Por José Antonio Artusi
No fue una constitución en
sentido estricto, es verdad; tampoco fue sancionado por un congreso reunido en
nombre de todas las provincias, también es cierto. Pero constituyó uno de los
primeros textos que pretendieron organizar un Estado sobre la base de derechos
individuales, división de poderes, elecciones, legalidad y límites estrictos al
poder público.
La historia oficial prefirió
construir un relato lineal y esquemático: 1810, 1816, 1853. Entre esos hitos
consagrados quedaron relegados los ensayos, las crisis y los documentos que
demuestran que la organización constitucional argentina no nació de un acto
fundacional mágico, sino de una larga, compleja y conflictiva búsqueda de
reglas capaces de contener al poder. El Estatuto Provisional de 1815 es una de
las piezas centrales de esa búsqueda.
El Estatuto surgió tras la
caída del Directorio de Carlos María de Alvear, en abril de 1815. El Cabildo de
Buenos Aires reasumió momentáneamente la conducción política y creó una Junta
de Observación con atribuciones específicas para dictar un régimen provisional.
El 5 de mayo, esa Junta sancionó el Estatuto.
El preámbulo posee una
claridad notable. La Junta declaraba explícitamente su voluntad de poner al
Estado “a cubierto del criminal abuso” de los administradores del poder
público. No era una frase decorativa ni una mera concesión retórica:
representaba una advertencia severa contra la tentación permanente de todo
gobierno de confundir la autoridad legítima con el arbitrio.
El documento reconocía, con
estricto pragmatismo, que redactar una constitución perfecta en medio de la
guerra de emancipación, la dispersión territorial y la inestabilidad política
era una tarea imposible. Por esa razón optó por reglas provisionales, pero
reglas al fin: límites precisos al Ejecutivo, garantías firmes a los habitantes
y un cauce institucional claro hacia un Congreso General constituyente.
La Sección primera comienza
con una declaración que anticipa el núcleo del constitucionalismo moderno:
"Los derechos de los habitantes del Estado son, la vida, la honra, la
libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad". E incorpora una definición
fundamental para la época: esos derechos corresponden a “todo hombre” en el
territorio del Estado, “sea americano o extranjero, sea ciudadano o no”.
No se trataba de concesiones
graciables otorgadas por el Estado, sino de prerrogativas preexistentes que el
poder político tenía la obligación estricta de garantizar. El Estatuto definía
la libertad como la facultad de obrar a propio arbitrio “siempre que no viole
las leyes, ni dañe los derechos del otro”; la igualdad como la sujeción de
todos los habitantes a la misma ley; y la propiedad como el derecho de gozar de
los bienes, rentas y productos.
Allí se encuentra el
antecedente directo del artículo 19 de la Constitución Nacional. La Sección
séptima establecía: "Las acciones privadas de los hombres, que de ningún
modo ofenden el orden público, ni perjudican a un tercero, están solo
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los Magistrados".
Para comprender la inclusión
de esta fórmula en 1815, es indispensable rastrear su linaje intelectual. No
brotó de la nada: la cláusula de legalidad que la acompaña proviene del
artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la
Revolución Francesa de 1789. Para las acciones privadas no hay modelo textual
conocido; es plausible que dialogue con una matriz hispano-criolla de raíz
escolástica y canónica, que distinguía nítidamente entre el fuero interno de la
conciencia —competencia exclusiva de la divinidad o de la moral individual— y
el fuero externo, único sujeto a la regulación de las leyes civiles.
La fórmula fue retomada casi
literalmente por la Constitución de 1819, en su artículo 112. Luego pasó, con
adaptaciones, al artículo 162 de la Constitución de 1826 y finalmente al
artículo 19 de la Constitución de 1853, que sigue vigente. El texto de 1853
incorporó “al orden y a la moral pública”, pero conservó la idea esencial: el
Estado no puede invadir la esfera privada de las personas cuando sus actos no
lesionan derechos ajenos ni alteran el orden público.
Junto a esa cláusula, el
Estatuto consagró otro principio decisivo: "Ningún habitante del Estado
será obligado a hacer lo que no manda la Ley clara y expresamente, ni privado
de lo que ella del mismo modo no prohíbe". Es la consagración liminar del
principio de legalidad, antecedente directo del actual artículo 19 en su
segunda parte y de todo nuestro régimen republicano de garantías.
El Estatuto de 1815 no se
limitó a una mera declaración abstracta de derechos; intentó también
disciplinar y acotar el ejercicio del poder. El director del Estado duraba un
año en el cargo y tenía vedado disponer de gastos extraordinarios por
iniciativa propia. Necesitaba acordar ineludiblemente con otras autoridades la
imposición de contribuciones, empréstitos o aumentos de derechos fiscales.
Más importante aún: se
prohibía al director, salvo excepciones puntuales, intervenir en causas
judiciales, alterar la administración de justicia, conceder privilegios
exclusivos o violar e interceptar la correspondencia de los ciudadanos,
solemnemente “sagrada”.
Estas previsiones anticipan
principios que reaparecerán con fuerza en 1819, 1826 y 1853: la independencia
judicial, la legalidad estricta de los actos de gobierno, la responsabilidad
política y legal de los funcionarios, la inviolabilidad de la correspondencia y
la abolición de privilegios corporativos o exclusivos. La Constitución de 1853
consagraría más tarde la inviolabilidad de la correspondencia en su artículo 18
y dispondría que los monopolios o privilegios solo pueden concederse por ley y
por tiempo limitado.
El Estatuto organizó asimismo
el Poder Judicial bajo el principio de que no tendría “dependencia alguna del
Poder Ejecutivo”. En un contexto histórico donde las fronteras entre el poder
político y la judicatura solían diluirse al ritmo de las urgencias de la hora,
esa separación supuso una auténtica declaración de principios republicanos.
Otro aporte de enorme
relevancia fue el diseño del régimen electoral. El Estatuto dispuso que fueran
elegidos por vía popular el director del Estado (a reglamentar), los diputados
al Congreso General, los cabildos, los gobernadores de provincia y los futuros
integrantes de la Junta de Observación.
Previó asambleas primarias y
electorales, confección de padrones o censos de habitantes, circunscripciones o
secciones electorales, escrutinios públicos y severas penalidades contra el
cohecho. Es cierto que el sistema no era universal ni perfecto: mantenía
exclusiones fundadas en la condición social, la dependencia doméstica, la
propiedad o el oficio, reflejando las limitaciones de su época. Sin embargo,
introdujo una convicción fundamental que la práctica política argentina
tardaría demasiado tiempo en consolidar: el poder político no se hereda ni se
autoproclama; surge de la elección ciudadana.
Adicionalmente, el Estatuto
ordenó convocar a las ciudades y villas de las provincias interiores para
elegir diputados con el mandato específico de dictar una constitución general,
los cuales debían reunirse en Tucumán. De ese proceso emergió el Congreso de
1816, la Declaración de la Independencia y, posteriormente, el texto
constitucional de 1819.
Conviene subrayar que el
Estatuto de 1815 exhibió un perfil marcadamente provincial y descentralizador.
Previó gobernadores elegidos por los electores de cada provincia, con mandatos
de tres años, y remitió la elección del director a un reglamento futuro,
consentido por las provincias. Aunque todavía no configuraba el federalismo
técnico y orgánico que consagraría la Constitución de 1853, quiso ser un dique
contra la tendencia porteña a concentrar las decisiones, pero Artigas lo
desconoció. En este sentido, el texto anticipó el gran dilema histórico
argentino: la justa articulación entre el poder central y las provincias.
El Estatuto de 1815 no
constituyó una mera curiosidad porteña sin derivaciones prácticas. Su
influencia directa se advierte en los textos constitucionales provinciales que
comenzaron a estructurarse en los años siguientes. Entre ellos, el Estatuto
Provisorio Constitucional de Entre Ríos de 1822 es un caso comprobable.
Aquel estatuto entrerriano,
sancionado durante la administración de Lucio Norberto Mansilla, abrevó en el
lenguaje de los derechos, las garantías individuales y la división de poderes
ensayado en 1815. Reprodujo casi textualmente tres cláusulas de 1815 (arts. 97
a 99) y compartió con él una preocupación central: poner coto al despotismo,
reconocer derechos intangibles a los habitantes y dotar de bases
institucionales sólidas a una provincia decidida a gobernarse a sí misma como
parte de las Provincias Unidas.
En Entre Ríos, esa tradición
tuvo una relevancia particular. La provincia comprendió temprano que la
organización nacional no podía significar la restauración del monopolio porteño
ni la sumisión de los pueblos del interior. La defensa de las autonomías provinciales,
la libre navegación de los ríos y la integración comercial no eran expresiones
de separatismo, sino condiciones de una república real y no meramente nominal.
Recuperar este documento
significa rescatar una veta fundamental de nuestra mejor tradición liberal,
republicana y federal. El Estatuto Provisional de 1815 duró poco tiempo y
evidenció limitaciones propias de su época. Sin embargo, tuvo la virtud de sembrar
principios cardinales que aún nos rigen. Recordarlo nos reencuentra con la
certeza de que la libertad y la igualdad son principios irrenunciables de
nuestra génesis constitucional que estamos obligados a defender siempre.
Publicado en el diario La Calle
el 8 de noviembre de 2026.
