miércoles, 23 de marzo de 2022

"EL ESTADO NO ESTÁ PARA REGALAR COSAS”

Por José Antonio Artusi

"El Estado no está para regalar cosas”. La frase le pertenece a Cristina Fernández, en ese momento Presidenta de la Nación, y fue pronunciada en un acto a mediados de Agosto de 2009.   El diario La Nación informó que “fue durante un acto que encabezó en la Casa Rosada, y en el que pronunció un discurso de poco más de media hora que se transmitió por cadena nacional. "Hay pobres, pero el problema no es la pobreza, sino la inequidad social y la distribución del ingreso", aseguró la Presidenta, cuando promediaba su discurso”. Dejemos por ahora de lado que la pobreza sí constituía en ese momento un problema de primer orden, y lo constituye aún más ahora, además obviamente de la inequidad social y la desigualdad en la distribución del ingreso.

Lo que interesa destacar acá es que las palabras de la Presidenta estaban dirigidas a relativizar - o directamente oponerse – a lo que el diario fundado por Mitre mencionaba como “la idea de crear un ingreso universal por hijo, una iniciativa que la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) promueve desde hace años”. En realidad las que primero propusieron ese instrumento, al que denominaron Ingreso Ciudadano a la Niñez, fueron Elisa Carrió y Elisa Carca en los 90 durante la presidencia de Carlos Menem, cuando integraban el bloque de diputados nacionales de la UCR.  La idea cobró un renovado impulso en el 2008, cuando Gerardo Morales, en ese momento al igual que ahora Presidente del Comité Nacional de la UCR, Elisa Carrió, ya fuera del radicalismo y liderando la Coalición Cívica, y el senador Rubén Giustiniani, Presidente del Partido Socialista, coincidieron en insistir en la propuesta. Los 3 partidos emitieron una declaración en Agosto de 2008 en la que entre otros puntos plantearon la necesidad de “desarrollar políticas sociales universales que logren romper los mecanismos clientelares de los actuales planes focalizados, que consolidan la exclusión. Para ello promovemos: el Ingreso Ciudadano a la Niñez”. La idea era obviamente generar un debate en el Congreso y lograr la creación del INCINI por ley pero el 29 de octubre de 2009 se anunció la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). La medida significó la ampliación de las Asignaciones Familiares a los menores de 18 años cuyos padres se encuentran desempleados, son monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico o del mercado informal. La posibilidad de que la oposición avance en el tratamiento parlamentario de la ley obró como un acicate para que la Presidenta retome la iniciativa política y se olvide de las palabras que había pronunciado hace sólo un mes y medio. Digámoslo claramente, la AUH cumplió un papel en la emergencia, y lo sigue cumpliendo, y no tiene ningún sentido limitar su percepción a la cantidad de hijos. Se trata de un beneficio del niño, no de los padres; excluir a algunos constituiría una flagrante afrenta al principio de igualdad ante la ley. Pero digamos también que la AUH, a pesar de su nombre, de universal no tiene nada. Se trata de un beneficio amplio, pero aún así claramente condicionado y focalizado. Y a pesar de ser algo mejor que nada, está lejos de constituir la mejor respuesta. La alternativa superadora es precisamente volver al espíritu del Ingreso Ciudadano a la Niñez, una prestación efectivamente universal e incondicional, percibida como un derecho y no como una dádiva, que llega de manera individual e igualitaria a todos los niños argentinos. Si se eliminara la AUH, pero también las asignaciones familiares y las deducciones por hijos en el impuesto a las ganancias se lograría un instrumento universal en serio, relativamente sencillo de implementar y que no estigmatizaría a nadie.

Es curioso, muchos sectores ven a la AUH como “regalar cosas” por parte del Estado, lo que Cristina Fernández decía que no hay que hacer, pero no condenan con la misma fuerza los “regalos” de gas y energía eléctrica que el Estado les brindó (y les sigue brindando) a los más ricos del área metropolitana de Buenos Aires durante los gobiernos kirchneristas a través de subsidios económicos por miles de millones de dólares que explican buena parte del déficit fiscal, generando por ende altísima inflación y problemas de todo tipo. Podríamos mencionar otros ejemplos de “regalar cosas” por parte del actual gobierno nacional a sectores que no necesitan subsidios con fondos públicos y no están precisamente entre los más vulnerables de la sociedad.     

CFK tenía razón; “el Estado no está para regalar cosas”. Gerardo Morales, Elisa Carrió y Rubén Giustiniani también; es hora de “desarrollar políticas sociales universales que logren romper los mecanismos clientelares de los actuales planes focalizados, que consolidan la exclusión”. El ingreso ciudadano a la niñez podría ser un buen comienzo en ese sentido.


Publicado en el diario La Calle el día 20 de marzo de 2020.- 

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jueves, 17 de marzo de 2022

UNA VIEJA NUEVA IDEA

Por José Antonio Artusi

La pandemia y las crisis que se desataron como consecuencia de su impacto global actuaron como un gigantesco acelerador de debates. Cuestiones que hasta hace poco ocupaban un lugar marginal en la agenda pública adquirieron rápidamente una centralidad que las hizo estar presentes en las discusiones tendientes a encontrar respuestas para enfrentar nuevos desafíos. Propuestas que hasta hace poco eran solamente banderas de candidatos testimoniales o movimientos sociales sin demasiada capacidad de incidir en las políticas públicas están siendo ahora evaluadas como alternativas válidas por partidos y gobiernos de diversos signos políticos. Una de esas ideas emergentes, que ha logrado mantenerse viva y activa, y que está concitando un renovado interés en todo el mundo es el ingreso ciudadano, o ingreso básico universal. El ingreso ciudadano parece una idea novedosa pero en realidad podemos rastrearla bastante atrás en la Historia.  Desde Santo Tomás Moro, Thomas Paine, Bertrand Russell, Martin Luther King, a su modo Milton Friedman, etc.; hasta nuestros días.

Como toda idea relativamente novedosa, es poco (o mal) conocida; genera prejuicios y lógicas resistencias. Sin embargo una cantidad creciente de pensadores y también de dirigentes políticos y sociales consideran que el ingreso ciudadano está llamado a ser uno de los elementos fundantes de un proceso de reformas profundas de nuestra sociedad.

Como toda buena idea, tiene sus riesgos. Uno, y no menor, es que sea – por diversas razones – mal interpretada, tergiversada, y aplicada – con buenas o malas intenciones - en una versión deformada, por lo que podría fracasar o bien mostrar rasgos negativos, con la consiguiente deslegitimación y pérdida de viabilidad. Es por eso que se impone la necesidad de avanzar con sentido estratégico, con perseverancia pero sin apresuramientos, construyendo las condiciones efectivas en términos de legitimación social y relaciones de poder para que su implementación – seguramente gradual – sea crecientemente aceptada y exitosa, de modo tal que lleguemos en determinado momento a un estado de cosas en el que a nadie se le pueda ocurrir dar marcha atrás. Como sucedió otrora con tantos otros logros y avances que en su momento parecieron utópicos (o distópicos) y que una vez que se alcanzaron se volvieron irrenunciables y adquirieron una legitimación que se percibe como naturalizada, imposible de revertir; la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, los derechos de las mujeres, etc..        

Todo debate exige una mínima precisión acerca del concepto en cuestión. Qué es el ingreso ciudadano, y qué NO es aparecen por lo tanto como dos interrogantes iniciales que deberíamos dilucidar, para pasar luego a intentar responder otras preguntas. 

¿Qué es el ingreso ciudadano?

Podemos encontrar varias definiciones, pero limitémonos a señalar que todas coinciden en que se trata de una asignación monetaria básica otorgada periódicamente por el Estado de manera individual, universal e incondicional a toda la población, de manera igualitaria, como un derecho de ciudadanía.

¿Y que NO es el ingreso ciudadano?

Esta respuesta es tan relevante como la anterior, pues en muchos casos se tiende a confundir el concepto con otros, y en ese caso el debate se dificulta notoriamente. El ingreso ciudadano NO es un "plan" social, no es un programa focalizado, no es una dádiva, no es caridad, no es un subsidio, no es un seguro de desempleo, no es "dinero gratis", no es un sustituto del Estado de Bienestar, no es una mera respuesta al desempleo tecnológico (aunque forme parte de una buena respuesta a ese problema), no es un programa de empleo mínimo garantizado (y es una alternativa infinitamente mejor a esta), y no debe ser sólo para la emergencia (aunque en la emergencia, en una versión adecuada y factible, quizás no tan “pura”, sea más necesario que nunca).      

Por qué deberíamos avanzar en la implementación de un ingreso ciudadano? Cuál es la justificación de la legitimidad del concepto? Por qué decimos que se trata de un derecho, y no de una mera política de lucha contra la pobreza y la exclusión? En qué se basa la existencia de tal derecho? La mejor respuesta a estos interrogantes la dio un revolucionario liberal y republicano inglés a fines del siglo XVIII, Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. En su obra “Agrarian Justice” Paine funda la necesidad de reconocer el derecho de toda persona a percibir una parte de la renta de los bienes comunes; se trataría de una suerte de indemnización por la desposesión original que supuso el establecimiento de la propiedad privada del suelo y de los recursos naturales. Se trata de una posición en línea con los postulados del liberalismo clásico, el de Adam Smith entre otros, que veían en la concentración de la propiedad de la tierra uno de los factores que atentaban contra el desarrollo de un sistema capitalista competitivo y con igualdad de oportunidades.

Esta semana el candidato a presidente liberal de Corea del Sur, que proponía un ingreso ciudadano basado en un impuesto al valor del suelo, sacó cerca del 48% de los votos. El candidato conservador obtuvo muy poquito más y será presidente, pero el antecedente no es menor.- 


Publicado en el diario La Calle el día 13 Marzo de 2022.-  

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miércoles, 9 de marzo de 2022

LA REFORMA TRIBUTARIA QUE ARTURO ILLIA NO PUDO CONCRETAR

Por José Antonio Artusi

En menos de 3 años la gestión presidencial de Arturo Illia tuvo logros notables, que hoy parecen casi increíbles: Crecimiento del PBI del 10,3% en 1964 y del 9,1% en 1965. Crecimiento del PBI industrial del 18,9% en 1964 y 13,8% en 1965. Disminución de la deuda externa de 3.400 millones a 2.600 millones de dólares. Crecimiento del salario real un 9,6% entre 1963 y 1964. Descenso de la desocupación de 8,8% en 1963 a 5,2% en 1966. Apertura de mercados externos, inversión record en educación pública, ley de medicamentos, etc..  

Importa analizar esos logros e indagar en las causas que los originaron, pero vale la pena también asomarse a lo que pudo haber sido y no fue, el ambicioso programa de reformas que estaba previsto o en marcha y que lamentablemente quedó trunco por el nefasto accionar de los sectores que alentaron, propiciaron y consumaron el golpe de Estado que lo desalojó del gobierno, vale decir las fuerzas armadas, la burocracia sindical con la anuencia de Perón, sectores empresariales,   periodistas, etc..

Eduardo Conesa considera que “el economista que primero y mejor señalara en nuestro país los efectos perniciosos de las sobrevaluaciones cambiarias fue Don Raúl Prebisch quien afirmara en 1956: “Hay que dar incentivos para que la actividad privada produzca más y mejor. La inflación ha contribuido poderosamente a destruir esos incentivos. El funesto propósito de reprimir sus consecuencias mediante el tipo de cambio artificialmente bajo ha privado de estímulo a la producción agropecuaria llevándola a una grave postración”…”. Y enfatiza que “particularmente interesante en este punto fue la gestión del Dr. Arturo Illia. Este presidente por consejo directo de Prebisch indexó el tipo de cambio con un sistema que se denominó “crawling peg”, adoptado por muchos países con inflación que, sin embargo, no querían cometer el grave error de sobrevaluar su propia moneda y matar así la gallina de los huevos de oro, que son las exportaciones.”

Es interesante resaltar que los inmensos logros de esa gestión se obtuvieron en un escenario signado por términos de intercambio sumamente desfavorables. En efecto, Conesa incluye a la de Illia “entre las presidencias más castigadas por los términos de intercambio”, y considera que su gestión “fue brillante. Indexó el tipo de cambio para  evitar que la inflación lleve a la sobrevaluación cambiaria y de esta manera promover las exportaciones. Puso en marcha las grandes inversiones que en los sectores básicos de la economía se habían efectuado en la época de Frondizi. Por eso, la economía argentina…, en los años 1964 y 1965, pudo alcanzar tasas de crecimiento altísimas del orden del 8% anual. Además… los salarios reales se mantuvieron altos durante el gobierno de Illia, lo cual fue consecuencia también de las fuertes inversiones del período de Frondizi y de la misma remoción de la limitación externa al crecimiento llevada a cabo por el desarrollismo frondicista.”           

Arturo Illia tenía perfectamente en claro que la democracia política necesitaba bases materiales, económicas, para afianzarse y consolidarse. En su primer mensaje al Congreso manifestó: “La esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o por líricas afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley...El propósito

de perfeccionamiento de nuestra democracia...no podrá lograrse a no ser que estemos resueltos a aceptar modificaciones sustanciales en las actuales estructuras económico-sociales de nuestro país".

Es particularmente interesante analizar la reforma tributaria que se intentó implementar durante su gobierno, iniciativa lamentablemente frustrada por su derrocamiento pero que iba a tener – paradójicamente – algunos elementos que iban a ser rescatados por la gestión del dictador Onganía. José Antonio Sánchez Román señala que “a mediados de la década de 1960, el gobierno de Arturo Illia propuso primero un impuesto nacional a la renta potencial de la tierra. Es decir, se trataba de un gravamen que afectaba a lo que se consideraba rentabilidad “normal” de la tierra de acuerdo a una evaluación previa y no sobre los beneficios reales obtenidos. El objetivo era reemplazar el impuesto a los réditos para el campo y aumentar la productividad, al estimular a los propietarios a incrementar su producción hasta los niveles de rentabilidad “normal” o superiores. Los propietarios y algunos economistas y políticos vieron en este gravamen un peligroso impuesto al patrimonio… La propuesta de Illia encontró una resistencia frontal de los propietarios rurales (y en general de todos los representantes empresariales). El sucesor de Illia, el gobierno autoritario de Onganía, introdujo un impuesto a la renta potencial, como parte de las políticas económicas de su ministro Adalbert Krieger Vasena. El impuesto era más moderado que el diseñado por la administración Illia y su objetivo declarado era “modernizar” el campo antes que contribuir a una mayor justicia social. A pesar de estas características, y de las credenciales conservadoras del gobierno, los propietarios rurales se opusieron a la reforma, que finalmente se implantó en 1969 en una versión muy moderada”. Debe quedar claro que gravar la renta de la tierra es en cierto sentido similar a gravar su valor, pues éste no es otra cosa que la renta capitalizada.  

Silvia Lazzaro considera que “desde la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería se realizó un certero diagnóstico respecto a los principales problemas que afectaban directamente al desarrollo de la actividad agraria: proteccionismo indiscriminado a la industria y distorsión en el desarrollo agropecuario; falta de equilibrio de la capitalización del sector; política impositiva contraproducente; crédito limitado a la actividad rural; mayores precios que no se tradujeron en aumentos de producción; detención del proceso de subdivisión de la tierra; leyes de arrendamiento en vigencia que no estimularon la mayor productividad; acción colonizadora limitada; reducción de la superficie dedicada a la producción agrícola, tendiendo a formas más extensivas de explotación;

estancamiento o disminución de la densidad ganadera; tendencia negativa de los rendimientos unitarios de los principales cultivos de la región pampeana; baja rentabilidad de la empresa agropecuaria; reducción del salario rural; paulatina destrucción del suelo; y enseñanza agrícola estancada y en algunos casos anacrónica, entre los principales problemas que se presentaban como desafíos a enfrentar.” “En este contexto, - continúa la mencionada autora - las principales líneas de acción que se propuso el gobierno apuntaron a problemas tales como el régimen impositivo; la tenencia de la tierra; el crédito agrario; la capacitación técnica; y a tratar de lograr un reajuste en la política de desarrollo de la industria, sugiriendo al respecto la necesidad de coordinar más estrechamente el crecimiento industrial y el agrario, en tanto éste requiere cada vez más insumos de origen industrial. El núcleo de las instancias a cumplir, en lo que hacía a la política agraria, se asentaba en el propósito de evitar la inversión especulativa en tierras y la subutilización de la capacidad productiva de las mismas, sobre todo en relación con la capacidad potencial de la tierra, lo que posibilitaría un crecimiento acelerado de la producción agropecuaria pampeana... Los aspectos sobre los que se hacía especial referencia eran el régimen impositivo, la tenencia de la tierra, el crédito industrial y el ajuste de la política de desarrollo industrial. En materia impositiva el objeto básico sería la incentivación de la inversión de capital y trabajo para el logro de una mayor productividad rural; para ello los impuestos directos a la producción agrícola, así como los que gravan la renta real de la empresa rural, deberían ser sustituidos progresivamente por otros que graven la unidad de superficie aprovechable de acuerdo con su productividad potencial. De esta manera se esperaba que los empresarios rurales se vieran alentados a producir al máximo de sus reales posibilidades por razones de propia conveniencia, al recibir el producto íntegro de esa mayor producción, "...y quienes así no lo hagan sufrirán una gradual descapitalización por acción del impuesto, lo que inducirá a transferir el bien a quien se encuentre más capacitado técnica y económicamente para obtener de ella toda la renta que potencialmente es factible que produzca...Además la tierra perderá parte de su valor especulativo haciéndose así un bien más fácilmente asequible."

Estaba en marcha, como se ve, una reforma tributaria que si bien estaba limitada al suelo rural podía perfectamente luego complementarse con normas que se aplicaran al mayor valor del suelo urbano, cada vez más significativo. La asequibilidad al suelo para trabajar y para vivir habría tenido de esa manera un impulso significativo. Lamentablemente, dicha reforma, y otras de carácter progresista y transformador que la complementaban, quedó trunca. Buena parte, por no decir todos, de los problemas que Illia identificó como trabas para nuestro desarrollo y la democracia social siguen ahí, la enorme mayoría de ellos agravados por décadas de marchas y contramarchas y políticas desacertadas. Durante su gestión presidencial se pusieron en marcha iniciativas basadas en ideas que planteaban correctamente la raíz de los problemas y formulaban los remedios adecuados.  

Es nuestra responsabilidad rescatar esas ideas y actualizarlas para que sirvan como insumo en el diseño de políticas públicas que hagan realidad la gran revolución pacífica y democrática por la que Arturo Illia luchó toda su vida.   

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Conesa, Eduardo y Rey , Luis Alberto. 2020. Economía Polìtica Argentina. Buenos Aires : Prosa Editores, 2020.

Lázzaro, Silvia. 2003. El problema agrario durante el gobierno de Arturo Illia. Memoria académica. [En línea] 2003. [Citado el: 19 de Enero de 2022.] https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.10767/pr.10767.pdf.

Sánchez Román, José Antonio. 2014. Impuestos y terratenientes en la Argentina: Un balance . Memoria académica. [En línea] 2014. [Citado el: 19 de Enero de 2022.] https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6727/pr.6727.pdf.


Publicado en el diario La Calle el día 6 de Marzo de 2022.- 

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EL IMPUESTO A LAS VIVIENDAS DESOCUPADAS NO ES LA MEJOR ALTERNATIVA

Por José Antonio Artusi

En nuestro país, como en muchos otros, se da una notable y triste paradoja. Conviven un altísimo y crónico déficit habitacional por un lado, y una enorme cantidad de viviendas desocupadas, por diversas razones, por otro. Vale decir, gente sin casas, y casas sin gente.

El Censo que se avecina nos dará un panorama más preciso, pero diversas estimaciones muestran un déficit habitacional cercano a los 4 millones de hogares y en 2010 se relevaron en el censo de ese año 2.494.618 viviendas deshabitadas, el 18% del total. 

El gobierno nacional estaría evaluando la posibilidad de implementar un impuesto que grave las viviendas desocupadas, como una forma de promover su entrada al mercado, ya sea de compra venta o de alquiler, aumentando de esa manera la oferta y haciendo por ende disminuir los precios. El razonamiento tiene algo de lógica, y es verdad que gravámenes similares se utilizan en diversos países, pero no se trata de la herramienta más adecuada en nuestro país, ya de por sí con una agobiante presión tributaria basada en malos impuestos. Y podría generar efectos adversos no buscados, tal como aconteció con la ley de alquileres.

Si lo que se pretende penalizar es la especulación inmobiliaria, un tributo como este deja afuera a una enorme cantidad de parcelas urbanas en áreas consolidadas que no tienen edificación alguna o que tienen edificios no destinados a uso residencial. Por otro lado, podría incluir a viviendas transitoriamente desocupadas por diversos motivos, absolutamente ajenos al afán especulativo del propietario.  Podría darse de esta manera el injusto caso de una manzana en la que convivan terrenos baldíos y edificaciones ruinosas no residenciales que no serían alcanzadas por el impuesto, y viviendas desocupadas temporariamente porque sus dueños están esperando contar con recursos suficientes para ampliarla o refaccionarla, porque están esperando ofertas razonables de venta o alquiler, o por cualquier otro motivo distinto a la búsqueda por parte del propietario de quedarse con la valorización del suelo generada por la comunidad, que sí estarían incluídas en la nómina de inmuebles sujetos al tributo. Es decir, tiene problemas de inclusión y exclusión, fundamentales en el diseño de cualquier política pública. Idéntico problema tienen los recargos al lote baldío usuales en el impuesto inmobiliario en algunas provincias y en tasas municipales. En este caso penalizan al lote no edificado pero no a las viviendas u otros edificios desocupados. Otro problema de implementación radica en la dificultad para determinar lo que se entenderá por vivienda desocupada y los costos administrativos de verificar tal condición.

Una alternativa superadora, mucho más simple y conveniente, que no adolecería de los problemas mencionados, consistiría en reformar el impuesto inmobiliario desgravando por completo las mejoras y construcciones, de modo tal de tener solamente en cuenta el valor del suelo para el cálculo del tributo. Idealmente debería ser en el marco de una reforma integral que articule los sistemas provinciales con el nacional, por el que se eliminen impuestos regresivos y distorsivos como ingresos brutos y se desgrave por completo el trabajo y la inversión de capital destinada a la construcción, compra y alquiler de viviendas.

El impuesto al valor del suelo libre de mejoras tiene algunas particularidades que lo han hecho merecedor de las recomendaciones de economistas de las más diversas escuelas, desde los fisiócratas franceses, Adam Smith y David Ricardo, pasando por Henry George, hasta Milton Friedman, que llegó a calificarlo como el “menos malo” de todos los impuestos. Entre las muchas ventajas que presenta figuran que no genera pérdida de eficiencia económica y no se puede trasladar a los precios. Esto se deriva de la naturaleza de la fijación de su precio. El precio en el mercado de una parcela refleja la renta capitalizada que podría generar si fuera destinada a su mayor y mejor uso. El precio en definitiva surge de lo que la demanda está dispuesta y apta a ofrecer por esa parcela. Así, el impuesto actúa como un descuento del valor de mercado. Si los propietarios pretendieran un precio mayor no podrían obtenerlo, porque la demanda ya está en su valor máximo “antes” del impuesto. A su vez, el tributo cargaría un costo financiero, en cualquier caso, a los propietarios que dejan todo o parte del terreno sin uso, ya sea una vivienda desocupada, un edificio en ruinas o un lote baldío, convirtiendo en onerosa su retención especulativa. Por lo tanto, se incentivaría de esta manera su construcción y uso o bien su ingreso al mercado, aumentando la oferta y generando de esta manera un impulso a la baja de los precios.

De ahí se desprende que un impuesto al valor del suelo libre de mejoras (que es lo que obtendríamos de una reforma del inmobiliario que desgrave las construcciones; no se necesita ningún impuesto nuevo) es la mejor forma de desalentar el suelo vacante o sub utilizado en las áreas consolidadas de nuestras ciudades. Si una medida de ese tipo se complementa con la reducción o eliminación de otros tributos que castigan el capital y el trabajo, y si de esta manera se promueve la construcción de viviendas, combinado con una reactivación del crédito hipotecario y la merma de la inflación, se habrá hecho mucho por avanzar efectivamente – sin declamaciones ni medidas inconducentes – en pos de garantizar para todos el derecho a la vivienda digna.-           


Publicado en el diario La Calle el día 27 de Febrero de 2022.-    

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martes, 22 de febrero de 2022

DESAFÍOS ENERGÉTICOS

Por José Antonio Artusi

La Argentina tiene numerosos, acuciantes, y graves problemas energéticos. No son producto de la carencia de recursos naturales, ni de no haber contado nunca con algunos desarrollos importantes y significativos en este sector.

En nuestro territorio existen yacimientos de hidrocarburos, tenemos ríos caudalosos con un potencial hidroeléctrico enorme, todavía en parte desaprovechado, y extensos sitios con inmejorables condiciones para el aprovechamiento de la energía solar y eólica. Además, la excelente aptitud agrícola y forestal de diversas zonas de nuestro país es a la vez una oportunidad para la generación de energía con fuente en la biomasa. Eso, y muchas cosas más,  es lo que la Naturaleza nos brinda.

Por otro lado tenemos lo que ha hecho la acción del hombre. YPF, la empresa creada por Yrigoyen y Alvear y consolidada por la labor de Enrique Mosconi como una de las más importantes del continente en la década del 20, cumplirá este año un siglo de existencia. El aniversario encontrará por cierto, lamentablemente, una empresa muy distinta a la que construyó Mosconi, pero sigue de todos modos siendo un actor importante del sistema. Argentina es uno de los pocos países de América Latina con un desarrollo relevante de la tecnología nuclear. La Comisión Nacional de Energía Atómica, la empresa nacional Nucleoeléctrica Argentina, y otros organismos y empresas como INVAP han obtenido en diversos momentos de nuestra Historia logros significativos que nos llenan de orgullo. Durante el gobierno del Presidente Macri se le dio un impulso significativo a las energías renovables, y el gobierno de la provincia de Jujuy está llevando adelante el proyecto del parque de energía fotovoltaica más grande de Sud América.

Si todo lo anterior es verdad, ¿cómo es posible que estemos en medio de una inusitada crisis energética, con empresas que no podrían funcionar sin los abultados subsidios del Estado nacional, que generan a su vez un enorme déficit fiscal, con las consecuencias negativas por todos conocidas, y a su vez que haya amplias franjas de la población viviendo bajo la línea de la pobreza, situación que tiene su correlato en la dificultad o directamente la imposibilidad a veces de acceder a servicios energéticos adecuados?

La respuesta sólo puede encontrarse en la sucesión durante décadas de políticas públicas erráticas y desacertadas.

La Fundación Alem ha señalado recientemente que “la economía energética está fuertemente perturbada por los desajustes de la macroeconomía nacional que son de antigua data. Pero a su vez la economía energética con sus propios desajustes perturba a la macroeconomía nacional”, y con respecto a los subsidios energéticos ha manifestado que “la actual política tarifaria y de precios de la energía repite la receta aplicada en el período 2003-2015, que implica un congelamiento permanente en un entorno de alta inflación, la ruptura de los marcos regulatorios vigentes y la intervención injustificada de los entes reguladores. Las consecuencias de esta política son conocidas: un aumento exponencial en la cuenta de subsidios económicos destinados a cubrir la brecha entre el costo de prestar los servicios energéticos y las tarifas actualmente congeladas, lo que representa un ineficiente subsidio generalizado orientado a la oferta que altera y distorsiona decisiones de consumo e inversión en el sector.”  La realidad indica que al gobierno del Presidente Alberto Fernández continúa de esta manera lo hecho durante los doce años de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, vale decir destinar cuantiosos recursos públicos a enormes subsidios dirigidos sobre todo al consumo energético de los sectores más ricos de la sociedad, especialmente aquellos localizados en el área metropolitana de Buenos Aires. No está de más recordar al respecto que la provincia de Entre Ríos está entre los cinco distritos con tarifas más abultadas de energía eléctrica, aunque todas las empresas distribuidoras pagan el mismo costo mayorista de la energía a las empresas generadoras.

Está claro que el despilfarro irresponsable de los subsidios - insostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental -  debe cesar gradualmente pero nadie debería ignorar las dificultades y los costos que habrá que afrontar. Los especialistas de la Fundación Alem, recomiendan en este sentido que “la política de subsidios debe focalizarse en los sectores de población vulnerable y abandonar los ineficientes, costosos y generalizados subsidios actualmente vigentes. La identificación de los beneficiarios requiere la aplicación de criterios objetivos apoyados en atributos sociales, que minimicen errores de inclusión y exclusión y alejados de todo oportunismo electoral. La “Tarifa Social Federal”, aparece como el instrumento adecuado y disponible para atender de forma rápida y eficiente a una importante proporción de la población afectada severamente por las consecuencias económicas de la pandemia.”    

Es evidente que el gobierno nacional carece de un programa económico de estabilización, de una estrategia de desarrollo, y de un plan energético. Pero le quedan casi dos años de mandato, y si no quiere que la situación se le vaya de las manos, teniendo en cuenta la necesidad imperiosa de reducir el déficit fiscal y bajar la inflación, deberá necesariamente tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde.  Esas decisiones tendrán que estar basadas en criterios sólidos y en minuciosas evaluaciones técnicas, económicas y ambientales, más que en disputas de espacios de poder al interior del oficialismo o en decisiones apresuradas carentes de estudios integrales de factibilidad y conveniencia que las respalden, tal como se evidenció en recientes anuncios vinculados a la energía nuclear, a gasoductos y a una inconsistente “segmentación” tarifaria. 



Publicado en el diario La Calle el 20 de Febrero de 2022.-
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martes, 15 de febrero de 2022

EL 3 DE FEBRERO DE 1852

Por José Antonio Artusi 

El 3 de Febrero pasado se cumplieron 170 años de la batalla de Caseros, hito trascendente de la historia argentina sobre el que vale la pena reflexionar, intentando desentrañar su significado profundo. El 3 de Febrero de 1852, con la victoria del Ejército Grande comandado por Urquiza sobre las fuerzas de Rosas, se abre una nueva etapa y se deja atrás otra. Más allá de las virtudes y defectos personales de los protagonistas, sin ignorar sus  contradicciones, por encima de sus aciertos y errores al calor de circunstancias apremiantes, lo que hoy nos importa es entender qué representaron, qué encarnaban. ¿Qué significaba Rosas y su régimen? ¿Qué significaba Urquiza y quienes lo acompañaban en aquella gesta, entre ellos el boletinero Sarmiento?

Rosas representaba el atraso y la decadencia, la reacción negadora de los ideales revolucionarios, liberales e igualitarios de Mayo, el rechazo a la modernidad y la Ilustración, la perpetuación perversa de las rémoras medievales del orden colonial hispánico, el autoritarismo, la perpetuación en el poder, la suma del poder público, la dilación de la Organización Nacional, la falta de una Constitución que asegurara el sistema federal, representativo y republicano, la falta de libertades y garantías, la censura y la represión clandestina, la idealización de la muerte de los adversarios y su demonización, el centralismo porteño disfrazado hipócritamente de federalismo, la impostura nacionalista, el aislamiento internacional, la limitación al libre comercio, la tergiversación de la sabia ley de enfiteusis de Rivadavia, la primacía del latifundio ganadero primitivo que condenaba al gaucho a la sumisión y a la ignorancia, el culto a la personalidad, el clericalismo y la falta de libertad religiosa, la confusión entre Estado e Iglesia, el desprecio por la educación popular, el clientelismo y la demagogia populista.

Urquiza y Sarmiento, con sus coincidencias y desencuentros, con sus matices y limitaciones, propios de la condición humana y del tiempo histórico que les tocó vivir, encarnaban en lo sustancial la antítesis de aquella tendencia reaccionaria y oscurantista. Representaban el progreso y la modernización del país, la recuperación y concreción de las nobles aspiraciones de los mejores herederos del legado de la Revolución de Mayo, la superación de la falsa antinomia entre unitarios y federales y la posibilidad de convivir civilizadamente en una sociedad pluralista, dejar atrás las retrógradas instituciones de la dominación española, la posibilidad de ir construyendo gradualmente una democracia representativa, la limitación de los mandatos (Urquiza y Sarmiento fueron Presidentes durante 6 años y a ninguno se le ocurrió reformar la Constitución para buscar la reelección), la concreción de la tan dilatada y necesaria Organización nacional bajo el manto protector de una Constitución liberal y progresista que garantizara derechos y promoviera la prosperidad, la libertad de prensa y las garantías individuales, el verdadero federalismo y la unión nacional, la apertura al mundo y el libre comercio, la nacionalización de la aduana y la libre navegación de los ríos para fomentar el desarrollo del interior, la inmigración y la colonización agraria, el fomento de la agricultura y la industria, la innovación científica y tecnológica al servicio de la producción, la vida democrática de los municipios en los pueblos que surgieran al calor de las colonias agrícolas, la integración del territorio nacional por el ferrocarril y las comunicaciones, la libertad de cultos y el laicismo, la consideración de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria como uno de los pilares ineludibles de la democracia y el desarrollo. Y también el coraje de atreverse a decir verdades políticamente incorrectas antes de tiempo, y de actuar en consecuencia, a riesgo de que sus contemporáneos no los supieran comprender. A Urquiza ese coraje le costó la vida y a ambos, en diversa proporción, las diatribas feroces y falaces de revisionistas y mitristas.

Que algunas de aquellas magníficas aspiraciones hayan quedado truncas o a medio hacer es harina de otro costal, y en todo caso es un fracaso imputable sobre todo a aquellos que obstaculizaron su tarea, o a los que los sucedieron. 

Como expresara magistralmente Oscar Fernando Urquiza Almandoz en páginas del diario La Calle hace 20 años, “Caseros significó la libertad, pero ello no bastaba. Un pueblo es realmente libre cuando sus hombres sólo tienen que inclinarse ante la Constitución y la ley. Los argentinos la reclamaban desde Mayo… Libertad, organización constitucional, educación, son las rocas inconmovibles que sirven de pedestal a su estatua de predestinado. Principios que forman un todo indivisible y configuran la magnífica verdad de sus ideales. Educación para la libertad y organización para los libres… El triunfo de Urquiza debe ser valorado en su justa dimensión. Si Caseros hubiera sido un fin en sí mismo; si el único objetivo de Urquiza hubiese sido derribar un gobierno para reemplazarlo por otro o ungiese él como sucesor de Rosas, para gobernar a su antojo, sin frenos legales, persiguiendo al adversario y conculcando libertades, no valdría la pena levantar estatuas ni exaltar ahora aquel suceso”. 

A 170 años de Caseros vale la pena exaltar aquel suceso. Para que las lecciones del pasado nos ayuden a construir un futuro mejor, como el que soñaron Urquiza y Sarmiento.-    

 

Publicado en el Diario La Calle el Domingo 13 de Febrero de 2022.


Post Scriptum

Mucho se ha escrito, ya sea en términos laudatorios o condenatorios, de la significación histórica de Caseros, y de los comandantes que se enfrentaron en el campo de batalla.

Recurro a las visiones de diversos autores para abonar los argumentos que esbocé en el artículo que publicó el diario.  

Tuve la inmensa suerte de tener como Profesor de Historia en el Colegio del Uruguay – el heredero de Urquiza, primer colegio laico del país - a Oscar Fernando Urquiza Almandoz, ese extraordinario historiador y docente que tanto hiciera por la investigación rigurosa y la difusión de la historia lugareña. Es interesante rescatar algunos de sus testimonios, publicados por el diario La Calle el 3 de Febrero de 2002, a 150 años de la batalla que nos ocupa: “… Caseros no fue un fin en sí mismo. Fue tan sólo una etapa. Como antes lo había sido el Pronunciamiento, como después lo será el Acuerdo de San Nicolás. El norte, el objetivo final de la revolución de Urquiza contra Rosas fue la libertad y la Constitución Nacional. El predominio de la finalidad propuesta y una conducta consagrada al servicio de la causa, hicieron que Urquiza no fuera un revolucionario más; que no pasara simplemente a integrar esa tradición luctuosa y triste de América, de hombres levantados en armas con propósitos y juramentos que glorificaban su rebelión, pero que, en definitiva, caían en el sensualismo de un gobierno más pernicioso e ilegal que el depuesto. Urquiza no fue, pues, un apóstata. Tuvo la gloria de cumplir su promesa ante el país, causa y fin de su revolución contra Rosas, la libertad y la organización constitucional.”  

También es muy ilustrativo tener en cuenta los conceptos de uno de sus biógrafos, Isidoro Ruiz Moreno, cuando se refiere a la trascendencia de Urquiza: “Figura extraordinaria, en el cabal sentido del término como fuera de lo común, fue don Justo Urquiza. Dotado de fuerte carácter y de claros objetivos, puso ambos factores en acción para el logro de sus empeños. Pacificó la anárquica Provincia de Entre Ríos primero y luego organizó a la misma Confederación Argentina, que convertida en república constitucional, logró unificar definitivamente. Buscó, además, conquistar el Desierto – lo que anunció como candidato presidencial en 1868 -, plan que hubiese completado la geografía nacional, pero las etapas del progreso requieren su tiempo. Cuando se tiene en cuenta lo que era nuestra Argentina en aquellos años, y se considera la transformación que realizaron los esfuerzos que condujo, no puede considerarse de otra manera al General Urquiza sino como a una de las figuras más grandes de la Patria, a despecho de los errores que cometió, que poco pesan en el balance de su existencia… El tiempo transcurrido desde entonces permite aquilatar sin pasión los resultados dejados por la acción del General Urquiza en beneficio de la República Argentina. La gloria por sus beneficios realizados, inigualados en el país durante el transcurso de su prolongada actuación – Libertad, Constitución y Unidad Nacional – son de proyección permanente, a despecho de humanas falencias, lo que permite consagrarlo como a uno de sus más claros próceres”. Es pertinente también observar la caracterización que hace el mencionado autor del régimen rosista: “El Gobernador de Buenos Aires concluía en 1850 otro período de mando (iniciado en 1835); y firme su poder, sin adversario alguno que lo amenazara, el General Juan Manuel de Rosas había alcanzado el cenit de su mando. Nada podía conmoverlo: el sometimiento a su voluntad de toda la Confederación era absoluto. Comenzó entonces un movimiento tendiente a perpetuarlo sin ningún tipo de límite, ni de facultades ni de términos, sin renuncias y reelecciones. La suma del Poder Público con que fuera investido en su Provincia debía extenderse formalmente a todas las demás… El vasallaje imperante hasta en la vida cotidiana (vestidos, adornos, colores, celebraciones religiosas, festivales populares, atalaje de caballos), lo demostraba concluyentemente… Gozando de la suma del poder público, Juan Manuel de Rosas era el Estado, como le Roi Soleil otrora. Jueces y legisladores le estaban subordinados, y como carecía de sucesor – había sido propuesta como tal su hija, lo que no prosperó – le fue concedida por ley, como se ha visto, la Dictadura vitalicia… Las manifestaciones que se le dirigían no pecaban por falta de elogios y adjetivos superlativos.”     

Complementando lo anterior, podríamos considerar lo que Luis Alberto Romero escribió sobre el gobierno de Rosas hace 10 años, enfatizando entre otros rasgos la pretensión de unanimidad, la permanente propaganda oficial y oficiosa, el terrorismo de Estado o paraestatal y el culto a la personalidad, rasgos típicos de tantas tiranías a lo largo de la Historia: “… la opinión unánime era construida cotidianamente. Para evitar las disidencias, desaparecieron las asociaciones, clubes, tertulias o cenáculos de sociabilidad política, que habían florecido desde 1810. Lo mismo ocurrió con la prensa opositora, muy activa al comienzo del régimen. La prensa adicta, escrita en registros cultos o populares, exponía una militancia sin fisuras. En la calle, los opositores eran individualizados por la manera de hablar o de vestirse - lo testimonió Echeverría en El Matadero - , y la cinta punzó era impuesta a hombres y mujeres. Las fiestas públicas, celebrando las fechas patrias o simplemente en homenaje al gobernador o a su hija -alguien la propuso como sucesora del padre- combinaban el entretenimiento con la exaltación simbólica de la figura de Rosas. En suma, hoy un ministro de Cultura y Medios lo habría aprobado. Pero además, la opinión unánime se respaldaba en la intimidación o eliminación de los enemigos, los tibios y los indiferentes. Se realizaba a través de las autoridades locales, de la policía o de la Mazorca, una asociación civil privada, integrada en su mayoría por policías, que asesinaba a quienes eran señalados por el gobierno. En ciertas coyunturas, como en 1840 o 1842, en Buenos Aires el terror fue masivo e indiscriminado. El de Rosas no fue ni el primer ni el último régimen que combinó apoyo popular masivo y terror represivo.” Es muy interesante detenerse a reflexionar acerca de lo que este autor manifiesta en relación a la movilización y participación regimentada de las masas y la elección de un enemigo al que atribuirle todos los males, al que por otra parte se deshumaniza – en este caso la difusa y ominosa categoría de “salvajes unitarios”, para quienes sólo cabía la muerte - como estrategia de consolidación de un poder hegemónico, característica que va luego va a ser distintiva de los movimientos y tendencias fascistas del siglo XX: “La lucha facciosa se potenció con la creciente movilización de los sectores populares, urbanos y rurales. Los enfrentamientos políticos, muy violentos, alteraron profundamente la vida social. La apelación al orden, que Rosas asumió, tenía un amplio apoyo en buena parte de la sociedad, particularmente entre los sectores propietarios, incluyendo a muchos que a la larga engrosarían el bando opositor. La singularidad de la fórmula rosista consistió en llegar al orden por la vía de la exacerbación y canalización de la movilización popular facciosa. Con ella disciplinó y expurgó a las elites. Muchos descubrieron, entonces y después, que la politización unánime, administrada, canalizada, convocada y desconvocada, se parecía mucho a la despolitización. Solo requería de un enemigo contra quien dirigirse. Un enemigo permanentemente derrotado pero, como la hidra de mil cabezas, siempre renaciente. Tal la función de los “unitarios”, denominación con la que el discurso del régimen englobó las más diversas formas de oposición.”

En esta línea de pensamiento se podrían enmarcar los argumentos de Juan José Sebreli para caracterizar a Rosas como un bonapartista o un protofascista, cuando considera que “…el movilizador de masas fue el rosismo, que fue un protofascismo, en un momento donde no existía nada parecido en Europa ni América. Fue un régimen totalitario en sentido estricto… Es la desaparición de los límites entre sociedad civil y Estado. La vida cotidiana, hasta los aspectos más íntimos, como la sexualidad, es controlada y existe una ideologización de todo.” O cuando plantea que “el caso de Rosas es realmente muy curioso. Es una especie de fascismo avant la lettre. Fue un típico bonapartista, con elementos mucho más fascistas de lo que pudieron haber sido los bonapartistas del siglo XIX, Bismarck o Napoleón III, con esa puesta en escena de toda una ciudad que es típica de los totalitarismos del siglo XX… La imaginería, la ciudad pintada de rojo, las divisas, el retrato de Rosas en todas partes, incluidas las iglesias… Es decir: la introducción de la política en la vida cotidiana, la desaparición de los límites entre lo privado y lo público. Eso lo hace por vez primera Rosas. En ese sentido, es casi un caso único en el siglo XIX. Ni los bonapartismos europeos llegaron a ese punto.”

Sarmiento supo ver las íntimas relaciones entre las estructuras socio – económicas y culturales con los modos de organización y dominación política. Por eso en el Facundo se pregunta lo siguiente, tratando de comprender y caracterizar correctamente al régimen de Rosas: “¿Dónde, pues, ha estudiado este hombre el plan de innovaciones que introduce en su gobierno, en desprecio del sentido común, de la tradición, de la conciencia y de la práctica inmemorial de los pueblos civilizados? Dios me perdone si me equivoco, pero esta idea me domina hace tiempo: en la estancia de ganados, en que ha pasado toda su vida y en la Inquisición, en cuya tradición ha sido educado.” Y por eso su programa, coincidente con el de Urquiza, será su contracara; la colonización agropecuaria,  el acceso a la tierra, el libre comercio, la educación pública y el laicismo. Las palabras que el genial sanjuanino eligió para su epitafio en notable síntesis no podrían ser más esclarecedoras: “Una América toda, asilo de los dioses todos, con lengua, tierra y ríos libres para todos”.

Conviene otorgar un párrafo aparte a la ley de enfiteusis de Rivadavia, generalmente mal interpretada y valorada, y al papel que tuvo Rosas en su administración. Recurrimos en ese sentido a la obra del uruguayo Andrés Lamas. En las primeras palabras del prólogo de su libro “Rivadavia y la legislación de las tierras públicas”, seguramente sorprendentes para muchos, Manuel Herrera y Reissig sostiene que “la República Argentina puede reclamar el honor de haber sido, con Francia, la cuna de las ideas del Impuesto Único en el mundo”. El prologuista se refiere a las ideas en las que los fisiócratas franceses – Quesnay, Turgot -, habían sido pioneros, complementadas luego por los aportes teóricos de los economistas clásicos liberales británicos – Adam Smith, David Ricardo – y perfeccionadas, sistematizadas y explicadas con claridad más tarde por el norteamericano Henry George, a partir de la publicación de su célebre obra “Progreso y Miseria” en 1879. Henry George advirtió con lucidez el rol de la renta del suelo en los procesos de crecimiento de las economías capitalistas, y demostró contundentemente cómo si no median eficaces políticas tributarias el crecimiento económico puede llevar al aumento de la riqueza pero también de la pobreza. El remedio que propuso George fue precisamente dejar de gravar por completo el trabajo y la inversión de capital e imponer tributos solamente al mayor valor del suelo generado por la comunidad, recuperando de esa manera para el Estado los ingresos no ganados percibidos por el propietario del suelo sin que éste haya realizado ningún tipo de esfuerzo. De ahí la denominación de impuesto único, el “single tax”. Henry George era partidario también del más amplio libre comercio, entre persones y entre países. Las ventajas del impuesto al valor del suelo libre de mejoras (único o no, hoy seguramente sería imposible prescindir absolutamente de todos los demás impuestos) han sido reconocidas por la enorme mayoría de los economistas, entre ellos muchísimos premios Nobel. Uno de ellos, Milton Friedman, llegó a decir que era “el menos malo” de todos los impuestos. Dos ventajas clave de este tributo son que se trata del único impuesto que no puede trasladarse a los precios – por el contrario, tiende a aumentar la oferta y por ende a reducirlos – y que es el único que no genera pérdida de eficiencia económica.  Refiriéndose a Rivadavia, continúa Herrera y Reissig en el prólogo del libro de Lamas diciendo que “la obra más grande, más original y más trascendente de aquel ilustre argentino… no es su obra política, constitucional, administrativa, docente y cultural… sino aquella gran reforma, aquella gran conquista que todavía, cien años después, no han logrado alcanzar las naciones más libres y avanzadas de la tierra: la libertad económica fundada en la liberación de la tierra, supremo desiderátum de las Democracias…”. En su libro Andrés Lamas nos dice que la legislación agraria de Rivadavia “tenía por base la conservación del dominio natural y directo del Estado sobre las tierras públicas, que declaraba inalienables. Conservando con la propiedad, la libre disponibilidad de sus tierras, el Estado podía proceder, sin reato alguno, a su mejor distribución, consultando las necesidades y las conveniencias generales; el bienestar y el aumento de la población, la extensión, la diversidad y el perfeccionamiento de las culturas, la buena distribución de la riqueza, y con ella la justicia social y las condiciones esenciales de la organización política de una sociedad democrática. Mediante la propiedad de la tierra, el Estado recibía, por medio del canon con el que la entregaba al cultivo, la renta que le correspondía; y como esta renta nace del trabajo social, Rivadavia esperaba, y con razón, que ella llegaría a ser, con el transcurso del tiempo, la fuente única de los recursos del tesoro público, suprimiéndose, en consecuencia, los impuestos que gravan el trabajo y los capitales individuales.” En síntesis, este autor oriental llega la conclusión de que “la absorción por el Estado del valor social de la tierra creado por el esfuerzo colectivo, el reconocimiento de la igualdad de derechos a la tierra, la proscripción de todos los impuestos sobre el trabajo y el capital y sobre todas las formas de la actividad económica, la libertad de trabajo en todas sus manifestaciones y el libre cambio en su sentido más lato y absoluto, es decir, no sólo entre las naciones, sino entre los individuos, tales fueron los propósitos y finalidades del sistema agrario de Rivadavia de 1826, como son las del impuesto único…”. De esta manera, lo que la tesis de Lamas y las expresiones de Reissig nos están mostrando es un Rivadavia adelantado a su tiempo, casi podríamos decir un georgista antes que Henry George.

Eduardo Conesa abona esta teoría, al expresar que “en nuestro país, en el decenio de 1820, bajo la presidencial del liberal Bernardino Rivadavia, un entusiasta de los economistas ingleses de la época, hubo un intento frustrado de establecer este sistema, por la vía del derecho de enfiteusis. Se trataba de un arrendamiento a largo plazo que hacía el Estado de la abundante tierra fiscal. El largo plazo pactado en los contratos tenía el propósito de estimular al arrendatario o enfiteuta a invertir en mejoras. El Estado arrendaba la tierra fiscal a cambio del pago de un canon anual por parte del enfiteuta. Este canon hacía las veces de un impuesto. Con el advenimiento de la dictadura de Rosas en los dos siguientes decenios, el sistema fracasó, y fue definitivamente abandonado en el decenio de 1850”. Además, Conesa considera que la “omisión de un impuesto liberal a la tierra libre de mejoras” es la principal objeción a formular a la Generación del 80; y  - tras recordar el frustrado proyecto del Presidente Roque Saenz Peña (ver “La ley Saenz Peña que no fue”) -, señala no obstante que “muchos otros brillantes hombres de la gloriosa generación de 1880 defendieron esta idea progresista”, pero aclara que “en rigor se remonta al decenio de 1820 cuando la propuso el ilustrado y entusiasta de la naciente ciencia de la Economía Política… Bernardino Rivadavia con su ley de enfiteusis”. Evidentemente, ningún país del mundo estaba en ese entonces, en condiciones de llevar adelante una reforma de ese tipo en toda su dimensión y alcance, mucho menos la Argentina anárquica y desarticulada de aquel momento.

Veamos ahora el papel de Rosas en esta cuestión. Recurrimos para ello a los datos y consideraciones de Horacio Giberti: “Teóricamente la ley se proponía una distribución racional de la tierra, una diversificación de la producción rural, fomentando la agricultura y la creación de una nueva clase media que enfrentara a la oligarquía terrateniente. Pero al ser llevada a la práctica esta ley produjo su propia negación: no fueron los inmigrantes labriegos, con los que soñaba utópicamente Rivadavia, quienes se repartían la tierra, sino precisamente la gran oligarquía terrateniente y hacendada… Basta leer la lista de enfiteutas para comprobarlo… Los inmigrantes que quería Rivadavia, por supuesto, no llegaron nunca a ocupar esas tierras. Es fácil prever cómo se sabotearía el proyecto de inmigración, si observamos que la comisión para organizar la contratación de inmigrantes europeos – creada por decreto de Rivadavia del año 1824 – estaba presidida por el primo de Anchorena, Juan Pedro Aguirre, e integrada entre otros por el propio Juan Manuel de Rosas. En un debate de la Legislatura llevado a cabo en Enero de 1829, el general Viamonte combatió la cláusula de la ley que prohibía a los enfiteutas adquirir nuevas tierras… Tomás de Anchorena sostuvo el proyecto de reforma en el sentido en que lo promulgaba Viamonte. De este modo la ley de enfiteusis perdía hasta su último rasgo progresista, para convertirse lisa y llanamente en el gran negociado de la burguesía terrateniente bonaerense… Durante el gobierno de Rosas no le resultaría muy difícil a esta misma oligarquía, que seguía vinculada al gobierno, conseguir que éste les concediera la propiedad privada de las tierras que les habían sido entregadas en carácter de enfiteusis. El despojo quedaba de ese modo legalizado. En 1837 vencían los diez años de plazo otorgado a la enfiteusis: se aumentaba a partir de entonces el canon al doble. El gobierno de Rosas, mediante un decreto del 19 de mayo de 1836, vendió 1.427 leguas – de las otorgadas en enfiteusis – a 253 adquirentes…”. Emilio Coni publicó en 1927 un trabajo en el que señala, en relación a la ley de enfiteusis, que “dos hombres solamente la habían estudiado, y superficialmente, Andrés Lamas, panegirista de Rivadavia, y Nicolás Avellaneda...” y resalta la “opinión francamente contraria a la enfiteusis de todos los hombres de valor que actuaron después de Caseros y que habían sido testigos del sistema. Mitre, Sarmiento, Tejedor, Alberdi y Vélez Sarsfield, por no citar sino a los principales, fustigaron a la enfiteusis con frases lapidarias y la calificaron de perniciosa”. Es evidente que aquella reforma rivadaviana fracasó estrepitosamente, por diversas razones que tuvieron que ver con su tergiversación y no con los principios y marco teórico que la inspiraron, pero de todas maneras el nombre de la enfiteusis quedó desprestigiado, y probablemente además muchos de los gobernantes posteriores a Caseros no entendieron su verdadera significación y alcance. Mitre llegó al despropósito de tildarla de comunista. Por ende, más allá de que ni Urquiza ni Sarmiento la reivindicaron expresamente, sí comparten con Rivadavia, - y en se sentido se alejan de Rosas - la aspiración de transformar el campo argentino por medio de la facilitación del acceso a la tierra, la inmigración, la colonización en unidades productivas diversificadas, la promoción de la agricultura y el comercio, la democracia municipal, la educación rural, etc. Si las realizaciones efectivas de ambos no alcanzaron las dimensiones de sus anhelos fue por la resistencia que encontraron, y por las falencias de quienes los sucedieron. Ricardo de Titto recuerda las propias palabras de Sarmiento al respecto: “Enfrentado al latifundismo –“una oligarquía con olor a bosta”– promueve la pequeña propiedad: “La posesión es el germen fecundo de la población. Donde este derecho no fue respetado, el capital, el favor y la corrupción del poder distribuyeron la tierra entre especuladores y poderosos y permaneció por siglos inculta, despoblada e indivisa”.” No obstante, las colonias santafesinas, San José y sus desprendimientos en Entre Ríos, y Chivilcoy en Buenos Aires, entre otras colonias y pueblos, quedaron como testimonio del potencial de transformación del campo argentino. En alguna medida, sigue siendo una asignatura pendiente, aunque con problemas y desafíos de diferente índole.                          

Pero volvamos, para ir finalizando, a Justo José de Urquiza. En ocasión del centenario del nacimiento del prócer uruguayense, con motivo de la iniciativa de erigir un monumento que rindiera homenaje a su memoria, ni Mitre pudo evitar reconocer - quizás un poco a desgano, o tal vez valorando sinceramente tras tantos años la estatura histórica de Urquiza  -  que “el libertador de la República que derribó en Caseros la bárbara tiranía y que inició posteriormente la organización constitucional de la República, era merecedor a este honor póstumo”. Y por lo tanto sumó su adhesión a la idea de “realizar el monumento nacional que el país debe a la memoria del vencedor de Caseros y del libertador de la República.” 

Finalmente, recordemos las palabras de Sarmiento, a 12 años de la tragedia de San José, publicadas en las páginas del diario El Nacional de Buenos Aires: “El General Urquiza ha sobrevivido a su muerte violenta. La Constitución Argentina y la reunión de la República bajo las mismas instituciones de Gobierno, lo tienen a su frente. Y si el 3 de Febrero perpetúa el día en que fueron tronchadas las cadenas, el de su muerte serviría sólo para deplorar un crimen inútil, pues que la gloria legítima resiste la destrucción del tiempo, que es lo único que puede alcanzar el puñal”.- 

   

 Bibliografía

Caligaris, Hugo. «El escritor Juan José Sebreli contra todos.» Revista ADNcultura , 3 de Enero de 2009.

Conesa, Eduardo, y Luis Alberto Rey . Economía Polìtica Argentina. Buenos Aires: Prosa Editores, 2020.

Coni, Emilio Angel. La verdad sobre la enfiteusis de Rivadavia. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1927.

de Titto, Ricardo. «Domingo ayer...Sarmiento hoy.» Clarín. 15 de Febrero de 2022. https://www.clarin.com/opinion/domingo-ayer-sarmiento-hoy_0_a6kSflBL8c.html (último acceso: 15 de Febrero de 2022).

Giberti, Horacio C. Historia económica de la ganadería argentina. Buenos Aires: Solar / Hachete, 1970.

Hora , Roy. «El latifundio como idea: Argentina, 1850-2010.» Universidad Nacional de La Pampa. s.f. https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/pys/article/view/3016/3495 (último acceso: 12 de Febrero de 2022).

Lamas , Andrés. «Rivadavia y la legislación de las tierras públicas.» Anáforas - Biblioteca digital de autores uruguayos. Universidad de la República. s.f. https://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/48335 (último acceso: 13 de Febrero de 2022).

Revista Ñ. «Juan José Sebreli: “En la Argentina son todos populistas”.» 16 de Noviembre de 2012.

Romero, Luis Alberto. «Reelección: una obsesión de Rosas.» Centro de Estudios de Historia Política. Universidad Nacional de San Martín. 2012 de Febrero de 2012. http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/romero/rosas%20perfil.pdf (último acceso: 12 de Febrero de 2022).

Ruiz Moreno, Isidoro J. . Vida de Urquiza . Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Claridad, 2017.

Urquiza Almandoz, Oscar Fernando. Hechos, personajes y costumbres de nuestro pasado. Entre Ríos: el autor, 2010.

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domingo, 13 de febrero de 2022

LA LEY SAENZ PEÑA QUE NO FUE

Por José Antonio Artusi

Roque Saenz Peña nació el 19 de Marzo de 1851 y murió el 9 de Agosto de 1914, en Buenos Aires. Fue el Presidente de la República desde el 12 de Octubre de 1910 hasta su muerte, aunque había pedido licencia por razones de salud en 1913. Es el único argentino que comparte con su padre haber ejercido la presidencia. Es conocido, sobre todo, por haber impulsado, en acuerdo con el líder radical Hipólito Yrigoyen, la ley electoral identificada con su nombre, una trascendente reforma política que mejoró notablemente las practicas electorales e integró a diversos partidos en el sistema representativo. Es prácticamente desconocido, sin embargo, como el Presidente que alentó otro proyecto de ley, lamentablemente frustrado, que habría significado una reforma progresista destinada a complementar de manera armónica la primera, la que conocemos como la “ley Saenz Peña”.    

De que se trataba ese proyecto que no prosperó, la ley Saenz Peña que no fue?

Recurrimos al economista Eduardo Conesa para describirla y valorarla: “Saenz peña presentó al Congreso una ley muy avanzada… En efecto, presentó… una ley de impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras para los territorios nacionales que hubiera abaratado las tierras y facilitado el acceso a ella de los millones de inmigrantes llegados a nuestro país… Cabe recordar que el impuesto al valor venal de la tierra libre de mejoras como elemento progresista dentro del liberalismo fue propiciado por los fisiócratas liberales franceses ya en el siglo XVIII. También por el economista ultraliberal David Ricardo en Inglaterra en 1817. Y en los Estados Unidos por el político y escritor liberal Henry George en su libro Progreso y Miseria, de 1879, pero esta vez como “impuesto único”… La muerte de Sáenz Peña en 1914 impidió cristalizar la reforma… Esta reforma ultraliberal, democrática y progresista fue sostenida además por muchos miembros del Partido Autonomista Nacional y, por supuesto, por los socialistas democráticos como Juan B. Justo… Especial reconocimiento merece Roque Sáenz Peña, pues más allá de su adhesión intelectual a la idea, en ejercicio de la presidencia promovió dos proyectos de ley tan consistentes entre sí como la cara y la ceca de una moneda: uno, político, la ley del voto secreto y obligatorio, por el que es recordado, y otro, que movilizaba la economía y respaldaba las bases económicas de la democracia… El segundo proyecto fue archivado por causa de su prematura muerte y olvidado por los siguientes hombres públicos, pero es de enorme actualidad. Su fin era asegurar la “democracia política” mediante una correlativa “democracia económica, consistente en “igual derecho de acceso a la tierra para todos los que quisieran trabajarla”… Quizá hubiese sido otra la historia económica argentina en la segunda parte del siglo XX si se hubiese sancionado un impuesto al valor de la tierra libre de mejoras en lugar del impuesto a los réditos, o si, como proponemos en este proyecto de ley, un impuesto a la tierra libre de mejoras que opere como pago a cuenta del impuesto a las ganancias”. (Conesa se refiere al proyecto de ley que presentó en tal sentido en 2016 siendo diputado nacional)       

Pero veamos lo que el propio Saenz Peña dijo sobre la cuestión, en el mensaje al Congreso en 1912: “considero necesario crear un impuesto que falta en nuestro régimen financiero, impuesto que han adoptado con éxito otras naciones y cuya ausencia no abona la justicia distributiva con que debería estar establecido entre nosotros, me refiero al impuesto sobre la valorización de la propiedad, en cuanto ella no proceda de la obra o trabajo privado, sino del esfuerzo colectivo. Están gravados todos los consumos y todas las industrias, las necesidades premiosas de la vida, tanto como el trabajo del hombre que le asegura moderadas ganancias, y no está el enriquecimiento obtenido sin esfuerzo, por la acción de la comunidad, que viene a premiar sin merecimiento propio lo que constituye obra de todos. Se impone así una reparación de tan notorio privilegio.”

Que quien pronunciara estas palabras, de una actualidad tal que duelen, sea rotulado como conservador es una muestra más de las confusiones y desvaríos ideológicos que priman en nuestro país.-  


Publicado en el diario La Calle de Concepción del Uruguay el Domingo 6 de Febrero de 2022.-                   

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martes, 1 de febrero de 2022

GOBERNAR ES POBLAR

Por José Antonio Artusi

“Gobernar es poblar”, nos enseñó Alberdi. Lamentablemente, a 138 años de su muerte, todavía no hemos aprendido la lección. Argentina tiene un enorme territorio en el que viven algo más de 45 millones de personas, con una densidad de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Si la comparamos con la densidad de algunos países desarrollados veremos que es muy baja, 25 veces menor que la de Israel, 12 veces menor que la de Suiza, 8 veces menor que la de Dinamarca.

En realidad nuestro país no sólo está poco poblado sino “mal poblado”, con notorios desequilibrios entre zonas despobladas y áreas metropolitanas densas y con graves problemas muy difíciles de resolver. Santa Cruz tiene una densidad de 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado y la ciudad de Buenos Aires, un distrito enteramente urbanizado, 15407.     

En un documento de la Fundación Alem publicado el año pasado se señala que “existe un gran desequilibrio y falta de estructuración regional que se refleja en una enorme desproporción entre áreas metropolitanas, especialmente el AMBA, que concentran tanto oportunidades como déficits estructurales acumulados durante décadas y regiones poco dinámicas que expulsan población por falta de oportunidades”.

Entre Ríos tiene una densidad poblacional ligeramente por encima del promedio nacional, aún así muy baja, casi 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Las comparaciones son odiosas, dice el refrán, pero a veces sirven para dimensionar nuestra realidad, para recordar las asignaturas pendientes, y para tomar conciencia de nuestras posibilidades de desarrollo.

El territorio de Israel, buena parte desértico, donde viven más de 9 millones de personas, entraría más 3 veces y media en el de Entre Ríos, en el que habitamos poco más de 1,4 millones. Benelux, tal como se denomina el acuerdo entre Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, tiene un territorio ligeramente menor en superficie al entrerriano. Viven en esos 3 países europeos casi 30 millones de personas. El territorio suizo es apenas superior a la mitad del de Entre Ríos. Viven en el país alpino más de 8 millones de habitantes.

Los países del Benelux exportaron en 2020 casi 900 veces más que las exportaciones originadas en Entre Ríos. Los Países Bajos, con un territorio que es prácticamente la mitad de Entre Ríos, son el segundo exportador mundial de productos agropecuarios, sólo por debajo de Estados Unidos. Bélgica, con un territorio que es poco más de un tercio del entrerriano, exportó en 2020 por un valor 292 veces mayor a las exportaciones de nuestra provincia. Luxemburgo, con una superficie menor a la mitad de la que tiene el Departamento Uruguay, cuya ciudad cabecera es Concepción del Uruguay, exportó en 2020 bienes y servicios por un monto más de 100 veces mayor a las exportaciones entrerrianas. 

Entre Ríos tiene recursos naturales de sobra para aspirar a ser un territorio desarrollado y próspero, que brinde calidad de vida y oportunidades a muchos más de los que hoy la habitan. Clima templado, suelos fértiles, recursos hídricos abundantes, ríos caudalosos que brindan agua potable, energía hidroeléctrica, vías navegables, riego, recursos ictícolas y atractivos turísticos. Está localizado en una ubicación estratégica en el corredor que une las principales áreas metropolitanas del Mercosur. A esos recursos naturales, no creados el hombre, hace falta aplicarles trabajo y capital para generar riquezas.

Pero ni las inversiones ni las personas vendrán si no se pone en marcha un plan estratégico de desarrollo que identifique correctamente las razones de nuestro atraso y que remueva los obstáculos que impiden el crecimiento desde hace décadas. Economía del conocimiento, investigación y desarrollo, innovación aplicada a los procesos productivos, agricultura de precisión, ganadería bovina y porcina, avicultura, industria frigorífica, incorporación de valor y calidad a la producción de alimentos, energías renovables, forestoindustria, servicios educativos y sanitarios, industria 4.0, turismo, etc.; todo con el más celoso cuidado del ambiente y la salud, potenciando el desarrollo de ciudades pequeñas e intermedias, que brindan las ventajas de la vida urbana y todavía están a tiempo de evitar los males de las grandes áreas metropolitanas: las oportunidades están. Depende de nosotros aprovecharlas. Poblemos Entre Ríos. Hagamos de nuestra provincia la Entre Ríos que Urquiza sonó.       


Publicado en el diario La Calle el día 30 de Enero de 2022.-


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miércoles, 26 de enero de 2022

THOMAS PAINE Y MILTON FRIEDMAN


 Por José Antonio Artusi

 Me referí la semana pasada a Thomas Paine, y dije de él que fue “uno de los pioneros más lúcidos de una propuesta que se ha vuelto a debatir intensamente en todo el mundo: el ingreso ciudadano, o ingreso básico universal”. Es posible, pero muy infrecuente,  vincular las ideas de Thomas Paine con las de alguien más cercano en el tiempo y con el que no se lo suele emparentar, el economista estadounidense Milton Friedman. Reivindico a menudo al menos dos de sus planteos: la consideración del impuesto al valor del suelo libre de mejoras como el “menos malo”, en sus propias palabras, el argumento de Henry George; y la propuesta de un impuesto negativo a la renta, quizás la forma más simple y práctica de implementar un sistema de ingreso ciudadano de carácter universal e incondicional. Suelo encontrar respuestas que denotan cierta sorpresa frente a mi defensa de ideas esgrimidas por un economista al que se rotula como “neoliberal”, al que por lo tanto hay que cancelar sin más trámite. Es en esos momentos cuando me acuerdo del consejo de Raúl Alfonsín, “no sigan a hombres, sigan a ideas…”. Y en esas dos ideas, al menos, Milton Friedman no se equivocó. Por el contrario, son un marco conceptual plenamente vigente, que espera la lucidez y el compromiso de gobernantes que los hagan realidad por medio de políticas públicas concretas. No debería ser necesario que aclare – pero por las dudas lo hago – que mi coincidencia con esas dos propuestas no es en absoluto incompatible con diferencias con otras, y aún más, mi rechazo a algunos de sus posicionamientos políticos.  

Milton Friedman nació el 31 de Julio de 1912 en New York y murió en San Francisco el 16 de Noviembre de 2006.  Recibió el Premio Nobel de Economía en 1976. Curiosamente (o no tanto), es rarísimo o directamente imposible encontrar entre sus seguidores conservadores adhesiones a alguna de estas dos ideas. El propio Friedman lo advirtió en su momento, y a propósito del impuesto negativo a la renta manifestó que la iniciativa fue recibida “con considerable (aunque lejos de unánime) entusiasmo en la izquierda y con considerable (aunque, de nuevo, lejos de unánime) hostilidad por la derecha”.       

En una entrevista en 1978 Milton Friedman declaró que “todos los impuestos son antagonistas de la libre empresa, pero de todos modos necesitamos impuestos. Entonces la cuestión es, cuáles son los impuestos menos malos? En mi opinión, el impuesto menos malo es el impuesto a la propiedad sobre el valor de la tierra libre de mejoras, el argumento de Henry George de hace tantos, tantos años…”. Y agregó que el siguiente menos malo es el impuesto a los ingresos por encima de un mínimo no imponible con una tasa fija.

En un interesante reportaje imaginario a Henry George publicado en La Nación en 2009, Juan Carlos de Pablo lo presenta como “el padre de la criatura, el norteamericano Henry George (1839-1897)… que en “Progreso y pobreza”, publicado en 1879, propuso precisamente reemplazar todos los impuestos por uno a la tierra”; y le hace decir que “los modernos entusiastas del impuesto a la tierra… le prestan atención al hecho de que ese impuesto, al ser independiente del nivel de producción, no distorsiona las decisiones privadas y maximiza los esfuerzos del productor. Esa es la razón por la cual entusiasmaba tanto a Milton Friedman”.    

La otra idea, el impuesto negativo a la renta, se trata de un crédito fiscal que – como todos – puede reducir el monto del impuesto a pagar por el contribuyente. Pero, a diferencia otros créditos fiscales, se otorga incluso si el ciudadano no debe pagar nada de impuesto.  

Una forma sencilla de implementar un impuesto negativo a la renta (o mejor dicho, a las ganancias)  podría consistir en  establecer un ingreso ciudadano, de carácter absolutamente universal e incondicional, que reciben todos los habitantes adultos. Adicionalmente podría pensarse en un ingreso ciudadano a la niñez, de menor cuantía, como el que propuso en su momento Elisa Carrió, sustitutivo de la AUH y otros subsidios condicionados (los famosos “planes”, que caen en la “trampa de la pobreza”, vale decir que desincentivan el trabajo y la formalidad laboral), las asignaciones familiares y las deducciones por hijo en el impuesto a las ganancias. El impuesto tendría un mínimo no imponible y una tasa nominal fija. La persona que no recibe ningún ingreso recibiría el 100% del ingreso ciudadano como transferencia mensual. Por debajo de determinado monto de ingresos, que daría como resultado un monto a pagar menor a la cuantía del ingreso ciudadano, la persona recibiría como transferencia neta la diferencia. Por encima de ese monto de indiferencia, que daría como resultado un monto a pagar mayor al ingreso ciudadano, la persona debería abonar la diferencia en su pago del impuesto. Lo interesante del sistema es que la combinación de una tasa nominal fija, no progresiva, con un mínimo no imponible y con un ingreso ciudadano igualitario como crédito fiscal es que las tasas reales del impuesto a pagar se transforman automáticamente en progresivas, vale decir aquellos que ganan más pagan un porcentaje mayor de sus ingresos, sin necesidad de tablas escalonadas que suelen generar problemas y en algunos casos desincentivan a los trabajadores a trabajar más. Hay un antecedente muy reciente e ilustrativo al respecto de empleados de Toyota en nuestro país. La reforma propuesta debería abarcar la eliminación de diversos impuestos, entre ellos el monotributo. Todos estarían en igualdad de condiciones en el mismo régimen. Ello no quiere decir que todos pasarían a pagar ganancias. Es evidente que resulta clave en este sentido la determinación de 3 variables: el monto del ingreso ciudadano o crédito fiscal, el mínimo no imponible, y la tasa del impuesto. Resultaría muy interesante que especialistas en la cuestión hagan simulaciones con información estadística actualizada para analizar el impacto de diversas hipótesis combinando diferentes valores para esas variables.

Mucho menos estudiada, por no decir no estudiada en absoluto, es la idea de aplicar el mismo concepto básico de la tributación negativa al impuesto al valor del suelo libre de mejoras, generando en este caso un crédito fiscal a aplicar sobre dicho impuesto. También aquí el tributo debería tener un mínimo no imponible y una tasa nominal fija. La persona que no es propietaria de ningún bien inmueble recibiría el 100% del crédito fiscal. La persona que posee un inmueble valuado por debajo de determinado monto, que daría como resultado un monto a pagar menor al crédito fiscal, percibiría como transferencia neta la diferencia. La persona que posee uno o varios inmuebles, cuyo valor sumado supera ese monto de indiferencia, que daría como resultado un monto de impuesto a pagar mayor al crédito fiscal, debería abonar la diferencia en su pago del impuesto. También aquí la combinación de una tasa nominal fija, no progresiva, con un mínimo no imponible y con un crédito fiscal dan como resultado que las tasas reales del impuesto a pagar se transforman automáticamente en progresivas, vale decir aquellos que son propietarios de suelo de mayor valor  pagan un porcentaje mayor de su patrimonio.

Eduardo Conesa propuso en 2016 siendo diputado nacional una reforma tributaria en la que el impuesto al valor del suelo libre de mejoras podía computarse a cuenta del impuesto a las ganancias. Incorporando una cláusula en este sentido los dos impuestos negativos mencionados – a las ganancias y al valor del suelo – se vincularían de manera sistémica, generando diversas posibilidades de combinaciones. Podría ser que el impuesto al suelo abonado por el propietario sea mayor que su liquidación de ganancias, y por lo tanto directamente no pagaría este tributo. O podría ser que resulte menor, en cuyo caso descontaría el monto abonado en concepto de impuesto al suelo de su liquidación de ganancias. En este caso, la tasa real del impuesto a las ganancias sería aún menor.

Una reforma tributaria de este tipo debería implicar la eliminación por completo (y en algunos pocos casos la reducción) de diversos malos impuestos, tanto nacionales como provinciales: monotributo, bienes personales, ganancia mínima presunta, retenciones a las exportaciones, aranceles desmedidos a las importaciones, ingresos brutos, sellos, etc.   

Se pasaría de esa manera a un esquema en el que desaparecerían tributos regresivos y distorsivos y el sistema se basaría mucho más en los que Milton Friedman consideraba los dos menos peores impuestos. Y nos habríamos aproximado muchísimo a lo que propuso Thomas Paine en 1795. Estaríamos en presencia de algo que para muchos es una utopía pero que se debate cada vez más en el mundo desarrollado: un ingreso ciudadano financiado por la recuperación de la valorización del suelo. En Corea uno de los candidatos presidenciales para las elecciones del próximo 9 de Marzo, Jaemyung Lee, tiene entre sus propuestas medidas de este tipo.

Un documento del Observatorio Fiscal de la Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá de 2020 titulado “El impuesto negativo a la renta de Friedman: ¿un camino para hacer realidad la renta básica?” (en algunos países el término “renta básica” es utilizado para referirse al ingreso ciudadano o ingreso básico universal) finaliza diciendo que “las ideas de Milton Friedman, fallecido en 2006, podrían ayudar a que sectores en pugna se pongan de acuerdo para nivelar la cancha a favor de los más pobres y contribuir así a sacar a más ciudadanos de la pobreza. Si de privilegian los intereses de quienes más necesitan de estas miradas, es una idea que fácilmente podría ponerse en práctica. Veremos si lo hacen”. Quizás el primer paso consista en elevar la calidad del debate, y no dejarnos llevar por las etiquetas y los rótulos, sino más bien analizar las ideas por sus méritos intrínsecos, despojados de prejuicios.-


Publicado en el diario La Calle el dìa 23 de enero de 2022.-

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