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Día del Ambiente: más asignaturas pendientes que motivos para festejar en Entre Ríos

Por José Antonio Artusi 

La Constitución provincial de Entre Ríos reformada en 2008, poco conocida y mucho menos aplicada, introdujo avances significativos en materia ambiental. 

 La reforma del 2008 consagró nuevos derechos, introdujo principios rectores de la política ambiental, y creó – con espíritu programático y detallista, - numerosos instrumentos concretos que los poderes públicos deben implementar en defensa de la salud ambiental. 

Sin embargo, a casi 5 años de aquel proceso reformista, la mayoría de los nuevos derechos e institutos permanecen sin reglamentar, los instrumentos de política ambiental con rango constitucional prácticamente no se aplican, y la realidad muestra déficits y problemas crecientes que inciden negativamente en la calidad de vida de nuestro pueblo, sobre todo de los sectores más desposeídos. 

El artículo 22 introdujo el derecho “a vivir en un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones futuras”; así como el deber de todos los habitantes de “preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común”. Con buen criterio, los convencionales plasmaron una visión humanista, en la que el fin último es el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida. Desde una visión integral, y desde una perspectiva de derechos, por lo tanto, el derecho al ambiente sano es un derecho social, que interactúa con otros, el derecho a la vivienda, a la ciudad, al agua, a la energía, al trabajo, a la salud, a la educación. Contrastando brutalmente con el carácter universal de la norma, sin embargo, todos sabemos que los más pobres son los que más sufren los problemas socio-ambientales. Decenas de miles de entrerrianos no tienen acceso a una vivienda digna ni a un trabajo decente, viven en áreas degradadas y vulnerables y son los más afectados por problemas tales como los basurales a cielo abierto, la combustión de residuos, la contaminación del aire en viviendas insalubres, la falta de tratamiento de los líquidos cloacales, la degradación de los arroyos urbanos, el riesgo de inundaciones, etc.. El artículo 83 establece que “el Estado fija la política ambiental” y garantiza la aplicación de los principios que deben regirla: sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad. 

El artículo 84 dispone que “un ente tendrá a su cargo el diseño y aplicación de la política ambiental”, y crea algunos instrumentos: la evaluación ambiental estratégica, un plan de gestión estratégico, el estudio y evaluación de impacto ambiental y acumulativo, el ordenamiento ambiental territorial, los indicadores de sustentabilidad, el libre acceso a la información (¿alguien sabe qué pasó con el monitoreo a la ex Botnia y al río Gualeguaychú?), la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten derechos, la educación ambiental, un fondo de recomposición ambiental, áreas protegidas, etc.. Todo muy lindo, si no fuera letra muerta. 

La reglamentación de todos estos artículo está prevista en el proyecto de ley de marco ambiental (expediente 18.530), que fue aprobada por unanimidad el 31 de Marzo de 2011 en la Cámara de Diputados y remitida al Senado el 20 de Abril de ese año, sin que hasta la fecha los senadores se hayan dignado a tratarlo. La falta de interés del partido de gobierno por estas cuestiones se refleja también en la falta de remisión de proyectos de ley a la Legislatura por parte del Poder Ejecutivo para reglamentar estos nuevos derechos e institutos de política ambiental. El proyecto de ley de marco ambiental fue el producto de una ardua labor llevada a cabo, con una metodología participativa para la elaboración de la norma, en el seno de una comisión especial creada por iniciativa del diputado Jorge Kerz, y contiene aportes tanto de actores de la sociedad civil entrerriana como de asesores calificados y de la FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales), prestigiosa organización no gubernamental con amplia trayectoria en materia de derecho ambiental. 

 Podría mencionar otros proyectos de ley, en este caso de mi autoría, que avanzaban en procura de mejores condiciones ambientales, que ni siquiera fueron tratados en Diputados: - Proyecto de ley de acondicionamiento térmico en edificios (expediente 18.825). - Proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso del suelo (expediente 18.607). - Proyecto de ley de gestión integral de residuos domiciliarios (expediente 17.691). - Proyecto de ley de calidad de agua de playas (expediente 16.985). - Proyecto de ley de información ambiental (expediente 16.765). - Proyecto de ley creando el Instituto Provincial de de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (expediente 16.611). 

 Podríamos mencionar también numerosos proyectos de resolución, así como diversos pedidos de informes, que jamás fueron respondidos por el Poder Ejecutivo. 

 Es hora de cambiar, es hora de tomar en serio lo que manda la Constitución, y cumplirlo. Para que cada año, el 5 de Junio, tengamos más motivos valederos para festejar y menos asignaturas pendientes.- 

José Antonio Artusi fue diputado provincial entre 2007 2011.-

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A LA TERMINAL Y EL MERCADO LOS DEFENDEMOS EN LA PLAZA

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La Asociación de ex alumnos del Colegio del Uruguay reclamó su jerarquización y autonomía

Textual: Comunicado de la Asociación de ex alumnos del Colegio del Uruguay "Justo José de Urquiza" / Hace 10 años, nuestra Asociación publicó una solicitada con el título, “Cuidemos al Colegio”, que en última instancia, bien puede sintetizarse en, cuidemos a los jóvenes y a las futuras generaciones. Hoy la volvemos a reiterar, por cuanto la mayoría de nuestras propuestas no se han cumplido, especialmente las relacionadas a su jerarquización y autonomía. 

Su participación democrática, a través de los claustros representativos de cada sector de su comunidad educativa, que acompañan al cuerpo de directivos tuvo dos intentos, la creación de la Comisión Asesora Docente (CAD) – órgano de cogobierno - y el actual Consejo Académico, creado luego de su transferencia a la FCYT, los que sin embargo no han logrado los objetivos de descentralización que se perseguían.- La primera, fue disuelta por el ex Rector y actual Decano, Profesor Marino Schneeberger, por no estar comprendida dentro de la normativa del Estatuto provisorio de creación de la UADER, después de haber funcionado durante dos años eficientemente y la segunda, funciona con muchas restricciones, sin atribuciones, ni respuestas, de las vías jerárquicas superiores a las del Colegio, en razón de la falta de normativas claras al respecto. No existen ámbitos de discusiones de los intereses académicos y pedagógicos del Colegio del Uruguay, en el ámbito de la Facultad, ni Universidad, como tampoco ni voz ni voto en ningún estamento de la Universidad; a pesar de los años transcurridos, casi 13, de la creación de UADER, no se ha logrado mejorar estatutariamente la posición del Colegio, en dicha Universidad, pasando en dichos años, por cuatro dependencias, en última instancia, depende de una maraña burocrática, que atenta contra la eficacia de la gestion. No se puede entonces, buscar chivos expiatorios y/o responsables directos de tal situación, sino la de atacar las raíces del problema, las que pasan en nuestra opinión, por el reconocimiento de un status jurídico particular del Colegio del Uruguay, que contemple su enorme trayectoria que ha tenido y tiene en la educación y en la cultura de nuestro país. Nuestra propuesta es la de siempre, Jerarquizarlo, otorgándole la mayor autonomía de gestión y descentralización posible; que sea conducido por órganos de gobierno, del propio Colegio, que funcionen en esta ciudad, como lo es por ejemplo el del Nacional Bs. As. dependiente de la UBA, de notorio prestigio, sin perjuicio de los problemas generales que tiene la educación media en este país. Ello permitiría, adoptar decisiones rápidas y de fondo, con las ventajas propias que da la inmediatez y el gobierno local, que conoce los problemas reales del Colegio. Por vía periodística, hemos tomado conocimiento de denuncias, cuyo real contenido ignoramos, contra su actual Directora (ya no es más rectora), profesora Celia Dangelo, quien gano por concurso, de antecedentes y oposición, con defensa en clase publica dicho cargo. Nuestra Asociación conoce, sus intenciones y acciones de producir cambios en los breves dos años de gestión, y los esfuerzos que ha puesto, al servicio de estos objetivos, y especialmente el de generar un sentimiento de pertenencia de toda la comunidad educativa a esta casa histórica, de la mano de un proyecto educativo en marcha. Ello sin perjuicio de que no podemos abrir juicio, sobre la entidad, seriedad y alcances de los hechos denunciados, cabe destacar, que las investigaciones sumarias incoadas, contra la nombrada profesora, deben tener su trámite regular, respetando el amplio derecho de defensa que le asiste, en aras de obtener certeza, acerca de la veracidad de las denuncias, incluso de los delitos que se le atribuyen, los que por su gravedad ameritan una amplia y profunda investigación y una respuesta oportuna, acerca de sus resultados. Pero no es menos cierto, que los problemas del Colegio, no se centran en su actual dirección, sino en los ya anoticiados déficit, en la normativa vigente respecto al Colegio. Actualmente es un Colegio más, equiparado legalmente a la escuela Normal de Paraná, escuela Alberdi, escuela Almafuerte, colegio de Crespo,. Depende de la Facultad de Ciencia y Técnologia, que a su vez tiene su sede en Oro Verde, por lo que los trámites y admisiones respectivas, deben iniciarse en esta ciudad, quien a su vez la deriva a la sede de la Facultad y de ahí pasan al Rectorado de la UADER, lo que en la práctica ocasiona un dispendio de actividades administrativas, demoras significativas en los trámites y en general una falta de respuesta oportuna y adecuada a las inquietudes que se van planteando en su administración, o sea el Colegio, en realidad, es comandado desde Oro Verde y Paraná y por medio de expedientes, que nunca parecen tener fin, postergándose temas importantes, como lo son, gestiones relacionadas a Títulos, resoluciones de designaciones de docentes, de la mano de demoras en la liquidación de sus haberes, sistema de coberturas de los cargos y horas cátedras, falta de reconocimiento de títulos, disminución de cargos y horas, normativas claras especificas para el nivel medio, lo que genera un trabajo a destiempo y hasta retroactivo, trabando de manera indudable, su funcionamiento y abortando cualquier intento de cambio o de soluciones rápidas, que impone una buena administración. Los cambios que deben operarse, para que el Colegio cumpla con su función de caras al S. XXI, que impone una educación de calidad, un acceso igualitario y fundamentalmente la equidad educativa, que permita otorgar a los jóvenes, una herramienta imprescindible, para su desarrollo personal y social y su inserción en el mundo laboral, cada vez más exigente. Estos desafíos, seguramente serán compartidos por otros sectores, vinculados a la educación, que coinciden en el núcleo central de esta propuesta. Por ello es, que hemos decidido convocar a nuestros representantes en el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Senadores d la Provincia para el tratamiento de esta problemática y fundamentalmente el de lograr coincidencias, en torno al mejoramiento de la posición del Colegio, a través de un proyecto consensuado, que contemple los objetivos centrales de nuestra propuesta. Creemos sinceramente, que este es el mejor camino, no distraernos en cuestiones accesorias, para recuperar, el viejo prestigio del Colegio, su enorme tradición cultural y educativa, las que están muy por encima de los intereses personales, sectoriales, de grupos o partidos políticos, para colocar al Colegio nuevamente, entre las principales casas de estudio del país, en el nivel medio.- 
Fdo. HECTOR FIDEL RODRIGUEZ-HUGO AUGUSTO BACIGALUPO -MIGUEL ANGEL MARSIGLIA GUILLERMO GUINI – MARIO ORLANDO COOCK – HUGO BERWART- FRANCISCO GUARINA- JORGE ACRICH- ELSA ARTUSI- Leer más...

Reforma de la Justicia: ASÍ NO

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Trabajo de investigación de la Cátedra de Planificación Urbanística reconocido por la CEPAL

Un trabajo de investigación de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay obtuvo una "Mención Honorífica" en las Primeras Jornadas de Planificación organizadas por el ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 
El documento fue elaborado por los integrantes de la Cátedra, Arq. Esp. Graciela Falivene, Arq. Patricia Costa, y Arq. José Antonio Artusi, con la colaboración de los estudiantes avanzados Guillermo Arrejoría y Roxana González. En representación de la Cátedra, la Arq. Graciela Falivene expuso el trabajo - sobre "Aplicación de indicadores de sostenibilidad urbana a la vivienda social" - en el marco de las Jornadas que tuvieron lugar en Santiago de Chile pasado día 23 de Abril.
El trabajo "tuvo una evaluación sobresaliente por parte del Comité Académico, tanto por la calidad como por la originalidad de la investigación". El trabajo expone los avances en el marco de un proyecto de investigación denominado: “Los conceptos de sostenibilidad urbana aplicados a la Producción y Evaluación de la vivienda social”, articulando con los Seminarios sobre “Una visión urbana de la vivienda social. Hacia la construcción de indicadores de sostenibilidad”. El objetivo general es optimizar la inversión pública en vivienda social para colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Concepción del Uruguay, a partir de la aplicación de los conceptos de Sostenibilidad Urbana a la evaluación y mejora de las intervenciones en vivienda social existente y de la elaboración de recomendaciones para su diseño, ejecución y gestión. En la caracterización de la ciudad se sostiene en el texto que "Concepción del Uruguay se presenta como un territorio con una peligrosa tendencia a la consolidación de patrones de segregación social urbana hasta hace poco desconocidos en nuestro medio. El deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, que no encuentran en las políticas públicas una respuesta efectiva a las demandas de vivienda digna, hábitat adecuado para el desarrollo humano y en general al derecho a la ciudad, genera un peligroso caldo de cultivo que deslegitima el potencial de la planificación y gestión urbana colectiva y termina naturalizando una especie de “sálvese quien pueda”, frente al cual prácticamente cualquier intervención, por pequeña que sea, termina siendo una concesión graciosa del poder, y que por ende termina reforzando relaciones clientelares de dominación."
Un punto que se destaca en la investigación es "el relativo a la cuestión de la vivienda, caracterizada por la combinación de patrones diversos de localización residencial, en función la estratificación socio-económica. Así, por un lado, vastos sectores marginados del empleo formal y/o de ingresos suficientes para acceder al suelo propio a través de los mecanismos del mercado recurren a la práctica usual en las ciudades latinoamericanas en estos casos, la urbanización popular, ocupando de manera irregular terrenos fiscales o privados y construyendo con su propio esfuerzo las viviendas y hasta podríamos decir el hábitat. Por otro lado, el Estado favorece procesos de segregación residencial a través de la construcción de viviendas en conjuntos generalmente mal localizados, cada vez en áreas más periféricas y menos consolidadas, privadas de servicios públicos y equipamiento comunitario adecuados, alejados de toda centralidad urbana, como consecuencia de la primacía de intereses privados vinculados a la construcción y a la especulación inmobiliaria en la determinación de la provisión del suelo para estos conjuntos."
Un aspecto llamativo que destaca el trabajo es "que la expansión hacia áreas periféricas y la expansión descontrolada, que el propio Estado favorece, no se compadece con la presencia de una importante cantidad de superficie de suelo vacante en el área consolidada, expresión evidente de la especulación inmobiliaria, que sin embargo aparece invisibilizada, naturalizada por la opinión pública, como si fuera una consecuencia legítima e inevitable del derecho de propiedad, a pesar del reconocimiento constitucional de su función social en la reforma del 2008."La aplicación de los indicadores se realizó en una muestra de 12 casos, de un total de 64 conjuntos de vivienda social. Para el estudio se consideró la superficie del conjunto y la superficie de la malla de referencia entre 200 y 400 mts. de lado, esto permite ampliar el análisis al entorno inmediato de los conjuntos de viviendas. Al analizar los casos seleccionados se puede observar que la mayoría de los indicadores no verifican, definiendo sectores caracterizados por procesos de segregación residencial/urbana y exclusión social.
En las recomendaciones se enfatiza "la necesidad de poner en marcha políticas intersectoriales, que hagan foco en los procesos de construcción social del hábitat y en la promoción del conjunto de derechos contenidos en el derecho a la ciudad, más que en soluciones sectoriales reducidas a la provisión de un techo. Es imperioso a su vez evaluar con sentido crítico los programas del IAPV, sacando a la luz las auditorías del FONAVI y sumando evaluaciones locales con participación ciudadana y del mundo académico, evitando que las propias acciones del Estado contribuyan a perversos procesos de segregación residencial y estigmatización de los sectores populares", y que "la vivienda debe, para no caer aceleradamente en déficit, tener un espacio adecuado, los servicios apropiados, la accesibilidad, la seguridad, la privacidad, y las posibilidades de interacción comunitaria que sean requeridas para que esto suceda. Los indicadores urbanos son una buena herramienta para planificar y rediseñar intervenciones públicas en viviendas, ya que permiten tener una visión urbana multidimensional e integradora".-Leer más...