INFORME DE GESTIÓN LEGISLATIVA 2015 -2019 DIPUTADO PROVINCIAL JOSÉ ANTONIO ARTUSI

Culminó nuestro mandato. Es el momento de brindar el informe de gestión legislativa que da cuenta de lo que hicimos en la Cámara de Diputados de Entre Ríos entre el 10 de Diciembre de 2015 y el 10 de Diciembre de 2019. 

Procuramos desde el primer día ejercer una oposición responsable y constructiva, y buscar acuerdos sobre la base del diálogo respetuoso con todos nuestros colegas, con los funcionarios del Poder Ejecutivo, y con representantes de la sociedad civil. Más allá del rol opositor, muchas de nuestras iniciativas, algunas de carácter testimonial por carecer de suficiente apoyo político en esta coyuntura, tuvieron el propósito de constituir el esbozo de un programa alternativo de gobierno, y en tal sentido consideramos que siguen teniendo vigencia como aportes a un debate imprescindible para sacar a Entre Ríos de la pendiente de estancamiento en la que se debate desde hace años. 

Presentamos numerosos proyectos, intervenimos en el recinto en el debate parlamentario en el tratamiento de proyectos relevantes, usamos el turno de los homenajes para hacer consideraciones políticas, participamos en diversas comisiones, y tratamos permanentemente de estar en contacto con nuestra sociedad a través de los medios y de las redes sociales. Recorrimos la provincia llevando nuestra voz y estuvimos en cada lugar en el que fuimos requeridos para difundir nuestros proyectos, para escuchar demandas ciudadanas y para tratar temas de interés, por ejemplo la cuestión de las tarifas eléctricas. 

Entre proyectos de ley, de resolución, de declaración y pedidos de informes presenté un total de 149 iniciativas. También acompañé con mi firma proyectos de otros legisladores. Presenté 14 pedidos de informes. Considero que es una herramienta que ha perdido cierta vigencia. El Poder Ejecutivo no contesta la mayoría de los pedidos de informes o bien lo hace a destiempo. El derecho al acceso a la información pública requiere instrumentos más ágiles, y hemos presentado proyectos de ley en tal sentido. Presenté 44 proyectos de declaración. 26 fueron aprobados, 11 enviados al archivo, y 7 están en las comisiones respectivas. Presenté 16 proyectos de resolución. Sólo 1 fue aprobado, 9 fueron enviados al archivo, y 6 están en las comisiones respectivas. Presenté 75 proyectos de ley. 5 fueron sancionados y son leyes vigentes (falta reglamentarlas), 5 cuentan con media sanción y fueron giradas al Senado, y 65 están en las comisiones a las que fueron girados. 

Aquí los 5 proyectos de ley que presenté y que logramos que sean leyes. El desafío ahora es reclamar que se reglamenten y se apliquen efectivamente: 

- Expediente 21248: Adhesión a la ley nacional nº 26.190 de energías renovables (Ley nº 10499). - Expediente 21325: Creación del Programa "Arquitectura sostenible" (Ley nº 10635). 

- Expediente 21665: Autorización para aceptar la donación de un inmueble en Líbaros con cargo a la construcción de un S.U.M. (Ley Nº 10587). 

- Expediente 21977: Exención del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a vivienda familiar (Ley nº 10536). 

- Expediente 23224: Creación del Programa de Promoción de la Construcción Natural (Ley nº 10736). 

Estos son los 5 proyectos de ley que presentamos que cuentan con media sanción. Vamos a interesar a los senadores entrantes para que les den tratamiento: 

- Expediente 21114: Condiciones de aislamiento térmico exigibles en la construcción de edificios. 

- Expediente 21516: Creación del Programa Provincial de Construcciones en Madera. 

- Expediente 21585: Protección del Patrimonio Cultural (expediente unificado). 

- Expediente 22715: Creación del Premio Provincial de Literatura “Jorge Enrique Martí”. 

- Expediente 22960: Régimen de concursos para la contratación de servicios profesionales de arquitectura y urbanismo. 

Y estos son sólo algunos de los que lamentablemente no pudimos obtener dictamen favorable y están en las comisiones respectivas. Vamos a interesar a los diputados entrantes para que les den tratamiento. Son asignaturas pendientes en cuestiones relevantes: 

- Expediente 21.697: Ley marco ambiental 

- Expediente 21.722: Gestión integral de residuos sólidos domiciliarios 

- Expediente 22.206: Creación de la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria 

- Expediente 22.334: Creación del Sistema Provincial de la Vivienda y el Hábitat 

- Expediente 22.468: Sistema Integral de Seguridad Pública de la Provincia de Entre Ríos 

- Expediente 22.567: Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Entre Ríos 

- Expediente 22.965: Ley de ordenamiento territorial y gestión integral del hábitat 

- Expediente 23.029: Régimen de partidos políticos 

- Expediente 23.078: Marco normativo referido al catastro de la Provincia de Entre Ríos 

- Expediente 23.151: Creación del Programa Alimentario Provincial 

- Expediente 23.572: contribución por mejoras e incorporación de la contribución por valorización en la ley orgánica de municipios. 

- Expediente 23579: Régimen provincial de integración de barrios populares. 

- Expediente 23581: Régimen provincial de contribución por mejoras. 

- Expediente 23682: Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas 

- Expediente 23.880: Concesión onerosa del derecho de construir en ley orgánica de municipios. 

Los textos completos de todos los proyectos pueden consultarse en la página de la Cámara de Diputados de Entre Ríos: www.hcder.gov.ar 

Información adicional sobre mi gestión legislativa puede encontrarse en mi blog: www.joseantonioartusi.blogspot.com.ar 

Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron de una u otra manera en estos 4 años!

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ARTUSI BRINDÓ UN INFORME DE SU LABOR LEGISLATIVA EN EL 2018

El diputado provincial José Antonio Artusi (UCR en Cambiemos) brindó un informe detallando las iniciativas que presentó a lo largo del año 2018. Se trata en total de 24 proyectos de ley, así como también diversos proyectos de resolución y declaración y pedidos de informes. 

A su vez, en este período legislativo tuvieron media sanción varios proyectos de ley presentados anteriormente, y se sancionó y promulgó, a partir de un proyecto de su autoría, la ley 10.635, de arquitectura sostenible. También se sancionó la ley que autoriza al gobierno a aceptar un ofrecimiento de donación de un inmueble con destino a la construcción de un salón de usos múltiples en la localidad de Líbaros (Departamento Uruguay). 

Tuvieron media sanción por parte de la Cámara de Diputados y fueron girados al Senado en el 2018 los siguientes proyectos: 

Expediente 21585: salvaguarda del patrimonio cultural (expediente unificado con otros dos proyectos de la diputada Ayelén Acosta y del diputado Pedro Baéz). 

Expediente 21516: Programa Provincial de Construcciones en Madera 

Expediente 21114: acondicionamiento térmico de edificios 

Los proyectos de ley presentados durante 2018 por el legislador uruguayense son los siguientes, con los respectivos links que permiten consultar los textos completos y su tratamiento legislativo: 

Expediente 22715: Premio Provincial de Literatura Jorge Enrique Martí. 

Expediente 22795: Reducción de la carga tributaria en la facturación de energía eléctrica. 

Expediente 22828: Creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento del servicio público de electricidad. 

Expediente 22859: Creación de la Comisión Técnica de Análisis de Costos y Tarifas de la Energía Eléctrica.  

Expediente 22916: Modificación del artículo 7 de la ley 10311 de gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

Expediente 22917: Derogación del Decreto nº 3499/2016.  

Expediente 22926: Derogación del el Art. Nº 73 de la ley Nº 9005. 

Expediente 22960: régimen de concursos de arquitectura para edificios públicos (con media sanción) 

Expediente 22965: ordenamiento territorial y gestión integral del hábitat 

Expediente 23029: régimen de partidos políticos 

Expediente 23078: modernización del marco normativo referido al catastro. 

Expediente 23151: Creación del Programa Alimentario Provincial. 

Expediente 23152: regulación del ejercicio profesional de los acompañantes terapéuticos. 

Expediente 23187: Creación del Programa de Seguro Agrario. 

Expediente 23188: Adhesión a la ley nacional 26396 de trastornos alimentarios. 

Expediente 23189: Adhesión a la ley nacional 26945 (Día Nacional por una Argentina sin Chagas) 

Expediente 23191: Adhesión a la ley nacional 27092 (Día Nacional de la No Violencia). 

Expediente 23193: Adhesión al Día Mundial del Alzheimer 

Expediente: 23224: promoción de la construcción natural 

Expediente 23225: Adhesión a la ley nacional 27453 (Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana de barrios populares) 

Expediente 23226: Creación del Programa "Puntos de Cultura" 

Expediente 23240: Creación del Programa Provincial de Huertas Educativas 

Expediente 23263: Programa Provincial de Agricultura Urbana 

Expediente 23273: fijación de un tope del 1% del presupuesto general de gastos de la administración pública provincial para los gastos de la Legislatura. 

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Artusi: “Entre Ríos no debe quedar afuera de la revolución de las energías renovables”

El diputado provincial, José Antonio Artusi (UCR en Cambiemos), afirmó que el país esta viviendo "una verdadera revolución de las energías renovables, de la que Entre Ríos no debería quedar afuera” al indicar que "se acaban de superar las 100 centrales de energías renovables en marcha". Puntualizó que son en total "102 nuevos proyectos, de los que 19 ya se encuentran operando; son iniciativas que superan los 5000 millones de dolares y generan 7300 empleos. Lamentablemente, nuestra provincia está notoriamente rezagada en esta materia con respecto a provincias hermanas, a pesar del enorme potencial que tenemos en energía fotovoltaica, biomasa, y aún en tecnologías no tan desarrolladas pero que hay que evaluar como la energía hidrocinética, sobre todo en un territorio como el nuestro que no por casualidad se llama Entre Ríos”, remarcó. El legislador formuló estos conceptos en el marco de una jornada que sobre el tema se desarrolló en Villa Elisa, junto al presidente municipal, Leandro Arribalzaga. También participaron el Ingeniero Gaspar Krämer, un joven profesional alemán, nacido en Argentina, que actualmente se desempeña como Gerente de Proyectos de Projektgewinner, empresa cooperativa dedicada a la concreción de proyectos de energías renovables (fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica) y de movilidad eléctrica; y Fernando Díaz quien coordina un proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica del que participan las municipalidades de Villa Elisa, Santa Anita y Caseros, que cuenta con el apoyo del gobierno nacional (“Municipios Argentinos sustentables Hoy”). 

En relación al proyecto que llevan adelante los tres municipios, Artusi valoró especialmente la iniciativa y señaló que Entre Ríos "necesita imperiosamente que se sancione una ley de adhesión a la ley nacional de generación distribuida, que permita contar con un marco regulatorio adecuado para promover este tipo de emprendimientos" El proyecto permitiría generar energía fotovoltaica que podría ser utilizada por los propios municipios y además inyectar los eventuales excedentes a la red de distribución. Se han presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos varios proyectos en ese sentido, de allí que Artusi expresó su esperanza de que “el año que viene podamos avanzar en su tratamiento, para dar una respuesta adecuada a esta valiosa iniciativa y a otras que se puedan poner en marcha por parte de municipios, empresas, y ciudadanos en general”. 

Finalmente señalo: “La movilidad eléctrica es otra tendencia creciente en todo el mundo que debemos observar con mucha atención y darle la relevancia que corresponde. En un país como el nuestro que tiene una de las mayores reservas de litio del mundo y una industria automotriz madura y competitiva parece bastante lógico deducir que debería ser una prioridad el desarrollo de actividades económicas vinculadas a la producción de vehículos eléctricos; a la vez que señaló las múltiples ventajas ambientales y económicas que podrían reportar a los municipios la incorporación gradual de esta tecnología, para la que se requerirá la adecuación de los marcos regulatorios”. 

La jornada concluyó con una exposición de Krämer ante funcionarios y representantes de empresas locales acerca del desarrollo de las energías renovables y la utilización de vehículos eléctricos en Alemania, haciendo especial énfasis en los proyectos de generación distribuida a partir de fuentes renovables que lleva adelante la empresa cooperativa que representa, que permiten que cualquier ciudadano, con una pequeña inversión, ingrese a la cooperativa y financie módulos de generación fotovoltaica que se instalan en cubiertas de edificios que se arriendan a tal efecto, con beneficios para todas las partes y con un impacto positivo para toda la comunidad en términos ambientales y económicos.

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Los municipios y comunas necesitan una ley de ordenamiento territorial

Esta mañana estuvimos reunidos con Uriel Brupbacher, intendente de Viale, y varios integrantes de su gabinete. Dialogamos acerca de las dificultades que tienen los municipios para planificar el desarrollo urbano de las ciudades, como consecuencia de la falta de una ley provincial de ordenamiento territorial, en el marco de una provincia que tiene un sistema institucional en el que conviven municipios, comunas, juntas de gobierno, y "zonas grises", no sujetas a la jurisdicción de ningún gobierno local. 

Vemos cotidianamente cómo se presentan problemas de todo tipo, derivados de cuestiones tales como industrias contaminantes junto a zonas residenciales, loteos sin adecuada regulación en áreas rurales o periurbanas, conflictos ambientales que se originan en la jurisdicción de un gobierno local y terminan impactando en otro, crecimiento caótico y carente de regulación de las manchas urbanas, tejidos cada vez menos densos y por ende más onerosos en cuanto a la cobertura de equipamiento y servicios básicos, especulación inmobiliaria y encarecimiento del suelo urbano, déficits habitacionales, conjuntos de vivienda social mal localizados, etc . 

Entre Ríos necesita imperiosamente una norma que regule y ordene los usos del suelo, para que municipios y comunas puedan llevar adelante planes que redunden en ciudades más justas, eficientes y sostenibles. Hemos presentado un proyecto de ley de ordenamiento territorial y recientemente el Poder Ejecutivo envió el suyo. Más allá de las diferencias, tiene muchos puntos en común y comparten objetivos y criterios, de modo tal que es una oportunidad ideal para generar un amplio debate participativo que permita lograr la mejor ley posible.

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Artusi propone promover la agricultura urbana

El diputado provincial, José Antonio Artusi (UCR en Cambiemos), anunció que presentará en la cámara de Diputados de Entre Ríos, un proyecto de ley tendiente a crear el Programa Provincial de Agricultura Urbana, "con la finalidad de promover, difundir y sostener las prácticas de agricultura urbana en la Provincia de Entre Ríos, como un sistema de producción y consumo económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente justo", expresó.

En la iniciativa del legislador uruguayense se plantea que" se considerará a la agricultura urbana como una estrategia complementaria a la agricultura rural, a través de diferentes modelos urbanos productivos que contribuyen al desarrollo local y al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud de la población." El Programa a crearse tendría tendría los siguientes objetivos generales: 

- Promover nuevas formas de consumo y producción de alimentos que generen menor impacto en el ambiente. 

- Fomentar la agricultura familiar y comunitaria y la producción para autoconsumo y como emprendimiento productivo en ámbitos urbanos. 

- Favorecer la promoción y mejora de huertas escolares y comunitarias en ámbitos urbanos que ya estén en funcionamiento o a crearse. 

- Promover el emprendedorismo de pequeños productores agricultores urbanos, fomentando la incubación y consolidación de nuevas empresas, la generación de empleos, la vinculación de la producción con el mercado y la incorporación de tecnología. 

- Contribuir a la seguridad alimentaria y a la nutrición saludable. 

- Favorecer la generación de marcos normativos locales adecuados que promuevan y regulen la agricultura urbana en municipios, comunas y juntas de gobierno. 

- Contribuir a la gestión sostenible de los recursos naturales. 

- Favorecer la adecuada gestión integral de los residuos sólidos urbanos aplicando, entre otras acciones, el reciclado vía compostaje de la fracción orgánica en origen. 

- Promover la participación ciudadana mediante programas de voluntariado y capacitación teórico-práctica en agricultura urbana. 

- Promover el desarrollo del concepto “Agricultor Urbano” como uno de los potenciales oficios verdes. 

- Promocionar nuevas tecnologías y soportes de agricultura para contextos urbanos. 

- Favorecer la integración de prácticas adecuadas de gestión integral de residuos, aprovechamiento de fuentes de energía renovables, y gestión integral de los recursos hídricos al servicio de la agricultura urbana. 

En los fundamentos del proyecto Artusi recordó que, según la FAO, “el rápido crecimiento de las ciudades en los países en desarrollo somete a grandes exigencias a los sistemas de suministro de alimentos de las ciudades. La agricultura urbana proporciona alimentos frescos, genera empleo, recicla residuos urbanos, crea cinturones verdes, y fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático. A su vez, “puede hacer una importante contribución a la seguridad alimentaria de las familias… La producción es consumida por los productores, o se vende en mercados urbanos... Dado que los alimentos producidos a nivel local requieren menos transporte y refrigeración, puede abastecer a los mercados cercanos con productos más frescos y nutritivos a precios más competitivos. Los consumidores —especialmente los residentes de bajos ingresos— disfrutan de un acceso más fácil a productos frescos, una mayor oferta y mejores precios". 

Artusi remarcó: "En definitiva, son numerosas las experiencias y los estudios en nuestro país y en el extranjero que avalan la importancia y el potencial de la agricultura urbana, y la necesidad imperiosa de considerarla una actividad que necesita ser adecuadamente regulada y fomentada, a los efectos de que constituya una eficaz herramienta de promoción del desarrollo sostenible y de mejora de la calidad de vida de la población", concluyó.

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Luis Brandoni en Concepción del Uruguay

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Acompañamos el lanzamiento del Foro de Políticas Públicas de Basavilbaso

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“El desarrollo provincial, objetivo de Cambiemos”. Fabio Quetglas

El diputado nacional Fabio Quetglas disertó sobre los desafíos del desarrollo local y regional en el marco de la Jornada "Hablemos de Entre Ríos", que tuvo lugar el 16 de Noviembre en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú.- 

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QUE EN ENTRE RÍOS AUMENTE LA DEMANDA EN LOS COMEDORES ESCOLARES EN UN CONTEXTO NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, DE CAÍDA DEL DESEMPLEO Y DE MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EVIDENCIA LA INOPERANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR BORDET

La Ministra de Desarrollo Social ha hecho declaraciones periodísticas en las que señala que habría aumentado la demanda alimentaria en los comedores escolares y que se registraría "un aumento de las demandas sociales" en "temas de política alimentaria y necesidades básicas que no se cubren". Si esto es así, tales afirmaciones constituirían una verdadera confesión de parte acerca de las dificultades y la ineficiencia de la administración del Gobernador Bordet para enfrentar la problemática social. 

En efecto, tal panorama deficitario en nuestra provincia se da en el marco de un contexto nacional y regional de recuperación de la actividad económica, de descenso de los indicadores de pobreza y de indigencia, y de reducción de la desocupación. Adicionalmente, la dinamización de la mayoría de los sectores económicos y la generación de empleo, además del gasto social récord que lleva adelante el gobierno nacional han llevado a una mejora en el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Estas afirmaciones deben respaldarse con datos estadísticos objetivos, no con "sensaciones térmicas" o comentarios aislados referidos a casos puntuales. 

Afortunadamente, hemos recuperado el INDEC y contamos por ende con datos creíbles que deben servir como un insumo básico para el diagnóstico y la planificación de las políticas públicas. Veamos entonces algunos datos: 

La pobreza descendió casi 5 puntos entre el segundo semestre del 2016 e idéntico período del año pasado, de 30,3% a 25,7%. En la Región Pampeana, en la que se encuentra Entre Ríos, la evolución fue similar, con una baja que superó los 5 puntos, de 30,5% 25,4%. 

La pobreza se redujo en todas las franjas etarias, y es en los niños donde se dio la reducción mayor. Más de 720.000 menores de 14 años salieron de la pobreza en estos dos años en la Argentina. 

La indigencia bajó de 6,1% a 4,8% a nivel nacional en el período mencionado, y en la Región Pampeana de 6,7% a 4,1%. 

Está claro que las cifras son todavía pavorosas y que falta muchísimo, pero importa reconocer cuál es la tendencia. Uno de cada 4 argentinos es pobre y y uno de cada 20 es indigente, o sea vive en condiciones de pobreza extrema. En la población infantil es aún peor, 4 de cada 10 chicos argentinos son pobres. 

En relación al desempleo, bajó de 7,6% a 7,2% entre el cuarto trimestre de 2016 y el mismo período de 2017. En la Región Pampeana el descenso fue de 8% a 6,6%. También está claro en esta cuestión que falta muchísimo, sobre todo para avanzar en mejorar la calidad del empleo.

El índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, mejoró con respecto a 2016, (0,428 a 0,417 desde el 4º trimestre de 2016 al 4º trimestre de 2017) gracias al crecimiento del empleo y del salario real y a la ampliación de la política social, que contribuyen a una sociedad menos desigual. Como en otros aspectos, es obvio que todavía falta mucho por lograr; nuestra sociedad sigue teniendo una alta desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, pero la tendencia es positiva. 

En el primer trimestre de 2018 se observan a su vez mejoras notorias en los indicadores de actividad económica de la construcción, el turismo y la industria; y ello repercutirá seguramente de manera positiva en futuras mediciones de indicadores sociales. Está claro que si en Entre Ríos no se está aprovechando adecuadamente este escenario macroeconómico se debe a las deficiencias de las políticas públicas del actual gobierno de Bordet y el de su antecesor Urribarri, con el que obviamente no difieren demasiado. Un Estado quebrado y endeudado, "una provincia fundida" en términos del propio Gobernador, una administración pública costosa e ineficiente, que no brinda los servicios básicos que la sociedad demanda pero ejerce una altísima presión fiscal (además con una matriz tributaria regresiva y distorsiva, que no sirve ni para fomentar la producción y las inversiones ni para redistribuir ingresos con equidad), son elementos que configuran un panorama que explica precisamente esas dificultades para aprovechar oportunidades favorables. 

Pero además se requieren enfoques innovadores que generen políticas públicas superadoras de los consabidos intentos de programas asistencialistas y clientelares que han demostrado sobradamente su ineficiencia. 

Y, por otro lado, parecería que ni el actual ni el anterior gobierno conocieran el Artículo 24 de la Constitución Provincial ("El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social, o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho.") Lamentablemente, este casi desconocido artículo de la Constitución no ha sido reglamentado, a 10 años de la reforma del 2008, y es por lo tanto letra muerta. Se podría discutir mucho acerca de las bondades o defectos de su redacción, pero se trata de un mandato constitucional vigente que el gobierno debe cumplir. Hemos presentado en la legislatura entrerriana proyectos en ese sentido. 

Es hora de que el gobierno provincial tome nota de estas cuestiones y obre en consecuencia, para buscar entre todos, más allá de nuestras diferencias partidarias, acuerdos básicos que nos permitan lograr una provincia desarrollada, justa y solidaria; haciéndonos cargo de nuestros propios errores y de nuestras responsabilidades.- 

 José Antonio Artusi Diputado Provincial de Entre Ríos 

UCR - Cambiemos

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"El IAPV no debe buscar en el actual gobierno nacional las causas de su propia ineficiencia"

El bloque de diputados provinciales de Cambiemos emitió un documento en el que "celebra que el gobierno provincial a través del IAPV, haya tomado la decisión de impulsar la construcción de 500 viviendas sociales con fondos propios, sin depender de la disponibilidad de remesas del gobierno nacional". El texto indica luego: "Insuficiente pero necesaria, es una medida que hemos reclamado en reiteradas oportunidades, incluso a través de un proyecto de ley que crearía un fondo provincial de la vivienda y el hábitat, con asignación específica de recursos y continuidad en el tiempo, de modo tal de asegurar la disponiblidad de fondos para garantizar a la mayor cantidad de entrerrianos posible el derecho constitucional a una vivienda digna. Nos vemos a su vez en la obligación de señalar que no debe buscarse en la actitud del gobierno nacional la causa de la evidente ineficiencia de la gestión del IAPV desde hace años para dar respuestas a las legìtimas demandas de las familias más vulnerables de nuestra provincia, que no pueden acceder por otros medios a una solución habitacional acorde a sus necesidades. Es imperioso señalar que la demanda dirigida al IAPV había sido sobredimensionada como consecuencia de la desaparición del crédito hipotecario dirigido a sectores medios, sistema que el actual gobierno nacional de Cambiemos ha logrado reactivar con notable éxito, sumado esto a la mejora y ampliación del Programa PROCREAR", indicaron los diputados de Cambiemos.  EL DÉFICIT. "El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy.

En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. Entre Ríos no fue una isla dentro de este panorama desolador. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas federales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad", detallaron los legisladores. 

MEDIDAS. "Finalmente el documento del bloque de Cambiemos en la cámara Baja provincial, precisó: "Frente a esta situación el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. En este sentido, resulta útil recordar que al 31 de Diciembre de 2017 había un total de 5407 viviendas sociales en ejecución en la provincia de Entre Ríos, correspondiendo de ese total 2439 al IAPV, 1275 a diversos consorcios, y 1675 a municipios. Entre 2016 y 2017 el gobierno nacional transfirió a la provincia 2847 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, 1943 millones del Plan Nacional de Vivienda y 904 millones del FONAVI. El IAPV recibió el 100% de esos recursos FONAVI, y más del 68% de los fondos del PNV. El IAPV podría contar con más recursos destinados a la construcción de viviendas si mejorara su propia recaudación por recupero de las viviendas adjudicadas, y si destinara tales recursos a obras, ya que actualmente se utilizan para financiar los gastos de funcionamiento del instituto. Adicionalmente, tal como proponemos en nuestro proyecto de ley, si se creara el fondo provincial de la vivienda, se podría disponer de mayores montos destinados a viviendas sociales. Entre Ríos tiene el 2% del déficit habitacional del país y sin embargo está previsto que reciba el 8% del total del presupuesto nacional disponible, lo que habla a las claras de que nuestra provincia no es discriminada, como tampoco es discriminado ningún municipio entrerriano, sino que reciben ayudas en función de sus necesidades, su capacidad de gestión para elaborar proyectos y su predisposición a desembolsar los aportes correspondientes a la contraparte. Desde nuestro bloque seguiremos aportando ideas y proyectos para avanzar en el logro de condiciones que hagan posible una mejor polìtica pública de vivienda y hábitat. El gobierno provincial debe hacerse cargo de sus propios déficits y no deslindar responsabilidades, articulando de manera responsable esfuerzos y acciones con el gobierno nacional, los municipios, y los propios beneficiarios, para que el derecho a la vivienda digna deje de ser sólo una expresión de deseos escrita en la constitución provincial y comience a ser efectivamente una realidad tangible para todos los entrerrianos", concluyeron.

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Adhesión al consenso fiscal: para Artusi “sigue siendo una asignatura pendiente una profunda reforma tributaria” provincial

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) manifestó que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura modificando varios impuestos como modo de comenzar a cumplir los compromisos asumidos en el marco del acuerdo denominado "Consenso Fiscal", suscripto por los gobernadores y el Presidente Macri el 16 de Noviembre, "es un avance, pero debemos advertir que sigue siendo una asignatura pendiente concretar una profunda reforma de carácter integral del sistema tributario en la provincia de Entre Ríos". En tal sentido, el legislador uruguayense recordó que el "Consenso Fiscal" tiene en cuenta que en agosto de 2016, "el Estado Nacional, las provincias y la CABA se comprometieron a implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva" , a la vez que puso de relieve que "el Estado Nacional viene implementando un programa de reducción de la carga tributaria, el cual lleva acumulado en los últimos dos años una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto". Artusi señaló que "las provincias se han comprometido a introducir modificaciones en el impuesto a los ingresos brutos, a los sellos, tributos sobre la nómina salarial, e impuesto inmobiliario, y en el proyecto remitido se avanza sobre todo en los 3 primeros, pero prácticamente no se modifica la estructura del impuesto inmobiliario, salvo por la eximición del impuesto a los jubilados que vivan en su única vivienda y perciban bajos ingresos, lo que nos parece una buena medida". En ese sentido el legislador radical enfatizó que "será por ello necesario encarar el año que viene un proceso de reformas profundas e integrales del sistema tributario entrerriano", e informó que tiene estado parlamentario un proyecto de su autoría tendiente a generar un debate que logre acuerdos concretos en esta materia. La iniciativa del diputado Artusi consiste en la creación de una comisión bicameral para la reforma tributaria provincial. En los fundamentos del proyecto Artusi considera que "la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece, en su artículo 79, que “la Legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos”. Sin embargo, la realidad dista muchísimo de parecerse a la evolución señalada como mandato por los constituyentes. La provincia tiene, al igual que sus hermanas de la Región Centro y del país en su conjunto, una matriz tributaria en la que predomina un impuesto indirecto, regresivo y distorsivo como es el impuesto a los ingresos brutos", y al respecto informó que en los primeros 9 meses del año este tributo representó casi el 60% de la recaudación propia". El diputado Artusi opinó que "en 2018 deberemos debatir con tiempo estas cuestiones, para evitar que nos pase lo de este año, en el que se hicieron las cosas al revés, primero se trató el presupuesto, y luego se modifican los impuestos que van originar los ingresos que figuran en el presupuesto". Falmente, consideró que "vamos a aprovechar el cuarto intermedio en la sesión hasta la semana que viene para estudiar en detalle el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, y seguramente propondremos algunas modificaciones para mejorar el texto". El texto completo del proyecto de ley de creación de la comisión bicameral para la reforma tributaria puede consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22206

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Hacia un sistema integral (¿e integrado?) de salud pública

Hacia un sistema integral de salud de José Antonio Artusi

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EL DIPUTADO ARTUSI PROPONE INSTRUMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PUBLICA EN ENTRE RIOS

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley por el que propone la implementación de un Sistema Integral de Salud Pública en la Provincia de Entre Ríos.

La iniciativa del legislador uruguayense, que tomó estado parlamentario en la sesión que tuvo lugar el Miércoles 22 de Noviembre y que cuenta con la firma de todos los integrantes del bloque Cambiemos, fue girada a la Comisión de Salud Pública y Acción Social. 

Artusi señaló que "este proyecto de ley reproduce el que presentáramos el día 18 de Diciembre de 2009 (Expediente 17.724). El 21 de Diciembre de 2009 tomó estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Salud Pública, presidida en ese entonces por el Diputado Darío Argain, ámbito en el que fue objeto de un exhaustivo análisis, que contó con el aporte de numerosas organizaciones y asesores. Se procedió en ese momento a unificar dicho expediente con el nº 16.809, una iniciativa de autoría del Presidente de la Comisión, con numerosos puntos de contacto y coincidencias. Es así que se obtuvo un dictamen favorable el día 27/4/11 y se trató en el recinto el día 11/5/11, obteniendo aprobación por unanimidad. Lamentablemente en el Senado no tuvo similar suerte, habiendo pasado al archivo el día 17/12/2015. Entendemos necesario insistir en la propuesta, ya que en su momento contó con el acompañamiento del oficialismo y la oposición". 

En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical consideró que "tiene por objeto garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental, individual y social, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Constitución Provincial", a la vez que recordó que el proyecto estuvo basado en documentos elaborados oportunamente por la Comisión de Salud del Instituto de Políticas Públicas de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. José Antonio Artusi señaló que "no podemos dejar de considerar la necesidad de partir desde lo que manda la Constitución de la Provincia reformada en 2008, que – en su artículo 19 – reconoce a la salud como un derecho humano y plantea una serie de instrumentos concretos: políticas de atención primaria; asistencia sanitaria gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna; prioridad de la inversión en salud; garantía del primer nivel de atención, la formación y la capacitación. También se establece allí la implementación de un seguro provincial de salud y una progresiva descentralización hospitalaria, así como el reconocimiento de los medicamentos como un bien social básico, la regulación estatal y la fiscalización del circuito de producción, comercialización y consumo de medicamentos y productos alimenticios, la acreditación de los servicios en salud y la jerarquización del nivel de atención hospitalaria de tiempo completo. Otros artículos se refieren también, directa o indirectamente, a la salud: artículo 20 (derechos sexuales y reproductivos), artículo 21 (personas con discapacidad), artículo 22 (derecho a un ambiente sano), artículo 24 (derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en determinadas situaciones), artículo 25 (derecho a la vivienda), etc..". 

Por otro lado, el diputado Artusi manifestó que "Entre Ríos no es una isla, y en ese sentido, tal como se expresa en la Plataforma de Cambiemos, es imprescindible reconocer que el sistema de salud argentino es un sistema fragmentado, segmentado y sin coordinación, con resultados ineficientes e inequitativos a pesar de que el país invierte en salud entre 8% y 10% de su economía, un nivel muy superior a los de muchos países de ingresos medios y altos. El sistema de salud está fragmentado administrativamente (descentralización provincial), segmentado por tipo de cobertura (sector público, obras sociales y medicina prepaga) y con demasiados actores y fuentes de recursos. La falta de coordinación de los 24 ministerios de salud provinciales, igual número de obras sociales provinciales, unos 250 fondos de seguridad social, PAMI, 50 empresas de medicina prepaga y múltiples fondos municipales son una muestra clara de la desintegración del sistema.” 

El proyecto de ley prevé la implementación y coordinación del Sistema Integral de Salud de la Provincia de Entre Ríos (SISPER), que estaría constituido por el conjunto de recursos de salud de dependencia estatal, de la seguridad social, de la sociedad civil y del sector privado que se desempeñan en el territorio de la Provincia; dicho sistema aseguraría el acceso a servicios integrales de salud a todos los habitantes. El texto completo del proyecto (Expediente 22.567) puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22567

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Dialogando con Jorge Kleiman en Tribuna Libre

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EL DIPUTADO ARTUSI PRESENTO UN PROYECTO DE LEY GENERAL DE SEGURIDAD PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Ingresó en la sesión del pasado martes de la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se propone la creación de un Sistema Integral de Seguridad Pública. La iniciativa del legislador uruguayense plantea definir a la seguridad pública como "la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida, la integridad física y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en el marco de la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Entre Ríos". En los fundamentos del proyecto Artusi señala que "una de las principales demandas de la sociedad es la de conseguir condiciones de seguridad y combatir el delito y la violencia. La ciudadanía entrerriana espera que el Estado pueda garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, a vivir en paz y armonía en nuestras comunidades, sin temor a ser víctimas de delitos. El artículo 32 de la Constitución de la Provincia establece que “El Estado asume como deber irrenunciable la seguridad ciudadana mediante políticas de prevención del delito y de asistencia a la víctima”. El presente proyecto de ley pretende sentar las bases para la creación y funcionamiento de un Sistema Integral de Seguridad Pública en nuestra provincia, que genere condiciones efectivas para la planificación e implementación de políticas públicas eficaces en la materia, con sentido moderno y abarcativo, teniendo en cuenta la complejidad y conflictividad de los procesos que constituyen causas y factores de riesgo de las conductas delictivas y violentas." Más adelante, el legislador radical asegura que "concebimos a la seguridad ciudadana como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado, centrándose en la prevención y otorgando un rol protagónico a la integralidad e intersectorialidad de las políticas públicas, alejándonos de esta manera de un enfoque centrado exclusivamente en el accionar de la institución policial, y pasando a un esquema en el que ésta recupere capacidad de gestión articulando acciones con otros organismos del Estado y apoyándose fuertemente en la participación comunitaria". 

El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22468

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EL DIPUTADO ARTUSI PROPUSO UNA LEY PARA RECONOCER LAS UNIVERSIDADES POPULARES ENTRERRIANAS

El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley tendiente a "promover la creación, la consolidación, el reconocimiento jurídico y el sostenimiento de las Universidades Populares existentes y a crearse en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, como parte integrante del Sistema Educativo Provincial". La iniciativa del legislador radical apunta a brindar reconocimiento académico y asignación presupuestaria a las universidades populares que existen en la provincia, la de Concepción del Uruguay y la de Paraná, y las que puedan crearse en el futuro al amparo de la norma propuesta. En los fundamentos del proyecto, Artusi considera que "sin perjuicio de la posibilidad de contar el día de mañana con una ley nacional en la materia, entendemos necesario avanzar en la sanción de una norma provincial que proteja, regule y promueva a las universidades populares entrerrianas; no sólo a través del reconocimiento académico, sino también con la asignación de recursos presupuestarios, de acuerdo a las disponibilidades del erario provincial, y en mérito a la provechosa labor que estas instituciones realizan en pos del bien común". El proyecto de ley define a las universidades populares como "aquella institución educativa, de gestión estatal, privada, cooperativa o social, que, bajo el paradigma de la educación permanente, promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad, desarrollando oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida", y plantea que sus actividades podrán estar comprendidas en la modalidad “Educación Técnico Profesional” establecida en el Capítulo VIII de la Ley nº 9.890, en la modalidad “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos” establecida en el Capítulo X, y/o en la instancia “Educación No Formal” prevista en el Título VIII de la mencionada Ley. El texto completo del proyecto de ley puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22396

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DIPUTADOS DE CAMBIEMOS PROPONEN CREAR EL FONDO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

El bloque de diputados provinciales de Cambiemos presentó un proyecto de ley tendiente a crear en la Provincia de Entre Ríos el Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat. El diputado José Antonio Artusi, autor de la iniciativa, manifestó que el propósito central consiste en dotar de más recursos al IAPV para permitir que se logren más y mejores soluciones habitacionales destinadas a las familias entrerrianas que más necesitan una ayuda del Estado para acceder efectivamente al derecho a una vivienda digna consagrado en nuestra Constitución Provincial en su artículo 25. Artusi señaló que "planteamos la creación del Fondo Provincial de la Vivienda y el Hábitat, pero cabe recordar que se trata en realidad de recrear un instituto que tuvo una efímera existencia en nuestra provincia, entre 1989 y 1996". En los fundamentos del proyecto se considera que "los recursos del FONAVI y de los programas federales, y ahora del Plan Nacional de Vivienda no han sido ni serán suficientes por sí solos para dar respuestas adecuadas al acuciante déficit habitacional que sufre nuestro país, en general, y la provincia de Entre Ríos en particular, y es por ello que proponemos dotar al IAPV de otros recursos que aumenten su disponibilidad financiera y con ello su capacidad de afrontar más y mejores soluciones habitacionales." El legislador radical expresó que "algunos datos nos permiten tener una idea del estado de situación de la problemática de la vivienda y el hábitat en nuestro país: 

- El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy. - En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. 

- Entre Ríos no es una isla dentro de este panorama. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas fedrales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad. 

- En Argentina hay 12 millones de personas que necesitan un lugar donde vivir o mejorar las condiciones en que se encuentran sus viviendas y su entorno. 

- La situación afecta ya a casi el 30% de las familias; pero sin embargo Argentina es uno de los países de Latinoamérica que menos invirtió – y que peor invirtió – para revertir esta situación. - En los últimos 15 años el problema se incrementó por la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. - Demasiado frecuentemente los recursos del Estado no llegaron a quienes correspondía, es decir a quienes más lo necesitaban. Muchas personas pasaron a vivir en condiciones precarias. Si hay algo que el recientemente implementado Registro Nacional de Barrios Populares demuestra es la magnitud de la vulneración de derechos que implica para millones de argentinos el carecer de una vivienda digna y un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Sólo para dar un ejemplo, en Concepción del Uruguay existen al menos 19 “barrios populares”, asentamiento o villas en los que centenares de familias viven en un contexto de privaciones y vulnerabilidad social y ambiental. Sin embargo, muchas veces la falta de transparencia y de criterios claros y objetivos para la adjudicación de soluciones habitacionales y su contracara, la discrecionalidad de los decisores políticos alimentando mecanismos clientelares de dominación política han llevado a la selección de beneficiarios que, sin dejar de ser sujetos de derechos, están muy lejos de pertenecer a los estratos de menores ingresos. Esto ha llevado a que se pierda de vista la noción de la vivienda digna como un derecho universal y ha reforzado la tendencia de buena parte de la sociedad a demandar soluciones habitacionales a los poderosos de turno como si fueran un favor, una concesión graciosa que genera la obligación de una contrapartida en términos de apoyo político, y no una respuesta fundada del Estado a una privación de derechos. 

- Nuestro esfuerzo debe centrarse no sólo en proveer vivienda, sino también en pensar y construir ciudades, poniendo en un lugar relevante el concepto del derecho a la ciudad y los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana. La mayor parte del costo que debemos afrontar hoy para urbanizar y mejorar nuestras ciudades es causa del crecimiento desordenado y la falta de planificación del uso del suelo; cuestión que debemos revertir a través de desarrollos urbanos integrados y vinculados armónicamente con las áreas rurales, procurando el desarrollo sostenible y la inclusión social. - Mediante la Nueva Agenda Urbana adoptada en la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIVIENDA Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (Hábitat III – Quito, 2016), los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a incrementar la seguridad de la tenencia para todos, reconociendo la pluralidad de tipos de tenencia, y a promover la implementación de programas de desarrollo urbano sostenible con estrategias centradas en las necesidades de vivienda y de las personas. - La política de vivienda puede y debe ser un ingrediente fundamental para pensar el funcionamiento integral de las ciudades y densificar inteligentemente brinda economías de escala y de aglomeración, ahorra recursos, favorece la construcción de ciudadanía y fomenta la mixtura social de manera armónica. 

- Frente a este panorama el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. 

- El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. Es por ello que una de las motivaciones del presente proyecto de ley es favorecer la adecuación de las acciones del IAPV y de los municipios al nuevo escenario que supone la estrategia nacional de vivienda y hábitat. " 

El Fondo Provincial de la Vivienda se integraría, además de los recursos de origen nacional y el recupero de las cuotas que actualmente percibe el IAPV, con los siguientes recursos de origen provincial: 

- El 10% de la recaudación del impuesto inmobiliario. 

- El 10% de los ingresos del IAFAS. 

- Los recursos provenientes del recupero de inversiones en infraestructura de servicios públicos y/o equipamiento comunitario que generen valorización del suelo, a través de la implementación de mecanismos de contribución especial por mejoras u otros instrumentos de captación del plusvalor generado por la inversión pública. 

- Los recursos provenientes de la captación de plusvalías generadas por decisiones administrativas de los municipios que produzcan incrementos del valor del suelo (aumento de la edificabilidad, derechos adicionales de construcción, zonificación, conversión del suelo de uso rural a urbano, etc.). 

- Los recursos provenientes de la recuperación de plusvalías generadas por proyectos de renovación urbana que incluyan viviendas, redes de infraestructuras y equipamiento comunitario financiados total o parcialmente con fondos del FOPROVIHAB; de acuerdo a los convenios que en cada caso se suscriban con municipios y demás organismos públicos y privados intervinientes en dichos proyectos. 

Estos últimos tres ítems están basados en los principios de la recuperación de plusvalías, concepto que se refiere al recupero total o parcial, por parte del Estado, de los aumentos en el valor del suelo generados por acciones diferentes a la inversión o esfuerzo directo del propietario, y que, por lo tanto constituirían ganancias inmerecidas o enriquecimiento sin justa causa. El objetivo que buscan los instrumentos de recuperación de plusvalías es, además de procurar un principio básico de justicia urbana y equidad social, basarse en los incrementos del valor del suelo generado por la intervención estatal para financiar el proceso de urbanización. 

En línea con las previsiones del Plan Nacional de Vivienda, y en aras de diversificar los instrumentos de acción, se plantea que se podrán financiar proyectos que incluyan los siguientes componentes: construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, unidades habitacionales para la emergencia, infraestructura de servicios urbanos y equipamiento comunitario, lotes con servicios, regularización dominial y titulación, promoción social, fomento de la participación comunitaria y del cooperativismo, promoción de la planificación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial por parte de municipios y comunas, y promoción del alquiler social. De esta manera se contaría con una amplia batería de herramientas, que brindaría la posibilidad de otorgar a cada demanda una solución habitacional específica, apropiada a sus características particulares, aumentando de esta manera la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas y mejorando su impacto en la reducción efectiva del déficit habitacional. 

El proyecto de ley postula la posibilidad de otorgar a municipios y comunas, así como organizaciones no gubernamentales, un rol activo en la planificación y gestión de políticas habitacionales; en el entendimiento de que son muchos los municipios que llevan actualmente políticas de vivienda con recursos propios o de la comunidad, pero que el impacto de tales acciones podría potenciarse si se articulara de manera sinérgica con las del IAPV. 

El texto completo del proyecto puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22334

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MEDIA SANCION PARA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA UN PROGRAMA DE ARQUITECTURA SOSTENIBLE

En la sesión de este martes 29 de agosto, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se crea en la provincia el “Programa de Arquitectura sostenible”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad, que se vayan incorporando gradualmente en la construcción de obras nuevas en el sector público”, explicó a Espacios el legislador. La iniciativa pasó al Senado para su revisión. Según explicó el arquitecto Artusi, este proyecto tiende “a promover un programa de arquitectura sostenible en la provincia que establezca un proceso gradual de incorporación de tecnologías y sistemas que hagan más sostenible la construcción de edificios y su utilización”. “La idea es establecer un sistema de indicadores de sostenibilidad que haga que se vayan incorporando gradualmente y vayan siendo obligatorios en la construcción de obras nuevas en el sector público y para que se aliente a que los municipios lo vayan incorporando también como requisito para la aprobación de obras privadas”, sostuvo el arquitecto en diálogo con Espacios. “Estos indicadores tienen que ver con cuál es el impacto que la construcción de edificios genera en el ambiente: la generación de residuos, la utilización de materiales en todos los procesos, desde la extracción del medio natural hasta su procesamiento y su utilización en la producción”. “Medir lo que se denomina ´la huella ecológica´ de cada material, la capacidad aislante de las envolventes, porque hoy podemos disminuir de manera muy significativa el consumo de energía tanto para refrigeración como de calefacción, mejorando la capacidad que tienen los edificios de aislar adecuadamente los espacios interiores”, agregó el Diputado. “En fin: es mucho lo que podemos hacer desde el diseño de las obras de arquitectura por la sostenibilidad y del desarrollo urbano y no solo en el diseño mismo, si no a escala urbanística, por ejemplo, incidiendo en la localización de los edificios”, indicó el legislador, oriundo de Concepción del Uruguay. 

El proyecto puede ser consultado en el siguiente en lace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21325 

Fuente: Revista Espacios

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MENOS IMPUESTOS DISTORSIVOS = CREDITOS HIPOTECARIOS MAS ACCESIBLES PARA MÁS VIVIENDAS

En la sesión del Martes 29 de Agosto de la Cámara de Diputados de Entre Ríos fue aprobado y remitido al Senado un proyecto de ley de autoría del diputado José Antonio Artusi (Cambiemos) por el que se exime del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra, construcción, refacción o ampliación de viviendas únicas familiares. El dictamen favorable de la Comisión de Hacienda se logró tras unificar dos expedientes que contenían proyectos similares, el de Artusi y uno de Sergio Urribarri. Al momento de tratarse el proyecto el legislador radical hizo uso de la palabra para fundamentar sus motivaciones y objetivos, "que no son otros que sumarnos al esfuerzo que están haciendo provincias hermanas y el gobierno nacional para reactivar el mercado de créditos hipotecarios para viviendas. En 22 días de Agosto el Banco Nación entregó prácticamente 10 veces más créditos hipotecarios que en todo Agosto del año pasado, y algo similar ocurre con otros bancos públicos y privados. A pesar de eso todavía el crédito hipotecario para viviendas representa en nuestro país solamente el 0.4% del PBI, cuando en 2001 llegaba a casi el 2,5%, porcentaje sustancialmente menor al de países hermanos como Colombia o Chile, por no mencionar países más desarrollados. Cabe señalar que en nuestra provincia el BERSA ni siquiera ha adherido al Programa PROCREAR." Artusi enfatizó que "dado el insignificante volumen de créditos hipotecarios que tenemos en la provincia hasta este momento el costo fiscal no será relevante y de hecho la medida puede significar un aumento de la recaudación impositiva de la mano de la reactivación de la construcción". Finalmente, el legislador uruguayense manifestó que "esta herramienta, el crédito hipotecario para viviendas, constituye uno de los ejes centrales de la estrategia nacional de vivienda, que apunta a articular los aportes del Estado nacional, de las provincias, de los municipios, de sindicatos y de cooperativas, y del sector privado, para poner en marcha políticas públicas efectivas destinadas a ir resolviendo paulatinamente el enorme déficit habitacional de nuestro país, que afecta a alrededor de 1 de cada 4 familias argentinas. El texto original del proyecto y el dictamen aprobado en la sesión de ayer pueden consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977

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"HAY QUE DECIR LAS COSAS COMO SON"

El Gobernador Bordet habría dicho que “hay que decir las cosas como son. En materia de Ingresos Brutos, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, quien presentó el proyecto para eliminar los Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios. Lo hablamos con Urribarri y se presentó. Habrá que preguntarle a los diputados de Cambiemos por qué no lo votaron”. Si la transcripción de sus dichos es correcta, el Sr. Gobernador falta a la verdad, o al menos no dice toda la verdad. El primero en presentar un proyecto de ley proponiendo la quita de ingresos brutos a los créditos hipotecarios fui yo y además debería saber que un legislador de su partido preside la Comisión a la que fue girado, y que tiene mayoría en la Cámara. No lo hemos votado por una razón muy simple, porque ni siquiera ha sido tratado en comisión. El día 17 de Abril de 2017 presenté un proyecto de ley proponiendo que se exima del pago del impuesto a los ingresos brutos a los créditos hipotecarios destinados a la compra o construcción de la vivienda familiar única. Tomó estado parlamentario en la sesión del día 25 de Abril de 2017 y fue derivado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas que preside el diputado Marcelo Bisogni. El texto completo puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=21977 Posteriormente el diputado Sergio Urribarri presentó un proyecto de ley similar el día 19 de Junio, que puede consultarse en el siguiente link: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22177 . La iniciativa del Presidente de la Cámara tomó estado parlamentario el día 4 de Julio y fue girado a la misma comisión que la mía. Le pedí personalmente el día que se entregaron 90 viviendas en Concepción del Uruguay al diputado Marcelo Bisogni que la comisión que preside trate ambos proyectos, unificando los expedientes. Y confío en que en la próxima sesión podamos tratar y aprobar este proyecto. No depende de Cambiemos Sr. Gobernador. La Constitución le da al partido que gana la mayoría en la Cámara de Diputados, en este caso al Frente para la Victoria, Partido Justicialista, o como quieran llamarse ahora, y Ud. debería saberlo. Hay que decir las cosas como son.Leer más...