Por José Antonio Artusi
La Argentina tiene numerosos, acuciantes, y graves problemas energéticos. No son producto de la carencia de recursos naturales, ni de no haber contado nunca con algunos desarrollos importantes y significativos en este sector.
En nuestro territorio existen yacimientos de hidrocarburos, tenemos
ríos caudalosos con un potencial hidroeléctrico enorme, todavía en parte
desaprovechado, y extensos sitios con inmejorables condiciones para el
aprovechamiento de la energía solar y eólica. Además, la excelente aptitud
agrícola y forestal de diversas zonas de nuestro país es a la vez una
oportunidad para la generación de energía con fuente en la biomasa. Eso, y
muchas cosas más, es lo que la Naturaleza
nos brinda.
Por otro lado tenemos lo que ha hecho la acción del hombre. YPF, la
empresa creada por Yrigoyen y Alvear y consolidada por la labor de Enrique
Mosconi como una de las más importantes del continente en la década del 20,
cumplirá este año un siglo de existencia. El aniversario encontrará por cierto,
lamentablemente, una empresa muy distinta a la que construyó Mosconi, pero
sigue de todos modos siendo un actor importante del sistema. Argentina es uno
de los pocos países de América Latina con un desarrollo relevante de la
tecnología nuclear. La Comisión Nacional de Energía Atómica, la empresa
nacional Nucleoeléctrica Argentina, y otros organismos y empresas como INVAP
han obtenido en diversos momentos de nuestra Historia logros significativos que
nos llenan de orgullo. Durante el gobierno del Presidente Macri se le dio un
impulso significativo a las energías renovables, y el gobierno de la provincia
de Jujuy está llevando adelante el proyecto del parque de energía fotovoltaica más
grande de Sud América.
Si todo lo anterior es verdad, ¿cómo es posible que estemos en medio
de una inusitada crisis energética, con empresas que no podrían funcionar sin
los abultados subsidios del Estado nacional, que generan a su vez un enorme
déficit fiscal, con las consecuencias negativas por todos conocidas, y a su vez
que haya amplias franjas de la población viviendo bajo la línea de la pobreza,
situación que tiene su correlato en la dificultad o directamente la
imposibilidad a veces de acceder a servicios energéticos adecuados?
La respuesta sólo puede encontrarse en la sucesión durante décadas de
políticas públicas erráticas y desacertadas.
La Fundación Alem ha señalado recientemente que “la economía energética está fuertemente perturbada por los desajustes
de la macroeconomía nacional que son de antigua data. Pero a su vez la economía
energética con sus propios desajustes perturba a la macroeconomía nacional”,
y con respecto a los subsidios energéticos ha manifestado que “la actual política tarifaria y de precios
de la energía repite la receta aplicada en el período 2003-2015, que implica un
congelamiento permanente en un entorno de alta inflación, la ruptura de los
marcos regulatorios vigentes y la intervención injustificada de los entes
reguladores. Las consecuencias de esta política son conocidas: un aumento
exponencial en la cuenta de subsidios económicos destinados a cubrir la brecha
entre el costo de prestar los servicios energéticos y las tarifas actualmente
congeladas, lo que representa un ineficiente subsidio generalizado orientado a
la oferta que altera y distorsiona decisiones de consumo e inversión en el
sector.” La realidad indica que al
gobierno del Presidente Alberto Fernández continúa de esta manera lo hecho
durante los doce años de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, vale decir destinar
cuantiosos recursos públicos a enormes subsidios dirigidos sobre todo al
consumo energético de los sectores más ricos de la sociedad, especialmente aquellos
localizados en el área metropolitana de Buenos Aires. No está de más recordar al
respecto que la provincia de Entre Ríos está entre los cinco distritos con
tarifas más abultadas de energía eléctrica, aunque todas las empresas
distribuidoras pagan el mismo costo mayorista de la energía a las empresas
generadoras.
Está claro que el despilfarro irresponsable de los subsidios -
insostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental - debe cesar gradualmente pero nadie debería
ignorar las dificultades y los costos que habrá que afrontar. Los especialistas
de la Fundación Alem, recomiendan en este sentido que “la política de subsidios debe focalizarse en los sectores de población
vulnerable y abandonar los ineficientes, costosos y generalizados subsidios
actualmente vigentes. La identificación de los beneficiarios requiere la
aplicación de criterios objetivos apoyados en atributos sociales, que minimicen
errores de inclusión y exclusión y alejados de todo oportunismo electoral. La
“Tarifa Social Federal”, aparece como el instrumento adecuado y disponible para
atender de forma rápida y eficiente a una importante proporción de la población
afectada severamente por las consecuencias económicas de la pandemia.”
Es evidente que el gobierno nacional carece de un programa económico
de estabilización, de una estrategia de desarrollo, y de un plan energético.
Pero le quedan casi dos años de mandato, y si no quiere que la situación se le
vaya de las manos, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de reducir el
déficit fiscal y bajar la inflación, deberá necesariamente tomar decisiones
antes de que sea demasiado tarde. Esas
decisiones tendrán que estar basadas en criterios sólidos y en minuciosas
evaluaciones técnicas, económicas y ambientales, más que en disputas de
espacios de poder al interior del oficialismo o en decisiones apresuradas
carentes de estudios integrales de factibilidad y conveniencia que las
respalden, tal como se evidenció en recientes anuncios vinculados a la energía
nuclear, a gasoductos y a una inconsistente “segmentación” tarifaria.
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