Por José Antonio Artusi
Mañana se cumplirán 140 años de la ley nacional
1420; de educación común, pública, laica, gratuita y obligatoria. El 8 de Julio de 1884 el presidente Julio
Argentino Roca y su ministro de Instrucción, Eduardo Wilde, promulgaron la
norma que había sido sancionada por el Congreso luego de duros y apasionados
debates. Discusiones y controversias que seguirían luego, y que llegarían
incluso hasta el siglo XX.
Ya hemos dicho en esta hoja que “la tarea para
llegar a esa ley trascendente no había sido sencilla ni había estado exenta de
conflictos y arduas polémicas. Lo que no había logrado el erudito Sarmiento lo
conseguía el militar Roca, acompañado del médico Wilde y del abogado Onésimo
Leguizamón, en ese entonces diputado nacional, otro ex alumno del histórico
colegio”; en referencia al Colegio del Uruguay fundado por Urquiza, el primero
laico del país.
Reivindicar la ley 1420 y el legado de sus
impulsores dista de constituir una mera actitud nostálgica y trasciende la
formalidad de las efemérides. Se torna más bien una necesidad imperiosa, en
momentos en los que los valores de la modernidad son asediados en todo el mundo
por tendencias reaccionarias de diverso signo basadas en dogmatismos intolerantes
y en concepciones totalitarias e integristas que resultan absolutamente
incompatibles con la esencia del sistema republicano consagrado en nuestra
sabia Constitución nacional de 1853.
Una democracia republicana madura y consolidada
requiere hacer realidad el mandato sarmientino de “educar al soberano”; demanda
ciudadanos responsables, formados e informados, que participen activamente en
la cosa pública, que asuman plenamente su rol de mandantes de los funcionarios
públicos, circunstanciales mandatarios designados por la voluntad popular para
desempeñar responsabilidades públicas en períodos acotados de tiempo. En esa
tarea, el sistema educativo que iguala, que libera, que nos hace compatriotas,
que enseña e inculca los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad
adquiere una significación política trascendente.
También cobra relevancia el rol de la educación
en el desafío de brindar herramientas para que todas las personas adquieran
habilidades y capacidades para desempeñarse en el ámbito económico,
contribuyendo con su trabajo a la prosperidad general, incorporando elementos
que son cada vez más necesarios en una sociedad en la que la economía del
conocimiento y la innovación tecnológica serán determinantes.
No menos significativa es la necesidad de
contar con un sistema educativo que integre y fortalezca los vínculos de
solidaridad social, que haga que las nuevas generaciones se sientan parte de
una comunidad que no sólo comparte un pasado histórico, sino que también es
capaz de confluir en un proyecto común a futuro, en la búsqueda del logro
paulatino de mejores condiciones de vida para todos.
Adrián Pignatelli1, refiriéndose al
presidente Roca, señala que “los furibundos ataques de la iglesia y el
enfrentamiento producido por la ley 1420, sumadas a la creación del registro
civil hizo que expulsara al nuncio apostólico Luis Mattera y se rompieran
relaciones con la Santa Sede, que él se ocuparía de reestablecer durante su
segunda presidencia… Por la ley del Registro Civil, la iglesia católica perdía
las atribuciones de siglos de anotar nacimientos, casamientos y defunciones” y
recuerda que Félix Luna, en “Soy Roca”, le hace decir que esa norma y la ley 1420
“eran tributos indispensables a la afluencia de extranjeros, que debían
encontrar un país neutral en materia religiosa, donde cada uno pudiera adorar a
su dios libremente, casarse y educar a sus hijos según sus convicciones”.
Haydée Breslav 2 recuerda que “la
ley rigió sin mayores inconvenientes durante 46 años. Vale la pena recordar en
ese sentido los conceptos del presidente Hipólito Yrigoyen, quien, en 1921,
aseguró que “las luchas religiosas que dividieron a la humanidad pertenecen ya
a una época remota” y que “renovar esa discusión podría parecer inusitado”; y
agrega que “el escenario cambió con el golpe militar de 1930… Así, entre 1936 y
1937 se sancionaron leyes, decretos o resoluciones que implantaron la enseñanza
de la religión católica en nueve provincias. Por su parte, el gobierno militar
surgido del golpe del 4 de junio de 1943 –que tenía por finalidad, según su
proclama, “acercar a los niños a la doctrina de Jesucristo” y “educar a la
juventud en el respeto a Dios”– dictó el último día de ese año, con el país
bajo estado de sitio, el decreto ley 18.411, cuyo primer artículo disponía: “En
todas las escuelas públicas de enseñanza primaria, postprimaria, secundaria y
especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia
ordinaria de los respectivos planes de estudio” (sic). En cuanto a los docentes
que debían impartirla, serían “designados por el gobierno, debiendo recaer los
nombramientos en personas autorizadas por la autoridad eclesiástica”. El decreto
fue redactado por el ministro de Educación, el conocido nazi-fascista Gustavo
Martínez Zuviría”. Esta autora narra el proceso que dio origen a “la ley
12.978, de enseñanza católica, que se promulgó el 29 de abril de 1947 y rigió
hasta mayo de 1955 cuando, a raíz y en medio de la creciente confrontación
entre el gobierno peronista y la Iglesia, fue derogada por el Congreso. En esa
oportunidad se manifestaron partidarios convencidos de las bondades del
laicismo escolar muchos legisladores oficialistas que ocho años antes se habían
proclamado fervorosos defensores de la enseñanza religiosa. Entre ellos se
encontraba el diputado Héctor J. Cámpora”.
José Luis Romero 3 considera que “la
sanción de una ley de enseñanza popular correspondía a una preocupación
profunda por el problema de la educación. Era la misma preocupación que
Sarmiento había tenido durante toda su existencia y que había inspirado las
páginas de “Educación popular”; ahora, en sus herederos, se mantenían algunos
de los principios prácticos de quien había erigido en preocupación primera de
su vida la de “educar al soberano”. -
2)
https://trascarton.com.ar/aniversarios/ley-1420-sancion-y-primera-derogacion
Publicado en el diario La Calle el día 7 de julio
de 2024.-
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