Por José Antonio Artusi
Sebastián Welisiejko, ex
Secretario de Integración Socio Urbana, publicó en Twitter un dato contundente:
“Sólo con lo que se gastó en subsidios energéticos en 2014 se podrían haber
URBANIZADO TODAS LAS VILLAS Y ASENTAMIENTOS del país. Buena parte de este gasto
fue a sectores que no lo necesitan. Largos años de una pésima política que
jodió el equilibro fiscal y la cuenta corriente”.
Esta cuestión no estuvo ausente
en la jornada que se desarrolló el pasado Viernes 10 de Marzo en Concepción del
Uruguay organizada por la Regional Litoral de la Sociedad Argentina de
Planificación Territorial denominada “Aprendizajes territoriales”, en la que los
procesos de integración y urbanización de
los “barrios populares” (así denomina la ley
nacional 27.453 a las villas y asentamientos informales) fue uno de los
temas convocantes.
Durante la jornada se generó un
intenso debate alimentado por la reflexión sobre experiencias concretas, y se
brindaron algunos datos interesantes, algunos bastante conocidos y otros no
tanto:
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Hasta 2016 no existía información oficial y
fehaciente sobre las villas y asentamientos existentes y las condiciones de
vida de sus pobladores. Ese año, en el marco del Renabap (Registro Nacional de
Barrios Populares) se relevaron y mapearon digitalmente asentamientos en todo
el país en localidades de más de 10.000 habitantes.
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¿Cómo se define un “barrio popular”? Se
considera que son aquellos barrios en los que, con al menos 8 familias, más de
la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo y no tiene
acceso regular a servicios básicos: agua potable, cloacas, energía eléctrica.
En ese momento se identificaron más de 4.000 “barrios populares” en todo el
país, pero posteriormente el relevamiento se amplió, incluyendo localidades de entre
2.000 y 10.000 habitantes, y actualmente el Renabap cuenta con 5.687 barrios en
todo el país, 212 en la Provincia de Entre Ríos y 20 en Concepción del Uruguay.
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La ley 27.453, sancionada en 2018, declaró de
utilidad pública y sujetos a expropiación a los polígonos identificados en el
Renabap, suspendió los desalojos por 4 años (plazo extendido a 10 en la reforma
de la ley aprobada en 2022), declaró de interés público el Programa de
Integración Socio Urbana y dispuso que el 25% de los empleos en obras de
urbanización debía corresponder a trabajadores de los propios barrios.
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En 2019 se creó el Fondo de Integración Socio
Urbana, destinado a financiar las actividades para llevar adelante el objeto de
la ley, o sea, básicamente, la mejora del equipamiento social y de la
infraestructura, de los espacios públicos, el saneamiento, el fortalecimiento
de las actividades económicas, el redimensionamiento parcelario y la
regularización dominial. Podríamos llamar la atención acerca de la omisión de
la asequibilidad a la vivienda adecuada en el listado de ítems que componen el
conjunto de acciones que se entienden por “integración socio urbana”.
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La principal fuente de recursos del FISU ha sido
el impuesto a las grandes fortunas (por única vez), y el impuesto País. En
mucho menor proporción también se nutre de fondos nacionales y de un crédito
del BID.
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Los proyectos de Integración Urbana iniciados se
encuentran en 834 barrios (14,66% del total), con más de 870.000 beneficiarios.
Téngase en cuenta que si se estima que en los barrios populares viven más de 5
millones de personas, esa cifra representaría cerca del 17% del total. Debe
tenerse en cuenta también muchos de los proyectos corresponden a la línea de
“Obras Tempranas” (intervenciones parciales en infraestructura o equipamiento)
que no pretenden abarcar la totalidad de las acciones requeridas para la
efectiva integración socio urbana.
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En materia de acceso al suelo se han generado
17.632 lotes con servicios, beneficiando a más de 66.000 personas.
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En relación al mejoramiento de las viviendas
existentes, el Programa “Mi pieza” permitió iniciar más de 100.000 obras, con
más de 184.000 personas beneficiadas. Podría señalarse como un déficit de este
programa la ausencia de mecanismos para garantizar un adecuado asesoramiento y
acompañamiento profesional en las ampliaciones y refacciones.
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Uno de los desafíos consiste evidentemente en
implementar con criterio federal políticas públicas como ésta con
financiamiento centralizado en el gobierno nacional.
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En Santa Fe existen 76 municipios con “barrios
populares” y 14 han recibido fondos de la Secretaría de Integración Socio
Urbana; en el caso de Entre Ríos hay 27 y 8 han recibido fondos. Vale decir que
el 81% en Santa Fe y el 70% en nuestra provincia de los municipios que tienen
polígonos Renabap están por ahora fuera de este programa.
Podríamos
esbozar algunas conclusiones preliminares en torno a esta cuestión, como
aportes a un debate impostergable:
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La integración y urbanización de las villas y
asentamientos parece ser una de las pocas políticas públicas que ha sido capaz
de concitar amplios acuerdos de las fuerzas políticas con representación
parlamentaria y continuar ejecutándose a lo largo de dos administraciones
nacionales de diferente signo político.
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El desafío es no sólo imprescindible sino que
constituye además una extraordinaria oportunidad para progresar en términos de
integración social, lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad de vida
que pueden ofrecer nuestras ciudades; para todos, para quienes viven en estos
asentamientos pero también para la comunidad en su conjunto.
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Existen
recursos, pero también es necesario reconocer que hace falta todavía elaborar
una estrategia robusta de financiamiento que permita abordar con realismo y
continuidad en el tiempo la enorme magnitud de las obras que son necesarias. Con
impuestos de emergencia y créditos del BID no alcanza, es menester encontrar
formas de recuperar y reinvertir la valorización del suelo que se generará por
efecto de la implementación de los proyectos, no sólo en los polígonos Renabap,
sino también – sobre todo – en las áreas urbanas circundantes. Esta es una
estrategia que no se ha explorado todavía con la profundidad requerida. No se
trata de regalarle nada a nadie, ni a los pobladores de los asentamientos, ni a
quienes son propietarios de parcelas por fuera de los polígonos. Se trata
simplemente de darle (y exigirle) a cada uno lo suyo.
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Existe la necesidad, existen los recursos (al
menos potencialmente) y existen los trabajadores capaces de formar parte de
esta verdadera epopeya que constituye una asignatura pendiente, pero debemos
reflexionar todos con espíritu autocrítico para mejorar lo que se ha hecho y
encontrar caminos viables que garanticen la continuidad y éxito del programa.
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No se trata sólo de poner caños y cemento, o sea
urbanizar. También se trata de construir ciudadanía, procurando avanzar
democrática y participativamente en el ejercicio efectivo de derechos, a la
vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad; pero también
procurando el cumplimiento de las obligaciones de cada uno. Los
romanos tenían dos términos para referirse en latín a lo que hoy nosotros en castellano
denominamos “ciudad”. La “urbs”, referida a la dimensión física, material, de
la ciudad; y la “civitas”, referida a la dimensión social y política, de ésta derivan
precisamente nuestras palabras “ciudad” y “ciudadano”. Tenemos que procurar que
la urbanización de los barrios populares nos ayude a lograr ciudades mejores en
ambas dimensiones.
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El programa será exitoso cuando podamos hablar con
fundamento de “barrios” a secas y dejemos de hablar de este no demasiado feliz
término, “barrios populares”; cuando todos los barrios, algunos un poco más,
otros un poco menos, estén verdaderamente integrados en la ciudad y todos sus
habitantes tengan un piso mínimo de acceso a los beneficios de la vida urbana.
El desafío es
enorme, pero a la vez ineludible.-
Publicado en
el diario La Calle el día 19 de Marzo de 2023.-
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