Por José Antonio Artusi
Se desarrolló el pasado Viernes en Concepción del Uruguay
una jornada de la Regional Litoral de la Sociedad Argentina de Planificación
Territorial denominada “Aprendizajes territoriales”, en la que me tocó
intervenir en el Panel sobre la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Entre
Ríos.
En la convocatoria los
organizadores señalaron que “la planificación y la gestión de los territorios
adquiere niveles de complejidad cada vez más altos, en un entramado que vincula
conflictos estructurales con demandas de coyuntura. Gobiernos y equipos
técnicos de municipios y provincias suelen encontrarse sobrepasados por el día
en un marco de inestabilidad económica y política. No obstante, surgen
propuestas e iniciativas innovadoras que aportan un aire refrescante y una
cuota de optimismo en estos tiempos delicados”.
En mi intervención mencioné las
razones que a mi criterio muestran que es necesario contar con una ley
provincial (e idealmente también con una ley nacional) de ordenamiento
territorial:
-
La falta de un marco normativo nacional y
provincial de ordenamiento territorial dificulta que se fijen principios y se
articulen instrumentos concretos para planificar el desarrollo y para
garantizar la construcción de un hábitat equitativo y sostenible.
-
Falta de articulación de las políticas
territoriales con las demás políticas sectoriales de promoción del desarrollo,
sobre todo con la política económica, en general, y con la tributaria en
particular.
-
Escaso aprovechamiento de las potencialidades de
las políticas de suelo como herramientas de planificación, recaudatorias,
redistributivas, y de promoción del desarrollo.
-
Tenemos una maraña de impuestos regresivos y
distorsivos. Escasa incidencia de los tributos al suelo. Especulación
inmobiliaria. Dificultades para financiar infraestructura y hábitat urbano.
Falta de instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas.
-
Alta incidencia de la informalidad urbana, y
complejidad y conflictividad derivadas de ella. Necesidad de planificar y
financiar la urbanización de villas y asentamientos informales.
-
Baja capacidad técnica y de gestión de algunos
gobiernos locales para encarar procesos de ordenamiento
territorial. Heterogeneidad en capacidades y recursos, y tipos de
problemas a enfrentar, de los gobiernos municipales. Necesidad de presupuestos
mínimos para garantizar derechos básicos en todo el territorio provincial.
-
Falta de
transparencia de los mercados inmobiliarios, naturalización por parte de la
sociedad de la especulación inmobiliaria conviviendo con altísimos niveles de
déficit habitacional.
-
Ciudades y territorios cada vez menos densos y
menos planificados.
O, para
decirlo de una manera más sencilla, porque – como dijo alguna vez Mario Bunge -
“el que no planifica es víctima de algún planificador”.
Por qué no
tenemos una ley provincial de ordenamiento territorial? La respuesta es
relativamente simple. No existe suficiente voluntad política, se trata de un
tema que no está instalado en la agenda pública y por ende no hay demandas
sociales en tal sentido.
No obstante,
considero necesario formular algunas precauciones: Una buena ley es necesaria
pero no suficiente. Hace falta también su adecuada reglamentación y aplicación
y, sobre todo, la implementación de un proceso permanente de planificación y
gestión del desarrollo territorial del que hoy carecemos. También es menester
su articulación con otros instrumentos de políticas públicas, reconociendo la
centralidad de las variables económicas.
Por otra
parte, cabe alertar acerca del riesgo de caer en cierta tendencia que podríamos
denominar “fetichismo legislativo”, por el que nos aproximamos a creer que la
mera sanción de un marco normativo soluciona casi como por arte de magia todos
los problemas. A su vez, cabe aclarar que no podemos hablar de “la” ley de
ordenamiento territorial, como no podemos hablar de “la” ley de humedales sin
antes precisar de qué ley estamos hablando, a qué proyecto concreto nos estamos
refiriendo, con qué contenido.
¿Qué es lo que
se puede hacer para avanzar en esta materia? Por lo pronto lo que hizo la SAPLAT
el Viernes, hablar del tema, debatir, discutir, analizar otras experiencias,
etc. Por otro lado, articular demandas (ambientales, sociales, etc.)
demostrando de la manera más sencilla posible de qué manera el ordenamiento
territorial incide en la satisfacción de derechos tales como la vivienda, el
ambiente saludable, la seguridad, el empleo, etc.
Los debates
deben avanzar hacia el logro de acuerdos técnico – políticos, que incidan sobre
los decisores en todos los niveles y poderes del Estado. Finalmente, es
importante también avanzar desde abajo, llevando adelante procesos locales de
planificación y adecuación de marcos normativos en los municipios y comunas, para
generar evidencia empírica de las potencialidades y limitaciones de los
instrumentos de la planificación territorial.-
Publicado en
el diario La Calle el día 12 de Marzo de 2023.-
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