Diputados provinciales de Santa Fe de seis bloques diferentes han dado hace pocos días un verdadero ejemplo. Producto de un intenso trabajo en común han acordado un proyecto unificado de ley provincial de ordenamiento territorial. Se encaminan de esta manera a estar más cerca de contar con una ley necesaria que requiere amplios acuerdos políticos tanto como rigor técnico.
En Entre Ríos deberíamos hacer algo similar. Es
preciso recordar que hay dos proyectos sobre esta cuestión en la Cámara de
Diputados desde 2018, uno que presentamos con Gabriela Lena y Jorge Monge y
otro del Poder Ejecutivo que ingresó poco después. Aunque llamativamente están
en diferentes comisiones, ambos cuentan todavía con estado parlamentario. Por
otro lado, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación está
impulsando la sanción de leyes provinciales en esta materia, y a tal efecto ha
dictado la Resolución 44/2021.
Son muchas las razones que marcan la necesidad de
contar con una ley de ordenamiento territorial, en Santa Fé, en Entre Ríos, y
en todas las provincias argentinas. Sólo unas pocas, como Buenos Aires, Mendoza
y Jujuy, pueden mostrar normas vinculadas a esta problemática. Algunas de estas
razones están claramente expuestas en el Documento de Política Nacional Urbana,
que con la cooperación de ONU Hábitat se publicó en 2018. Allí se expresa, por
ejemplo, que “las tendencias actuales de urbanización en Argentina traen como
consecuencia marcadas desigualdades sociales, económicas y territoriales. El
avance de estas tendencias y problemáticas dan cuenta de un sistema
administrativo fragmentado, en el que la ausencia de instrumentos jurídicos y
de gestión integrales no ha permitido a los gobiernos de los distintos niveles
lograr la coordinación y articulación para gestionar y planificar las ciudades
y el territorio”. A su vez, se manifiesta con notable contundencia en ese
excelente y poco conocido texto que “la ausencia del Estado en la planificación
y la gestión territorial ha contribuido a la expansión urbana de baja densidad
y a la consolidación de un mercado de suelo urbano caracterizado por la
usurpación, la especulación y la desigualdad. La escasez de instrumentos que
regulen el mercado de suelo, junto con instrumentos de gestión local
ineficientes e instituciones debilitadas, han favorecido el desarrollo de
ciudades desiguales, socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y
ambientalmente insostenibles”.
Los problemas que se generan por la falta de este
tipo de normas son numerosos y se combinan para afectar la capacidad de los
gobiernos locales y provinciales para ordenar adecuadamente el territorio como
soporte para el desarrollo sostenible. Entre esos problemas podríamos mencionar
los siguientes:
-
La falta de un marco normativo
nacional y provincial de ordenamiento territorial impide que se fijen
principios y se implementen instrumentos concretos para planificar la
construcción de un hábitat equitativo y apto para el desarrollo humano.
-
Falta de articulación de las
políticas territoriales con las demás políticas sectoriales de promoción del
desarrollo, sobre todo con la política económica, en general, y con la
tributaria en particular.
-
Escaso aprovechamiento de las
potencialidades de las políticas de suelo como herramientas de planificación,
recaudatorias, redistributivas, y de promoción del desarrollo.
-
Dificultades para financiar el hábitat
urbano. Falta de instrumentos de recuperación y reinversión de plusvalías
urbanas generadas por las acciones públicas.
-
Incremento de asentamientos
informales con gran vulnerabilidad socio ambiental.
-
Ciudades poco densas, con
elevada superficie de suelo ocioso en áreas consolidadas, con el consiguiente
encarecimiento en la prestación de servicios y provisión de
infraestructuras.
-
Baja capacidad técnica y de
gestión de los gobiernos locales para encarar procesos de ordenamiento
territorial.
-
Falta de presupuestos mínimos
para garantizar derechos básicos en todo el territorio provincial.
-
Déficits habitacionales y
deterioro ambiental. Ciudades y territorios cada vez menos planificados, con
procesos descontrolados y conflictivos de expansión urbana hacia las
periferias.
-
Ciudades con sectores cada vez
más segregados socialmente y desconectados entre sí, con una pérdida progresiva
de los tradicionales atributos integradores del espacio público.
-
Déficits de espacios verdes y equipamiento
comunitario.
-
Déficits específicos de
movilidad, gestión de residuos, agua potable y saneamiento, etc..
Están dadas las condiciones para que en Entre Ríos el
ordenamiento territorial deje de ser la Cenicienta de las políticas públicas, y
que se generen todos los debates necesarios para que podamos contar a la mayor
brevedad posible con normas e instrumentos modernos y eficaces que permitan a
los gobiernos locales y a la administración provincial planificar y gestionar
adecuadamente para construir ciudades y territorios cada vez más prósperos,
justos, sostenibles, seguros y saludables. Que el ejemplo de nuestros hermanos
santafesinos nos sirva como un aliciente para avanzar en ese sentido.-
Publicado en el diario La Calle el día 15 de mayo de 2022.-
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