Por José Antonio Artusi
El 22 de marzo de 1914 se realizaron elecciones de diputados
nacionales en la República Argentina aplicando por segunda vez la ley electoral
sancionada en 1912 durante la presidencia de Roque Sáenz Peña. Al tener la
Argentina un sistema escalonado para elegir a sus diputados, después de estos
comicios el país contó por primera vez con una cámara de diputados nacionales completamente
electa mediante comicios regulados por el nuevo régimen. Aquella jornada
electoral constituyó una prueba importante para una reforma política que había
modificado profundamente las reglas del sistema electoral argentino.
La ley de 1912 introdujo tres principios que hoy nos parecen
naturales pero que en su momento representaron una verdadera transformación: el
voto secreto, el sufragio obligatorio y la utilización del padrón militar como
base del registro electoral. Con esos instrumentos se buscaba terminar con
prácticas que habían caracterizado durante décadas al sistema político, entre
ellas el voto cantado, la manipulación de los padrones y diversas formas de
presión sobre los electores.
No se trataba solamente de una reforma técnica. La Ley Sáenz
Peña respondía a una crisis política que venía gestándose desde fines del siglo
XIX. El sistema electoral vigente hasta entonces había generado una creciente
desconfianza en amplios sectores de la sociedad, que veían en él un mecanismo
destinado a perpetuar en el poder a los grupos dirigentes.
En ese contexto, el radicalismo encabezado por Leandro N.
Alem primero y por Hipólito Yrigoyen después había adoptado durante largos años
la estrategia de la abstención electoral, combinada en algunos momentos con
levantamientos armados. La consigna era clara: no participar de un sistema que
se consideraba estructuralmente fraudulento.
La reforma impulsada por Roque Sáenz Peña buscó precisamente
modificar ese escenario. Su objetivo era abrir el sistema político, incorporar
a las fuerzas opositoras al juego institucional y restablecer la legitimidad
del sufragio como mecanismo de representación política.
Las elecciones de 1912 comenzaron a mostrar los primeros
efectos de esa transformación. Pero los comicios legislativos del 22 de marzo
de 1914 tuvieron un significado particular porque permitieron comprobar, con
mayor amplitud territorial, el funcionamiento de las nuevas reglas.
Los resultados confirmaron lo que muchos observadores habían
anticipado: cuando el voto podía ejercerse con mayor libertad, el mapa político
del país comenzaba a modificarse. El radicalismo obtuvo triunfos en varios
distritos, ampliando su representación parlamentaria y consolidándose como una
fuerza política de alcance nacional.
Desde luego, el proceso distaba de ser perfecto. El sufragio
seguía limitado a los varones—las mujeres recién obtendrían el derecho al voto
varias décadas después— y persistían prácticas fraudulentas en algunos
distritos. Terceras fuerzas quedaban excluidas. De todos modos, el avance institucional
era innegable.
Mirado con la perspectiva que da el tiempo, el proceso
iniciado con la Ley Sáenz Peña constituye uno de los momentos más importantes
en la historia de la democratización argentina. No porque haya resuelto todos
los problemas del sistema político, sino porque introdujo reglas que
permitieron canalizar los conflictos dentro del marco institucional.
La experiencia histórica demuestra que la calidad de una
democracia depende en gran medida de la confianza que los ciudadanos depositan
en el sistema electoral. Cuando las elecciones son percibidas como un
procedimiento manipulable o carente de transparencia, la legitimidad de los gobiernos
resulta inevitablemente afectada.
La reforma, producto de un acuerdo entre Yrigoyen y Sáenz
Peña, transformó al sufragio libre en la herramienta central de la vida
política.
Conviene recordar, además, que aquella reforma no fue el
resultado de una decisión unilateral ni de un gesto aislado. Fue el producto de
un proceso histórico en el que confluyeron demandas sociales, luchas políticas
y la capacidad de ciertos dirigentes para comprender la necesidad de acordar
cuestiones básicas.
El propio Sáenz Peña, dirigente surgido del régimen político
tradicional, entendió que la continuidad del sistema dependía de su capacidad
para abrirse a nuevas formas de participación. Su célebre exhortación, “quiera
el pueblo votar” sintetizaba esa convicción.
En esos comicios el oficialismo, con distintas denominaciones
en cada provincia, se impuso en Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Corrientes, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santiago del Estero y
Tucumán. La Unión Cívica Radical se impuso en Entre Ríos y Santa Fe, y el
Partido Socialista en la Capital Federal. En San Luis no se renovaron
diputados.
En Entre Ríos se renovaron ocho diputados. En su primer
triunfo electoral la UCR obtuvo seis y el Partido Provincial dos. Cabe señalar
que la victoria del radicalismo en esa ocasión estuvo favorecida por la
presentación de una tercera lista, “carbosista”, que de alguna manera dividió
el voto conservador. El radicalismo obtuvo 25.947 votos (el 47,42%), el Partido
Provincial 21.339 (el 39%), y la lista “carbosista” 6.615 (el 12.09%). La
participación llegó al 76,59%, bastante más alta que la media nacional, que fue
el 58%. El sistema electoral empleado era el de mayoría y minoría o lista incompleta,
bajo el cual los dos partidos más votados se repartían las bancas en juego; dos
tercios de las bancas para el primero y un tercio para el segundo. Las demás
listas quedaban sin representación. El
sistema incluía el “panachage”, o tachas, que la daba al ciudadano la
posibilidad de tachar candidatos en las listas. Eso explica que cada candidato
considerado individualmente obtenía una cantidad de votos distinta a la de su
partido, y esa cantidad determinaba quien resultaba electo dentro de cada
lista.
En esa oportunidad fueron electos, por la UCR, Leopoldo Melo
(el candidato más votado dentro de los radicales), Celestino Marcó, Miguel
María Laurencena, Emilio Mihura, Gregorio Morán, y Juan Cruz Paiz. Laurencena
renunciaría poco después, el 23 de septiembre, tras ser electo gobernador el 7
de junio de 1914. El Partido Provincial consagró por su parte a Emilio Marchini
y Agustín Redoni.
Más de un siglo después, cuando las democracias
contemporáneas enfrentan desafíos de distinta naturaleza —desde la desconfianza
ciudadana hasta la creciente polarización política— resulta útil recordar
aquellas experiencias trascendentes.
Las instituciones democráticas no son el resultado de una
evolución automática ni están garantizadas para siempre. Son construcciones
históricas que requieren cuidado, adaptación y, sobre todo, un compromiso
permanente con los principios que las inspiran.
Las elecciones del 22 de marzo de 1914 fueron una de las
primeras pruebas de un sistema electoral renovado que aspiraba a devolver al
sufragio su función esencial: ser la expresión libre de la voluntad del
soberano.
Recordar esa jornada no implica idealizar el pasado ni
desconocer las dificultades que siguieron marcando la vida política argentina
durante el siglo XX. Significa, simplemente, reconocer que hubo momentos en los
que la dirigencia política fue capaz de impulsar reformas institucionales
profundas para fortalecer la legitimidad del sistema.
En tiempos en que el debate público suele concentrarse en las
urgencias de la coyuntura, las efemérides como esta ofrecen una oportunidad
para reflexionar sobre cuestiones más duraderas. Entre ellas, la importancia de
preservar reglas electorales que garanticen competencia política, transparencia
y confianza ciudadana.
Porque, en definitiva, la vitalidad de una democracia depende
en gran medida de algo tan sencillo —y al mismo tiempo tan decisivo— como la
certeza de que cada voto cuenta y de que cada elección es una verdadera
expresión de la voluntad popular.
Publicado en el diario La Calle el 22 de marzo de 2026.






