Por José Antonio Artusi
Carlos Matus comienza su libro “Teoría del
juego social” con un párrafo perturbador e inquietante, sobre todo porque esas
líneas, escritas hace ya más de cuarto siglo, continúan teniendo plena vigencia,
en particular en la Argentina: “La gestión pública es, en general,
desilusionante. No apunta al blanco de los problemas… Hay un abismo entre el
retraso de la política y el avance de las ciencias. La primera ignora las
segundas. A su vez, las segundas progresan de un modo que ignora la acción
práctica de enfrentamiento de los problemas colectivos de la vida cotidiana,
aportan poco a la calidad de la gestión pública. Hay una crisis de capacidad de
gobierno”. Continuando, describe el
panorama de muchas democracias liberales occidentales a fines del siglo pasado:
“Con el término de la guerra fía, la democracia gana terreno frente al
autoritarismo, pero se debilita por sus desiguales y pobres resultados.
Desilusionado, el ciudadano común se aparta de la política, y ésta se encierra
cada vez más en círculos pequeños. El gobierno y las ciencias están de
espaldas. La democracia pierde terreno, pero no tiene competidores viables. Los
defensores de la democracia no saben defenderla. Sobrevive ante al vacío de
otras opciones”.
Matus es lapidario: “La práctica política ha
creado sus propios problemas. Y ellos son en gran parte ajenos a los problemas
de la gente y de la sociedad. Así, los problemas de la sociedad y del hombre
común no coinciden significativamente con los problemas de la política y los
políticos. Los políticos se dedican principalmente a resolver los problemas
internos que ellos mismos crean en la lucha por el poder. La competencia por
ser el brujo de la tribu ha llegado a ser más importante que la capacidad de curar”.
Así, cabe preguntarnos acerca de cómo hacer
para que el electorado sea capaz de distinguir bien entre aquel al que sólo le
interesa ser el brujo de la tribu y aquel al que le interesa realmente curar; y
el problema nos remite a la cuestión de cómo lograr que en la oferta electoral
haya alguien que sepa curar. En Argentina, siguiendo con esta metáfora, desde
hace décadas ningún hechicero es capaz de conjurar, entre otros tantos
problemas, el embrujo de una inflación persistente, que deteriora los ingresos
de los sectores más vulnerables.
Se supone que el saber científico que permite
“curar” está básicamente en las universidades y en los centros de
investigación, en la academia. Recurrimos nuevamente a Carlos Matus, cuando se
pregunta; “¿por qué hay un divorcio entre la universidad y los gobiernos?”, y
cuando nos dice que “la realidad tiene problemas, las universidades tienen
facultades, y la planificación tradicional trabaja por sectores, ¿quién piensa
por problemas?”. O sea, formula una crítica al saber especializado y
compartimentado y a la gestión pública aislada en “sectores”, que no son
suficientes para entender en toda su complejidad y conflictividad los problemas
sociales, y mucho menos son eficaces para resolverlos, y menos aún para
prevenirlos.
La planificación territorial es a la vez una
disciplina (o una interdisciplina), una práctica profesional y una política
pública. Es imperioso revertir el divorcio entre el Estado y las universidades.
Desde la academia se deberían formar recursos humanos capacitados
adecuadamente, generar y transferir conocimiento útil y pertinente a través de
la investigación y la extensión, al servicio del diseño de programas y
proyectos que estén basados en marcos teóricos robustos y en evidencia
empírica. Desde el Estado se debería a su vez generar condiciones para que la
disciplina pueda trabajar con los insumos que necesita, datos, estadísticas, etc.
(aunque parezca mentira todavía no tenemos los datos de población por localidad
del Censo del 2022). Y obviamente, presupuestos. Por otro lado, las políticas
públicas de planificación territorial necesitan voluntad política, marcos
normativos e institucionales, e instrumentos de gestión, en los tres niveles
del Estado, articulados entre sí. Nuestro país carece, a pesar los acuerdos
logrados por todas las provincias hace algunos años en el marco del COFEPLAN,
de una ley nacional de ordenamiento territorial, y son muy pocas las provincias
que tienen una norma en la materia. La mayoría de los gobiernos locales se ven
en dificultades de todo tipo para planificar y gestionar de modo tal de dar
respuesta a las demandas de la población con relación al territorio; habitacionales,
ambientales, laborales, etc.
En 2018 el gobierno nacional publicó un poco
conocido documento de Política Nacional Urbana, en el que se detalla un crudo
diagnóstico: “La ausencia del Estado en la planificación y la gestión
territorial ha contribuido a la expansión urbana de baja densidad y a la
consolidación de un mercado de suelo urbano caracterizado por la usurpación, la
especulación y la desigualdad. La escasez de instrumentos que regulen el
mercado de suelo, junto con instrumentos de gestión local ineficientes e
instituciones debilitadas, han favorecido el desarrollo de ciudades desiguales,
socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y ambientalmente
insostenibles. En las últimas décadas, el déficit habitacional en Argentina se
ha incrementado, los mecanismos de acceso al crédito han resultado
insuficientes y los asentamientos informales se han convertido en la principal estrategia
de acceso al suelo y a la vivienda de los sectores de menores ingresos. Asimismo,
el surgimiento de barrios cerrados no sólo da cuenta de un modelo de ciudad
fragmentado socio-espacialmente, sino que su localización en áreas ambientalmente
frágiles y vulnerables ha generado un alto impacto ambiental”.
¿Cómo revertir este panorama desolador? Está
claro que no será volviendo a modelos fracasados en los que la planificación
era más una declamación que una realidad; pero la improvisación y la ausencia
del Estado en la planificación territorial tampoco son las mejores respuestas. En
sociedades democráticas con sistemas capitalistas competitivos el Estado
necesita ser innovador y eficiente, pero en ningún caso puede abandonar su rol
planificador. Recordemos a Mario Bunge, cuando señaló que “quien no planifica
es víctima del planificador que obra por cuenta de otros”. –
Publicado en el diario La Calle el 9 de junio
de 2024.-
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