolutistas y los dogmas inapelables han dado paso a desafíos contemporáneos tanto o más sofisticados y perniciosos.

Aquí es donde la conmemoración de hoy deja de ser un capítulo de historia europea del siglo XIX para volverse asunto nuestro y contemporáneo. Porque el dogmatismo no necesita demasiadas condiciones para reproducirse. Cambia de vestuario y de lenguaje con una facilidad asombrosa, y hoy se presenta con frecuencia disfrazado de virtud progresista, de corrección política, de relativismo cultural, de sensibilidad ofendida que exige silencio o tolerancia a la desvirtuación de la universalidad de los derechos humanos en nombre de la paz social. La libertad de expresión del pensamiento no muere solamente por decreto; muere también, y quizás sobre todo hoy, por el cansancio de quien prefiere callar antes que arriesgarse al escrache o la cancelación.

¿En cuántos países en pleno siglo XXI la libertad de expresión del pensamiento y la libertad de culto están formal o realmente amenazadas o vulneradas en nombre de fundamentalismos y absolutismos, ya sea de raíz religiosa o ideológica? Más allá de la cantidad exacta, son demasiados.

La libertad de expresión del pensamiento no es un derecho adquirido de una vez y guardado en la Constitución como una reliquia; es un músculo que se atrofia si no se ejercita, y que se ejercita, precisamente, discutiendo con quien piensa distinto, y no solamente celebrando entre iguales lo bien que pensamos todos nosotros.

Pero tampoco existe libertad auténtica cuando solamente unos pocos tienen las herramientas para hacer uso de ella. Un ciudadano sometido a la ignorancia, a la pobreza extrema o a la dependencia clientelar difícilmente pueda ejercer plenamente sus derechos, entre ellos el de expresar su pensamiento. La libertad requiere condiciones materiales, y también requiere instituciones que la protejan y que garanticen la igualdad de oportunidades. No hay contradicción entre ambas dimensiones. Al contrario: se necesitan mutuamente.

La libertad de pensamiento, como toda libertad verdadera, no se decreta ni se conquista de una vez: se practica, se defiende y, sobre todo, se ejerce con la conciencia permanente de que el que piensa distinto tiene el mismo derecho que nosotros, y que debemos ser los primeros en defenderlo. 

 

Publicado en el diario La Calle el 20 de septiembre de 2026.

DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECARIOS

Por José Antonio Artusi

Imaginemos Buenos Aires hace 216 años; todavía con los ecos del 25 de mayo. La Primera Junta gobernando entre la urgencia militar y el vértigo institucional, y en medio de ese tumulto, un secretario de veintinueve años que se pone a escribir que hay que fundar una biblioteca. No una academia militar, no una fábrica de armas, no un cuartel: una biblioteca. El 13 de septiembre de 1810 la Gazeta de Buenos Ayres publicó un artículo titulado "Educación", anunciando la decisión de la Junta de crear la Biblioteca Pública de Buenos Aires. La misma pluma que había redactado la Representación de los Hacendados en defensa del libre comercio, la misma que suprimiría los honores monárquicos de sus propios compañeros de gobierno, entendía que ninguna soberanía se sostiene con ciudadanos iletrados. Era la pluma de Mariano Moreno.

Hubo suscripción patriótica para reunir los primeros volúmenes, y recién el 16 de marzo de 1812 abrió sus puertas, en la Manzana de las Luces, en la esquina de las actuales calles Moreno y Perú. Moreno no llegó a verla: había muerto en alta mar un año antes, camino a Londres, en circunstancias que la historiografía todavía discute con ese gusto argentino por las tragedias sin resolver. Pero la institución que él imaginó siguió creciendo —más de diecisiete mil volúmenes hacia 1823— hasta que, en 1884, bajo la dirección de Manuel Ricardo Trelles y con la designación de un director nacional, adoptó el nombre que hoy lleva: Biblioteca Nacional. Casi un siglo después, otro escritor ciego, Jorge Luis Borges, la dirigiría también.

Conviene detenerse en el gesto, porque no fue ingenuo ni meramente ornamental. La Junta de Mayo entendía que la revolución política sin revolución cultural y social es apenas un cambio de guardia. Se puede voltear un virrey con un cabildo abierto; no se puede fundar una república sin ciudadanos capaces de deliberar, y no hay deliberación posible sin lectura. Aquella fórmula que después la tradición sarmientina resumiría en una consigna feliz —educar al soberano— ya latía en el decreto de Moreno, treinta años antes de que Sarmiento naciera a la política. Porque en una monarquía el súbdito obedece; en una república el ciudadano gobierna, y quien gobierna sin instrucción gobierna mal, o es gobernado por quien sabe más que él. La biblioteca pública no es, entonces, un lujo civilizatorio que se permiten las sociedades ricas: es una pieza constitutiva del republicanismo, tan indispensable como la división de poderes o el voto.

Doscientos dieciséis años después, esa intuición fundacional exige ser releída, porque el mundo en que circula la información ya no se parece en nada al de 1810. Entonces el problema era la escasez: pocos libros, pocos lectores, un océano de por medio entre Buenos Aires y las imprentas europeas. Hoy el problema es el inverso —la sobreabundancia—, y paradójicamente no menos peligroso. Internet puso al alcance de cualquiera con un teléfono más texto del que Moreno hubiera podido leer en diez vidas, y la inteligencia artificial puede producir en segundos argumentos, resúmenes, verdades a medias y falsedades bien construidas, todo con el mismo tono de autoridad. La pregunta que la Junta se hizo en 1810 —¿cómo educamos al soberano? — sigue siendo la pregunta central de cualquier república, solo que ahora el enemigo no es la ignorancia por ausencia de textos, sino la ignorancia por saturación de ellos: la incapacidad de distinguir la fuente confiable del ruido, el dato verificado de la alucinación algorítmica, el argumento razonado de la falacia engañosa.

Y ahí es donde la biblioteca, lejos de volverse obsoleta, recupera un sentido casi originario. Porque su función nunca fue solamente atesorar libros, sino jerarquizar, garantizar procedencia y, sobre todo, formar el criterio para leer bien. La biblioteca del siglo XXI es menos un depósito que un espacio de alfabetización crítica: el lugar donde alguien —un bibliotecario, una bibliotecaria, esa profesión que seguimos subestimando— nos ayuda a distinguir la fuente primaria de la reproducida sin verificar, el trabajo revisado por pares del posteo viralizado. En una época en que cualquiera puede generar contenido plausible sobre cualquier cosa, la mediación humana calificada —la que orienta, contextualiza y enseña a dudar metódicamente— vale más que nunca. Moreno quería que el soberano supiera leer; nosotros necesitamos, además, que sepa leer con sospechas, con dudas, con pensamiento crítico, con vocación de autonomía y capacidad de discernir.

Ese trabajo, en la Argentina, lo sostienen desde hace más de un siglo las bibliotecas populares, esa institución genuinamente nuestra que Domingo Faustino Sarmiento impulsó a partir de la Biblioteca Franklin de San Juan, fundada en 1866, y que hoy suma más de dos mil entidades a lo largo del país, sostenidas mayormente por el voluntariado ciudadano. No son sucursales de la Biblioteca Nacional ni dependencias estatales strictu sensu: son asociaciones civiles, muchas veces el único espacio cultural de pueblos que no tienen otro. Cumplen, casi sin proponérselo, exactamente la función que Moreno imaginó para su Biblioteca Pública: socializar el conocimiento, poner a disposición del vecino cualquiera lo que de otro modo sería patrimonio de pocos. Que semejante entramado dependa, en buena medida, de una comisión nacional —la Conabip— cuya autonomía y presupuesto fueron recortados por decreto en 2025, debilitando su capacidad de sostener bibliomóviles, subsidios y programas de fomento lector, es una de esas paradojas que la historia argentina repite con obstinación: cada vez que el Estado retrocede de su función de "educar al soberano", son las instituciones de la sociedad civil las que quedan sosteniendo, con menos recursos, un mandato que nació hace dos siglos como política pública deliberada y no como caridad cultural.

Recordemos las palabras de Alejo Peyret pronunciadas en el Teatro 1º de mayo en ocasión de una fiesta dada a beneficio de la Biblioteca Popular “El Porvenir”: “… nosotros no pactamos con la intolerancia ni con el exclusivismo, porque para nosotros, todos son llamados y todos son elegidos en el banquete de la fraternidad universal. Republicanos, no podemos consentir en que haya una aristocracia intelectual, una casta de letrados y de doctores que se arroguen el monopolio de las luces, y que a fuer de tal, usurpe el gobierno y la administración, por no decir la explotación de los pueblos… Queremos, en una palabra, la educación integral, es decir el completo desarrollo de todas las facultades humanas en cada individuo para conseguir la constitución perfecta de la sociedad democrática, borrando para siempre los vestigios de la aristocracia, de feudalismo…”.  

No hace falta ser nostálgico del libro de papel —yo mismo escribo en un blog y uso la inteligencia artificial a diario— ni tampoco tecnófobo para advertir que ninguna herramienta, por sofisticada que sea, resuelve el problema republicano de fondo: quién garantiza que el ciudadano tenga las herramientas para pensar por sí mismo. Las bibliotecas, en particular las bibliotecas populares, siguen siendo uno de los dispositivos más igualitarios que conocemos para eso. En tiempos en que el conocimiento se ha vuelto simultáneamente inmenso y sospechoso, defenderlas —financiarlas, dignificar a quienes trabajan en ellas, ayudarlas a que se actualicen y modernicen sin pedirles que se disculpen por seguir existiendo— es la forma contemporánea de aquel gesto que un secretario de la Primera Junta tuvo, en medio de la guerra, la lucidez de firmar.

¡Feliz día bibliotecarios!

 

Publicado en el diario La Calle el 13 de septiembre de 2026.

HENRY GEORGE, EL SUELO Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por José Antonio Artusi

Hay ideas que envejecen mal y hay otras que, como el buen vino, mejoran con el paso del tiempo hasta volverse, de pronto, indispensables. La del ingreso ciudadano —esa vieja idea de reformadores progresistas— pertenece sin duda a la segunda categoría.

El Ingreso Ciudadano, concebido como un derecho incondicional, universal e individual, neutralizaría de un plumazo el clientelismo político y la manipulación que históricamente han empañado los programas de asistencia focalizada. Cuando el beneficio es para todos, desaparece el estigma, se eliminan las trampas de la pobreza que desincentivan la búsqueda de empleo formal y se erradica la discrecionalidad burocrática.

Lo curioso es que su resurrección actual no viene de la mano de algún reformista nostálgico, sino de los mismísimos generadores de la disrupción: los multimillonarios de Silicon Valley que, tras haber automatizado buena parte del mundo, ahora se preguntan —con una mezcla de culpa y cálculo interesado— qué hacer con los excedentes que ellos mismos generaron.

Durante años, la idea del Ingreso Ciudadano fue relegada al rincón de las utopías bienintencionadas, pero fiscalmente irrealizables. “¿De dónde saldrán los recursos?”, repetían con insistencia economistas y burócratas. En el mapa global contemporáneo confluyen hoy dos transformaciones disruptivas que obligan a replantear la pregunta. Por un lado, la acelerada automatización impulsada por la Inteligencia Artificial; por el otro, la revalorización de la idea del impuesto al valor del suelo libre de mejoras

Henry George —ese economista autodidacta que escribió “Progreso y miseria” en 1879— es sin lugar a duda una de las claves para concebir la justicia distributiva sin caer ni en el colectivismo que aplasta la iniciativa individual ni en el conservadorismo cínico que naturaliza el privilegio. La intuición georgista era, en el fondo, sencilla: el valor de la tierra —en su valor desnudo, libre de las mejoras que el trabajo humano le añade— no es creación de nadie en particular, sino resultado de la comunidad entera: de la escuela que se construyó a la vuelta, del camino o la red de gas que llegó, de la simple aglomeración de vecinos que vuelve valioso un terreno que, aislado, no valdría nada. Gravar esa renta “no ganada” no es expropiar el esfuerzo de nadie: es, apenas, recuperar para la sociedad lo que la sociedad misma produjo. Pero Henry George no se queda ahí. Para él, ese tributo – algunos economistas hasta dudan de su carácter de impuesto – debería ser el único; dado que casi todos los demás sí efectivamente son una suerte de expropiación del producto del esfuerzo propio.

Lo que viene ocurriendo en los últimos meses es la aplicación de ese razonamiento a un objeto nuevo: la inteligencia artificial. Porque si la renta del suelo era, para George, el arquetipo de la "renta no ganada", la inteligencia artificial empieza a comportarse de manera parecida.

El concepto de la renta del suelo cobra un vigor formidable al equipararse con la inteligencia artificial. La IA representa una segunda "naturaleza construida": un patrimonio común del conocimiento acumulado durante milenios, digitalizado y sistematizado por modelos algorítmicos desarrollados por un puñado de corporaciones. Así como la tierra no fue creada por ningún terrateniente, el corpus masivo de datos e ideas sobre el que se entrenan las máquinas no es propiedad exclusiva de las multinacionales tecnológicas, sino del acervo cultural de la humanidad entera.

Sam Altman publicó recientemente los resultados de un ensayo con miles de participantes, que repartió ingresos mensuales fijos durante tres años y que constituye, según sus propios promotores, el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre ingreso garantizado. Y en julio, OpenAI habría propuesto directamente al gobierno estadounidense que el Estado tome una participación accionaria —del orden del cinco por ciento— en la industria de IA, a modo de fondo soberano que permita a cada ciudadano beneficiarse del crecimiento del sector. Elon Musk, por su parte, defiende desde 2016 variantes de la misma idea, aunque prefiere hablar de "ingresos altos universales" antes que de mera subsistencia; y Dario Amodei, desde Anthropic, viene advirtiendo con menos entusiasmo y más escepticismo que la IA podría destruir hasta la mitad de los puestos de trabajo en ciertos niveles en los próximos años.

El problema —y aquí es donde el georgismo vuelve a resultar imprescindible, no como curiosidad histórica sino como instrumento de diagnóstico— es que casi todas estas propuestas tropiezan con la misma piedra: la financiación. Andrew Yang, cuando lanzó su célebre "Dividendo de la Libertad" en la campaña de 2020, proponía costearlo con un impuesto al valor agregado del diez por ciento; y algo muy similar viene de plantear un estudio reciente de la Universidad de Salamanca, que calcula que una renta básica de cuatrocientos euros mensuales podría autofinanciarse en un sesenta por ciento mediante la reestructuración del impuesto a la renta y del propio IVA.

Pero el IVA no es una de las mejores soluciones posibles para financiar un ingreso ciudadano. Es regresivo por naturaleza: golpea proporcionalmente más a quien gasta toda su renta en consumo que a quien puede ahorrar o invertir. Y, lo que resulta aún más grave y menos comentado: un ingreso ciudadano financiado con impuestos al consumo o al trabajo termina, tarde o temprano, siendo absorbido por los propietarios del suelo. Es una ley casi física de la economía urbana, tan implacable como la gravedad: si a la población le llega más ingreso disponible sin que aumente la oferta de tierra urbana —que es, por definición, fija—, los alquileres simplemente suben hasta absorber ese excedente. El dividendo que el Estado entrega por una puerta, el rentista lo recoge por la otra. Ya lo habían anticipado, con cierta resignación, algunos de los propios herederos intelectuales de George: cualquier ingreso no acompañado de un impuesto al valor del suelo termina, paradójicamente, subsidiando al propietario antes que al ciudadano.

De ahí que algunos propongan algo más consistente: financiar el "dividendo ciudadano" exclusivamente con la captura de rentas económicas: la del suelo, en primer lugar, pero también, por extensión lógica, la de todo activo cuya escasez no depende del esfuerzo de quien lo posee. Y aquí es donde el argumento se vuelve casi elegante en su simetría: si el valor del suelo urbano no lo creó el propietario sino la comunidad que lo rodea, tampoco crearon los laboratorios de IA, en soledad, el corpus cultural con el que entrenan sus modelos, ni la posición de cuasi monopolio que les permite cobrar rentas de escasez. En ambos casos hay una apropiación privada de un valor de origen colectivo. En ambos casos, la respuesta georgista es la misma: no prohibir, no expropiar, sino gravar la renta —y sólo la renta, dejando intacto el estímulo a innovar, a construir, a mejorar— para redistribuirla como derecho de ciudadanía, no como dádiva asistencial.

El mismo dilema —cómo capturar para la comunidad la valorización que la propia comunidad genera— se plantea todos los días a escalas mucho más modestas que la de las grandes corporaciones de inteligencia artificial, pero con idéntica estructura lógica. La plusvalía que genera una obra pública en un loteo periférico de un municipio no es esencialmente distinta de la que genera el entrenamiento colectivo de un modelo de lenguaje: en los dos casos alguien capitaliza privadamente lo que la sociedad produjo en común. Que el debate global sobre el futuro del trabajo esté redescubriendo, siglo y medio después, la intuición de aquel periodista autodidacta de San Francisco no debería sorprendernos demasiado: las buenas ideas, como los buenos vinos, no caducan; simplemente esperan su momento adecuado. 

 

Publicado en el diario La Calle el 6 de septiembre de 2026.