martes, 18 de abril de 2023

TIROS EN EL PIE O REMEDIOS ADECUADOS

Por José Antonio Artusi              

Millones de argentinos se ven privados del derecho a una vivienda digna. Se han ensayado diversas soluciones al problema, que no sólo no lo han solucionado sino que en muchos casos lo han empeorado, tales como malas leyes de alquileres. Permanece casi desconocida u olvidada, paradójicamente, una política que podría tener un impacto significativo en la mejora de la asequibilidad a la vivienda, ya sea en propiedad como en alquiler: el impuesto al valor del suelo libre de mejoras, también conocido como el impuesto único. Se trata de una idea propuesta por el economista y filósofo estadounidense Henry George en su obra "Progreso y Miseria" en 1879. Según George, este impuesto debería gravar únicamente el valor del suelo, sin tener en cuenta las mejoras realizadas en él, como edificios o instalaciones. En nuestro caso no equivaldría a crear un nuevo tributo sino simplemente a reformar el impuesto inmobiliario, desgravando totalmente las construcciones y gravando solamente el suelo, con alícuotas razonables y valuaciones cercanas a los precios de mercado. Recordemos que el Premio Nobel William Vickrey sostuvo que “el impuesto a la propiedad inmobiliaria es, económicamente hablando, la combinación de uno de los peores impuestos, la parte que se deriva de las mejoras a un bien inmueble… y uno de los mejores, el impuesto a la tierra o al valor del lugar”.  

Esta idea ha sido apoyada por muchísimos economistas a lo largo de la historia, incluyendo a Milton Friedman (que lo consideraba el menos malo), debido, entre otras razones, a su potencial para mejorar la asequibilidad a la vivienda. Este impuesto, combinado con la eliminación de muchísimos otros impuestos regresivos y distorsivos podría contribuir a ello de diversas maneras:

. Desalentando la especulación del suelo, mal llamada especulación inmobiliaria: El impuesto propuesto por Henry George desalienta la especulación del suelo, ya que gravaría su valor y no las mejoras. Esto significa que los propietarios de parcelas vacantes o subutilizadas tendrían que pagar un impuesto relativamente más alto, lo que los incentivaría a desarrollar o vender esas tierras, en lugar de mantenerlas sin utilizar con fines especulativos. Esto aumentaría la oferta de viviendas y de lotes en el mercado, lo que a su vez ayudaría a reducir los precios.

. Estimulando la inversión en viviendas: Al gravar únicamente el valor del suelo y no las mejoras, se estimularía a los propietarios a invertir en la construcción de viviendas en lugar de especular con el mayor valor del suelo acrecentado por acciones del Estado y de la comunidad. Esto también aumentaría la oferta de viviendas en el mercado, lo que contribuiría a la reducción de los precios y a mejorar la asequibilidad para compradores e inquilinos.

. Mejorando la equidad en la distribución de la riqueza: la propiedad del suelo tiende a concentrarse en manos de unos pocos propietarios, lo que puede resultar en desigualdades en la distribución de la riqueza y dificultades en el acceso a la vivienda. Al capturar una parte de las rentas extraordinarias y utilizarlas para financiar programas de vivienda asequible o programas universales como el ingreso ciudadano, podría contribuir a una mayor equidad en la distribución de la riqueza.

. Estimulando el desarrollo urbano eficiente: los propietarios de tierras tendrían un incentivo para desarrollar sus propiedades de manera eficiente para minimizar el impacto del impuesto. Esto impulsaría un crecimiento más compacta y sostenible de las ciudades, promoviendo el uso eficiente del suelo y evitando la expansión urbana no planificada y de baja densidad.

La idea de Henry George ha sido objeto de críticas y debates en la comunidad económica, y algunos economistas neoclásicos, en buena medida defendiendo intereses concretos de quienes se beneficiaban con la especulación, han argumentado en contra de la inclusión del suelo como un factor de producción separado del capital y del trabajo. Sin embargo, otros economistas, como Fred Harrison y Mason Gaffney, han defendido y actualizado la propuesta de Henry George, y han proporcionado argumentos contundentes en favor de considerar el suelo como un factor de producción distintivo. Entre los argumentos utilizados por estos y otros economistas podemos encontrar los siguientes:

. Rentas económicas del suelo: argumentan que el suelo tiene características especiales que lo diferencian de otros factores de producción, y que los propietarios de tierras pueden obtener rentas económicas simplemente por poseer tierras con valor en el mercado, sin realizar ninguna actividad productiva. Estas rentas del suelo, según ellos, son una forma de ingreso no merecido, ya que no resultan del esfuerzo o inversión del propietario, sino del valor atribuido a la ubicación de la tierra. El impuesto sería una forma de capturar parte de estas rentas del suelo y reinvertirlas con sentido redistributivo para beneficio de la sociedad en su conjunto.

. Ineficiencias en la asignación del suelo: consideran que la falta de un impuesto sobre el valor del suelo puede llevar a una asignación ineficiente de los recursos, ya que los propietarios de lotes pueden retenerlos sin desarrollarlos o subutilizarlos con fines especulativos, en lugar de utilizarlos productivamente. Al desalentar la especulación del suelo y promover un uso más eficiente del mismo, se mejoraría la asignación de recursos y se promovería un desarrollo urbano más sostenible.

En nuestro país es muy poco conocido un proyecto de ley presentado por el Presidente Roque Sáenz Peña en 1912, conocido como el "Impuesto al Mayor Valor de la Tierra", que fue claramente inspirado en las teorías de Henry George y procuraba recuperar el incremento del valor del suelo producido por acciones ajenas al propietario. El proyecto de ley de Sáenz Peña buscaba gravar el aumento del valor del suelo que se genera debido a la acción del Estado y al crecimiento de la comunidad, con el objetivo de utilizar esos ingresos para financiar obras públicas nacionales o municipales. Sin embargo, este proyecto de ley no prosperó. Quizás haya llegado la hora de rescatar del olvido esa iniciativa trunca de ese gran presidente que fue Saenz Peña.-


Publicado en el diario La Calle el día 16 de Abril de 2023.-

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miércoles, 12 de abril de 2023

LA POBREZA NO PUEDE ESPERAR


Por José Antonio Artusi              

Se cumplieron el 4 de Abril 55 años del asesinato de Martin Luther King, uno de los más lúcidos y comprometidos defensores de una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. Poco antes de morir expresó que “la maldición de la pobreza no tiene justificación en nuestra era”, y enfatizó que “la pobreza es uno de los temas más urgentes en la agenda de la vida moderna”.

En Argentina, más allá de los porcentajes y las estadísticas, la pobreza sigue siendo un problema muy grave. La solución estructural a largo plazo implica disminución de la inflación, crecimiento económico sostenido, provisión de bienes públicos de calidad en educación, salud y hábitat, y creación de empleos genuinos a escalas masivas en un sector privado competitivo en un mundo globalizado. Pero eso no se logrará de la noche a la mañana, y la pobreza, sobre todo la indigencia, no puede esperar. Una alternativa en tal sentido es el ingreso ciudadano, también llamado ingreso básico universal, una política que proporcionaría un ingreso mínimo a todos los habitantes, independientemente de su situación económica, y que podría ayudar a reducir la pobreza extrema de manera significativa.  Estas son algunas razones por las que necesitamos un proceso gradual que desemboque en la institución de un ingreso ciudadano, articulado con una profunda reforma tributaria y la eliminación de muchísimos de los programas sociales vigentes, que lo deberían hacer viable:  

-          Reducción de la pobreza extrema: proporcionaría un ingreso básico a todas las personas, incluyendo a aquellas que actualmente viven en situación de pobreza extrema. Esto podría mejorar su calidad de vida y ayudarles a salir de la situación de exclusión.

-          Mayor igualdad: promovería la igualdad económica al proporcionar a todos los ciudadanos un ingreso mínimo garantizado. Esto podría reducir la brecha entre los ricos y los pobres y mejorar la distribución de la riqueza.

-          Estabilidad financiera: proporcionaría una red de seguridad financiera para las personas en situaciones difíciles, como la pérdida de empleo o la incapacidad para trabajar debido a enfermedad o discapacidad. Esto podría ayudar a prevenir la caída en la pobreza en momentos de crisis económica.

-          Mayor seguridad social: podría proporcionar una mayor seguridad social a la población más vulnerable, incluyendo a los ancianos y a los niños.

-          Impulso a la economía: podría estimular la economía al proporcionar un mayor poder adquisitivo a las personas más pobres, lo que podría aumentar la demanda de bienes y servicios y estimular la creación de empleos.

Una de las ventajas del ingreso ciudadano es que, al ser universal e incondicional, no desalienta el trabajo. Esto se debe a que proporciona una red de seguridad económica para todos, independientemente de su situación laboral, y no cae por lo tanto en la “trampa de la pobreza” propia de los “planes” sociales focalizados y condicionales, que además generan dependencia clientelar.

Como la pobreza extrema en la población infantil es la que más urgentemente hay que atacar, se podría empezar por reflotar el Ingreso Ciudadano a la Niñez propuesto por Elisa Carrió en los 90, consistente en proporcionar un ingreso básico a todos los niños del país, independientemente de la situación económica de sus familias. De hecho no estamos tan lejos, se podría concretar unificando en un único programa la AUH, las asignaciones familiares, las deducciones por hijo en el impuesto a las ganancias, y otros programas asistenciales. Se obtendría de ese modo una prestación verdaderamente universal (la AUH de “universal” no tiene nada), incondicional, igualitaria y permanente, inspirada en los ideales republicanos.   

Los programas piloto de ingreso ciudadano que se han implementado en diversos lugares del mundo han proporcionado sólidas evidencias sobre los efectos de esta política:

-          Mejora en la salud y el bienestar: Los programas piloto han demostrado que proporcionar un ingreso básico puede mejorar la salud y el bienestar de las personas. En un programa piloto realizado en Uganda se encontró que los hogares que recibieron un ingreso básico experimentaron una reducción en la mortalidad infantil y una mejora en la nutrición infantil.

-          Reducción de la pobreza y la desigualdad: Los programas piloto también han demostrado que esta política puede reducir la pobreza y la desigualdad. En un programa piloto realizado en la India se verificó que el ingreso básico redujo la pobreza en un 28% y redujo la desigualdad en un 13%.

-          No desalienta el trabajo: Los programas piloto de ingreso ciudadano han demostrado que esta política no desalienta el trabajo. En un programa piloto realizado en Finlandia se vió que los participantes no redujeron significativamente su participación laboral después de recibir el ingreso básico.

-          Mejora la educación y el emprendimiento: también han demostrado que esta política puede mejorar la educación. En un programa piloto realizado en Kenia se encontró que los participantes que recibieron el ingreso básico aumentaron su inversión en educación.

Thomas Paine, uno de los pensadores políticos más influyentes de la Ilustración, hizo una defensa moral del ingreso ciudadano en su obra "Justicia Agraria" en 1795. Desde la época de Thomas Paine, muchos autores han argumentado a favor del ingreso ciudadano desde diversas perspectivas:

Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght lo han propuesto como una forma de garantizar la libertad y la autonomía individual, al permitir a las personas elegir su forma de vida y trabajo sin verse forzadas a aceptar empleos indeseados o mal remunerados.

Guy Standing ha argumentado que el ingreso ciudadano es necesario para combatir la creciente inseguridad laboral y la erosión del Estado de bienestar, y que proporciona una base para construir una sociedad más justa y equitativa.

Rutger Bregman lo ha defendido como una forma de redistribución del poder económico y político, al reducir la dependencia de las personas de los empleadores y los programas gubernamentales.

Annie Miller lo ha propuesto como una forma de reconocer y valorar el trabajo no remunerado, como el cuidado de la familia y la comunidad, que a menudo es realizado por mujeres y se subestima en la economía convencional.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos argumentos que se han dado en favor del ingreso ciudadano. Cada autor tiene su propia justificación moral, política y económica para apoyar la idea, pero todos comparten la creencia de que este enfoque puede proporcionar una base sólida para una sociedad más justa y equitativa.-


Publicado en el Diario La Calle el día 9 de Abril de 2022.-

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lunes, 3 de abril de 2023

MIRANDO LOS DATOS DEL CENSO 2022 (Y ANTERIORES)…

Por José Antonio Artusi              

Los datos preliminares del Censo 2022 para la provincia de Entre Ríos nos permiten hacer algunos análisis someros sobre la evolución de las tendencias demográficas, que obviamente deberán profundizarse cuando contemos con información más completa y desagregada.

En primer lugar, cabe señalar que la población de Entre Ríos creció un 15,41% entre 2010 y 2022, ligeramente por encima de la tasa nacional (14,8%), y muy por encima de su propia tasa de crecimiento del anterior período intercensal (6,72%), entre 2001 y 2010.

El departamento que más creció es Colón (20,8%); también lo había sido entre 2001 y 2010 (17,91%). El que menos creció es Nogoyá (8,57%), el único departamento con porcentaje de crecimiento de un dígito. Nogoyá había sido también el de menor crecimiento entre 1991 y 2001 (4,32%). El departamento que más creció después de Colón es Tala (20,16%); en este caso el contraste es notable con el período anterior, en el que había sido el de menor crecimiento; en realidad había sido el único en ver disminuir su cantidad de población (-0,88%) entre 2001 y 2010.

Dividí a la provincia en 3 regiones (es obviamente discutible el criterio). Tengo así la Costa del Uruguay: Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay y Gualeguaychú; la Región Centro: Feliciano, Federal, Villaguay, Tala y Nogoyá; y la Costa del Paraná: La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

La región de la costa del Uruguay es la que más creció (16,98%), con todos sus departamentos por encima del porcentaje provincial. La que menos creció es la Región Centro (12,93%). Sin embargo el departamento Tala (20,16%) está bastante por encima de la tasa provincial. En una situación intermedia está la región de la costa del Paraná, con un porcentaje de incremento muy cercano al provincial (14,60%). Los únicos departamentos en esa región con tasas de crecimiento superiores - levemente - a la provincial son Diamante (16,74%) e Islas (16,54%).

Si miramos una serie más larga, entre 1991 y 2022, la población de Entre Ríos creció 39,81%. El departamento que más creció es Colón (67,10%) y el que le sigue es Federación (63,10%). Los de menor crecimiento son Nogoyá (13,81%), La Paz (20,96%) y Tala (27,35%). En ese período la región que más creció es la costa del Uruguay (47,42%) y la de menor crecimiento fue la Región Centro (25,40%). Nuevamente al medio, la región de la costa del Paraná (37,25%), cerca del promedio provincial. Si miramos números absolutos el contraste entre Colón y Nogoyá es notable. En 1991 tenían 44937 y 37230 habitantes respectivamente. En 31 años Colón sumó 30.154 habitantes, casi mil por año, y Nogoyá sólo 5.141, 165 por año en promedio. Si tenemos en cuenta un período más extenso aún, veremos que Nogoyá perdió población en términos absolutos entre 1947 y 2022, pasó de 46.799 a 42.371, vale decir que todavía no recuperó la cantidad de habitantes de 1947. Feliciano y Villaguay también perdieron población en ese intervalo, 657 habitantes en el primer caso y 2477 en el segundo; si bien hay que considerar que Villaguay cedió una porción de su territorio para la creación del departamento Federal en 1972 y para San Salvador en 1995. Tala, por su parte, tenía el año pasado sólo 58 habitantes más que en 1947. Por otro lado, es notable cómo el Departamento Paraná pasó de tener el 18.81% de la población en 1947 al 27,48% en 2022.     

Los datos parecen confirmar que se consolida una tendencia a la concentración de la población a lo largo de las costas, con un mayor dinamismo de la del Uruguay y el entorno de la capital, en desmedro de los departamentos del centro. Si miramos con más detalle, la sub región Norte de la Costa del Uruguay (Federación, Concordia, San Salvador y  Colón) crece más que la subregión Sur (Uruguay y Gualeguaychú).

El departamento con menos población sigue siendo Islas, con el 0,99% de la población de la provincia. El más poblado sigue siendo Paraná, con el 27,48%, porcentaje que se mantiene prácticamente estable desde 1991.

En 1991 la región de la costa del Paraná concentraba el 45,25% de la población y la costa del Uruguay el 41,10%. En 2022 la diferencia se reduce ligeramente, 44,42% a 43,347%. La Región Centro exhibe un lento pero continuo descenso de su participación en el total de la población provincial, de 13.64% en 1991 a 12,24% en 2022. Cabe señalar que la superficie de la Región Centro es el 27,67% del territorio entrerriano.   

Si miramos con más detalle la región de la Costa del Paraná, el único departamento que crece más que el total provincial entre 1991 y 2022 es Paraná (41,93%). La Paz es el de segundo menor crecimiento (20,96%) en la provincia, sólo por debajo en ese periodo de Nogoyá.  

El departamento más poblado es también el más denso, Paraná, con 78,80 habitantes/km2. El menos poblado es también el menos denso, Islas, con solo 3,13 habitantes/km2. La región más densa es la costa del Uruguay, con 22,27 habitantes/km2; cerca se ubica la de la costa del Paraná, con 21,93 habitantes/km2 y más lejos la Región Centro con 8,47 habitantes/km2.  La densidad promedio de la provincia es 18,11 habitantes/km2. Dicho en otros términos, el departamento Paraná tiene una densidad ligeramente superior a la de la provincia más densa del país (Tucumán), y el Departamento Islas tiene una densidad ligeramente menor que la de Río Negro, una de las provincias argentinas menos densas. Si comparamos por regiones, la de la Costa del Uruguay y la de la Costa del Paraná tienen densidades similares, ligeramente inferiores a la de la provincia de Córdoba. Mientras que la región Centro tiene una densidad levemente superior a la de Formosa.

En un país y en una provincia que sigue siendo poco densa, tenemos un corredor central de la provincia en el que la baja densidad y la escasa dinámica de crecimiento demográfico son el reflejo de la falta de un proceso de desarrollo socio – económico. Toda la provincia tiene un enorme potencial, pero algunas regiones están más deprimidas que otras y necesitaremos programas y proyectos que procuren equilibrar el territorio y brindar a todos los entrerrianos un horizonte de progreso y calidad de vida con igualdad de oportunidades, más allá del departamento en el que nazcan.   

Es imposible planificar e implementar políticas públicas en cualquier sector (educación, salud, vivienda, empleo, etc.) si no contamos con información confiable y actualizada acerca de cuantos somos y dónde y cómo vivimos. Es de esperar que contemos pronto con datos más detallados del Censo 2022, que no serán suficientes pero sí son imprescindibles.-      

 

Publicado en el diario La Calle el día 2 de Abril de 2022.-

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