Por José Antonio Artusi
Los anarquistas decían "la
propiedad es un robo". Los anarcocapitalistas dicen "los impuestos
son un robo". Qué deberíamos decir los liberales progresistas?
Thomas Paine, un inglés
republicano que participó en la Revolución Francesa y que terminó siendo uno de
los padres fundadores de los Estados Unidos, en su influyente obra "Los
Derechos del Hombre," argumentó que la propiedad privada debería estar garantizada,
y a su vez vinculada al bienestar general de la sociedad. Desde esta
perspectiva, podríamos abogar por la idea de que la propiedad privada,
adquirida mediante el trabajo honesto, en ningún caso es un robo, pero tampoco
debería ser un escudo para el enriquecimiento injusto a expensas de otros. En
“Justicia Agraria” Paine recuerda algo que es obvio, en los inicios de la
civilización la tierra y los recursos naturales eran de todos, y en algún
momento la apropiación por parte de algunos significó la desposesión de los demás.
Por eso es que propone indemnizar esa expropiación original a través de un
sistema universal de pensiones que hoy se reconoce como uno de los antecedentes
más importantes de la idea del ingreso ciudadano o ingreso básico universal.
Para John Stuart Mill, el gran
pensador liberal inglés del siglo XIX, podemos enfocarnos en la noción de
"daño a los demás" como un principio rector. Esto significa que, si
bien se reconoce la importancia de la propiedad privada, los individuos también
tienen la responsabilidad de no dañar a otros a través de sus acciones
económicas. Por lo tanto, los impuestos no serían necesariamente un
"robo", sino una contribución justa para financiar los servicios
públicos que benefician a la sociedad en su conjunto.
Henry George, olvidado economista
norteamericano de fines del siglo XIX, propuso eliminar todos los impuestos
menos uno, el único que no sería un “robo”, sino una recuperación legítima por
parte del Estado del fruto del esfuerzo colectivo, el que grava las rentas del
suelo libre de mejoras y los recursos naturales.
Recordemos a su vez que el
ultraliberal Milton Friedman consideró que el impuesto propuesto por Henry
George era el “menos malo” y propuso una ingeniosa idea como el impuesto
negativo a la renta, que podría consistir en una de las maneras más sencillas
de implementar un ingreso ciudadano.
El ingreso ciudadano es un
concepto que aboga por proporcionar a todos los ciudadanos un ingreso regular, universal,
incondicional, individual y uniforme, independientemente de su situación
económica o empleo. Esto se ve como una medida para garantizar un nivel básico
de bienestar y aliviar la pobreza. Los defensores argumentan que empodera a las
personas al darles una red de seguridad financiera, lo que les permite tomar decisiones
más informadas sobre su trabajo y vida. También puede promover la igualdad de
oportunidades al reducir las desigualdades económicas iniciales. Pero el
concepto central es que no se trata de una dádiva ni de un subsidio, sino
simplemente dar “a cada uno lo suyo”, la participación igualitaria en la renta
de los bienes comunes, retomando la idea de la indemnización por la desposesión
originaria esbozada por Thomas Paine.
Cómo financiar un ingreso
ciudadano? Las respuestas han sido múltiples y no descartan los ahorros que
generaría al prescindir de programas sociales ineficientes que caen en la
trampa de la pobreza. Pero la clave está en una reforma tributaria que combine
mecanismos como el propuesto por Milton Friedman con el concepto de desgravar
lo más posible los ingresos del trabajo y la inversión de capital y gravar
sobre todo las rentas del suelo y los recursos naturales.
La idea detrás del impuesto al
valor del suelo, sin tener en cuenta las mejoras ni construcciones, es gravar la
valorización que se deriva de factores naturales y de las acciones de la comunidad
en lugar de las inversiones y el esfuerzo individual. Se argumenta que puede
promover un uso más eficiente del suelo y desalentar la especulación de la
tierra, ya que los propietarios pagarían impuestos más altos si mantienen
tierras improductivas o subutilizadas.
La complementariedad entre estos
instrumentos podría abordarse desde varias perspectivas:
Reducción de Desigualdades: El ingreso
ciudadano podría proporcionar un sustento básico a todos, mientras que el impuesto
al suelo podría ayudar a financiar este programa gravando el valor de la tierra
que se genera por el esfuerzo colectivo. Esto podría contribuir a reducir las
desigualdades económicas.
Incentivo para el Uso Eficiente
de la Tierra: El impuesto al suelo podría crear un incentivo para que los
propietarios de tierras utilicen sus propiedades de manera más productiva, ya
que pagarían impuestos relativamente más altos por mantener tierras
improductivas. Esto podría promover un desarrollo urbano y rural más sostenible
y eficiente.
Asequibilidad al suelo y la
vivienda: un ingreso ciudadano que no estuviera complementado por un impuesto
al valor del suelo podría generar, al fomentar la demanda, un aumento de los
precios, y finalmente terminaría siendo un subsidio indirecto a los propietarios
de suelo. Esto ya lo observó genialmente Winston Churchill en 1909.
Financiamiento Sostenible: El impuesto
al suelo podría proporcionar una fuente de ingresos estable para financiar el ingreso
ciudadano, lo que permitiría al gobierno mantener el programa sin recurrir a
impuestos adicionales sobre el trabajo o el capital.
Justicia Fiscal: La combinación
de ambas herramientas podría ser vista como una forma de justicia fiscal, ya
que redistribuiría ingresos de manera más equitativa y gravaría los recursos
naturales comunes.
En última instancia, la
complementariedad de estas dos ideas podría proporcionar un enfoque equilibrado
que busca abordar tanto la protección de los derechos individuales como la
promoción de la justicia social y la eficiencia económica. La interacción entre
estos dos conceptos es un tema fascinante que merece un debate y una
exploración más profundos.-
Publicado en el diario La Calle
el día 10 de Septiembre de 2023.-
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