VOLVER A ALBERDI

Por José Antonio Artusi

Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de Agosto de 1810 y murió en Neuilly-sur-Seine, Francia,  el 19 de junio de 1884. Por diversas razones, cerca del 140º aniversario de su muerte, Alberdi vuelve a estar de moda, lo que no deja de ser una buena noticia. En tanto moda, el renovado interés en el autor de las “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” puede ser una cuestión meramente superficial y pasajera, o bien puede constituir un rescate genuino de su pensamiento, trayéndolo al presente desde su conocimiento cabal y desde un análisis riguroso de la vigencia de sus postulados.   

Para Roberto Cortés Conde “Alberdi como Sarmiento y los hombres de su generación no escribían por un interés solamente intelectual; su propósito era, por sobre todo, influir en los acontecimientos, explicar, divulgar y promover ideas que contribuyeran al progreso del país”. Cortés Conde asevera que Alberdi “sostuvo que el sistema económico de nuestra Constitución es uno de libertad tal como lo había concebido Adam Smith”, y en el prólogo de una edición de su libro “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853”, plantea que “en esta obra Alberdi delineó el programa económico de la Constitución que, finalmente organizada la Nación, se llevó a la práctica con notable éxito”.       

El economista Eduardo Conesa señala que “Alberdi, el diseñador de las grandes líneas de nuestra Constitución histórica conocía perfectamente la obra y la escuela de Adam Smith. Y luego de prodigar elogios sin par a este autor por ensalzar el valor del trabajo como fuente verdadera y última de la riqueza, dice sin medias tintas en su ya citado libro sobre el sistema económico y rentístico de la Constitución Argentina: “A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esta Constitución”. Es interesante destacar que Conesa hace esos comentario sobre Alberdi en el marco de la fundamentación de su propuesta de una reforma al sistema impositivo argentino, al establecer un impuesto nacional  al valor venal de las tierras urbanas y rurales libres de mejoras en sustitución de los impuestos a los ingresos brutos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “tendría consecuencias sinérgicas importantes para el aumento de la producción agropecuaria, la expansión de la industria de la construcción, la creación de empleos, el aumento de los salarios reales en un 12%, la mejora en la recaudación impositiva provincial, municipal y nacional. Además de promover la correspondencia fiscal, la reducción de la evasión y la justicia distributiva conjuntamente con la eficiencia económica”. No casualmente, también recurre a Adam Smith para fundamentar su propuesta: “ya en el Libro V Capítulo 2 de La riqueza de las Naciones de 1776, parece favorecer el impuesto a la renta de la tierra y hace referencias a la “ingeniosa teoría” de los fisiócratas franceses al respecto”.

Dejemos, para finalizar, que Alberdi nos hable con sus propias palabras, en su “Sistema económico y rentístico…”:

“Los medios ordinarios del llamado sistema protector o proteccionista consistente en la prohibición de importar ciertos productos son vedados de todo punto por la Constitución Argentina... semejantes medios son la protección dada a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios”.

“En el interés de la población y del bienestar y prosperidad de la República Argentina, propósitos supremos de su Constitución vigente, la ley orgánica, inspirada en esas miras, debe reglar el sistema del arrendamiento territorial, de modo que sirva para colocar la tierra al alcance de los inmigrantes y nuevos pobladores. Conviene reorganizar el arrendamiento territorial en provecho del arrendatario, y no del propietario ocioso y explotador, al revés de nuestro actual sistema de origen romano-feudal, ineconómico y estéril, que sacrifica el trabajo, la población y la riqueza al ascendiente de los señores de la tierra.”

“No tengo noticia de que Constitución alguna de ambas Américas, ni de ningún país del mundo, iguale a la Argentina en espíritu de hospitalidad y de fraternidad hacia el extranjero;…”

“La Aduana entra pues, en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la Tierra. Es un legado doloroso de los errores de otros siglos. Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones…”.

“Lo que agota y destruye la riqueza privada no es la contribución, pues al contrario ésta la defiende y conserva; es el despojo, el pillaje que hace el despotismo, no para sus gastos, sino para sus excesos. Aunque el despotismo suele nacer por su propio instinto, como cualquier animal dañino, uno de los medios de provocar su aparición, es negar la contribución legítima al gobierno de libertad. Si matáis por hambre al gobierno legítimo, le reemplaza el despotismo, que con sable en mano os arrebata el pan de la boca y os reduce a la desnudez. El gobierno libre come lo mismo que el gobierno tirano, y de eso vive. La contribución es su alimento; arrebatársela es fundar el despotismo, y perder toda la fortuna por haber querido ahorrar una pequeña parte.”

Volvamos a Alberdi, pero en serio. Volvamos a un liberalismo republicano e igualitario, cerca de nuestras mejores tradiciones, y lejos de inconducentes delirios anarquistas.-        

 

Publicado en el diario La Calle el día 21 de Abril de 2024.-

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LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA EDUCACIÓN

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 93 años de la proclamación de la Segunda República Española. El 14 de Abril de 1931, tras las elecciones de concejales en las que las fuerzas republicanas se impusieron en la mayoría de las ciudades más importantes, el rey Alfonso XIII marchó al exilio y se proclamó el nuevo régimen político que sucedió a la monarquía. El poeta Antonio Machado saludó la ilusión que generaba ese histórico acontecimiento: «¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia!».​ El período republicano sería breve, traumático, y culminaría abruptamente tras la cruenta guerra civil que se libró a partir de 1936, el 1º de Abril de 1939, dando paso a la dilatada dictadura franquista.  

El historiador Rafael Linde Ruiz* nos dice que “en 1931 España era un país con un número insuficiente de escuelas, muchas de las cuales eran muy pequeñas, simples habitaciones incluso. El número de maestros era muy bajo y su formación, muy pobre. Los diferentes gobiernos republicanos establecieron un plan en Educación que estaba centrado en la construcción de más escuelas, la mejora de la formación de los docentes, su mejora salarial, y la introducción de aspectos como el laicismo, que hubiera niños y niñas en la misma clase, enseñanza gratuita, etc. Este programa de reformas se aplicó con gran esfuerzo por parte de la República, ya que la Crisis económica internacional de 1929 influyó mucho en España y en el resto de Europa. Dicho programa se encontró con la oposición de la cúpula de la Iglesia Católica y parte de los políticos conservadores estaban en contra de esta reforma educativa porque la veían como una amenaza a sus privilegios y a lo que ellos entendían como la tradicional moral cristiana. Después del golpe de Estado político – militar de 1936 y la guerra, el plan educativo fue suspendido en el territorio rebelde (con quema de libros incluida en muchas ciudades de nuestro país) y cancelado definitivamente tras 1939.”

Continúa el mencionado historiador español señalando que “tras la proclamación de la República en abril de 1931, se quiso hacer de la Educación uno de los proyectos estrella de la democracia republicana. Para ello, y acorde con el proyecto reformista general, se reformó la educación en todos sus niveles. Se apoyó la promoción de metodologías de enseñanza activas, la creación de escuelas públicas, la reforma de los planes de estudio existentes o la implantación de la coeducación (niños y niñas juntos en la misma aula) y la laicidad de la educación. Un Decreto del 15 de abril de 1931 del Gobierno provisional resumía la importancia que iba a tener la educación desde el primer momento: “El gobierno Provisional de la República sitúa en el primer plano de sus preocupaciones, los problemas que hacen referencia a la educación del pueblo. España no sería una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos por falta de escuelas se vean condenados a la perpetua ignorancia”. Otra historiadora española, Consuelo Domínguez, abona el razonamiento: “Efectivamente, [la Educación] fue la piedra angular de todas las reformas: había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador”. ¡Cómo no reconocer en las palabras de ambos un vínculo con la prédica de Sarmiento y tantos otros de nuestros próceres del siglo XIX!

Rafael Linde Ruiz menciona que ”las influencias para aplicar este plan fueron varias: El regeneracionismo de Costa, la Institución Libre de Enseñanza (ILE, fundada en 1876 por Julián Sanz del Río), los grupos de pedagogos que habían viajado sobre todo por Francia, Reino Unido y la Alemania de Weimar, que aprendieron las teorías educativas de los teóricos de la enseñanza de ese momento. Una de estas figuras fue el pedagogo manchego Lorenzo Luzuriaga (1889-1959), que decía que la educación debía ser laica, gratuita, mixta y administrada por el Estado”. A su vez enfatiza que “a las dificultades financieras que hubo para sacar adelante estas medidas educativas, hubo que sumar la oposición que los obispos de la época presentaron contra el programa educativo laico del gobierno republicano español, a la que llegaron a implicar al conservador Papa Pio XI (Papa que luego sería tristemente famoso por varias polémicas debido a su ambigüedad con los fascismos en los años de la 2GM)”.

El artículo 48 de la Constitución de 1931 establecía que “el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana…”.

En la República Argentina la educación era laica, gratuita, mixta y administrada por el Estado desde 1884, cuando esos principios fueron consagrados por la ley 1420, que el próximo 8 de Julio cumplirá 140 años. Y el conflicto con la Iglesia Católica había sido resuelto con firmeza no exenta de diplomacia por el presidente Julio Argentino Roca medio siglo antes.-

* La Educación durante la II República Española (II)

 https://www.lavozdelarepublica.es/2021/04/la-educacion-durante-la-ii-republica.html

 

 

Publicado en el diario La Calle el 14 de Abril de 2024.-

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LA DECLARACIÓN DE AVELLANEDA Y LA “INTANGIBILIDAD DE LAS LIBERTADES”

Por José Antonio Artusi

Se cumplieron el 4 de Abril 79 años de la “Declaración de Avellaneda”, documento político emitido por el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical en la localidad bonaerense que le da su nombre. La comisión redactora estuvo integrada por Gabriel del Mazo, Arturo Frondizi, Moisés Lebensohn y Antonio Sobral. Entre los firmantes aparecen figuras relevantes del radicalismo como el entrerriano Bernardino Horne, Crisólogo Larralde, y Ricardo Balbín.

Acusada a menudo de socializante, reivindicada por algunos entonces y ahora, y a la vez criticada por propios y extraños en diversos momentos históricos, podría especularse que una adecuada interpretación de tan relevante documento es aún una asignatura pendiente.  

Es frecuente observar en quienes, desde adentro o afuera, reclaman la necesidad de que el radicalismo vuelva a sus fuentes liberales, generalmente referenciadas en las ideas de Alem y Alvear, una crítica acerba del contenido de la Declaración de Avellaneda, visualizándola como una suerte de desviación del cuerpo doctrinario original de la UCR. Estas líneas pretenden ser una invitación a mirar críticamente tal visión, y apuntan a concluir que, en realidad, la Declaración de Avellaneda no fue más que una actualización de la vieja identidad radical, adecuada a las exigencias del mundo de mediados del siglo XX, y más aún, que conserva en buena medida plena vigencia.

Suele contraponerse el término “social demócrata” al término “liberal”. Sostengo que es una concepción limitada y que conduce a equívocos. La Declaración de Avellaneda marcó el rumbo que debía asumir un partido liberal, y a la vez social demócrata, y no incurrió en ninguna contradicción.

Veamos concretamente algunos de sus contenidos y analícémoslos en profundidad.

“En lo político, afirmamos el régimen republicano, representativo, federal y parlamentario, fundado en el voto secreto, universal y obligatorio, con exclusión de toda forma corporativa que intente sustituir la voluntad nacional que reside en el pueblo. Pero para que este sistema político alcance todas sus posibilidades de desarrollo, debe alentarse el renacimiento de la vida municipal, ya que el municipio está en la base de toda estructura democrática”. Liberalismo puro y duro, en la línea de la sabia Constitución Nacional de 1853. La reforma de 1994 y la enorme mayoría de las constituciones provinciales recogieron luego el principio de la autonomía municipal.

“La tierra será para los que la trabajen, individual o cooperativamente, es decir, dejará de ser un medio de renta y especulación para transformarse en un instrumento de trabajo y de beneficio nacional y la producción agraria será defendida de la acción de los monopolios y de los acaparadores”. Es este párrafo seguramente uno de los que dio lugar a mayor cantidad de malos entendidos. No se trata de una reforma agraria colectivizante lo que se propone, sino todo lo contrario, de poner la tierra al alcance de quienes quieran trabajarla en condiciones de libre competencia, de ahí la necesidad de la lucha contra los monopolios. Y la forma de lograrlo está estipulada a continuación en otro párrafo, cuando se propone una “reforma financiera que libere al trabajo de las gabelas que lo agobian y haga recaer el impuesto en forma progresiva sobre las rentas no ganadas con la labor personal restituyendo a las provincias las atribuciones económicas y financieras que le corresponden dentro de nuestro sistema federal de gobierno”. Cuando se habla de las “rentas no ganadas” es imposible no escuchar el eco de las ideas de economistas liberales clásicos como Adam Smith o John Stuart Mill, que abogaban por gravar las rentas del suelo, por diversas razones de eficiencia y equidad, y que llevaron luego a un insospechado de comunismo como Milton Friedman a aseverar que la vieja idea de Henry George, el impuesto a la tierra libre de mejoras, era el menos malo de los impuestos.  

“Nacionalización de todas las fuentes de energía natural”. He aquí otro enunciado que ha sido mal interpretado. Nacionalizar los hidrocarburos, como querían Yrigoyen y Mosconi, no es otra cosa que lo que hizo Arturo Frondizi siendo presidente, haciendo realidad uno de los postulados de la Declaración de Avellaneda. Y no se trató de ninguna medida de tinte comunista. Se trató simplemente de asegurar que los bienes creados por la naturaleza sean del dominio de la Nación, más allá de que luego su explotación pueda ser llevada adelante por empresas estatales o privadas, tal como lúcidamente lo entendió el Presidente Frondizi, sin desviarse un ápice de la ortodoxia doctrinaria del radicalismo hasta ese momento. Es sabido que lamentablemente luego en 1994 ni el radicalismo ni el peronismo sostuvieron la tesis nacionalista y quedó consagrada una seudo provincialización de funestas consecuencias, todavía no suficientemente advertidas.   

“A todas las actividades económicas que no estén comprendidas en ese proceso de nacionalización debe asegurárseles una amplia libertad económica, sin trabas artificiales creadas por los poderes públicos, por la especulación o por las grandes concentraciones de capitales. En tal forma se concilian los intereses de la Nación, que es la que debe orientar nuestro desarrollo material, con el principio de la libertad económica, que dentro de un plan para el progreso social argentino, tiene una función creadora que desempeñar mediante la iniciativa privada”. Liberalismo del bueno, alejado de visiones reduccionistas, ingenuas o fundamentalistas.

“La concepción integral que tiene la Unión Cívica Radical sobre los problemas argentinos, hace que no se reconozca sentido ni trascendencia a ninguna política económica, social, cultural e internacional, si no es sobre la base de la intangibilidad de las libertades individuales…”. O sea, el liberalismo económico no puede sino ir de la mano del liberalismo político, social y cultural.  

A 79 años de su proclamación, la Declaración de Avellaneda nos sigue alentando a debatir en serio, con pensamiento crítico y sin prejuicios ni simplificaciones inconducentes.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 7 de Abril de 2024.-

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A 140 AÑOS DE LA LEY 1420, POCO QUE FESTEJAR (Y MUCHO POR RECUPERAR)

Por José Antonio Artusi

El 8 de Julio de 1884, con las firmas del Presidente Julio Argentino Roca y el Ministro de Justicia e Instrucción Pública Eduardo Wilde, se promulgó la ley 1420 de educación común, pública, laica, gratuita y obligatoria. Ambos, ya lo hemos recordado en otra oportunidad, habían estudiado en el Colegio del Uruguay fundado por Justo José de Urquiza, el primero laico de la República Argentina. Se cumplirán dentro de poco 140 años de esa histórica norma, pilar fundamental en la construcción del sistema educativo de nuestro país.

La tarea para llegar a esa ley trascendente no había sido sencilla ni había estado exenta de conflictos y arduas polémicas. Lo que no había logrado el erudito Sarmiento lo conseguía el militar Roca, acompañado del médico Wilde y del abogado Onésimo Leguizamón, en ese entonces diputado nacional, otro ex alumno del histórico colegio.

Un enorme caudal de inmigrantes de las más diversas culturas y religiones encontró en la Argentina un lugar donde vivir en paz y progresar. Si no vinieron más, y si muchos se volvieron o buscaron otros destinos obedece a otras causas, y es obvio que ese déficit no puede atribuirse al sistema educativo. Por el contrario, la escuela pública argentina integró e hizo conciudadanos y compatriotas a niños y jóvenes que a menudo no compartían origen, ni religión, ni clase social.

Los edificios escolares como palacios cívicos con los que soñaba Sarmiento, al servicio de la construcción de ciudadanía que significaba “educar al soberano” de una república comenzaron a dejar su huella indeleble en toda la geografía nacional. La arquitectura, “testigo insobornable de la Historia”, al decir de Octavio Paz, nos sigue aún hablando de una época en la que el Estado asignaba a la educación común una importancia primordial, que no se agotaba en las normas sino que se corporizaba en los presupuestos y en la inspiración de las políticas públicas.

La educación como eje estratégico de un proceso de consolidación del sistema representativo consagrado en la Constitución sufriría embates luego a partir de 1930 y 1943, incluyendo la derogación del contenido laicista de la ley 1420. Pero de todos modos el sistema educativo argentino, edificado sobre cimientos tan fuertes y nobles, logró perdurar, aún  en medio de crisis recurrentes, como una herramienta que favoreció la integración social, la movilidad social ascendente y algunos logros notables en materia de desarrollo científico y tecnológico, con repercusiones en la industrialización y el crecimiento económico.     

Cada vez que se discutieron las implicancias de la ley 1420 se debatió mucho más que un mero programa educativo. En esencia, aún con matices, lo que estuvo en disputa fue un conflicto entre una visión liberal, progresista y republicana, enfrentada a otra conservadora, integrista y reaccionaria.

En 1947, en ocasión de tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación la ratificación del decreto ley dispuesto por un gobierno de facto en 1943, que reformó el artículo 8º de la ley 1420 e impuso la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, se pudieron escuchar algunas voces que dieron cuenta del significado profundo de tal reforma.   

Silvano Santander recordó en esa oportunidad que “el Estado – bien lo dijo ese otro romántico enamorado de la libertad que fue Esteban Echeverría – como cuerpo político, no puede tener una religión, porque no siendo persona individual carece de conciencia propia; agregando que el principio de la libertad de conciencia jamás podrá conciliarse con el dogma de la religión del Estado”. Agregó el diputado Santander, a propósito de los debates que derivaron en la sanción de la ley, que “se impuso en definitiva el punto de vista laicista. Esa ley fue el mejor tributo conciliador para nuestro futuro. Los árboles, dice el Eclesiastés, se juzgan por su frutos. ¿Cuáles han sido los resultados de esta ley? Una Argentina alfabetizada, sin problemas raciales y religiosos”.

Más cerca en el tiempo, en 1995, en su libro “Sur, penuria y después”, y sobre otros aspectos como la gratuidad y el deterioro de la escuela pública, Aldo Neri alertaba que “a veces, para ser realmente progresista, hay que elegir opciones conservadoras de viejas prácticas: la gratuidad estatal en el nivel básico fue una política exitosa en aquellos países latinoamericanos que la aplicaron durante décadas. Su paulatino desplazamiento hacia la privatización y el servicio educativo fue el resultado de la decadencia del viejo Estado y la simultánea mayor fractura social. No sería legítimo prohibir estas tendencias contemporáneas, pero menos aún lo sería estimularlas. La construcción del nuevo Estado para una sociedad de bienestar exige su protagonismo principal en este nivel, así como una muy severa revisión de los criterios con que el Estado asegura hoy subsidios al sector privado educativo, con efecto social y económico regresivo.” Aldo Neri enfatizaba que “la mezcla de clases permite recuperar para el bien común impulsos que habitualmente se canalizaban hacia la segregación y el privilegio”, y contrasta “lo que fue la calidad de la escuela estatal multiclasista, durante buena parte de este siglo, en Uruguay y la Argentina, contra su actual decadencia y vaciamiento progresivo de los sectores medios”.   

Rescatar la vigencia de los postulados de la ley 1420 nos llevaría a más laicismo, universalidad y gratuidad de la educación pública, de calidad, al servicio de una sociedad más democrática, próspera, integrada y equitativa. Emprender el camino opuesto sólo augura mayor fractura y exclusión social, y por ende una sociedad más segregada, violenta e insegura.         

¿Cómo conmemoraremos el próximo 8 de Julio el 140º aniversario de la ley 1420? La pregunta, y las posibles respuestas, no son una cuestión insignificante. La interpretación del pasado siempre es un tema relevante en la construcción del futuro.-     

 

Publicado en el diario La Calle el día 31 de Marzo de 2024.-

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FRANCISCO BEIRÓ, EL VICEPRESIDENTE QUE NO FUE

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 96 años de la proclamación de la fórmula Hipólito Yrigoyen – Francisco Beiró. El 24 de Marzo de 1928, en el teatro Opera de la Ciudad de Buenos Aires, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical proclamó por aclamación a Hipólito Yrigoyen como candidato a Presidente de la República, acompañado por el entrerriano Francisco Beiró como candidato a Vicepresidente. En las elecciones generales que tuvieron lugar el 1º de Abril de ese año los electores radicales – recordemos que en ese entonces regía el sistema de elección indirecta que sería modificado en la reforma constitucional de 1994 – obtuvieron más del 61% de los sufragios emitidos. Lamentablemente Francisco Beiró murió el 22 de Julio de 1928, con sólo 51 años de edad, por lo que el Colegio Electoral, a instancias de la Convención Nacional de la UCR, designó a Enrique Martínez, en ese momento Gobernador de Córdoba, para reemplazarlo. Yrigoyen y Martínez asumieron el 12 de Octubre de 1928 y fueron depuestos por la funesta asonada del 6 de Septiembre de 1930, que inauguraría un ominoso ciclo de más de 50 años de inestabilidad política, violencia y apartamiento de las reglas constitucionales. No tiene demasiado sentido intentar esbozar una historia contrafáctica, pero no son pocos los que imaginan que el desenlace pudo haber sido bien diferente con Francisco Beiró a cargo de la Vicepresidencia en esos aciagos días de Septiembre, dadas su representatividad y su carácter.     

Francisco Beiró nació en Rosario del Tala el 19 de Septiembre de 1876. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio del Uruguay, y posteriormente la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Junto a Hortensio Quijano es uno de los dos ex alumnos del histórico colegio fundado por Urquiza que fueron electos para ejercer la Vicepresidencia. Sendos retratos suyos pueden apreciarse en el salón de actos Alejo Peyret. Desde muy joven canalizó su voluntad de participación política en el ámbito del radicalismo, y más específicamente en el yrigoyenismo. Actuó tanto en Entre Ríos como en la Capital Federal. Beiró ocupó diversos cargos partidarios, llegando a ejercer la presidencia del Comité Nacional y de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. En 1916 integró el Colegio Electoral que consagró Presidente a Hipólito Yrigoyen, con quien lo unía una estrecha amistad. En la ciudad de Buenos aires se desempeñó como concejal e intendente interino y sus gestiones fueron significativas para el progreso del barrio de Villa Devoto ya que impulsó el empedrado de calles y la instalación del alumbrado público. Fue electo diputado nacional en 1918 y renunció a su banca para ejercer el cargo de Ministro del Interior por un breve período, en el final de la primera presidencia de Yrigoyen, entre el 23 de Marzo y el 12 de Octubre de 1922.

En 1926 Francisco Beiró fue candidato a gobernador de Entre Ríos por el radicalismo yrigoyenista, acompañado en la fórmula por Gregorio Morán. Se trató de la primera vez en la que el partido radical concurrió dividido a los comicios. El sector afín a Yrigoyen fue derrotado en esa ocasión por la fórmula del radicalismo de Entre Ríos, tal como se denominaba la rama antipersonalista, integrada por Eduardo Laurencena y José María Garayalde.

El historiador Diego Barovero señala, en un artículo publicado en La Prensa el 14 de Diciembre de 2022 que “sin ánimo de introducir aquí especulaciones de carácter ucrónico ni de intentar hacerle decir a la historia lo que no sucedió, la circunstancia de la elección de Beiró como compañero de fórmula por parte de Yrigoyen, un líder de carácter indiscutiblemente personalista, pero también consciente de sus años, además de convencido del carácter regeneracionista del gobierno que pretendía encabezar al ser reelecto, permite inferir que lo que quería era asegurar la continuidad del sentido de su misión. Beiró había dado pruebas categóricas y concretas de su solidaridad política con Yrigoyen. Había sido su ministro político en el tramo final de su primera presidencia asegurando la sucesión de Alvear (que internamente le había resultado compleja en las propia filas por parte de seguidores que creían tener mayores méritos que el elegido), había encabezado la fracción yrigoyenista que enfrentó a los radicales antipersonalistas entrerrianos, a sabiendas de que era un destino de fracaso conocedor como era de su provincia natal; había presidido los órganos de conducción partidaria como el Comité Nacional y la Convención Nacional con probada lealtad. Todo hace pensar que Yrigoyen ya anciano pensó su propia continuidad en la permanencia de Beiró al frente del Ejecutivo ante cualquier contingencia. La diosa Fortuna dio por tierra con cualquier deseo o proyecto en ese sentido…”. Barovero concluye que “Francisco Beiró quedó en la memoria de los ciudadanos como el vicepresidente que no fue, casi 20 años más joven que su compañero de fórmula y jefe político, podría haber heredado su liderazgo si lo hubiera sobrevivido, lo que no ocurrió”.-

 

Publicado en el diario La Calle el 24 de Marzo de 2024.-

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QUO VADIS POLÍTICA SOCIAL?

Por José Antonio Artusi

Aldo Neri, en un libro publicado en 1995 titulado “Sur, penuria y después. La crisis de la política social”, cita a Castoriadis cuando expresa que “la pauperización intelectual tanto de los “socialistas” como de los “conservadores” es aterradora. Los “socialistas” no tienen nada que decir, y la calidad intelectual de la producción de los voceros del liberalismo económico, desde hace quince años, haría que Smith, Constant, o Mill se revolcasen en sus tumbas”. No faltan elementos para extender hasta nuestros días la veracidad de la aseveración de Castoriadis. Más adelante, el propio Neri sostiene que “la democracia es en su esencia distribución del poder mismo en la sociedad. Y esto es incompatible con una excesiva concentración de beneficios económico – sociales. Uno no puede elegir un solo plato de ese menú; debe pagar por ambos. Y esta receta, como tantas con las mejores ideas, no tiene nada nuevo. Así la quisieron, de uno u otro modo, los griegos de la democracia ateniense, Jesucristo, los liberales fundacionales, los soñadores socialistas. Avanzar pequeños pasos en ese camino exige grandes esfuerzos”.

Lo antedicho puede servir como una introducción para comenzar a evaluar los pasos que viene dando en materia de política social el gobierno nacional, y para tratar de explorar escenarios futuros.

En la citada obra Aldo Neri considera que “en el firmamento de los bienes sociales fundamentales existen cinco estrellas de luz muy fuerte, que se destacan por la inequívoca manera en que iluminan (u oscurecen con su ausencia) las oportunidades de un desarrollo integral de la persona, así como el logro de niveles mínimos de bienestar familiar. Ellas son la alimentación, la atención de la salud, la educación, la vivienda y el retiro en la vejez”.

Demos por lo tanto una mira rápida al panorama de algunas de estas cinco “estrellas” en la actualidad y las perspectivas que se podrían abrir a futuro.

El gobierno dispuso inicialmente un aumento que duplicó nominalmente los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar. En un contexto de creciente pauperización de la mano de la estanflación, y de infantilización de la pobreza, estas herramientas son cruciales en la coyuntura pero corren el riesgo de ser afectadas por la elevada inflación. El gobierno se ha manifestado proclive a eliminar la intermediación de movimientos sociales en la asistencia a comedores comunitarios mientras que se muestra por otro lado dispuesto a aceptar la intermediación de algunas iglesias.      

Cabe señalar las limitaciones y déficits de estos programas, tanto los de asistencia monetaria directa como los de asistencia a través de comedores. Y es oportuno por lo tanto, más allá de la coyuntura, volver a reflexionar acerca de la necesidad rescatar la idea de programas universales e incondicionales que eviten la trampa de la pobreza, en la línea del Ingreso Ciudadano a la Niñez que propuso en su momento Elisa Carrió y que llegó a ser una asignatura pendiente del gobierno de Mauricio Macri. 

En relación a la vivienda y el hábitat por ahora prima una gran indefinición de las políticas públicas, una desjerarquización de las áreas de gobierno, y una desfinanciación que se suma a la que se venía dando desde el gobierno de Alberto Fernández. A la demora en la designación de funcionarios se le han sumado la renuncia de algunos y la transferencia a la órbita del Ministerio de Economía. A la desfinanciación del sistema federal de vivienda que supuso la no actualización del monto fijo en el impuesto a los combustibles y su impacto en la merma del FONAVI, que afectó profundamente las finanzas de los institutos provinciales de vivienda el año pasado, se suma ahora la pérdida casi total de recursos del impuesto País con destino al Programa de Integración Socio Urbana, dirigido a urbanizar y regularizar las casi 6000 villas y asentamientos relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Si bien sabemos que el impuesto País es un pésimo tributo, además transitorio, y que el sistema de fideicomisos quizás no es el más adecuado, no por ello debería abandonarse la aspiración de contar con una estrategia robusta y permanente de financiamiento para este fin. Un informe reciente del Banco Mundial sostiene que uno de los “factores que menoscaban las ventajas económicas de las ciudades y merecen especial atención” consiste en “la división de las ciudades en zonas pobres y prósperas desconectadas, que limitan la extensión geográfica de las economías de aglomeración, obstruyen los flujos de información y generan una asignación inadecuada de los recursos debido a la prevalencia de la informalidad en los barrios de bajos ingresos”. O sea, la informalidad y la precariedad nos afecta directa o indirectamente a todos, y por lo tanto todos deberíamos estar interesados en su reversión, si es que realmente queremos ciudades más prósperas. Aunque sea reiterativo, vale la pena enfatizar que no se trata de regalar nada a nadie ni de premiar la informalidad; se trata de regularizar debidamente lo que corresponda y fundamentalmente evitar la informalidad futura.     

Las otras tres “estrellas”, educación, salud y jubilaciones, muestran por ahora más amenazas que promesas, en un contexto de crisis que obviamente no es el más adecuado para pensar políticas estructurales de largo plazo; que sin embargo son más necesarias que nunca. Es oportuno recordar que el célebre Servicio Nacional de Salud británico fue planificado en buena medida durante la Segunda Guerra Mundial.-   

 

Publicado en el diario La Calle el 17 de Marzo de 2024.-

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EMILIO RAVIGNANI

 Por José Antonio Artusi

Se cumplieron 70 años de la muerte de Emilio Ravignani. Nació en Buenos Aires el 15 de Enero de 1886 y murió el 8 de Marzo de 1954 en su ciudad natal.

Hijo de inmigrantes italianos, tras egresar del Colegio Nacional de Buenos Aires cursó estudios universitarios en la Facultad de Derecho y en la de Filosofía y Letras de la UBA, ámbitos en los que luego se desempeñó como profesor e investigador. Junto a Ricardo Levene y otros historiadores formó parte de la denominada Nueva Escuela Histórica, abocada a aplicar marcos metodológicos rigurosos para la investigación.

Pablo Buchbinder, en un artículo titulado “Entre la historia, la política y las aulas: reflexiones sobre la trayectoria de Emilio Ravignani”, recuerda que “en diciembre de 1946… debió abandonar sus cargos como profesor universitario que ejercía desde los años veinte en las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). De esta manera terminó su larga trayectoria en las instituciones de enseñanza superior de la Argentina que había incluido no sólo el ejercicio de cargos de profesor en las áreas de Historia Constitucional Argentina y de Historia Americana –además había sido profesor en el Instituto Nacional del Profesorado- respectivamente sino también el desempeño de diversas responsabilidades en puestos y organismos de gobierno universitario. Por un tiempo breve continuaría sus tareas académicas y universitarias en el Uruguay”. No es ocioso recordar que Ravignani fue separado de sus cargos por razones políticas, tal como era usual en ese momento.

En el citado trabajo Buchbinder considera que “Ravignani articuló desde 1945, directa y estrechamente, un análisis del pasado histórico argentino con una lectura crítica de su presente. Este uso y articulación se explicaba posiblemente por el hecho de que sus juicios políticos no podían expresarse en forma pública y abierta desde entonces. Sus escritos sobre Rivadavia, del que lo había separado su papel en la tradición unitaria, buscaron ahora subrayar su defensa de los principios republicanos. El análisis de Artigas estuvo desde entonces cruzado por consideraciones similares. Ya no era el líder que se oponía a los intentos centralistas de Buenos Aires sino, fundamentalmente el que, frente al autoritarismo porteño, encarnaba tradiciones auténticamente democráticas”. Siguiendo con la reivindicación de Artigas es pertinente mencionar que el historiador uruguayense Pedro Félix Guridi resalta en su obra “El artiguismo y su legado”, citando a Alberto Demicheli, que fue precisamente Emilio Ravignani quien descubrió y publicó en 1937 el proyecto de Constitución nacional que llevaron consigo los diputados orientales para presentar a la Asamblea General Constituyente de 1813, junto con las célebres “Instrucciones”, que constituyen en su conjunto una magnífica síntesis de la doctrina artiguista, base ineludible del federalismo argentino y de su posterior concreción constitucional en 1853 de la mano de Urquiza.  

En el campo político Ravignani tuvo una intensa participación en la Unión Cívica Radical, ocupando numerosos cargos y llegando a presidir su Convención Nacional. Fue electo diputado nacional en tres ocasiones, en 1936, 1946 y 1952. Su muerte truncó el último mandato.

Enrique Pereira lo evoca diciendo que “unió en su persona a un luchador callejero valiente con un intelectual de prestigio internacional, a un docente cabal, un creador de escuelas, y un parlamentario inteligente y combativo”; recuerda que “su conciencia democrática lo llevó a sumarse a la organización de las actividades solidarias con la II República Española”, y que “fue uno de los pilares del legendario “Bloque de los 44” presidido por Balbín, integrado, entre otros, por Raúl Uranga, Silvano Santander, Arturo Frondizi”, etc.

Su conocimiento histórico le permitió participar en algunos debates en la Cámara de Diputados con inusual solvencia. Una de las intervenciones en las que puso de manifiesto su comprensión del pasado como faro para iluminar el presente fue la que tuvo lugar en Marzo de 1947, al tratarse la ratificación del decreto ley 18.411 de 1943 que reformó el artículo 8º de la ley 1420 de educación pública, laica, gratuita y obligatoria e implantó la enseñanza religiosa en las escuelas. Este año se cumplirán 140 años de la promulgación de la ley 1420. Parece oportuno recordar las palabras finales de Ravignani, en alguna medida premonitorias, en aquellos acalorados debates de 1947:

“La Iglesia debe trabajar sin oprimir las conciencias, pues se lo prohíbe la Constitución, y, sobre todo, no debe convertirse en un instrumento político que pueda robustecer a los gobiernos fuertes. No debe repetir la experiencia de aquellos monarcas que eran católicos, pero perseguían a los religiosos, disolvían sus órdenes; y, por fin, no debe enturbiar el vino generoso del sentimiento católico, que se apoya en la fe, con el agua turbia de la acción política, que a menudo se vale de la simulación para ahogar las libertades humanas, esencia de la moral del Mártir del Gólgota”.-     

 

Publicado en el diario La Calle el día 10 de Marzo de 2024.-

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MOISÉS LEBENSOHN Y LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1949

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 75 años del discurso que pronunció Moisés Lebensohn en la Convención convocada para reformar la Constitución Nacional, el 3 de Marzo de 1949.

Moisés León Lebensohn nació el 12 de agosto de 1907 en Bahía Blanca y murió en Buenos Aires el 13 de Junio de 1953. Diego Barovero considera que “la principal ocupación de Lebensohn fue darle autonomía y sistematización a los fundamentos doctrinarios de la UCR, definiéndola como una expresión política democrática, liberadora, popular y progresista”, y señala que “a pesar de sus condiciones intelectuales y capacidad organizativa, Lebensohn casi no tuvo oportunidad de ejercer funciones públicas. Sólo fue concejal en su ciudad (1936) y convencional nacional constituyente (1949), en la que fue protagonista central en esa oportunidad como jefe de la bancada radical, impugnando la legitimidad de una reforma que se hacía con la intención de perpetuar a Perón en la presidencia”.

La efeméride es propicia para recordar algunos pasajes de aquel célebre discurso. Dijo Lebensohn ese día: “El señor presidente ejerce una potestad irrestricta en el orden político y en los campos económicos, financieros, sindicales y culturales; controla a su arbitrio los rumbos de la vida nacional. Por otros caminos, con otros procedimientos usando sus mismas técnicas, ha alcanzado la finalidad totalitaria. Ahí está instalado el Régimen en sus realidades, dispositivos y orientaciones. Se ha desarrollado en el quebrantamiento de la estructura constitucional y en la regulación de las libertades públicas; ha centralizado las direcciones del país y pretendido imprimir su concepción en todos los aspectos de la existencia argentina. No puede consolidarse sin la permanencia indefinida del conductor que constituye el centro de las decisiones. De ahí la necesidad de la reelección presidencial. Sin continuidad del jefe, no existe continuidad del sistema y no se concibe al jefe sin la total concentración del poder”.

Expresó más adelante el convencional radical, en relación a la Constitución de 1853, que prohibía la reelección presidencial: “El artículo 77 de la Constitución es la garantía suprema de las libertades populares y la última valla contra la arbitrariedad. Puede un gobernante avasallar todos los derechos. Su poder tiene límite cierto, plazo infranqueable, en la prohibición dictada por el sufrimiento de dos generaciones argentinas. Su remoción es el objeto de la reforma, y el Radicalismo se opone esta “in totum”, en su conjunto, en defensa del orden democrático y de las libertades fundamentales, y en lealtad con la historia y el destino de nuestra Patria. Votará contra la reforma porque entraña el propósito de consolidar, fortificar y perpetuar al absolutismo gobernante y persigue la única finalidad de legalizar el establecimiento del sistema que está destruyendo esencias republicanas y precipitando a nuestra Patria en la abyección del despotismo. En el curso de nuestra organización constitucional, la vida republicana, casi siempre fue amarga, pudo desarrollarse evolutivamente. Los presidentes solían ejercer influjo decisivo; su poder era inmenso, incontrolado dentro del lapso en que ejercían la dirección de la República. Imponían a sus sucesores, pero éstos, conscientes de la fuerza que reúne el poder presidencial, jamás se resignaron a ser meros ejecutores de directivas ajenas. Y en esa renovación de fuerzas, de procedimientos y de hombres, la democracia argentina se salvó y la República subsistió aun en las épocas dolorosas del fraude. A este gran recaudo constitucional, los círculos de intereses que siempre rodean al poder personal quieren suprimirlo, no en interés del país, sino en su propio interés. No tienen la responsabilidad histórica del presidente, sino la oportunidad de enturbiarse con el fango de los negociados y de beneficiarse con el usufructo de su influencia, operando a la sombra del poder presidencial”.

“Reelección presidencial, constitucionalización de la legislación represiva del Régimen, culminación del proceso de centralización. He ahí la reforma. Todos sus demás aspectos estaban en la legislación o podía alcanzarse mediante la legislación: derechos del trabajador, incompletos y falseados; los derechos de la familia, imprecisos e innocuos; disposiciones atinentes a servicios públicos que en parte se acercan a nuestro programa. Todo cabía como desarrollo dentro del gran encuadre orgánico de la Constitución del 53. Lo único que no podía lograrse era la remoción del infranqueable obstáculo a la ambición de mando de los gobernantes. De ahí y sólo de ahí nació la reforma”.

Llegando al final de su alocución, Lebensohn señaló: “frente a este régimen que intenta reducir a nuestro pueblo a la categoría de masas semejantes y moldeables al redoble de las consignas de propaganda, confiriéndole la justicia como dádiva y la solidaridad como soborno, afirmamos nuestra absoluta convicción en la lealtad del hombre del pueblo con el destino nacional… Desvalidos de poder material, sin prensa, sin radio, sin aulas y sin armas, sin bancos ni gobiernos, libramos esta batalla con victoriosa confianza en la prevalencia final de los ideales que nutrieron la historia argentina, serenos y seguros, porque son nuestros la razón y el futuro”.

En 1955 el gobierno que impulsó la reforma fue depuesto por un golpe y el 1º de Mayo de 1956 el General Aramburu presidió un acto en la Plaza Ramírez de Concepción del Uruguay en el que se abrogó esa Constitución de 1949. Y en 1994 se reformó la Constitución de 1853, esta vez sobre la base de acuerdos básicos entre los partidos mayoritarios. Pero esa es otra historia.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 3 de Marzo de 2024.-  

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EL DESAFÍO DE URBANIZAR LAS VILLAS: CONSTRUIR CIUDAD Y CIUDADANÍA (II)

Por José Antonio Artusi

Se vuelve a hablar de las villas y asentamientos y se vuelve a hablar del Fondo de Integración Socio Urbana. No deja de ser positivo que la problemática de la informalidad urbana y las alternativas para avanzar en la integración y regularización de los denominados “barrios populares” ocupe un lugar relevante en la agenda pública. Lamentablemente las señales que ha dado hasta ahora el gobierno nacional no parecen ser las mejores en cuanto a comprender la raíz estructural del problema y a proponer mecanismos que puedan avanzar progresivamente en su solución. 

Hace poco más de un año sostuve en esta hoja que “existe la necesidad, existen los recursos (al menos potencialmente) y existen los trabajadores capaces de formar parte de esta verdadera epopeya que constituye una asignatura pendiente, pero debemos reflexionar todos con espíritu autocrítico para mejorar lo que se ha hecho y encontrar caminos viables que garanticen la continuidad y éxito del programa”. Finalmente enfaticé que “el programa será exitoso cuando podamos hablar con fundamento de “barrios” a secas y dejemos de hablar de este no demasiado feliz término, “barrios populares”; cuando todos los barrios, algunos un poco más, otros un poco menos, estén verdaderamente integrados en la ciudad y todos sus habitantes tengan un piso mínimo de acceso a los beneficios de la vida urbana. El desafío es enorme, pero a la vez ineludible”.

No hace falta decir que la asignatura sigue pendiente y que es insignificante lo que se ha avanzado en tal sentido en el año que transcurrió desde entonces. Parece pertinente entonces seguir reflexionando y debatiendo sobre esta cuestión, que exige políticas públicas consistentes, muy bien diseñadas y mejor implementadas, a lo largo de un período de tiempo que abarcará obviamente varias gestiones. Por eso, en medio de tantos desacuerdos y contradicciones, resulta necesario destacar que una política pública iniciada por el gobierno del Presidente Macri, continuada durante la gestión del Presidente Fernández, requiere ahora continuidad – no exenta de cambios y transformaciones profundas – por parte de la administración del Presidente Milei. Lo que seguramente no constituye la mejor opción es desmantelar el programa y desfinanciar el fondo destinado a cubrir los gastos que demanda. Es imperioso tener en cuenta que la urbanización e integración es un tema sensible, obviamente, para quienes viven en ellos, pero también para la sociedad en su conjunto. Un horizonte de desarrollo socio económico y prosperidad demanda ciudades que brinden seguridad, calidad de vida y condiciones mínimas de equidad para todos sus habitantes. La consolidación de un hábitat precario y excluyente afecta sobre todo a los estratos más vulnerables de la sociedad, pero finalmente termina perjudicando a todos, de las más diversas maneras.

En el Documento de Política Nacional Urbana, publicado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y ONU – Hábitat en 2018 se sostiene con toda razón, y con inusual crudeza, que “la ausencia del Estado en la planificación y gestión territorial ha contribuido a la expansión urbana de baja densidad y a la consolidación de un mercado de suelo urbano caracterizado por la usurpación, la especulación y la desigualdad. La escasez de instrumentos que regulen el mercado de suelo, junto con instrumentos de gestión local ineficientes e instituciones debilitadas, han favorecido el desarrollo de ciudades desiguales, socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y ambientalmente insostenibles. En las últimas décadas, el déficit habitacional en Argentina se ha incrementado, los mecanismos de acceso al crédito han resultado insuficientes y los asentamientos informales se han convertido en la principal estrategia de acceso al suelo y a la vivienda de los sectores de menores ingresos”.

En el mismo texto – lamentablemente muy poco difundido - se plantea que los principales desafíos a enfrentar consisten en integrar los asentamientos a la trama urbana, reducir el déficit habitacional existente, mejorar la provisión de servicios básicos, facilitar una planificación urbana eficiente que promueva el uso racional y sostenible del suelo, establecer instrumentos fiscales que regulen el acceso al suelo y vivienda, establecer políticas para el aprovechamiento del suelo vacante y el parque habitacional existente, y desarrollar mecanismos que garanticen el acceso al mercado formal de alquileres.

Ignorar el problema o pretender que se solucionará como por arte de magia por mera acción de la mejora de los indicadores macroeconómicos es una ingenuidad o un grave error de concepto. Es obvio que cualquier política pública seria requiere salir de los demenciales niveles de inflación crónica que tenemos en nuestro país, modificar profundamente la matriz tributaria y recuperar una senda de crecimiento sostenido y de movilidad social ascendente. Pero se trata de condiciones necesarias y no suficientes. En este caso también se necesita una planificación y gestión rigurosa que parta de un diagnóstico correcto y que seleccione los métodos y los instrumentos adecuados.

No todo se soluciona con una motosierra, a veces se necesita un bisturí, y a veces una aguja para coser y reparar algo que está dañado y debe unirse y cicatrizarse. Ojalá que quienes tienen responsabilidades en este sentido lo entiendan cuanto antes.-  

 

Publicado en el diario La Calle el 25 de Febrero de 2024.-

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LA TRINCHERA DE OCCIDENTE

Por José Antonio Artusi

En 2018 el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti publicó un libro titulado “La Trinchera de Occidente – A 70 años de la creación del Estado de Israel”. La obra consiste en una recopilación de artículos publicados a lo largo de un extenso período en diversos medios de comunicación, a los que se suman las transcripciones de algunas conferencias. 

El libro es de por sí una joya, pero adquiere un valor adicional tras la masacre perpetrada por Hamas el 7 de Octubre de 2023, la peor matanza de judíos con posterioridad al Holocausto.

Sanguinetti expone con singular coherencia y habilidad argumental una línea de pensamiento que permite abordar diversas cuestiones e interpretarlas a la luz de la sujeción a ciertos valores y principios liberales y humanistas, cuya reivindicación y defensa parece hoy más necesaria que nunca, cuando se ven amenazados por ideologías totalitarias y oscurantistas, y cuando cierta peligrosa confusión afecta a numerosos estamentos de las sociedades occidentales.

El autor reconoce en la introducción que no fue sencilla la tarea de titular la obra y, considera luego – en una suerte de síntesis del planteo general – que optó por “recalar finalmente en “La trinchera de Occidente”, que es a nuestro juicio el rol esencial de la presencia israelí contemporánea. En tiempos de terrorismo islámico y de fundamentalismo musulmán, que cuestionan nuestros valores esenciales, el Estado judío es el emblema de la civilización occidental, forjada en las tradiciones judía (la igualdad ante las tablas de la ley), cristiana (la piedad ante el desvalimiento), griega (la racionalidad), y romana (la organización de la sociedad para su convivencia). Una Europa vacilante tiene su primer escalón de seguridad en su sobrevivencia.”

El libro repasa diversos momentos históricos y retrata a algunos de los personajes que los tuvieron como protagonistas. Así, por ejemplo, en un artículo publicado en el diario el País de Montevideo el 17 de Diciembre de 2006, se recuerda que “cuando el ejército norteamericano llegó a los campos nazis de exterminio, el General Eisenhower hizo desfilar a todas sus tropas, a los prisioneros adversarios y hasta desplazó una división , porque – dijo – esto algún día será negado y precisamos un millón de testigos… En aquellos años parecía imposible que alguien pudiera desconocer aquella evidencia horrorosa, especialmente cuando se diseminaron por el mundo los testimonios dramáticos de los sobrevivientes. Hoy, sin embargo, estamos ante el echo y estos días, sin ir más lejos, hemos recibido las sobrecogedoras noticias del congreso organizado en Teherán por el Presidente Mahmud Ahmadineyad para dudar de la existencia del Holocausto judío y anunciar la “pronta desaparición de Israel”, que caerá, según él, como cayó la Unión Soviética”. Parece innecesario recordar, o quizás no tanto, que si el vaticinio del entonces presidente iraní no se ha cumplido no es precisamente por falta de voluntad de quienes tienen a su cargo el régimen que gobierna ese país desde 1979.

Más adelante, en un artículo publicado en el Correo de los Viernes el 26 de Agosto de 2005, y que resulta especialmente útil para entender la guerra que tiene lugar actualmente en Gaza, Julio María Sanguinetti recordaba que “la operación de desalojo de los colonos israelíes en la franja de Gaza se está terminando con éxito. El Primer Ministro Sharón, general de larga actuación, considerado un militar de la línea más dura, es quien ha llevado adelante este proyecto pacificador”. Al momento de editar el libro su autor reconoce que “hoy, a 13 años de aquel retiro unilateral, Gaza, controlada por un gobierno de Hamas, es una constante fuente de conflictos, base de reiterados ataques a Israel, por medio de misiles o de intentos de invasión, sea por túneles o asonadas, como ha pasado en este año de 2018. Desgraciadamente, la política de cambiar tierra por paz ha fracasado en este caso”.

En “El terrorismo”, publicado en el diario El País de Madrid el 12 de Agosto de 2012 el ex presidente oriental e histórico dirigente del Partido Colorado aborda temas de indudable actualidad, cuando señala claramente que “no es cierto tampoco, que el problema sea el sionismo y no el antisemitismo, según es de uso invocar en los últimos tiempos. Son dos caras de una misma moneda: uno niega el derecho a la existencia del individuo, el otro rechaza el derecho de un pueblo a existir y a convivir en una comunidad internacional. Es verdad que los gobiernos israelíes han cometido errores, como toda estructura política, ¿pero ellos justifican acciones terroristas de dimensión universal, como las que han ocurrido a lo largo del mundo, tomando de rehenes a seres humanos ajenos a toda la disputa?”. Este artículo es particularmente relevante para los argentinos, pues rememora los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, en 1992 y 1994 respectivamente, y contiene un párrafo de indudable vigencia: “Nunca deja de asombrar que ciudadanos que se sienten progresistas se dejen arrastrar tan fácilmente a esos remedos de explicación que apenas se detienen en el límite de la complicidad con la violencia. Bien lo sabe Occidente, que practicó en su tiempo la guerra santa y sólo pudo superarla cuando el pensamiento y la acción política alcanzaron a los ámbitos de la formación ciudadana, con una filosofía de libertad de conciencia y respeto a la opinión ajena”.-     

 

Publicado en el diario La Calle el 18 de Febrero de 2024.-

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