jueves, 31 de mayo de 2018

IMPOSTURAS ENERGÉTICAS

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Por José Antonio Artusi / El bochornoso espectáculo que brindaron anoche los senadores nacionales peronistas seguramente reconoce muchos antecedentes, pero no será tan fácil encontrar alguno que lo equipare en cuanto a las dosis de cinismo y de hipocresía política que se vertieron allí. Senadores que en teoría representan a sus provincias votaron un proyecto de ley absolutamente irresponsable, que de haberse promulgado habría beneficiado a los sectores de mayor poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en desmedro de la población más pobre de las demás provincias. 
Legisladores peronistas de provincias que tienen buena parte de su población sin gas natural y deben recurrir por lo tanto al gas envasado en garrafas votaron un proyecto de ley que habría demandado una enorme masa de subsidios para que los ricos de Puerto Madero o la Recoleta puedan seguir derrochando gas a precios irrisorios. 
Votaron un proyecto de ley que habría significado volver a instaurar el perverso esquema de atraso tarifario y subsidios económicos indiscriminados, que tuvieron la particularidad de beneficiar en mayor medida a los sectores más ricos de la sociedad, y a concentrarse en el área geográfica más desarrollada del territorio nacional. Subsidios que durante la era kirchnerista llegaron a significar un acumulado de 24 puntos del PBI, más de 150 mil millones de dólares, una cifra difícil de imaginar, un monto que habría sido suficiente para construir más de 3 millones de viviendas sociales. 
Cada 2 pesos de esos subsidios que iban al quintil de mayor poder adquisitivo de la sociedad, sólo 1 iba para el quintil de menor poder adquisitivo, y para los más vulnerables mucho menos, o nada. Y todos los pagábamos con cortes de gas y luz, desinversión en el sector energético, déficit fiscal y alta inflación, o sea el impuesto más regresivo, el que más sufren los sectores con ingresos fijos y de menores ingresos. 
En la Argentina nos hemos acostumbrado a todo, pero no deberíamos naturalizar que este dislate pueda llegar a ser defendido con el ropaje impostor de una pretendida epopeya nacional y popular. Si hay algo que el gobierno nacional y Cambiemos hizo mal fue no comunicar adecuadamente la verdadera magnitud de este problema ante la sociedad desde un inicio. Recurrir a la manera en que algunos periodistas lo hicieron en su momento puede ayudarnos: “Debe haber pocos casos en la historia que registren una situación como lo que sigue: los sectores más pobres de una sociedad se movilizan, militan y ensalzan a organizaciones sociales, ONGS o líderes políticos que pugnan por mantener decisiones de política de ingresos que favorecen a los ricos y perjudican a los pobres…” (Gustavo Bazzan, Clarín, 21/08/16) “El "ruidazo", la Marcha de las Velas y demás protestas de estos días en el distrito metropolitano son observadas con una mezcla de bronca y sorna por nuestros compatriotas provincianos, que siempre pagaron tarifas mucho más altas. El país unitario modelado por el kirchnerismo liberó de esa carga a los habitantes de la gran ciudad y de sus alrededores (algunos de ellos, con hábitats "africanizados" que ese mismo régimen empeoró con su desidia y corrupción). Condonó gastos por igual al que lo necesitaba como para el acomodado habitante de Barrio Norte o San Isidro. Y con el gas, peor aún: los más pobres pagaron mucho más por su garrafa que los que estaban conectados. Un disparate…”. Pablo Sirvén, La Nación, 22/04/18 
Decimos que la actitud de los senadores peronistas - y antes de los diputados que votaron este proyecto demagogico - es hipocrita porque es absolutamente evidente que solo perseguia el objetivo de desgastar al gobierno y hacerle pagar el supuesto costo politico de vetar una ley que todo el mundo sabia que debia ser vetada. Cabe preguntarse qué habrían hecho los gobernadores peronistas que se sumaron al festival populista si el Presidente Macri no vetaba la ley. Una ley que habría significado un altísimo costo fiscal para sus propias administraciones provinciales, en muchos casos desfinanciadas y endeudadas como Entre Ríos, para no decir "fundida". Seguramente habrían concurrido en procesión a la Casa Rosada para pedirle al Presidente que vete la ley. Pero no, sabían que el Presidente iba a hacer lo que había que hacer, y que la iba a vetar sin pérdida de tiempo, y por eso jugaron a las contradicciones o a esconderse. 
En ese sentido está claro que no coincidimos para nada con las recientes expresiones del ex Gobernador Sergio Urribarri sobre este tema, pero debemos al menos reconocer que se expresó, que dijo algo. Habría sido más interesante saber qué pensaba el Gobernador Bordet, con quien compartieron el proyecto político kirchnerista y urribarrista. Quizás haya que recordarle que firmó, junto a los demás gobernadores en abril del 2017 el Acuerdo Federal Energético, que establecía que las tarifas y precios tenían que reflejar los costos de su producción, transporte y distribución, permitiendo la inversión eficiente y la mejora de la calidad del servicio. El gobierno nacional ha puesto en marcha un esquema razonable y gradual de quita de subsidios indiscriminados a la oferta, que beneficiaban sobre todo a los ricos y promovían el derroche, y de subsidios focalizados a la demanda, dirigidos a los que menos tienen a través de la tarifa social, y a los que ahorran, a través del plan estímulo. Es oportuno recordar que - tal como señaló el senador Naidenoff - "en el 2010 quisimos avanzar con el proyecto de tarifa social para terminar con la injusticia de los subsidios indiscriminados. Estuvimos cerca de lograr dictamen, pero ningún senador del Frente Para la Victoria nos quiso acompañar." 
El record de imposturas estuvo en la sesión de ayer a cargo de la senadora por la Provincia de Buenos Aires que supo serlo de la Provincia de Santa Cruz. Que Cristina Fernández de Kirchner se atreva a pronunciar la sigla YPF sin ruborizarse es el colmo de la hipocresía y el cinismo político. Siendo Néstor Kirchner Gobernador de Santa Cruz y ella legisladora provincial militaron fervientemente por su privatización y extranjerización. El miembro informante en la Cámara de Diputados de esa nefasta ley fue su mano derecha Oscar Parrilli. Después hicieron todo lo que había que hacer desde el poder para que su amigo Eskenazi se quede con una parte de la empresa sin poner una moneda, y finalmente compraron caro la mitad de una YPF vaciada. Podríamos recordar también que cuando todos ellos eran menemistas privatizaron Gas del Estado con la inestimable colaboración de un diputrucho, y que sus gobernadores amigos entregaron los yacimientos de hidrocarburos más valiosos en dudosos procedimientos a empresas inglesas y norteamericanas. 
Frente a tanta irresponsabilidad y demagogia corresponde seguir apelando al debate racional y respetuoso, sobre la base de proyectos viables. En Entre Ríos, y en el caso específico de las tarifas eléctricas, lo hemos señalado hasta el cansancio y lo seguiremos haciendo, el principal problema no es el costo mayorista, que era imprescindible actualizar para detener el costosísimo festival de subsidios, sino el desmesurado costo de distribución de Enersa, que hace que los entrerrianos paguemos el doble o más la energía eléctrica que en provincias hermanas que sin embargo deben afrontar similares costos mayoristas. El que mejor, con más claridad lo ha graficado es el Dr. Darío Carrazza: Puede el envío salir más caro que la pizza? Por supuesto que no... Pero es lo que sucede en Entre Ríos. El envío (el costo de distribución que recarga Enersa) es más caro que la pizza (el costo de generación de la energía). Si Enersa aplicara el costo de distribución promedio de todas las provincias el monto final de las facturas podría reducirse alrededor del 25%. 
Necesitamos que estos problemas se discutan en una deliberación pública seria y elevada, con datos fehacientes y propuestas concretas, y sin chicanas ni slogans vacíos, que son hasta ahora la única respuesta que han tenido nuestros planteos.- 

José Antonio Artusi es diputado provincial (UCR en Cambiemos)
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miércoles, 9 de mayo de 2018

Menos demagogia y más trabajo legislativo responsable...

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lunes, 9 de abril de 2018

QUE EN ENTRE RÍOS AUMENTE LA DEMANDA EN LOS COMEDORES ESCOLARES EN UN CONTEXTO NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, DE CAÍDA DEL DESEMPLEO Y DE MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EVIDENCIA LA INOPERANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR BORDET

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La Ministra de Desarrollo Social ha hecho declaraciones periodísticas en las que señala que habría aumentado la demanda alimentaria en los comedores escolares y que se registraría "un aumento de las demandas sociales" en "temas de política alimentaria y necesidades básicas que no se cubren". Si esto es así, tales afirmaciones constituirían una verdadera confesión de parte acerca de las dificultades y la ineficiencia de la administración del Gobernador Bordet para enfrentar la problemática social. 
En efecto, tal panorama deficitario en nuestra provincia se da en el marco de un contexto nacional y regional de recuperación de la actividad económica, de descenso de los indicadores de pobreza y de indigencia, y de reducción de la desocupación. Adicionalmente, la dinamización de la mayoría de los sectores económicos y la generación de empleo, además del gasto social récord que lleva adelante el gobierno nacional han llevado a una mejora en el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso. Estas afirmaciones deben respaldarse con datos estadísticos objetivos, no con "sensaciones térmicas" o comentarios aislados referidos a casos puntuales. 
Afortunadamente, hemos recuperado el INDEC y contamos por ende con datos creíbles que deben servir como un insumo básico para el diagnóstico y la planificación de las políticas públicas. Veamos entonces algunos datos: 
La pobreza descendió casi 5 puntos entre el segundo semestre del 2016 e idéntico período del año pasado, de 30,3% a 25,7%. En la Región Pampeana, en la que se encuentra Entre Ríos, la evolución fue similar, con una baja que superó los 5 puntos, de 30,5% 25,4%. 
La pobreza se redujo en todas las franjas etarias, y es en los niños donde se dio la reducción mayor. Más de 720.000 menores de 14 años salieron de la pobreza en estos dos años en la Argentina. 
La indigencia bajó de 6,1% a 4,8% a nivel nacional en el período mencionado, y en la Región Pampeana de 6,7% a 4,1%. 
Está claro que las cifras son todavía pavorosas y que falta muchísimo, pero importa reconocer cuál es la tendencia. Uno de cada 4 argentinos es pobre y y uno de cada 20 es indigente, o sea vive en condiciones de pobreza extrema. En la población infantil es aún peor, 4 de cada 10 chicos argentinos son pobres. 
En relación al desempleo, bajó de 7,6% a 7,2% entre el cuarto trimestre de 2016 y el mismo período de 2017. En la Región Pampeana el descenso fue de 8% a 6,6%. También está claro en esta cuestión que falta muchísimo, sobre todo para avanzar en mejorar la calidad del empleo.
El índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, mejoró con respecto a 2016, (0,428 a 0,417 desde el 4º trimestre de 2016 al 4º trimestre de 2017) gracias al crecimiento del empleo y del salario real y a la ampliación de la política social, que contribuyen a una sociedad menos desigual. Como en otros aspectos, es obvio que todavía falta mucho por lograr; nuestra sociedad sigue teniendo una alta desigualdad e inequidad en la distribución del ingreso, pero la tendencia es positiva. 
En el primer trimestre de 2018 se observan a su vez mejoras notorias en los indicadores de actividad económica de la construcción, el turismo y la industria; y ello repercutirá seguramente de manera positiva en futuras mediciones de indicadores sociales. Está claro que si en Entre Ríos no se está aprovechando adecuadamente este escenario macroeconómico se debe a las deficiencias de las políticas públicas del actual gobierno de Bordet y el de su antecesor Urribarri, con el que obviamente no difieren demasiado. Un Estado quebrado y endeudado, "una provincia fundida" en términos del propio Gobernador, una administración pública costosa e ineficiente, que no brinda los servicios básicos que la sociedad demanda pero ejerce una altísima presión fiscal (además con una matriz tributaria regresiva y distorsiva, que no sirve ni para fomentar la producción y las inversiones ni para redistribuir ingresos con equidad), son elementos que configuran un panorama que explica precisamente esas dificultades para aprovechar oportunidades favorables. 
Pero además se requieren enfoques innovadores que generen políticas públicas superadoras de los consabidos intentos de programas asistencialistas y clientelares que han demostrado sobradamente su ineficiencia. 
Y, por otro lado, parecería que ni el actual ni el anterior gobierno conocieran el Artículo 24 de la Constitución Provincial ("El Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social, o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho.") Lamentablemente, este casi desconocido artículo de la Constitución no ha sido reglamentado, a 10 años de la reforma del 2008, y es por lo tanto letra muerta. Se podría discutir mucho acerca de las bondades o defectos de su redacción, pero se trata de un mandato constitucional vigente que el gobierno debe cumplir. Hemos presentado en la legislatura entrerriana proyectos en ese sentido. 
Es hora de que el gobierno provincial tome nota de estas cuestiones y obre en consecuencia, para buscar entre todos, más allá de nuestras diferencias partidarias, acuerdos básicos que nos permitan lograr una provincia desarrollada, justa y solidaria; haciéndonos cargo de nuestros propios errores y de nuestras responsabilidades.- 

 José Antonio Artusi Diputado Provincial de Entre Ríos 
UCR - Cambiemos
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jueves, 8 de febrero de 2018

"El IAPV no debe buscar en el actual gobierno nacional las causas de su propia ineficiencia"

El bloque de diputados provinciales de Cambiemos emitió un documento en el que "celebra que el gobierno provincial a través del IAPV, haya tomado la decisión de impulsar la construcción de 500 viviendas sociales con fondos propios, sin depender de la disponibilidad de remesas del gobierno nacional". El texto indica luego: "Insuficiente pero necesaria, es una medida que hemos reclamado en reiteradas oportunidades, incluso a través de un proyecto de ley que crearía un fondo provincial de la vivienda y el hábitat, con asignación específica de recursos y continuidad en el tiempo, de modo tal de asegurar la disponiblidad de fondos para garantizar a la mayor cantidad de entrerrianos posible el derecho constitucional a una vivienda digna. Nos vemos a su vez en la obligación de señalar que no debe buscarse en la actitud del gobierno nacional la causa de la evidente ineficiencia de la gestión del IAPV desde hace años para dar respuestas a las legìtimas demandas de las familias más vulnerables de nuestra provincia, que no pueden acceder por otros medios a una solución habitacional acorde a sus necesidades. Es imperioso señalar que la demanda dirigida al IAPV había sido sobredimensionada como consecuencia de la desaparición del crédito hipotecario dirigido a sectores medios, sistema que el actual gobierno nacional de Cambiemos ha logrado reactivar con notable éxito, sumado esto a la mejora y ampliación del Programa PROCREAR", indicaron los diputados de Cambiemos.  EL DÉFICIT. "El problema de la vivienda es uno de los más importantes que padecemos hoy.
En Argentina hay un déficit habitacional de 3.500.000 hogares que padecen diariamente 12 millones de personas. Faltan 1.500.000 viviendas y 2.000.000 necesitan ser refaccionadas o tener mejor infraestructura. Compárense estas cifras que dimensionan el déficit con lo hecho en los últimos años: durante los años 2014 y 2015 se terminaron en todo el país, sumando FONAVI más Programas Federales, un total de 60.331 viviendas, a razón de un promedio de 30.165 por año. A ese ritmo, suponiendo que el déficit no aumentara por arte de magia, aún así harían falta 50 años para llegar a construir las viviendas que cubrieran dicho déficit. Obsérvese que el promedio del bienio 2014-2015 es inferior al registrado durante 2000 y 2001, en plena crisis y cuando sólo se contaba con recursos del FONAVI: 32.493 viviendas terminadas por año. Entre Ríos no fue una isla dentro de este panorama desolador. En efecto, a pesar de contar con los recursos adicionales de los Programas Federales, el promedio anual de viviendas terminadas en el período 2012-2015 sólo ascendió a 1251 viviendas, muy poco por encima del período 2000- 2003, cuando no se contaba con los recursos de programas federales, en el que se llegó a un promedio de 1130 viviendas terminadas por año. Este promedio subió en el período siguiente (2004-2007), a 1525, para descender nuevamente durante 2008 y 2011, a 1051, incluso por debajo del período 2000-2003, en plena crisis antes y después del estallido de la convertibilidad", detallaron los legisladores. 
MEDIDAS. "Finalmente el documento del bloque de Cambiemos en la cámara Baja provincial, precisó: "Frente a esta situación el gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia nacional de vivienda y hábitat, de la que el Plan Nacional de Vivienda forma parte; entendiendo que la vivienda digna es la base para el desarrollo de una familia y de las personas que la integran, y las políticas públicas de vivienda y hábitat deben ser un componente central de la lucha contra la pobreza. El Plan Nacional de Vivienda es integral, y requiere que las provincias, a través de los institutos provinciales de vivienda, los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, asuman, cada uno en la esfera de sus competencias y obligaciones, un nuevo rol activo para articular de la manera más eficiente posible los esfuerzos de todos en pos del bien común. En este sentido, resulta útil recordar que al 31 de Diciembre de 2017 había un total de 5407 viviendas sociales en ejecución en la provincia de Entre Ríos, correspondiendo de ese total 2439 al IAPV, 1275 a diversos consorcios, y 1675 a municipios. Entre 2016 y 2017 el gobierno nacional transfirió a la provincia 2847 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales, 1943 millones del Plan Nacional de Vivienda y 904 millones del FONAVI. El IAPV recibió el 100% de esos recursos FONAVI, y más del 68% de los fondos del PNV. El IAPV podría contar con más recursos destinados a la construcción de viviendas si mejorara su propia recaudación por recupero de las viviendas adjudicadas, y si destinara tales recursos a obras, ya que actualmente se utilizan para financiar los gastos de funcionamiento del instituto. Adicionalmente, tal como proponemos en nuestro proyecto de ley, si se creara el fondo provincial de la vivienda, se podría disponer de mayores montos destinados a viviendas sociales. Entre Ríos tiene el 2% del déficit habitacional del país y sin embargo está previsto que reciba el 8% del total del presupuesto nacional disponible, lo que habla a las claras de que nuestra provincia no es discriminada, como tampoco es discriminado ningún municipio entrerriano, sino que reciben ayudas en función de sus necesidades, su capacidad de gestión para elaborar proyectos y su predisposición a desembolsar los aportes correspondientes a la contraparte. Desde nuestro bloque seguiremos aportando ideas y proyectos para avanzar en el logro de condiciones que hagan posible una mejor polìtica pública de vivienda y hábitat. El gobierno provincial debe hacerse cargo de sus propios déficits y no deslindar responsabilidades, articulando de manera responsable esfuerzos y acciones con el gobierno nacional, los municipios, y los propios beneficiarios, para que el derecho a la vivienda digna deje de ser sólo una expresión de deseos escrita en la constitución provincial y comience a ser efectivamente una realidad tangible para todos los entrerrianos", concluyeron.
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jueves, 7 de diciembre de 2017

Adhesión al consenso fiscal: para Artusi “sigue siendo una asignatura pendiente una profunda reforma tributaria” provincial

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El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) manifestó que el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura modificando varios impuestos como modo de comenzar a cumplir los compromisos asumidos en el marco del acuerdo denominado "Consenso Fiscal", suscripto por los gobernadores y el Presidente Macri el 16 de Noviembre, "es un avance, pero debemos advertir que sigue siendo una asignatura pendiente concretar una profunda reforma de carácter integral del sistema tributario en la provincia de Entre Ríos". En tal sentido, el legislador uruguayense recordó que el "Consenso Fiscal" tiene en cuenta que en agosto de 2016, "el Estado Nacional, las provincias y la CABA se comprometieron a implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica, estableciendo niveles de imposición acordes con el desarrollo competitivo de las diversas actividades económicas y con la capacidad contributiva" , a la vez que puso de relieve que "el Estado Nacional viene implementando un programa de reducción de la carga tributaria, el cual lleva acumulado en los últimos dos años una disminución en la presión tributaria equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto". Artusi señaló que "las provincias se han comprometido a introducir modificaciones en el impuesto a los ingresos brutos, a los sellos, tributos sobre la nómina salarial, e impuesto inmobiliario, y en el proyecto remitido se avanza sobre todo en los 3 primeros, pero prácticamente no se modifica la estructura del impuesto inmobiliario, salvo por la eximición del impuesto a los jubilados que vivan en su única vivienda y perciban bajos ingresos, lo que nos parece una buena medida". En ese sentido el legislador radical enfatizó que "será por ello necesario encarar el año que viene un proceso de reformas profundas e integrales del sistema tributario entrerriano", e informó que tiene estado parlamentario un proyecto de su autoría tendiente a generar un debate que logre acuerdos concretos en esta materia. La iniciativa del diputado Artusi consiste en la creación de una comisión bicameral para la reforma tributaria provincial. En los fundamentos del proyecto Artusi considera que "la Constitución de la Provincia de Entre Ríos establece, en su artículo 79, que “la Legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos”. Sin embargo, la realidad dista muchísimo de parecerse a la evolución señalada como mandato por los constituyentes. La provincia tiene, al igual que sus hermanas de la Región Centro y del país en su conjunto, una matriz tributaria en la que predomina un impuesto indirecto, regresivo y distorsivo como es el impuesto a los ingresos brutos", y al respecto informó que en los primeros 9 meses del año este tributo representó casi el 60% de la recaudación propia". El diputado Artusi opinó que "en 2018 deberemos debatir con tiempo estas cuestiones, para evitar que nos pase lo de este año, en el que se hicieron las cosas al revés, primero se trató el presupuesto, y luego se modifican los impuestos que van originar los ingresos que figuran en el presupuesto". Falmente, consideró que "vamos a aprovechar el cuarto intermedio en la sesión hasta la semana que viene para estudiar en detalle el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, y seguramente propondremos algunas modificaciones para mejorar el texto". El texto completo del proyecto de ley de creación de la comisión bicameral para la reforma tributaria puede consultarse en el siguiente enlace: http://hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22206
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jueves, 23 de noviembre de 2017

EL DIPUTADO ARTUSI PROPONE INSTRUMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PUBLICA EN ENTRE RIOS

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El diputado provincial José Antonio Artusi (Cambiemos) presentó un proyecto de ley por el que propone la implementación de un Sistema Integral de Salud Pública en la Provincia de Entre Ríos.
La iniciativa del legislador uruguayense, que tomó estado parlamentario en la sesión que tuvo lugar el Miércoles 22 de Noviembre y que cuenta con la firma de todos los integrantes del bloque Cambiemos, fue girada a la Comisión de Salud Pública y Acción Social. 
Artusi señaló que "este proyecto de ley reproduce el que presentáramos el día 18 de Diciembre de 2009 (Expediente 17.724). El 21 de Diciembre de 2009 tomó estado parlamentario y fue girado a la Comisión de Salud Pública, presidida en ese entonces por el Diputado Darío Argain, ámbito en el que fue objeto de un exhaustivo análisis, que contó con el aporte de numerosas organizaciones y asesores. Se procedió en ese momento a unificar dicho expediente con el nº 16.809, una iniciativa de autoría del Presidente de la Comisión, con numerosos puntos de contacto y coincidencias. Es así que se obtuvo un dictamen favorable el día 27/4/11 y se trató en el recinto el día 11/5/11, obteniendo aprobación por unanimidad. Lamentablemente en el Senado no tuvo similar suerte, habiendo pasado al archivo el día 17/12/2015. Entendemos necesario insistir en la propuesta, ya que en su momento contó con el acompañamiento del oficialismo y la oposición". 
En los fundamentos de la iniciativa el legislador radical consideró que "tiene por objeto garantizar el derecho a la salud como un derecho fundamental, individual y social, mediante la regulación y ordenamiento de todas las acciones conducentes a tal fin, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Constitución Provincial", a la vez que recordó que el proyecto estuvo basado en documentos elaborados oportunamente por la Comisión de Salud del Instituto de Políticas Públicas de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos. José Antonio Artusi señaló que "no podemos dejar de considerar la necesidad de partir desde lo que manda la Constitución de la Provincia reformada en 2008, que – en su artículo 19 – reconoce a la salud como un derecho humano y plantea una serie de instrumentos concretos: políticas de atención primaria; asistencia sanitaria gratuita, universal, igualitaria, integral, adecuada y oportuna; prioridad de la inversión en salud; garantía del primer nivel de atención, la formación y la capacitación. También se establece allí la implementación de un seguro provincial de salud y una progresiva descentralización hospitalaria, así como el reconocimiento de los medicamentos como un bien social básico, la regulación estatal y la fiscalización del circuito de producción, comercialización y consumo de medicamentos y productos alimenticios, la acreditación de los servicios en salud y la jerarquización del nivel de atención hospitalaria de tiempo completo. Otros artículos se refieren también, directa o indirectamente, a la salud: artículo 20 (derechos sexuales y reproductivos), artículo 21 (personas con discapacidad), artículo 22 (derecho a un ambiente sano), artículo 24 (derecho a la alimentación y a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en determinadas situaciones), artículo 25 (derecho a la vivienda), etc..". 
Por otro lado, el diputado Artusi manifestó que "Entre Ríos no es una isla, y en ese sentido, tal como se expresa en la Plataforma de Cambiemos, es imprescindible reconocer que el sistema de salud argentino es un sistema fragmentado, segmentado y sin coordinación, con resultados ineficientes e inequitativos a pesar de que el país invierte en salud entre 8% y 10% de su economía, un nivel muy superior a los de muchos países de ingresos medios y altos. El sistema de salud está fragmentado administrativamente (descentralización provincial), segmentado por tipo de cobertura (sector público, obras sociales y medicina prepaga) y con demasiados actores y fuentes de recursos. La falta de coordinación de los 24 ministerios de salud provinciales, igual número de obras sociales provinciales, unos 250 fondos de seguridad social, PAMI, 50 empresas de medicina prepaga y múltiples fondos municipales son una muestra clara de la desintegración del sistema.” 
El proyecto de ley prevé la implementación y coordinación del Sistema Integral de Salud de la Provincia de Entre Ríos (SISPER), que estaría constituido por el conjunto de recursos de salud de dependencia estatal, de la seguridad social, de la sociedad civil y del sector privado que se desempeñan en el territorio de la Provincia; dicho sistema aseguraría el acceso a servicios integrales de salud a todos los habitantes. El texto completo del proyecto (Expediente 22.567) puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.hcder.gov.ar/consultasExpedientes_Ver.php?exp=22567
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lunes, 13 de noviembre de 2017

APORTES AL DEBATE SOBRE UN PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD EN ENTRE RÍOS

Aportes Al Debate en Torno a La Elaboración de Un Programa de Política Pública de Salud en La Provincia de... by José Antonio Artusi on Scribd

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miércoles, 8 de noviembre de 2017

Dialogando con Jorge Kleiman en Tribuna Libre

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