ELIMINAR EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Por José Antonio Artusi

Los datos publicados en la página oficial de la Provincia de Entre Ríos referidos a la ejecución presupuestaria del primer semestre nos permiten hacer algunos análisis y consideraciones que confirman, lamentablemente, algo que no constituye ninguna novedad, y que afirmábamos el año pasado: Entre Ríos es una provincia que recauda mal y gasta cada vez peor. Pero hoy nos centraremos en la recaudación.

Decíamos el año pasado que “uno de los datos novedosos es el insólito superávit que exhiben las cuentas públicas del fisco entrerriano”.  La provincia pudo exhibir un resultado financiero positivo de alrededor de 2000 millones de pesos en 2020, tras una década de déficits constantes, y de más de 18.500 millones en 2021. En el primer semestre del 2022 el superávit supera los 11.500 millones.

Decíamos también, y reiteramos ahora, que “este superávit es mentiroso porque se explica, entre otros factores, por el atraso salarial del sector público provincial y por la crónica subejecución de la inversión en obra pública y bienes de capital. Ambos tendrán consecuencias gravosas y repercutirán negativamente, afectando las posibilidades de emprender un camino de crecimiento y desarrollo sostenible”.

Volvamos a la cuestión de la recaudación. El impuesto a los ingresos brutos, el más regresivo y distorsivo de todos, representó en 2015 el 62,40 % de la recaudación de impuestos provinciales. Desde hace años, la incidencia de esta absurda gabela medieval en la recaudación propia muestra una tendencia a aumentar. Es así que en el primer semestre de este año significó el 67.41% de la recaudación propia, en términos absolutos unos $ 28.152 millones.      

En una publicación del Consejo Empresario de Entre Ríos se sostiene, con razón, que el impuesto a los ingresos brutos “es más regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso y más distorsivo desde el punto de vista de los incentivos a la producción y a la productividad. Perjudica la distribución del ingreso porque recae sobre los consumidores sin discriminar por su nivel de ingreso, perjudica la producción porque impone un sobreprecio no productivo a los bienes y servicios intermedios, y perjudica la productividad porque castiga la división del trabajo”.

En 2017 el diputado Eduardo Conesa presentó un proyecto de ley para implementar una profunda reforma tributaria, articulando los niveles nacional y provincial. En los fundamentos de esa iniciativa el Dr. Conesa afirmaba que “debido a su carácter multifásico y acumulativo a lo largo de toda la cadena productiva, el impuesto a los ingresos brutos genera discriminación en perjuicio de los bienes y procesos que requieren gran número de etapas, induciendo artificialmente a adoptar modos de organización empresarial que busquen economizar el impuesto a través de la reducción del número de etapas, es decir, a través de la integración vertical, en algunos casos en desmedro de la eficiencia y productividad. Desde el punto de vista económico, genera un efecto piramidal que incrementa el costo de los bienes y servicios y que, en definitiva, es soportado por los consumidores finales. Este efecto de piramidación se genera cuando los agentes económicos buscan mantener en términos relativos el mismo margen de utilidad respecto de sus costos, los cuales incluyen al impuesto. Si bien la posibilidad de que los agentes económicos mantengan el mismo margen de utilidad en términos porcentuales respecto del precio de compra dependerá del mercado (de la elasticidad precio de la demanda del bien), lo importante es resaltar que la piramidación es un resultado no deseado en economía… la eliminación del impuesto a los ingresos brutos en todas las jurisdicciones del país permitiría una rebaja promedio en los precios de los bienes de consumo del orden de un 6,13% con un máximo de 9% y un mínimo de 3,5% y un desvió estándar del 1,3%. Pero si ponderamos los rubros de la matriz insumo producto utilizando las ponderaciones que actualmente utiliza el INDEC para calcular el índice de Precios al Consumidor, el impacto en la canasta del IPC sería mucho mayor, alcanzando el 12,38%. Por consiguiente, se ratifica que la adopción de esta propuesta traería una considerable mejora en los salarios reales de los trabajadores del orden del 12% basada en una genuina mejora de la eficiencia y la productividad de la economía. Los impuestos a los ingresos brutos constituyen una carga que desalienta a los exportadores pues no se reintegra a ellos, como es caso del IVA… son gabelas que retrasan el crecimiento económico, disminuyen los salarios reales y frenan la actividad económica.” En su libro “Economia Política Argentina”, Eduardo Conesa agrega que “lo lamentable es que el nuevo gobierno asumido el 10 de Diciembre de 2019 autorizó a las provincias por ley a aumentar el impuesto a los ingresos brutos, lo cual significa bajar los salarios reales y desalentar las exportaciones… En otras palabras, el impuesto provincial a los ingresos brutos es un desastre regresivo antipopular y antidesarrollo”.

El consenso fiscal logrado por el gobierno del Presidente Macri en 2017 fue un evidente y notorio avance en este sentido, tendiente a reducir las alícuotas de este pésimo tributo. Lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández ha revertido ese avance. Pero algún día habrá que eliminarlo, por completo y para siempre, para todas las actividades económicas. Y se puede, como podrá comprobar quien analice los argumentos y las cifras expuestos por el Dr. Eduardo Conesa en su proyecto de ley y en su libro.-

Publicado en el diario La Calle el día 14 de Agosto de 2022.-