domingo, 15 de noviembre de 2026

EL LASTRE DE OBLIGADO

Por José Antonio Artusi

Hay mitos históricos que sobreviven a las evidencias que los cuestionan. No porque sean sólidos desde el punto de vista historiográfico, sino porque cumplen una función política o ideológica, ayudan a construir un relato y ofrecen una explicación tranquilizadora de problemas bastante más complejos. El mito del combate de la Vuelta de Obligado y su celebración como el “Día de la Soberanía”, al que a veces se le agrega “nacional” pertenece a esa categoría. Su persistencia no es inocua: constituye uno de los escollos culturales que nos impiden revisar ideas que han contribuido a explicar, y en buena medida a perpetuar, el atraso argentino.

Ya hemos señalado en artículos anteriores los vínculos de esa efeméride con el nacionalismo integrista y filo fascista de Tacuara. Las efemérides son una pedagogía: lo que elegimos festejar enseña qué debemos admirar. Y la lección de ésta es bastante evidente: se nos propone identificar la defensa de la soberanía con el monopolio de un puerto, con la clausura de los ríos y con la concentración del poder económico y político en un gobierno autoritario y centralista.

Luciana Sabina cuestiona la imagen de Rosas como defensor del federalismo: “No es casual que la noche misma en que asumió como gobernador le confesara al agente uruguayo Santiago Vázquez: “Creen que soy federal; no, señor, no soy de partido alguno, sino de la patria” … Si miramos los hechos y no el relato, el rosismo estuvo en las antípodas de cualquier proyecto federal: todas las provincias terminaron convertidas en apéndices del poder porteño. Rosas usó la bandera del federalismo como un escudo retórico que le permitiera imponer su agenda personal. Quienes lo apoyaban eran “federales”; quienes no, “unitarios” y enemigos de la Patria”. Continúa la mencionada autora: “Otro gran mito es el de Rosas como defensor de la soberanía. Los bloqueos de Francia e Inglaterra, lejos de ser episodios de defensa nacional, le dieron al Restaurador un enemigo externo perfecto para aglutinar apoyo popular. La hostilidad hacia los extranjeros se multiplicó, junto con el respaldo al gobernador y su proyecto autoritario… En ese marco, bajo los caprichos del Restaurador, ocurrió la célebre derrota de la Vuelta de Obligado, convertida hoy —por obra de una reinterpretación histórica interesada— en gesta patriótica. Fue, en realidad, un desastre militar que poco tiene de heroico y mucho de manipulación posterior. Quizás sea momento de asumir nuestro pasado sin mitologías ni ficciones. La historia es una ciencia, no un ejercicio de fantasía ni un tributo obligado a tiranos disfrazados de héroes”.

Bernardo Salduna describe cómo el monopolio de Buenos Aires perjudicaba a los puertos del Litoral, que aspiraban a comerciar directamente con el exterior. Su conclusión: “El combate del 20 de noviembre de 1845 no fue, estrictamente, defensa de la soberanía “nacional”, pues la Nación argentina no existía entonces como tal, sino la defensa localista del puerto y la aduana de Buenos Aires, en desmedro del resto de las Provincias”. Es difícil hallar una síntesis más clara de la contradicción que encierra celebrar esa fecha desde una perspectiva federal.

La dimensión económica suele quedar relegada detrás de la escena militar. Henry George, en “Protección o libre comercio”, observó que el proteccionismo hace en tiempos de paz lo que un bloqueo hace en tiempos de guerra. Aplicada a 1845, la observación muestra una paradoja notable: el bloqueo que padecían las provincias no era el de las escuadras europeas, sino el que les imponía cada día la Aduana de Buenos Aires. El proteccionismo de Rosas careció de sentido progresista y retrasó la modernización técnica que la marcha del mundo exigía.

El comercio no es un juego de suma cero. Que una provincia pueda vender sus productos en otros mercados no significa que otra deba empobrecerse. Que los consumidores puedan acceder a bienes importados no supone, por definición, la destrucción de la producción nacional. El intercambio voluntario permite aprovechar diferencias de productividad, ampliar mercados, incorporar tecnologías, estimular la competencia y mejorar las posibilidades de especialización. Naturalmente, sus efectos no son idénticos para todos los sectores ni se distribuyen automáticamente de manera equitativa. Pero reconocer esos problemas no obliga a desconocer las ventajas generales del comercio abierto.

La investigación económica contemporánea ha acumulado abundante evidencia sobre los efectos positivos de la integración comercial. La competencia internacional puede incentivar a las empresas a innovar, mejorar sus procesos y utilizar más eficientemente sus recursos. La posibilidad de importar insumos y bienes de capital a precios competitivos también puede incrementar la productividad de las actividades locales. Los consumidores, por su parte, no son una categoría abstracta: son personas de carne y hueso que pagan los costos de las restricciones comerciales, muchas veces sin siquiera advertir que una parte de los precios que soportan responde a privilegios concedidos a determinados productores. Defenderlos también debería ser una preocupación central de cualquier política económica que pretenda representar el interés general.

Esto no significa sostener una concepción ingenua de la apertura económica, ni desconocer la necesidad de reglas, instituciones, infraestructura, educación y políticas públicas que permitan aprovechar sus oportunidades. Significa, sencillamente, comprender que la prosperidad no se construye aislando a una sociedad de las corrientes de intercambio comercial, conocimiento e innovación que atraviesan el mundo.

El mito de Obligado no es inocuo. Como toda impostura, opera como un obstáculo conceptual. Nos invita a mirar con sospecha cualquier apertura, a identificar el comercio exterior con la entrega. Alimenta una concepción de la soberanía que la desvincula de la soberanía popular y la reduce a la voluntad de un caudillo. Esa es la concepción que compartían los grupos de extrema derecha que en los años sesenta hicieron del 20 de noviembre su efeméride central, y es la misma que, con distintos ropajes, reaparece cada vez que se reivindica la fecha como gesta fundamental.

El argumento que más solemnemente se nos opone es el sable corvo que San Martín legó a Rosas. Conviene precisarlo: el testamento es del 23 de enero de 1844, casi dos años antes de Obligado, y premiaba la firmeza frente al bloqueo francés de 1838-1840. Su adhesión al combate del Paraná está en la carta a Guido del 10 de mayo de 1846, donde advierte a los interventores que los argentinos “no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”. Honra a su autor, que opinaba desde Francia, con la cabeza de un soldado que había combatido contra un imperio y temía el regreso de otro. Era un temor respetable; su pronóstico, equivocado. El 10 de julio de 1853, en San José de Flores, Urquiza firmó con Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos los tratados de libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. Nadie perdió la independencia.

En 1845 Urquiza era todavía lugarteniente de Rosas y la provincia estaba de su lado; no corresponde ocultarlo. Pero el 1° de mayo de 1851, en la plaza Ramírez de Concepción del Uruguay, se leyó el Pronunciamiento: Urquiza aceptaba la renuncia que Rosas presentaba cada año para que se la rechazaran, y la provincia reasumía el manejo de sus relaciones exteriores. El 3 de febrero de 1852 Caseros puso fin a la tiranía, y el 1° de mayo de 1853, dos años exactos después del Pronunciamiento, se sancionó la Constitución, que declaró los ríos interiores libres para todas las banderas, con sujeción a los reglamentos de la autoridad nacional. Una cosa es el derecho de un Estado a reglamentar sus ríos; otra, usarlo para sofocar el comercio de las provincias.

Resulta, entonces, particularmente contradictorio que una democracia republicana siga rindiendo homenaje oficial a un episodio convertido, por quienes lo promovieron, en símbolo de una concepción autoritaria de la política y regresiva de la economía. No se trata de borrarlo de los libros de Historia ni de desconocer el valor y el sacrificio de quienes combatieron aquel día. Se trata de discutir el significado que le atribuimos.

Ha llegado el momento de abandonar esa tara cultural. El 20 de noviembre debería servirnos para reflexionar sobre los costos del aislamiento, el centralismo, los privilegios corporativos y el autoritarismo, no para celebrarlos bajo una retórica impostora. La Argentina necesita menos mitologías autocomplacientes y más confianza en una sociedad abierta, en el libre comercio, en la iniciativa privada y en un federalismo efectivo. La Vuelta de Obligado puede y debe ser estudiada, pero no necesita ser venerada. Su exaltación constituye la cristalización de una concepción ideológica de origen espurio que condena al país a un modelo autoritario, decadente y reaccionario.

La verdadera grandeza de la Argentina no se esconde tras telones patrioteros ni cadenas proteccionistas; florece en el intercambio libre, en el respeto riguroso a la Constitución y en la inserción audaz y abierta en el mundo civilizado.

 

 

Fuentes:

Sabina, L. (2025, 21 de noviembre). Vuelta de Obligado: Rosas no defendió la Patria, la puso en riesgo. Newstad. https://www.newstad.com.ar/vuelta-de-obligado-rosas-no-defendio-la-patria-la-puso-en-riesgo

Salduna, B. I. (2024, 20 de noviembre). ¿El combate de la “Vuelta de Obligado” fue en defensa de la soberanía nacional? El Entre Ríos. https://www.elentrerios.com/opinion/el-combate-de-la-ldquovuelta-de-obligadordquo-fue-en-defensa-de-la-soberana-nacional.htm

 

Publicado en el diario La Calle el 15 de noviembre de 2026.

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martes, 10 de noviembre de 2026

LA “CONSTITUCIÓN OLVIDADA”: EL ESTATUTO PROVISIONAL DE 1815

Por José Antonio Artusi

No fue una constitución en sentido estricto, es verdad; tampoco fue sancionado por un congreso reunido en nombre de todas las provincias, también es cierto. Pero constituyó uno de los primeros textos que pretendieron organizar un Estado sobre la base de derechos individuales, división de poderes, elecciones, legalidad y límites estrictos al poder público.

La historia oficial prefirió construir un relato lineal y esquemático: 1810, 1816, 1853. Entre esos hitos consagrados quedaron relegados los ensayos, las crisis y los documentos que demuestran que la organización constitucional argentina no nació de un acto fundacional mágico, sino de una larga, compleja y conflictiva búsqueda de reglas capaces de contener al poder. El Estatuto Provisional de 1815 es una de las piezas centrales de esa búsqueda.

El Estatuto surgió tras la caída del Directorio de Carlos María de Alvear, en abril de 1815. El Cabildo de Buenos Aires reasumió momentáneamente la conducción política y creó una Junta de Observación con atribuciones específicas para dictar un régimen provisional. El 5 de mayo, esa Junta sancionó el Estatuto.

El preámbulo posee una claridad notable. La Junta declaraba explícitamente su voluntad de poner al Estado “a cubierto del criminal abuso” de los administradores del poder público. No era una frase decorativa ni una mera concesión retórica: representaba una advertencia severa contra la tentación permanente de todo gobierno de confundir la autoridad legítima con el arbitrio.

El documento reconocía, con estricto pragmatismo, que redactar una constitución perfecta en medio de la guerra de emancipación, la dispersión territorial y la inestabilidad política era una tarea imposible. Por esa razón optó por reglas provisionales, pero reglas al fin: límites precisos al Ejecutivo, garantías firmes a los habitantes y un cauce institucional claro hacia un Congreso General constituyente.

La Sección primera comienza con una declaración que anticipa el núcleo del constitucionalismo moderno: "Los derechos de los habitantes del Estado son, la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad". E incorpora una definición fundamental para la época: esos derechos corresponden a “todo hombre” en el territorio del Estado, “sea americano o extranjero, sea ciudadano o no”.

No se trataba de concesiones graciables otorgadas por el Estado, sino de prerrogativas preexistentes que el poder político tenía la obligación estricta de garantizar. El Estatuto definía la libertad como la facultad de obrar a propio arbitrio “siempre que no viole las leyes, ni dañe los derechos del otro”; la igualdad como la sujeción de todos los habitantes a la misma ley; y la propiedad como el derecho de gozar de los bienes, rentas y productos.

Allí se encuentra el antecedente directo del artículo 19 de la Constitución Nacional. La Sección séptima establecía: "Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden el orden público, ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los Magistrados".

Para comprender la inclusión de esta fórmula en 1815, es indispensable rastrear su linaje intelectual. No brotó de la nada: la cláusula de legalidad que la acompaña proviene del artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Para las acciones privadas no hay modelo textual conocido; es plausible que dialogue con una matriz hispano-criolla de raíz escolástica y canónica, que distinguía nítidamente entre el fuero interno de la conciencia —competencia exclusiva de la divinidad o de la moral individual— y el fuero externo, único sujeto a la regulación de las leyes civiles.

La fórmula fue retomada casi literalmente por la Constitución de 1819, en su artículo 112. Luego pasó, con adaptaciones, al artículo 162 de la Constitución de 1826 y finalmente al artículo 19 de la Constitución de 1853, que sigue vigente. El texto de 1853 incorporó “al orden y a la moral pública”, pero conservó la idea esencial: el Estado no puede invadir la esfera privada de las personas cuando sus actos no lesionan derechos ajenos ni alteran el orden público.

Junto a esa cláusula, el Estatuto consagró otro principio decisivo: "Ningún habitante del Estado será obligado a hacer lo que no manda la Ley clara y expresamente, ni privado de lo que ella del mismo modo no prohíbe". Es la consagración liminar del principio de legalidad, antecedente directo del actual artículo 19 en su segunda parte y de todo nuestro régimen republicano de garantías.

El Estatuto de 1815 no se limitó a una mera declaración abstracta de derechos; intentó también disciplinar y acotar el ejercicio del poder. El director del Estado duraba un año en el cargo y tenía vedado disponer de gastos extraordinarios por iniciativa propia. Necesitaba acordar ineludiblemente con otras autoridades la imposición de contribuciones, empréstitos o aumentos de derechos fiscales.

Más importante aún: se prohibía al director, salvo excepciones puntuales, intervenir en causas judiciales, alterar la administración de justicia, conceder privilegios exclusivos o violar e interceptar la correspondencia de los ciudadanos, solemnemente “sagrada”.

Estas previsiones anticipan principios que reaparecerán con fuerza en 1819, 1826 y 1853: la independencia judicial, la legalidad estricta de los actos de gobierno, la responsabilidad política y legal de los funcionarios, la inviolabilidad de la correspondencia y la abolición de privilegios corporativos o exclusivos. La Constitución de 1853 consagraría más tarde la inviolabilidad de la correspondencia en su artículo 18 y dispondría que los monopolios o privilegios solo pueden concederse por ley y por tiempo limitado.

El Estatuto organizó asimismo el Poder Judicial bajo el principio de que no tendría “dependencia alguna del Poder Ejecutivo”. En un contexto histórico donde las fronteras entre el poder político y la judicatura solían diluirse al ritmo de las urgencias de la hora, esa separación supuso una auténtica declaración de principios republicanos.

Otro aporte de enorme relevancia fue el diseño del régimen electoral. El Estatuto dispuso que fueran elegidos por vía popular el director del Estado (a reglamentar), los diputados al Congreso General, los cabildos, los gobernadores de provincia y los futuros integrantes de la Junta de Observación.

Previó asambleas primarias y electorales, confección de padrones o censos de habitantes, circunscripciones o secciones electorales, escrutinios públicos y severas penalidades contra el cohecho. Es cierto que el sistema no era universal ni perfecto: mantenía exclusiones fundadas en la condición social, la dependencia doméstica, la propiedad o el oficio, reflejando las limitaciones de su época. Sin embargo, introdujo una convicción fundamental que la práctica política argentina tardaría demasiado tiempo en consolidar: el poder político no se hereda ni se autoproclama; surge de la elección ciudadana.

Adicionalmente, el Estatuto ordenó convocar a las ciudades y villas de las provincias interiores para elegir diputados con el mandato específico de dictar una constitución general, los cuales debían reunirse en Tucumán. De ese proceso emergió el Congreso de 1816, la Declaración de la Independencia y, posteriormente, el texto constitucional de 1819.

Conviene subrayar que el Estatuto de 1815 exhibió un perfil marcadamente provincial y descentralizador. Previó gobernadores elegidos por los electores de cada provincia, con mandatos de tres años, y remitió la elección del director a un reglamento futuro, consentido por las provincias. Aunque todavía no configuraba el federalismo técnico y orgánico que consagraría la Constitución de 1853, quiso ser un dique contra la tendencia porteña a concentrar las decisiones, pero Artigas lo desconoció. En este sentido, el texto anticipó el gran dilema histórico argentino: la justa articulación entre el poder central y las provincias.

El Estatuto de 1815 no constituyó una mera curiosidad porteña sin derivaciones prácticas. Su influencia directa se advierte en los textos constitucionales provinciales que comenzaron a estructurarse en los años siguientes. Entre ellos, el Estatuto Provisorio Constitucional de Entre Ríos de 1822 es un caso comprobable.

Aquel estatuto entrerriano, sancionado durante la administración de Lucio Norberto Mansilla, abrevó en el lenguaje de los derechos, las garantías individuales y la división de poderes ensayado en 1815. Reprodujo casi textualmente tres cláusulas de 1815 (arts. 97 a 99) y compartió con él una preocupación central: poner coto al despotismo, reconocer derechos intangibles a los habitantes y dotar de bases institucionales sólidas a una provincia decidida a gobernarse a sí misma como parte de las Provincias Unidas.

En Entre Ríos, esa tradición tuvo una relevancia particular. La provincia comprendió temprano que la organización nacional no podía significar la restauración del monopolio porteño ni la sumisión de los pueblos del interior. La defensa de las autonomías provinciales, la libre navegación de los ríos y la integración comercial no eran expresiones de separatismo, sino condiciones de una república real y no meramente nominal.

Recuperar este documento significa rescatar una veta fundamental de nuestra mejor tradición liberal, republicana y federal. El Estatuto Provisional de 1815 duró poco tiempo y evidenció limitaciones propias de su época. Sin embargo, tuvo la virtud de sembrar principios cardinales que aún nos rigen. Recordarlo nos reencuentra con la certeza de que la libertad y la igualdad son principios irrenunciables de nuestra génesis constitucional que estamos obligados a defender siempre.

 

Publicado en el diario La Calle el 8 de noviembre de 2026.

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domingo, 1 de noviembre de 2026

7 DE OCTUBRE, TRES AÑOS DESPUÉS

Por José Antonio Artusi

Hace poco más tres años, el 7 de octubre de 2023, se perpetró la mayor masacre de judíos desde el Holocausto. Al cumplirse el primer aniversario escribí que al dolor por la barbarie y la tragedia se había sumado otro: el de constatar la indiferencia, la relativización y hasta el aplauso de muchos. Hoy, tres años después, no queda ningún rehén en Gaza. Los vivos regresaron a sus hogares en octubre de 2025 y los muertos, por fin, pudieron ser llorados y sepultados por sus familias. Lo que entonces era una ominosa ola de antisemitismo y de antisionismo se ha convertido en marea, y el prejuicio se ha instalado como sentido común, especialmente entre los jóvenes. Lo más grave es el clima intelectual y moral que lo hace posible, y su pieza central es una palabra: genocidio.

El término fue acuñado para nombrar un crimen específico: el exterminio deliberado de un grupo nacional, étnico o religioso. La Convención de 1948 exige, además de ciertos actos materiales, una intención particular, el propósito de aniquilar al grupo. Eso fue el Holocausto. Eso fue Ruanda, donde se asesinó a cientos de miles de tutsis. Eso fue el genocidio de los armenios.

Nada de eso se parece a una guerra librada contra una organización terrorista que se atrinchera en túneles bajo hospitales y escuelas, que usa a su población civil como escudo y que ha hecho del sufrimiento de su propio pueblo un instrumento de propaganda. Es una guerra atroz, cruel y dolorosa, como lo son todas. Pero un ejército que advierte a la población con anticipación, abre corredores de evacuación y permite y facilita el ingreso de ayuda humanitaria; aun entre críticas y obstáculos que pueden y deben discutirse, no se comporta como quien persigue exterminar a un pueblo. Vale la pena reiterarlo, genocidio es lo que Hamas quiere hacer y no puede, y lo que Israel puede hacer y no quiere.    

Las cifras de víctimas que se repiten como un mantra provienen de un ministerio controlado por Hamas, que no distingue entre civiles y combatientes. La historia reciente muestra que combatir al terrorismo en medio de las ciudades produce un número terrible de víctimas civiles. Sin embargo, nadie habló de genocidio en otros casos muchísimo peores. Ningún tribunal internacional ha dictado sentencia declarando que en Gaza haya ocurrido un genocidio. Las acusaciones provienen de informes y resoluciones de organismos políticos, y de una campaña mediática y digital de una eficacia extraordinaria.

La muerte de civiles inocentes es una tragedia genuina y merece nuestro dolor siempre. Se puede y se debe criticar al gobierno de Israel cuando corresponde, como lo hacen todos los días los propios israelíes, en las calles, en la prensa y en el Parlamento, un privilegio que ningún ciudadano de los países vecinos conoce. Pero criticar una conducción militar y política es una cosa, y acusar de genocidio a las víctimas de la mayor masacre antijudía desde 1945 es otra muy distinta. Es la inversión del Holocausto. Y cuando todo es genocidio, nada lo es: quienes usan la palabra como arma arrojadiza vacían de significado al peor de los crímenes y ofenden la memoria de las víctimas genuinas.

¿Cómo se explica que tantos jóvenes, que se perciben como progresistas y bienintencionados, hayan abrazado esta falacia? Primero, por el medio. Una generación que se informa en videos de quince segundos, con algoritmos que premian la indignación y castigan el matiz, difícilmente pueda discernir una guerra compleja. La imagen del niño muerto, trucada o auténtica, es desgarradora y circula sin contexto; la del terrorista que lo usa como escudo o la del impostor no cumplen las reglas del formato.

Segundo, por el marco. Una parte de la academia y de la izquierda occidental ha reemplazado el pensamiento crítico por un catecismo binario y maniqueo de opresores y oprimidos, que asigna a cada pueblo un lugar fijo en el reparto moral. En ese esquema, el judío, perseguido durante dos mil años, es presentado como «colono blanco», aunque casi la mitad de los israelíes descienda de judíos expulsados de los países árabes y buena parte del resto sean los sobrevivientes de Europa y sus hijos. Los hechos molestan menos que la consigna.

El resultado es una paradoja macabra. Jóvenes que desfilan con banderas feministas y de diversidad sexual defienden a organizaciones que someten a las mujeres y persiguen a los homosexuales hasta la muerte. Quienes proclamaron «ni una menos» guardaron silencio ante las mujeres israelíes violadas y mutiladas salvajemente el 7 de octubre.

En las consignas que se corean en esas manifestaciones se condensa todo lo demás. «Desde el río hasta el mar, Palestina será libre» no describe meramente una aspiración nacional legítima, la de un pueblo a tener su propio Estado. Describe una geografía precisa: el espacio que va del Jordán al Mediterráneo es exactamente el territorio de Israel, de modo que un Estado palestino «libre» en toda esa extensión sólo puede lograrse con la desaparición del Estado de Israel. Y la pregunta que jamás se responde es qué ocurriría con los millones de judíos que viven allí en ese caso. La respuesta contundente la dio Hamas el 7 de octubre: la «liberación» consistió en entrar casa por casa, asesinar familias enteras, violar, mutilar y secuestrar a ancianos y niños, y uno de sus dirigentes anunció después que lo repetirían «una y otra vez». Quien pide una Palestina libre de judíos y no tiene respuesta para lo que ocurre con ellos está pidiendo, lo sepa o no, su expulsión o su exterminio. Muchos jóvenes repiten la consigna sin advertir de qué hablan. Pero la ignorancia de quien la entona no altera su contenido, y ese contenido, inevitablemente, implica el genocidio del pueblo judío.

Lo más preocupante es que la patraña ya no habita sólo las redes ni los campus. Ha llegado a los partidos políticos y a los despachos oficiales, con la autoridad que eso supone.

En Inglaterra el Partido Verde aprobó una moción que define al sionismo como una forma de racismo, reivindica el «derecho a resistir» de los palestinos y propone un Estado único en toda la Palestina histórica. Es difícil encontrar mayor despropósito. El sionismo es el movimiento de autodeterminación del pueblo judío, nacido en el siglo XIX al calor de las persecuciones europeas. Declararlo racista equivale a negar a los judíos, y sólo a ellos, lo que se reconoce sin discusión a cualquier otro pueblo: un hogar nacional. Equivale, además, a declarar racistas a la inmensa mayoría de los judíos del mundo, para quienes Israel forma parte de su identidad. Es la resurrección de aquella resolución de la ONU de 1975, que la propia Asamblea General tuvo que derogar en 1991. Y ese «derecho a resistir», tres años después, sólo puede significar el derecho de quienes violaron, asesinaron, quemaron y secuestraron.

En Nueva York, por su parte, el alcalde Zohran Mamdani conmemoró este 7 de octubre con un comunicado digno de estudio. Comenzó expresando su dolor por los «horribles crímenes de guerra» de Hamas y por la pérdida «inimaginable» de sus víctimas. A renglón seguido acusó a Israel de un «genocidio en curso», repitiendo como propias las cifras del ministerio de Hamas. Es el viejo recurso del «sí, pero»: se llora a las víctimas con una mano y con la otra se las convierte en victimarios. Se trata del mismo alcalde que presentó la primera estrategia municipal contra el antisemitismo. Un alcalde que se dice amigo de la comunidad judía de la ciudad con una de las mayores comunidades judías del mundo, pero que sólo sabe acompañar su duelo a condición de acusarla de lo peor.

La retórica que hoy seduce a tantos en Occidente tiene una genealogía precisa, y no es ni liberal ni progresista. Es la del extremismo islamista, que tiene un proyecto claro y declarado: una teocracia reaccionaria, retrógrada y fundamentalista; en la que imperen la sumisión de las mujeres y la persecución de los homosexuales, la abolición de la libertad de conciencia y la destrucción del Estado de Israel como primer paso. No lo ocultan. Lo han puesto en práctica, desde el régimen iraní que reprime a quienes protestan por un velo mal colocado hasta los talibanes afganos que expulsaron a las mujeres de las escuelas.

Lo que logran es disfrazar esa agenda reaccionaria con el lenguaje de la liberación y del anticolonialismo. Se apropian de los símbolos del progresismo para vaciarlo de contenido. Y encuentran del otro lado a una multitud entusiasta de «idiotas útiles» que les prestan voz, calles, universidades y, como vimos, partidos y gobiernos. Los primeros en pagar el precio de ese proyecto, si triunfara, serían precisamente muchos de quienes hoy lo aplauden: las mujeres, los homosexuales, los disidentes, los librepensadores.

La paz verdadera no vendrá de la mano de quienes edulcoran a los verdugos y relativizan o directamente reivindican sus crímenes, sino de su completa derrota política y moral.

 

 

Publicado en el diario La Calle el 1º de noviembre de 2026.

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