TURGOT

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 299 años del nacimiento de Turgot. Anne Robert Jacques Turgot, barón de L'Aulne, nació en París el 10 de mayo de 1727 y murió en su ciudad natal el 18 de marzo de 1781. Wikipedia lo presenta como un “un político, escritor y economista francés, cofundador de la escuela de pensamiento económico conocida como fisiocracia”.

Turgot no fue solo un funcionario ilustrado ni un tecnócrata adelantado a su tiempo. Fue, ante todo, un intelectual completo: filósofo, economista, administrador y reformador. Un hombre que reunía en su persona la rara combinación de pensamiento audaz y acción práctica, y que pagó el precio habitual de esa combinación: la incomprensión de su época y la ingratitud del poder.

Los fisiócratas fueron los primeros en intentar construir una ciencia económica sistemática, y el famoso Tableau économique de Quesnay fue, en cierto sentido, el primer modelo macroeconómico de la historia. Turgot era, al mismo tiempo, el más brillante de sus discípulos y el más heterodoxo.

Suele clasificarse a Turgot como un fisiócrata, pero esa etiqueta quizás le quede pequeña. Si bien fue amigo cercano de François Quesnay y compartió la máxima del laissez-faire acuñada por Gournay, Turgot fue un pensador profundamente original e independiente. Mientras los fisiócratas se encerraban en el dogma de que solo la agricultura creaba valor, Turgot poseía una visión más moderna: entendía el papel crucial del capital, del interés y del empresario en la creación de riqueza.

Su obra mayor, Reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza, de 1766, supera con creces los límites de la escuela agraria. Turgot adelantó conceptos que Adam Smith sistematizaría una década después en La riqueza de las naciones. Aunque Smith y Turgot se conocieron, no hubo entre ellos una relación de maestro y alumno, sino de pares intelectuales que buscaban desarticular las trabas del mercantilismo.

Si hay una idea de Turgot que mantiene vigencia, es la del impuesto único sobre la tierra. Para Turgot, toda carga sobre el trabajo, el comercio o la industria resultaba en última instancia en un costo que terminaba generando ineficacia y menor creación de riqueza. Por ello, proponía que el Estado se financiara directamente de la renta no ganada de la tierra, evitando las distorsiones que asfixiaban la actividad productiva. Las cargas sobre la generación de riqueza le parecían, literalmente, absurdas: el Estado que grava el trabajo, la inversión, o el comercio, pone obstáculos al crecimiento económico. El que grava la renta de la tierra, en cambio, simplemente recupera para la comunidad un valor que la comunidad misma ha creado.

Esta idea —que Henry George reivindicaría con enrome lucidez y contundencia un siglo después en su célebre Progreso y miseria, en 1879— ha envejecido de manera envidiable. En un siglo marcado por la especulación inmobiliaria, la concentración de riqueza en pocas manos y la dificultad creciente de los sistemas tributarios para capturar las rentas financiera y digital, el impuesto al valor del suelo resurge periódicamente como una propuesta seria entre economistas de diversas escuelas y hasta en organismos como el FMI o la OCDE. Turgot, desde 1727, ya sabía algo que muchos gobiernos del siglo XXI todavía no han aprendido.

La vida intelectual de Turgot habría sido suficiente para garantizarle un lugar en la historia. Pero su paso por la acción pública la vuelve aún más fascinante, y más trágica.

Como intendente de Limoges entre 1761 y 1774, Turgot convirtió una de las regiones más pobres de Francia en un laboratorio de reformas. Construyó caminos, modernizó la administración fiscal, abolió el trabajo forzado de los campesinos para el Estado en su jurisdicción, y promovió la libertad de comercio de granos en tiempos en que el mercantilismo reglamentarista era dogma de Estado. Sus resultados fueron notables. Luis XVI, apenas subido al trono en 1774, lo llamó a París y lo nombró Controlador General de Finanzas: es decir, ministro de economía de la primera potencia continental de la época.

Turgot llegó al cargo con un programa clarísimo, resumido en una frase memorable que dirigió al joven rey: "Pas de banqueroute, pas d'augmentation d'impôts, pas d'emprunts"; “sin bancarrota, sin aumento de impuestos, sin empréstitos”. Su plan era tan sencillo en su enunciado como revolucionario en sus implicaciones: racionalizar el gasto, liberalizar el comercio de granos, suprimir los gremios medievales que asfixiaban la economía y, sobre todo, extender la carga impositiva a la nobleza y el clero, que hasta entonces gozaban de escandalosas exenciones.

Los intereses creados que Turgot amenazaba eran demasiado poderosos: la nobleza de la corte, los gremios, los especuladores en granos, el clero rentista. María Antonieta —que nunca fue precisamente una entusiasta del rigor fiscal— contribuyó a socavar su posición ante el rey. En mayo de 1776, Luis XVI cedió a las presiones y lo destituyó. Turgot murió en 1781, a los cincuenta y tres años, sin ver el desenlace de la historia que él, involuntariamente, había contribuido a precipitar. Ocho años después, la Revolución Francesa haría, por la fuerza y con el caos, sólo una pequeña parte de lo que él había intentado hacer desde el orden y la razón.

Hay una dimensión de Turgot que suele quedar opacada por el debate económico: su defensa de la tolerancia religiosa. En una Francia donde el recuerdo de las guerras de religión seguía fresco y donde el edicto de Fontainebleau de 1685 había exiliado o convertido a la fuerza a cientos de miles de protestantes, Turgot defendió con coherencia el derecho de los individuos a profesar sus creencias sin persecución estatal. No lo hizo por relativismo —era un hombre con convicciones filosóficas firmes— sino por convicción profunda de que el Estado no tiene competencia en materia de conciencia y que la persecución religiosa es, además de injusta, económicamente ruinosa.

Esta postura lo inscribe en la mejor tradición ilustrada que va de Locke a Voltaire, pero también lo conecta con debates que, paradójicamente, el siglo XXI no ha logrado cerrar. En un mundo donde la intolerancia religiosa sigue siendo fuente de conflicto —desde las teocracias del mundo islámico hasta el neonacionalismo religioso de diversas democracias occidentales—, la claridad de Turgot sobre la necesaria separación entre el poder civil y la conciencia individual tiene absoluta vigencia.

Turgot nos recuerda que las grandes reformas económicas y sociales fracasan no porque sean técnicamente incorrectas, sino porque son políticamente inconvenientes para quienes detentan el privilegio. Nos recuerda que el libre comercio y la libertad de trabajo no son invenciones recientes sino conquistas que hubo que ganar centímetro a centímetro frente a intereses corporativos y estatales. Nos recuerda que gravar las rentas “no ganadas” del suelo antes que el trabajo no es una fantasía utópica sino una propuesta con raíces intelectuales sólidas y fundamentos teóricos consistentes. Y nos recuerda también que la tolerancia no es debilidad: es la condición de posibilidad de una sociedad capaz de convivir con su propia diversidad.

En 1776 —el mismo año en que Adam Smith publicaba su obra, en que Estados Unidos declaraba su independencia y se creaba el Virreynato del Río de la Plata — Turgot fue expulsado del gobierno. Era demasiado racional y demasiado liberal para un sistema construido sobre el monopolio, los dogmas y el privilegio.

 

 

Publicado en el diario La Calle el 10 de mayo de 2026Leer más...

EL DÍA DE LA MILANESA

Por José Antonio Artusi

Cada 3 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Milanesa. La fecha no recuerda nada en particular: fue elegida de forma azarosa por sus fanáticos a través de una campaña en redes sociales promovida en 2011. A través de Facebook se realizó una votación, y quedó elegido el 3 de mayo como el Día Nacional de la Milanesa.

La celebración tiene ese carácter algo arbitrario y festivo de las efemérides gastronómicas, pero ofrece una buena excusa para detenerse a pensar en un plato que ocupa un lugar singular en nuestra cultura popular. La milanesa no es solamente una preparación culinaria; es una institución. Está presente en la mesa familiar del domingo, en la vianda escolar, en el menú del bodegón de barrio y en la nostalgia del país. Pocos platos condensan tantas referencias afectivas y culturales.

La pregunta sobre el origen de la milanesa remite a una de esas disputas históricas que la gastronomía comparte, curiosamente, con la política y con el deporte: la de la paternidad. Los italianos reivindican la cotoletta alla milanese como el antecedente directo e indiscutible. Se trata de un corte de ternera, pasado por huevo y pan rallado y frito, cuyas referencias documentales más tempranas se remontan al siglo XII. Una carta de 1134, vinculada a un banquete en Milán, es citada frecuentemente como la primera mención escrita de una preparación de esa naturaleza.

Aunque hoy la asociamos a Italia, la técnica de rebozar carne es antiquísima. Se cree que los bizantinos ya utilizaban esta técnica, y que fueron ellos quienes la llevaron a Italia durante la Edad Media.

Pero los austriacos tienen su propia versión. El Wiener Schnitzel, elaborado con ternera o cerdo deshuesado, es el plato nacional de Austria por excelencia, y sus defensores sostienen que fue Viena quien lo popularizó a escala continental. El argumento central de esta postura gira en torno a una figura histórica notable: el Mariscal Joseph Radetzky von Radetz, el militar al que Johann Strauss padre inmortalizó con su célebre marcha. Según la tradición austriaca, Radetzky habría enviado en 1857 una carta al Ministerio de Guerra de Viena describiendo con entusiasmo una preparación de carne empanada que había degustado en Milán, sugiriendo su incorporación a la dieta del ejército imperial. La cotoletta milanesa habría viajado así hacia el norte y se habría transformado en el Schnitzel vienés.

El problema es que ese documento nunca fue hallado. Los historiadores más rigurosos tratan la anécdota de Radetzky como una leyenda del siglo XIX, repetida tantas veces que terminó adquiriendo la solidez de un hecho verificado. Lo que sí parece claro, a partir de los estudios disponibles, es que ambas preparaciones evolucionaron en forma relativamente paralela y con influencias mutuas, compartiendo una filosofía culinaria común: carne, empanado, fritura. Las diferencias técnicas —el hueso, la manteca versus el aceite, el grosor del corte— son variantes de un mismo principio.

La disputa entre austriacos e italianos tiene a partir de 2007 un elemento nuevo y concreto: la declaración de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de Austria le da al Wiener Schnitzel un respaldo institucional que la coteletta milanesa no tiene.

Pellegrino Artusi nació en Forlimpopoli en 1820 y murió en Florencia en 1911. Es considerado el autor clásico de la gastronomía italiana del siglo XIX. Su libro, “La ciencia en la cocina y el arte de comer bien”, con más de un millón y medio de copias vendidas y 111 ediciones, es un manifiesto de la cocina italiana. Cuando Pellegrino Artusi describió la receta en su obra tuvo el cuidado de llamarlas costolette alla milanese —con la "s", que en italiano implica el hueso—, aclarando que sin él son simplemente trozos de carne magra.

“Todos conocen las sencillas milanesas, pero si las prefieren con más sabor, prepárenlas de esta manera”, dice Pellegrino Artusi. Su versión particular prescribía deshuesar la carne y mezclar el pan rallado con queso parmesano, jamón, perejil y perfume de trufas.

En la Argentina, la cuestión se resolvió con la pragmática naturalidad que caracteriza la incorporación de los legados inmigratorios. La denominación italiana prevaleció, la técnica se adaptó —el hueso desapareció, el corte se adelgazó— y el resultado se convirtió, de la mano de las oleadas migratorias de fines del siglo XIX y principios del XX, en uno de los pilares de la gastronomía nacional. En este proceso, como en tantos otros, la Argentina tomó lo que llegó de afuera, lo resignificó y lo hizo propio.

Hasta aquí, la historia de la milanesa tiene una lógica razonablemente clara. Pero hay un capítulo que merece atención especial, porque encierra uno de los malentendidos más persistentes —y más entrañables— de nuestra cultura gastronómica: la llamada milanesa a la napolitana.

Si se le pregunta a cualquier argentino qué es una “milanesa napolitana”, la respuesta será invariablemente la misma: una milanesa cubierta con salsa de tomate, jamón y queso gratinado. Pero la denominación es tan coherente como decir una tucumana porteña, o una entrerriana mendocina.

Ni en Milan ni en Nápoles se conoce este plato. La milanesa napolitana no existe en la gastronomía italiana. Su origen, según la versión más documentada y extendida entre quienes han investigado el tema, es porteño. El plato habría nacido en la década de 1950 en un restaurante de la calle Corrientes de Buenos Aires, frente al Luna Park, que llevaba el nombre de "Napoli". La historia —que tiene el sabor de la anécdota verdadera— indica que un cocinero del local habría cubierto con salsa de tomate y queso una milanesa que se había quemado en los bordes, para disimular el defecto, y que el resultado gustó tanto que quedó incorporado a la carta. El nombre del establecimiento pasó así al plato, y el plato viajó de mesa en mesa y de barrio en barrio hasta instalarse definitivamente en la gastronomía argentina.

Existen versiones alternativas. Algunas atribuyen la invención a un cocinero de apellido Napoli, o algo parecido, sin restaurante de por medio; otras la sitúan en Mar del Plata en lugar de Buenos Aires. Pero todas coinciden en lo esencial: la napolitana nació en suelo argentino, no en Italia. Es, por consiguiente, tan argentina como el dulce de leche o como tantas otras creaciones que este país produjo a partir de materiales e influencias de origen diverso.

La milanesa es un plato que llegó de Europa con los inmigrantes, que se transformó en el camino, que inventó su propia tradición y que ocupa hoy un lugar en la identidad cultural argentina que casi ningún otro plato puede reclamar con la misma legitimidad. La milanesa no necesita un linaje noble para justificarse: tiene algo mejor, que es el afecto incondicional de varias generaciones.

La historia de sus orígenes —disputados, confusos, mezclados— es, en cierta forma, la historia de este país. Una historia hecha de influencias superpuestas, de documentos que no aparecen, de apellidos mal asignados y de resultados que superan a cualquiera de sus partes. Una historia que vale la pena conocer, aunque no cambie en nada el placer de comer una buena milanesa. Napolitana, o, no.

 

Publicado en el diario La Calle el 3 de mayo de 2026.

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THOMAS SPENCE

Por José Antonio Artusi

Thomas Spence nació en Newcastle upon Tyne el 21 de junio de 1750 y murió en Londres el 8 de septiembre de 1814. La historia lo trató con injusta indiferencia. No porque sus ideas hayan sido refutadas, sino porque resultaron demasiado incómodas para demasiados intereses a la vez. Pasó buena parte de su vida adulta en los márgenes de la legalidad y frecuentemente en la miseria, vendiendo panfletos en la calle, sufriendo encarcelamientos y acumulando una obra que sus contemporáneos apenas toleraron y que la posteridad tardó mucho en rescatar.

Sin embargo, Spence formuló con notable claridad el germen de dos ideas que hoy siguen siendo debatidas con plena vigencia y que, bajo distintos nombres y con desarrollos mucho más elaborados, reaparecen periódicamente en la discusión política y económica del siglo XXI: el ingreso ciudadano y el impuesto al valor del suelo libre de mejoras como tributo único. Wikipedia lo presenta como “uno de los precursores del socialismo en Gran Bretaña”, pero tal aseveración merece ser matizada. Sus raíces intelectuales se nutren en realidad de un liberalismo radicalmente republicano e igualitarista, incluyendo la igualdad de las mujeres y su derecho al sufragio.   

En noviembre de 1775, Spence leyó ante la Sociedad Filosófica de Newcastle una conferencia que puede considerarse el núcleo de toda su obra. La tesis central era sencilla pero radical en sus consecuencias: originalmente la tierra – más tarde su valorización - no debía ser objeto de apropiación privada, porque nadie la creó. La tierra es una herencia común de todos los seres humanos, y su apropiación privada sin compensación alguna para la comunidad constituye la raíz de casi todos los males sociales.

Esta idea no era completamente original. John Locke había establecido que la apropiación privada de la tierra era legítima siempre que quedara "suficiente y tan buena" para los demás, condición que en la práctica nunca se cumplió. Spence radicalizó esa lógica: si la condición lockeana no puede satisfacerse, entonces los que se apropiaron de la tierra le deben una compensación permanente a quienes quedaron excluidos de ella. No se trataba de abolir la propiedad privada en general, ni de colectivizar los medios de producción. Se trataba de reconocer que el valor del suelo —a diferencia del valor generado por el trabajo y la inversión— es una creación social, no individual.

Spence propuso que las tierras de cada parroquia fueran administradas colectivamente, que los ocupantes pagaran una renta por su uso, y que lo recaudado se distribuyera en partes iguales entre todos los miembros de la comunidad. Es decir: un dividendo universal financiado por la captación de la renta del suelo. En lenguaje contemporáneo: ingreso ciudadano financiado por el impuesto al valor del suelo. Dos ideas en una, articuladas sinérgicamente.

Ninguna de las dos ideas murió con Spence. Thomas Paine, que pudo haber conocido el pensamiento de Spence, publicó en 1797 “Agrarian Justice”, donde argumentó que todo propietario de tierra le debe una compensación a la humanidad por haber privatizado lo que era común. Propuso un fondo nacional financiado por un impuesto sobre la herencia de tierras, del que todos los ciudadanos al cumplir veintiún años recibirían un pago único, y los ancianos una renta anual.

Henry George llegó casi un siglo después, con una elaboración mucho más sistemática. En “Progreso y Miseria”, publicado en 1879, George demostró con rigor analítico por qué el crecimiento económico tiende a enriquecer a los propietarios del suelo sin que ellos hagan nada para merecerlo, y a empobrecer en términos relativos a los que trabajan y producen. Su propuesta fue gravar únicamente el valor del suelo —no las mejoras, no las construcciones, no el trabajo ni el capital— con un impuesto suficiente para financiar el gasto público. De ahí la denominación de "impuesto único". George no llegó a articular explícitamente un ingreso ciudadano universal, pero varios de sus seguidores sí lo hicieron, y la conexión lógica entre ambas ideas es evidente.

Lo que en Spence era intuición y proclama radical, en George se convirtió en sistema económico. Lo que en Paine era argumento moral, en George se transformó en análisis de los mecanismos concretos de la desigualdad.

Mientras Spence publicaba panfletos en Londres y George todavía no había nacido, algo conceptualmente afín ocurría en Argentina. En 1822, el entonces ministro Bernardino Rivadavia impulsó en la provincia de Buenos Aires un régimen de enfiteusis para las tierras públicas, que la ley nacional de 1826 extendió al resto del territorio. El principio era cercano al de Spence: el Estado retenía la propiedad del suelo y quienes lo usufructuaban debían pagar un canon anual calculado sobre su valor. La tierra no se vendía; se cedía en uso a cambio de una renta. En ambos casos, la comunidad —representada por el Estado o por la parroquia— conserva el dominio del suelo y cobra por su utilización.

La diferencia decisiva estaba en el destino de los fondos. Spence quería que la renta del suelo se distribuyera en partes iguales entre todos los ciudadanos: era, en esencia, un ingreso ciudadano. Rivadavia canalizaba la recaudación hacia el fisco, sin ningún mecanismo de distribución universal.

El resultado, lamentablemente, fue el opuesto al buscado: en lugar de colonización agrícola y distribución, la enfiteusis rivadaviana, desvirtuada por quienes sucedieron a su creador, fracasó; y se aceleró la formación de los grandes latifundios, que Rosas luego consolidaría al convertir en propiedad plena lo que había sido concesión precaria.

Hoy, el ingreso ciudadano vuelve a estar en el centro del debate. Lo impulsan razones que Spence no podía prever: la automatización creciente del trabajo, la fragilidad de los sistemas de seguridad social atados al empleo formal, la proliferación de formas precarias de empleo, el impacto de la inteligencia artificial. Y lo respalda una tradición intelectual que va de Bertrand Russell a Milton Friedman, que lo propuso en clave liberal como impuesto negativo a la renta.

El impuesto al valor del suelo libre de mejoras, por su parte, conserva una actualidad que sorprende a quienes lo descubren. Es económicamente eficiente porque no desincentiva ninguna actividad productiva: el suelo no se puede crear ni destruir, no se puede mudar al exterior para eludir el tributo. Es distributivamente justo porque captura una riqueza que la comunidad generó, no el propietario. Y es racional porque desalienta la especulación y el acaparamiento de tierras ociosas o subutilizadas.

Spence no proponía la abolición de la propiedad privada. Proponía que la propiedad del suelo pagara lo que le debe a la comunidad. Su pensamiento se inscribe en la tradición del republicanismo igualitarista: la libertad no es real si no está acompañada de las condiciones materiales que la hacen posible para todos, no solo para quienes tienen la fortuna de haber heredado tierras o de haber llegado primero al reparto.

Thomas Spence vivió en una época en que los cercamientos de tierras comunales expulsaban a miles de campesinos de sus medios de vida, concentrando la propiedad en pocas manos y generando la masa de trabajadores urbanos sin más recurso que su fuerza de trabajo. Frente a eso, no propuso la socialización de los medios de producción. Propuso una reforma estructural que devolviera a cada miembro de la comunidad lo que legítimamente le pertenecía.

 

Publicado en el diario La Calle el 26 de abril de 2026.

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CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, “CIUDAD DEL CONOCIMIENTO”

Por José Antonio Artusi

Concepción del Uruguay acumuló en silencio durante décadas —con la tranquilidad característica de las ciudades del interior— una masa crítica de capital humano, instituciones educativas, infraestructura tecnológica y tradición cultural que hoy, en plena era de la economía del conocimiento, la posiciona como uno de los polos emergentes más interesantes del país.

En 1849 Justo José de Urquiza fundó aquí el Colegio del Uruguay, la primera institución de educación secundaria laica de la Argentina. Ese acto fundacional no fue casual: expresaba una convicción de que el progreso de un país se construye con educación y ciencia. Ciento setenta y siete años después, esa convicción puede seguir siendo el ADN uruguayense.

La tradición educativa no quedó congelada en el siglo XIX. Concepción del Uruguay tiene hoy cuatro universidades en funcionamiento, con una trayectoria propia que completa un ecosistema académico notable para una ciudad de su escala. Cuatro casas de altos estudios en una localidad de menos de cien mil habitantes es una densidad universitaria que pocas ciudades intermedias del país pueden exhibir. A ese tejido académico se suman el INTA y el INTI, dos organismos que anclan la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en el territorio.

Una ciudad universitaria genera, casi inevitablemente, un ecosistema. Genera profesionales que en muchos casos deciden quedarse o volver. Genera emprendedores que convierten el conocimiento en productos y servicios. Genera una cultura de la formación continua, del debate intelectual, de la apertura a lo nuevo.

En los últimos años, ese ecosistema se ha ido articulando de maneras más visibles. El sector del software ha crecido sostenidamente. Empresas de desarrollo, consultoras tecnológicas y estudios de diseño digital han encontrado en Concepción del Uruguay condiciones favorables: recursos humanos calificados producidos por las universidades locales, costos operativos significativamente menores que en las grandes ciudades, y una calidad de vida que retiene talento. El trabajo remoto aceleró esta dinámica: el profesional que antes debía emigrar a Buenos Aires, Córdoba o Rosario para desarrollar su carrera, hoy puede hacerlo desde aquí, con conectividad y con las comodidades de una ciudad a escala humana.

La zona franca de Concepción del Uruguay agrega una dimensión estratégica al cuadro. Con beneficios impositivos y aduaneros, facilita la radicación de empresas con proyección internacional, simplifica la logística de exportación de servicios y bienes, y atrae inversiones que en otras condiciones irían a destinos más costosos. Para la economía del conocimiento —que produce servicios exportables de alto valor agregado y bajo peso físico—, una zona franca bien aprovechada es una ventaja competitiva de primer orden. La zona franca puede jugar aquí un rol determinante: facilitar la importación de equipamiento tecnológico, reducir la carga fiscal sobre las operaciones y permitir estructuras societarias que favorezcan la inversión extranjera directa.

Tenemos los elementos para poner en marcha el famoso "triángulo de Sábato" (Estado, Universidad y Empresa) funcionando de manera armónica y sinérgica.

La expansión global de la inteligencia artificial, el procesamiento masivo de datos, la automatización de procesos productivos y otros desarrollos tecnológicos están generando una demanda extraordinaria de infraestructura digital: data centers, laboratorios de inteligencia artificial, centros de procesamiento y análisis.

Los factores que hacen atractiva a una ciudad para este tipo de inversiones son precisamente los que Concepción del Uruguay puede ofrecer. Uno de esos factores se la disponibilidad de energía eléctrica: la ciudad está en una zona con acceso a la red de alta tensión y estabilidad en el suministro, condición indispensable para operaciones que no toleran cortes. Otro, la conectividad: el desarrollo de las redes de fibra óptica y las mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones han acortado la distancia digital entre el interior y los grandes centros urbanos. Adicionalmente, disponibilidad de suelo con las características técnicas y urbanísticas adecuadas, a valores muy inferiores a los de las grandes ciudades.

Hay además un factor que se volverá cada vez más determinante: el agua. Los data centers son grandes consumidores del recurso, que utilizan principalmente para refrigeración. Concepción del Uruguay cuenta con infraestructura de captación y tratamiento consolidada. Esa disponibilidad hídrica, que en otras latitudes ya es un factor limitante para la instalación de centros de procesamiento, aquí es una ventaja estructural. Pero la ecuación puede ir más lejos: el calor residual que generan los data centers —un subproducto que hoy se disipa sin aprovechamiento— abre posibilidades concretas de valorización. Puede orientarse a procesos agroindustriales que requieren temperatura controlada o a ciclos de generación termoeléctrica que devuelvan parte de esa energía a la red. Integrar la infraestructura digital con la matriz productiva y energética del territorio no es ciencia ficción: es ingeniería aplicada, y es exactamente el tipo de innovación sistémica que la ciudad podría desarrollar.

Otro factor es el capital humano. Un data center no es solo hardware: requiere ingenieros, técnicos, administradores de sistemas, especialistas en ciberseguridad. Una ciudad con cuatro universidades y una tradición de formación técnica produce exactamente ese perfil profesional. Y otra ventaja es la tranquilidad y la seguridad. Los centros de datos y los laboratorios tecnológicos necesitan entornos seguros, con baja conflictividad social. Concepción del Uruguay, con sus buenos indicadores de seguridad pública puede ofrecer ese entorno.

Los trabajadores del conocimiento —desarrolladores, científicos de datos, diseñadores, investigadores— valoran cada vez más la posibilidad de vivir en ciudades donde el tránsito no los consuma, donde sus hijos puedan ir a escuelas de calidad, donde los hospitales funcionen, donde exista vida cultural y recreativa, y donde el costo de vida permita una existencia digna.

Concepción del Uruguay ofrece exactamente eso. Tiene un hospital de referencia regional, con servicios de especialidades que exceden lo esperable para una ciudad de su escala. Tiene una oferta educativa —desde el nivel inicial hasta el universitario— que es uno de sus activos más consolidados. Tiene teatros, museos, clubes, espacios verdes, atractivos turísticos envidiables. Es obvio que hay muchísimo por mejorar, pero tiene esa dimensión justa en la que todavía es posible conocer a los vecinos, llegar al trabajo en bicicleta y tomarse un café tranquilo frente a la plaza Ramírez.

Y tiene algo más: la proximidad. Está a menos de cuatro horas de Buenos Aires, a distancia razonable de Rosario, Montevideo y Porto Alegre. No es un lugar aislado; es un lugar tranquilo con acceso al mundo.

Las ciudades que logran posicionarse en la economía del conocimiento no lo hacen por accidente ni por la simple acumulación de activos. Lo hacen porque en algún momento sus dirigentes asumen que el desarrollo no es un resultado espontáneo sino el producto de políticas deliberadas, planificadas y sostenidas en el tiempo

Concepción del Uruguay tiene los ingredientes. Tiene historia, tiene instituciones, tiene capital humano, tiene infraestructura y tiene calidad de vida. Lo que todavía falta es la arquitectura institucional que permita convertir ese potencial en desarrollo concreto: una estrategia de largo plazo que trascienda los ciclos electorales, mecanismos de articulación entre las universidades y el sector productivo, incentivos sostenidos para la radicación de inversiones tecnológicas, y una gestión activa de la zona franca orientada específicamente a la economía del conocimiento.

Sin esa construcción política e institucional, los activos seguirán siendo potencial. Y el potencial puede ser la forma más elegante de nombrar una oportunidad que no se aprovechó.

 

Publicado en el diario La Calle el 19 de abril de 2026.

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LA CRISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Por José Antonio Artusi

El medio digital “Ojo Urbano” informó el 31 de marzo pasado que “Concepción del Uruguay amaneció este martes sin transporte público urbano luego de que se venciera el contrato vigente y ninguna empresa se presentara a la última licitación realizada por el municipio. La medida afecta a miles de usuarios, trabajadores y estudiantes que dependen del servicio para movilizarse en la ciudad. Las compañías advirtieron que los costos operativos, especialmente el gasoil, hacen inviable sostener la prestación bajo las tarifas actuales”.

La noticia de la crisis deja abierta la puerta para la búsqueda de la oportunidad; el desafío consiste en aprovechar la emergencia del problema para explorar caminos alternativos que nos lleven a encontrar un modelo de movilidad sostenible, en el que el transporte público colectivo de pasajeros se integre armoniosamente con otras modalidades, en el contexto de una ciudad que planifica adecuadamente su desarrollo.

El modelo urbano que se fue consolidando en las últimas décadas privilegió el vehículo particular: calles sin ciclovías, escasa prioridad peatonal, localizaciones comerciales y de servicios alejadas de los barrios residenciales, y una inversión prácticamente nula en infraestructura para movilidad alternativa. El colectivo era el único amortiguador de esa desigualdad de acceso.

Esto no es una crisis de transporte: es una crisis de ordenamiento territorial. Mejorar el transporte público requiere dejar de ver al colectivo como un elemento aislado y empezar a entenderlo como una parte del sistema circulatorio de la ciudad, y a la movilidad en general como parte del metabolismo urbano. El objetivo es pasar de un modelo "auto-céntrico" a uno basado en la pirámide de la movilidad invertida, donde se priorice al peatón y al transporte público.

Un plan de movilidad no es simplemente un esquema de recorridos de colectivos. Es un instrumento técnico-político que define cómo se mueven las personas, en qué medios, con qué lógica de eficiencia y equidad, y cómo esa movilidad condiciona —y es condicionada por— los usos del suelo, la densidad, la localización de equipamientos y la calidad del espacio público.

La clave no es "moverse más", sino "moverse mejor". Ello implica:

• Densificación de Corredores: Fomentar tejidos urbanos más densos y compactos sobre las vías principales, que a su vez se constituyen en corredores de movilidad. Esto contribuiría a disminuir la presión para la expansión descontrolada de la mancha urbana sobre periferias cada vez más distantes, dispersas y desconectadas.
• Gestión de Usos del Suelo: la movilidad no es una isla. La necesidad de desplazamientos depende de la localización relativa de las funciones urbanas. Si el ordenamiento territorial permite que las fuentes de trabajo, los comercios, y los centros de salud y educativos estén cerca de las zonas residenciales, se reduce la presión sobre el sistema. Una ciudad amigable para caminar y para andar en bicicleta, porque las distancias lo permiten, reduce la necesidad de transportes motorizados. El transporte es "demanda derivada": la gente se mueve porque se la obliga a buscar lejos lo que debería tener cerca. La densidad y la mezcla de usos son las condiciones objetivas para que el transporte público funcione.
• Sistema en red con ejes ortogonales: En lugar de líneas que serpentean por toda la ciudad como en un laberinto, se deberían establecer ejes ortogonales lo más rectilíneos posibles, con frecuencias adecuadas y unidades más pequeñas. En las intersecciones entre líneas debería haber nodos que permitan combinaciones.  Debemos pasar del anterior sistema de líneas superpuestas a un esquema racional de líneas complementarias.

No habría que descartar a priori una reforma profunda y ambiciosa del sistema, que utilice íntegramente unidades eléctricas, tal como están haciendo muchas ciudades en todo el mundo. La transición hacia buses eléctricos es costosa inicialmente, pero muy rentable a largo plazo por el menor mantenimiento y costo de energía.

La pregunta obvia es cómo se financia. Aquí habría que diferenciar entre la inversión inicial y el costo de operación del sistema. Para la inversión inicial en buses eléctricos habría que evaluar la posibilidad de acceder a financiamiento de organismos internacionales, que ofrecen tasas preferenciales para proyectos que reduzcan la huella de carbono. Para un municipio aislado quizás sea una misión imposible, pero si se elabora un proyecto conjunto que abarque a varias ciudades intermedias, con asistencia técnica y avales de organismos nacionales o provinciales, es probable que la idea se torne más factible, a la vez que aparecerían economías de escala por la magnitud de las compras por mayores cantidades. Por otro lado, las obras para la construcción de paradas, carriles, etc. podrían financiarse con el clásico mecanismo de la contribución por mejoras. Los sistemas de movilidad que mejoran la accesibilidad a ciertas áreas valorizan el suelo. Esa valorización, generada íntegramente por el esfuerzo de la comunidad, puede y debe ser recuperada y reinvertida en beneficio de la sociedad en su conjunto. Luego viene el desafío de la financiación del funcionamiento del sistema. Es probable que la recaudación por tarifas adecuadas no alcance a cubrir el costo total de un servicio de calidad. En ese sentido habría que crear un fondo de movilidad sostenible, que se nutra de fuentes tales como el cobro del estacionamiento medido, la recaudación por multas de tránsito, la tasa comercial que abonan las estaciones de servicio por expendio de combustible, un componente de “movilidad” en la tasa general inmobiliaria en las zonas más favorecidas por el nuevo sistema, parte del cobro de la concesión onerosa de edificabilidad adicional en corredores ya previsto en el COTA, etc. Ese fondo de movilidad sostenible debería cubrir eventuales déficits producto de la diferencia entre los costos operativos y la recaudación por tarifas, previendo expresamente subsidios para estudiantes, docentes, jubilados, abonos mensuales para trabajadores, etc. En síntesis, el financiamiento no debe recaer únicamente en la tarifa ni en subsidios cada vez más inciertos. Se trata de un sistema de autofinanciamiento donde la valorización del suelo generada por el Estado y el cobro por externalidades negativas (estacionamiento, contaminación, congestión, inseguridad vial, etc.) vuelve a la comunidad.

Un sistema eficiente de transporte público eléctrico tendría impactos positivos enormes, no sólo para sus usuarios directos. Eliminaría el ruido y los gases contaminantes, y mejoraría la seguridad vial. Al desincentivar el uso de motos (el vehículo con mayor tasa de accidentes graves) y los autos particulares, la siniestralidad vial disminuiría drásticamente. Las unidades eléctricas suelen venir equipadas con sistemas modernos de frenado autónomo y limitadores de velocidad. Además, un sistema de movilidad seguro y eficiente reduce la congestión en áreas centrales y reduce la demanda de estacionamiento.

No se trata solo de "arreglar el transporte público"; se trata de diseñar la ciudad del siglo XXI. Una ciudad donde moverse sea un derecho ejercido con dignidad, y no una odisea diaria. La suspensión por tiempo indeterminado del servicio es un síntoma de una enfermedad mucho mayor: la falta de visión a largo plazo. Concepción del Uruguay tiene la escala y los recursos para ser una ciudad de vanguardia en movilidad y desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida. Estamos frente a una oportunidad inmensa —forzada por la crisis, es cierto— de dejar de administrar un déficit crónico y empezar a planificar y gestionar un futuro mejor.

 

Publicado en el diario La Calle el 12 de abril de 2026.

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SE INAUGURÓ LA MUESTRA AUDIOVISUAL SOBRE JUSTO JOSÉ DE URQUIZA

Quedó inaugurada este sábado 11 de marzo una muestra audiovisual sobre diversos aspectos de la vida y obra de Justo José de Urquiza. Se trata de un proyecto elaborado por la Universidad Nacional de Entre Ríos en conjunto con el Centro Cultural “Justo José de Urquiza” y que contó con el apoyo de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

En una sala de la casa de Urquiza ubicada frente a la Plaza Ramírez, especialmente acondicionada a tal fin, funcionarán dispositivos audiovisuales que brindarán a los visitantes una forma novedosa de acercarnos al conocimiento de nuestra propia Historia.

Hugo Barreto, presidente del Centro Cultural Urquiza, manifestó al dirigirse a la numerosa concurrencia que asistió al acto que “hoy no es un día más. Hoy abrimos una puerta que no solo da acceso a una sala, sino también a nuestra memoria, a nuestra identidad y a nuestro futuro. Nos convoca la inauguración de esta sala audiovisual, que será parte del futuro Museo de la Organización Nacional, un espacio que nace con raíces profundas en la historia y con la mirada puesta en las generaciones que vendrán. Este proyecto tiene un sustento institucional que nos llena de orgullo: el ordenanza N.º 11.327 del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, que le da marco y legitimidad a un sueño largamente anhelado. Un sueño que encuentra su lugar natural en la Casa de Urquiza, símbolo vivo de una etapa fundacional de la Argentina. Pero este sueño no nació de la nada. Es fruto de una iniciativa del Centro Cultural Urquiza, que fue presentada oportunamente en el Club Social por la querida y recordada profesora Luisita Baggio, a quien hoy evocamos con emoción y gratitud. Su visión, su compromiso y su amor por la historia siguen iluminando este camino que hoy tenemos el orgullo de continuar. Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo conjunto. Nos enorgullece profundamente haber articulado esfuerzos con la Universidad Nacional de Entre Ríos, con el acompañamiento del municipio y con el valioso apoyo del Correo Argentino. Estas alianzas son las que permiten que las ideas se transformen en realidades concretas.

Para finalizar, el presidente del CCU enfatizó que “esta sala audiovisual es apenas el comienzo. Es el primer paso de un proyecto ambicioso, pensado para que nuestra ciudad tenga el protagonismo que realmente merece en la historia grande de la Nación. Un lugar donde vecinos y visitantes puedan reencontrarse con el pasado y, al mismo tiempo, descubrir nuevas formas de interpretarlo. Los invito, entonces, a que acompañemos este camino. A que hagamos propios estos espacios. A que defendamos y promovamos iniciativas que rescatan los valores del pasado, no como piezas de museo inertes, sino como cimientos vivos que nos permiten sostener el presente y construir, con esperanza y responsabilidad, el futuro que queremos”.

El acto contó también con las palabras del rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Andrés Sabella, y de la directora de Museos de la Municipalidad, Marita Petrone; quienes valoraron el trabajo conjunto y mancomunado de las instituciones que colaboraron en la concreción del proyecto.    

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CHIANG KAI-SHEK Y HENRY GEORGE

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 51 años de la muerte de Chiang Kai-shek, ocurrida el 5 de abril de 1975. Había nacido el 31 de octubre de 1887. Sucedió a Sun Yat-sen como principal líder del Kuomintang y figura dominante del gobierno de la República de China, establecida en 1912. Tras la derrota de los nacionalistas frente a los comunistas en 1949, se refugió en la isla de Taiwán, donde gobernó de manera autoritaria hasta su muerte.

¿Qué puede vincular a un dictador chino con un economista y periodista norteamericano del siglo XIX? La respuesta, para quien conozca la historia del siglo XX, es menos sorprendente de lo que parece: la fuerza de una idea.

Henry George publicó en 1879 su obra cumbre, Progreso y Miseria, que se convertiría en uno de los libros de economía política más leídos de su época. Su tesis central era tan simple como poderosa: la paradoja de que el progreso material no eliminaba, sino que en muchos casos agudizaba la pobreza, tenía una causa estructural. Esa causa era la apropiación privada de la renta del suelo —el valor que la tierra adquiere no por el esfuerzo de su propietario, sino por el trabajo y la inversión de toda la comunidad—. La solución que George proponía era igualmente contundente: gravar esa valorización mediante lo que denominó el Impuesto Único, permitiendo al mismo tiempo eliminar los tributos que recaen sobre el trabajo y el capital productivo.

Para entender la vinculación entre George y Chiang Kai-shek, es imprescindible detenerse en el puente intelectual entre ambos: Sun Yat-sen, el padre de la China moderna. Sun Yat-sen descubrió las obras de Henry George durante su período de exilio en Occidente y quedó profundamente impresionado.

Sun Yat-sen articuló su programa político alrededor de tres principios: el nacionalismo, la democracia y el bienestar del pueblo. Para él, la reforma agraria basada en la captación pública del valor de la tierra no era una concesión al socialismo ni al comunismo —a los que rechazaba—, sino una condición necesaria para que el capitalismo funcionara de manera justa. Sun Yat-sen falleció en 1925, antes de haber podido consolidar su revolución. Pero dejó un legado ideológico que su sucesor al frente del Kuomintang, Chiang Kai-shek, heredaría de manera más pragmática que doctrinaria.

La historia de Chiang Kai-shek en el continente chino es, entre otras cosas, la historia de una oportunidad perdida. Luego de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, el Kuomintang recuperó posiciones y parecía estar en condiciones de consolidar su dominio sobre China. Pero la guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong se resolvió de manera fulminante. Entre las causas de esa derrota, los propios dirigentes nacionalistas identificaron con lucidez retrospectiva un factor clave: el fracaso en emprender una reforma agraria.

Los grandes terratenientes —aliados naturales del Kuomintang en muchas regiones— habían bloqueado sistemáticamente cualquier intento serio de transformar la estructura de la tenencia de la tierra. Las masas campesinas no encontraron en el gobierno nacionalista una alternativa creíble a las promesas comunistas de redistribución. Chiang Kai-shek, hombre pragmático ante todo, extrajo de esa catástrofe una conclusión que marcaría su gestión en Taiwán: quien no reforma la tierra desde arriba, la pierde desde abajo.

Cuando el ejército nacionalista y cerca de dos millones de personas se refugiaron en Taiwán en 1949, la situación agraria de la isla presentaba altos niveles de concentración y desigualdad, aunque no necesariamente idénticos a los del continente. Muchos campesinos pagaban rentas elevadas y la pobreza rural era significativa.

Chiang Kai-shek procedió a aplicar una reforma agraria en tres etapas que transformó radicalmente la estructura económica de la isla. El mecanismo tributario que acompañó este proceso tenía una impronta claramente georgista: se gravó la tierra según su valor, de manera que mantener grandes extensiones improductivas se tornó costoso. Como señala la literatura especializada, los grandes propietarios pronto descubrieron que los impuestos consumían buena parte de la renta que obtenían de sus arrendatarios. Deshacerse de esas tierras dejó de ser una pérdida para convertirse en un alivio. El sistema combinaba el impuesto al valor de la tierra con un impuesto al incremento de ese valor —la llamada land value increment tax—, para capturar para el conjunto de la sociedad el enriquecimiento que no derivaba del esfuerzo del propietario sino de la acción colectiva: la instalación de infraestructura, el crecimiento de la población, el desarrollo económico general.

Los resultados de aquella reforma fueron extraordinarios. Entre 1950 y 1970 el crecimiento del PBI de Taiwán promedió tasas cercanas al 9% anual. La industria creció a ritmos aún más acelerados. El hambre fue erradicada. La concentración de la riqueza, lejos de agravarse como ocurría en tantos otros países en desarrollo, disminuyó. El llamado "milagro taiwanés" tuvo muchas causas —la ayuda norteamericana, la política industrial activa, la apertura comercial, la inversión en educación—, pero diversos estudios posteriores fueron concluyentes al señalar que la reformas agraria y tributaria constituyeron las bases sobre la cual todo lo demás fue posible. Campesinos con tierra propia producen más, consumen más, invierten más en la educación de sus hijos. La demanda interna que generan impulsa el desarrollo industrial.

No es casual que experiencias similares, con sus diferencias y matices, se verificaran en el Japón de la posguerra y en Corea del Sur. En todos esos casos, la captación pública de parte significativa de la renta del suelo fue el punto de partida de procesos de desarrollo sostenido.

Hay una paradoja que vale la pena subrayar. Chiang Kai-shek no era precisamente un demócrata. Gobernó Taiwán bajo la ley marcial durante décadas, reprimió a sus opositores con dureza y administró el poder de manera autoritaria hasta su muerte en 1975. La democracia liberal llegaría a Taiwán recién en los años noventa. Y, sin embargo, este estadista autocrático aplicó con rigor una política económica de raíces filosóficas profundamente igualitarias, inspirada en un pensador que creía que la tierra pertenecía a todos y que ningún individuo debía apropiarse de la riqueza generada por el esfuerzo colectivo. Sus políticas económicas tuvieron efectos redistributivos significativos.

Esto nos recuerda algo que la Historia enseña frecuentemente: las buenas políticas públicas no son patrimonio exclusivo de los sistemas políticos virtuosos, ni las malas políticas son monopolio de los regímenes autoritarios. La lógica georgista en Taiwán funcionó porque era económicamente correcta, independientemente de las motivaciones que llevaron a Chiang a aplicarla.

Las ideas de Henry George tienen una vigencia que las modas intelectuales no logran opacar. Economistas tan disímiles como Milton Friedman, Joseph Stiglitz y Paul Samuelson coincidieron en señalar que el impuesto al valor del suelo es probablemente el menos distorsivo de todos, precisamente porque no penaliza el trabajo ni la inversión productiva.

En la Argentina, que tiene una larga historia de sistemas tributarios que castigan el trabajo y el capital mientras protegen la renta especulativa del suelo, estas discusiones deberían ocupar un lugar central en el debate económico y político.

La historia de Taiwán —una isla que en pocas décadas pasó de una economía agraria con fuertes desigualdades a una de las más dinámicas del mundo— ilustra el peso que pueden tener las instituciones y las políticas públicas. Las ideas importan.

 

Publicado en el diario La Calle el 5 de abril de 2026.

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SAM ALTMAN Y LA LEY DE MOORE PARA TODO (PARTE II)

Por José Antonio Artusi

En 'Sam Altman y la ley de Moore para todo', publicado en esta hoja el 11 de marzo de 2025, explorábamos las premisas de Altman sobre la drástica reducción del coste de bienes y servicios gracias a la IA, y su propuesta de distribuir esa abundancia mediante un fondo financiado con impuestos a empresas tecnológicas y a la tierra.

En esta segunda parte se aborda la urgencia de una adecuada arquitectura política, económica y social para que esa abundancia no derive en una distopía de exclusión y dominación. Desde la publicación de aquel manifiesto de Altman en 2021 que citábamos en la primera parte hasta este presente de 2026, el desarrollo exponencial de la Inteligencia Artificial no solo ha confirmado las tendencias, sino que ha pulverizado los cronogramas más optimistas.

Lo que en 2021 parecía una especulación teórica de Sam Altman, hoy es una realidad tangible. El último año ha marcado un punto de inflexión con el desarrollo de modelos de lenguaje que ya no solo "imitan" el pensamiento, sino que ejecutan tareas complejas de razonamiento médico, legal y técnico.

Andrew Yang, excandidato presidencial en los Estados Unidos, ha recalibrado su discurso. Ya no habla solo de un "Bono" para paliar la pobreza, sino de un Dividendo de la IA.

Si en su momento su propuesta parecía una respuesta defensiva ante la pérdida de empleos industriales, sus declaraciones en el último año han dado un giro cualitativo. Yang sostiene ahora que la IA representa la mayor transferencia de valor de la historia hacia unas pocas corporaciones tecnológicas.

La Inteligencia Artificial se entrena con la suma de la cultura humana: nuestros libros, nuestras fotos, nuestros datos. Yang argumenta que, si la materia prima de la riqueza del mañana son nuestros datos colectivos, el beneficio debe retornar de forma automática a cada ciudadano. Esta idea se ensambla perfectamente con el American Equity Fund propuesto por Altman. Ya no hablamos de una transferencia asistencialista, sino de una retribución por propiedad intelectual colectiva. La propuesta es clara: si la IA puede realizar el trabajo de miles de profesionales en segundos, la renta generada por esa eficiencia debe alimentar un fondo que garantice un piso de dignidad.

Además, existe un mito persistente sobre la "inmaterialidad" de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, el desarrollo exponencial del último año ha revelado una realidad física contundente: la IA demanda una cantidad masiva de energía, agua para refrigeración y suelo. Los centros de datos —los "templos" de esta nueva era— son infraestructuras gigantescas que requieren ubicaciones estratégicas, recursos naturales y conectividad.

Resulta fascinante observar cómo Altman rescata la figura de Henry George para sostener su esquema fiscal. A menudo se piensa que en una economía digitalizada y "desmaterializada", la tierra pierde relevancia. Nada más alejado de la realidad. Altman comprende una paradoja fundamental: a medida que la tecnología abarata el software, el hardware y la energía (la "Ley de Moore para todo"), el valor se desplaza hacia lo que no se puede reproducir mediante algoritmos: el suelo urbano bien localizado.

Altman propone capitalizar su fondo gravando tanto a las empresas como al valor de la tierra. Pero es necesario precisar el concepto georgista: lo que debe gravarse no es la inversión productiva (los edificios o los servidores del data center), sino el valor del suelo libre de mejoras.

Al gravar la tierra —ese recurso de oferta fija que nadie creó—, capturamos la renta que se genera por el simple hecho de que la sociedad y la tecnología progresan a su alrededor. Si una empresa de IA decide instalar un centro de datos en una región, el valor de la tierra circundante se dispara, no por el esfuerzo del dueño del lote, sino por la infraestructura y la demanda tecnológica externa. Gravar ese valor del suelo "desnudo" permite financiar el dividendo social sin castigar la innovación ni la construcción. Es el incentivo perfecto: penaliza la especulación del suelo y fomenta la inversión en capital productivo.

El crecimiento de la riqueza generado por la IA se capitaliza, inevitablemente, en el valor de los terrenos donde la gente quiere vivir y disfrutar de los beneficios de esa nueva sociedad. Si no capturamos esa plusvalía el dividendo tecnológico terminará siendo absorbido por los propietarios de la tierra en forma de rentas inmobiliarias más altas. El esquema de Altman no es solo una herramienta de recaudación, sino un mecanismo de justicia distributiva que impide que la especulación inmobiliaria se convierta en el sumidero de las ganancias de la inteligencia artificial.

El escenario de 2026 nos muestra un sistema tributario diseñado para un mundo que ya no existe. Seguimos intentando financiar el Estado de bienestar mediante gravámenes al trabajo y al consumo.

En el paradigma de la "Ley de Moore para todo", el trabajo humano deja de ser la principal fuente de valor agregado. Por lo tanto, gravar el trabajo es castigar una actividad en retirada. La propuesta de Altman y las advertencias de Yang coinciden: debemos desplazar la carga fiscal hacia la renta de la IA y hacia la renta de la tierra. Si además el impuesto a la IA se paga y redistribuye en acciones, el ciudadano se convierte en dueño directo del progreso. Si a la empresa tecnológica le va bien, el fondo soberano aumenta su valor y, consecuentemente, el dividendo que recibe cada individuo. Es la socialización de los beneficios del progreso a través de la propiedad, no de la burocracia.

La transición no será sencilla. La resistencia de algunas élites y el escepticismo generalizado son obstáculos reales. Aquí es donde la "tecnificación de la política" se vuelve vital. Necesitamos sistemas transparentes para gestionar estos fondos de equidad y asegurar que la distribución sea equitativa y libre de clientelismo.

Andrew Yang insiste en que este "capitalismo para todos" debe ser descentralizado. El dinero debe llegar directamente a las cuentas de los ciudadanos, permitiendo que cada persona elija cómo invertir su tiempo: en educación, en cuidados, en arte o en nuevos emprendimientos. La IA nos otorga, por primera vez en la historia, el potencial de divorciar la supervivencia económica del empleo alienante.

Si el futuro va a ser, como predice Altman, "casi inimaginablemente grandioso", no será por generación espontánea. Será porque habremos tenido la madurez política de entender que la inteligencia de las máquinas es una herencia común. La Ley de Moore para todo no debe ser solo una métrica de potencia de cálculo; debe ser una ley de progreso social. El desafío es pasar de una economía de la escasez a una economía de la abundancia, donde la tierra, el trabajo y el capital se pongan, finalmente, al servicio del desarrollo humano integral.

 

Fuentes:

Altman, Sam. "Moore's Law for Everything." Sam Altman (Blog), 16 de marzo de 2021. https://blog.samaltman.com/moores-law-for-everything.

George, Henry. Progreso y miseria: Indagación acerca de la causa de las crisis industriales y del aumento de la falta de trabajo con el crecimiento de la riqueza. El remedio. Madrid: Civitas, 2018.

International Energy Agency (IEA). "Data Centres and Data Transmission Networks." IEA Reports, 2025. https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks.

Yang, Andrew. "The Data Dividend and the AI Era." Forward Party Perspectives, 12 de enero de 2026. https://www.forwardparty.com/perspectives/data-dividend.

 

Publicado en el diario La Calle el 29 de marzo de 2026.

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LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS NACIONALES DEL 22 DE MARZO DE 1914

Por José Antonio Artusi

El 22 de marzo de 1914 se realizaron elecciones de diputados nacionales en la República Argentina aplicando por segunda vez la ley electoral sancionada en 1912 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. Al tener la Argentina un sistema escalonado para elegir a sus diputados, después de estos comicios el país contó por primera vez con una cámara de diputados nacionales completamente electa mediante comicios regulados por el nuevo régimen. Aquella jornada electoral constituyó una prueba importante para una reforma política que había modificado profundamente las reglas del sistema electoral argentino.

La ley de 1912 introdujo tres principios que hoy nos parecen naturales pero que en su momento representaron una verdadera transformación: el voto secreto, el sufragio obligatorio y la utilización del padrón militar como base del registro electoral. Con esos instrumentos se buscaba terminar con prácticas que habían caracterizado durante décadas al sistema político, entre ellas el voto cantado, la manipulación de los padrones y diversas formas de presión sobre los electores.

No se trataba solamente de una reforma técnica. La Ley Sáenz Peña respondía a una crisis política que venía gestándose desde fines del siglo XIX. El sistema electoral vigente hasta entonces había generado una creciente desconfianza en amplios sectores de la sociedad, que veían en él un mecanismo destinado a perpetuar en el poder a los grupos dirigentes.

En ese contexto, el radicalismo encabezado por Leandro N. Alem primero y por Hipólito Yrigoyen después había adoptado durante largos años la estrategia de la abstención electoral, combinada en algunos momentos con levantamientos armados. La consigna era clara: no participar de un sistema que se consideraba estructuralmente fraudulento.

La reforma impulsada por Roque Sáenz Peña buscó precisamente modificar ese escenario. Su objetivo era abrir el sistema político, incorporar a las fuerzas opositoras al juego institucional y restablecer la legitimidad del sufragio como mecanismo de representación política.

Las elecciones de 1912 comenzaron a mostrar los primeros efectos de esa transformación. Pero los comicios legislativos del 22 de marzo de 1914 tuvieron un significado particular porque permitieron comprobar, con mayor amplitud territorial, el funcionamiento de las nuevas reglas.

Los resultados confirmaron lo que muchos observadores habían anticipado: cuando el voto podía ejercerse con mayor libertad, el mapa político del país comenzaba a modificarse. El radicalismo obtuvo triunfos en varios distritos, ampliando su representación parlamentaria y consolidándose como una fuerza política de alcance nacional.

Desde luego, el proceso distaba de ser perfecto. El sufragio seguía limitado a los varones—las mujeres recién obtendrían el derecho al voto varias décadas después— y persistían prácticas fraudulentas en algunos distritos. Terceras fuerzas quedaban excluidas. De todos modos, el avance institucional era innegable.

Mirado con la perspectiva que da el tiempo, el proceso iniciado con la Ley Sáenz Peña constituye uno de los momentos más importantes en la historia de la democratización argentina. No porque haya resuelto todos los problemas del sistema político, sino porque introdujo reglas que permitieron canalizar los conflictos dentro del marco institucional.

La experiencia histórica demuestra que la calidad de una democracia depende en gran medida de la confianza que los ciudadanos depositan en el sistema electoral. Cuando las elecciones son percibidas como un procedimiento manipulable o carente de transparencia, la legitimidad de los gobiernos resulta inevitablemente afectada.

La reforma, producto de un acuerdo entre Yrigoyen y Sáenz Peña, transformó al sufragio libre en la herramienta central de la vida política.

Conviene recordar, además, que aquella reforma no fue el resultado de una decisión unilateral ni de un gesto aislado. Fue el producto de un proceso histórico en el que confluyeron demandas sociales, luchas políticas y la capacidad de ciertos dirigentes para comprender la necesidad de acordar cuestiones básicas.

El propio Sáenz Peña, dirigente surgido del régimen político tradicional, entendió que la continuidad del sistema dependía de su capacidad para abrirse a nuevas formas de participación. Su célebre exhortación, “quiera el pueblo votar” sintetizaba esa convicción.

En esos comicios el oficialismo, con distintas denominaciones en cada provincia, se impuso en Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. La Unión Cívica Radical se impuso en Entre Ríos y Santa Fe, y el Partido Socialista en la Capital Federal. En San Luis no se renovaron diputados.

En Entre Ríos se renovaron ocho diputados. En su primer triunfo electoral la UCR obtuvo seis y el Partido Provincial dos. Cabe señalar que la victoria del radicalismo en esa ocasión estuvo favorecida por la presentación de una tercera lista, “carbosista”, que de alguna manera dividió el voto conservador. El radicalismo obtuvo 25.947 votos (el 47,42%), el Partido Provincial 21.339 (el 39%), y la lista “carbosista” 6.615 (el 12.09%). La participación llegó al 76,59%, bastante más alta que la media nacional, que fue el 58%. El sistema electoral empleado era el de mayoría y minoría o lista incompleta, bajo el cual los dos partidos más votados se repartían las bancas en juego; dos tercios de las bancas para el primero y un tercio para el segundo. Las demás listas quedaban sin representación.  El sistema incluía el “panachage”, o tachas, que la daba al ciudadano la posibilidad de tachar candidatos en las listas. Eso explica que cada candidato considerado individualmente obtenía una cantidad de votos distinta a la de su partido, y esa cantidad determinaba quien resultaba electo dentro de cada lista.

En esa oportunidad fueron electos, por la UCR, Leopoldo Melo (el candidato más votado dentro de los radicales), Celestino Marcó, Miguel María Laurencena, Emilio Mihura, Gregorio Morán, y Juan Cruz Paiz. Laurencena renunciaría poco después, el 23 de septiembre, tras ser electo gobernador el 7 de junio de 1914. El Partido Provincial consagró por su parte a Emilio Marchini y Agustín Redoni.   

Más de un siglo después, cuando las democracias contemporáneas enfrentan desafíos de distinta naturaleza —desde la desconfianza ciudadana hasta la creciente polarización política— resulta útil recordar aquellas experiencias trascendentes.

Las instituciones democráticas no son el resultado de una evolución automática ni están garantizadas para siempre. Son construcciones históricas que requieren cuidado, adaptación y, sobre todo, un compromiso permanente con los principios que las inspiran.

Las elecciones del 22 de marzo de 1914 fueron una de las primeras pruebas de un sistema electoral renovado que aspiraba a devolver al sufragio su función esencial: ser la expresión libre de la voluntad del soberano.

Recordar esa jornada no implica idealizar el pasado ni desconocer las dificultades que siguieron marcando la vida política argentina durante el siglo XX. Significa, simplemente, reconocer que hubo momentos en los que la dirigencia política fue capaz de impulsar reformas institucionales profundas para fortalecer la legitimidad del sistema.

En tiempos en que el debate público suele concentrarse en las urgencias de la coyuntura, las efemérides como esta ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre cuestiones más duraderas. Entre ellas, la importancia de preservar reglas electorales que garanticen competencia política, transparencia y confianza ciudadana.

Porque, en definitiva, la vitalidad de una democracia depende en gran medida de algo tan sencillo —y al mismo tiempo tan decisivo— como la certeza de que cada voto cuenta y de que cada elección es una verdadera expresión de la voluntad popular.

 

Publicado en el diario La Calle el 22 de marzo de 2026.

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