EL CENTRO CULTURAL URQUIZA PRESENTÓ SU INICIATIVA PARA CONCRETAR EL MUSEO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL

Tuvo lugar el pasado día Viernes en el salón del Club Social de Concepción del Uruguay el acto de presentación de la iniciativa del Centro Cultural Urquiza para concretar el Museo de la Organización Nacional en la casa que fuera del primer presidente constitucional argentino, Justo José de Urquiza.

En representación del Sr. Gobernador de la Provincia, Cdor. Gustavo Bordet, que hizo llegar una salutación a la que se dió lectura, se hizo presente la Secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino. Concurrieron al acto, entre otras autoridades, el Presidente Municipal Dr. Martín Oliva, el ex Presidente Municipal Dr. José Eduardo Lauritto, funcionarios municipales e integrantes de todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante local, intendentes de localidades vecinas, las diputadas nacionales Gabriela Lena y Sabrina Ajmechet y el diputado provincial Jorge Satto. También asistieron numerosos representantes de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad y la región. Ante una concurrencia que desbordó el salón, y tras las palabras de bienvenida por parte de la Presidenta del Club Social, Dra. Andrea Cabrera, se dio inicio formalmente al acto con las palabras del Dr. Fidel Rodríguez, Presidente de la sub comisión del Centro abocada a impulsar el proyecto del Museo, y del Lic. Hugo Barreto, Presidente del CCU, quien mencionó y agradeció a las más de 60 instituciones que hicieron llegar su apoyo explícito a la iniciativa. Posteriormente se brindó una presentación en la que la Profesora Luisa Baggio, con la ayuda de banners y audios, mostró algunos de los contenidos y temas que deberían dar vida al futuro museo. 

Cabe recordar que la propuesta del CCU para concretar el Museo cuenta con el aval de diversas iniciativas legislativas; un proyecto de declaración de la diputada nacional Gabriela Lena con dictamen favorable de la Comisión de Cultura, y sendos proyectos de declaración del diputado provincial Jorge Satto y de comunicación del Senador del Departamento Uruguay Horacio Amavet, aprobados por las respectivas cámaras. El Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay también se ha pronunciado a favor de la concreción del Museo de la Organización Nacional en la casa de Urquiza, declarándolo de interés municipal. La diputada Sabrina Ajmechet por su parte, tras el acto manifestó su apoyo al proyecto señalando que “la idea de este sueño es crear un museo en el que todos los argentinos tengamos un lugar para recordar los inicios de nuestra Patria”, y enfatizó que “lo queremos ver hecho realidad”.     

El Centro Cultural Urquiza agradece la presencia de quienes nos acompañaron y todas las adhesiones y salutaciones recibidas. Manifestamos un agradecimiento especial al Club Social y a las empresas que colaboraron desinteresadamente en la organización del acto, Río Uruguay Seguros y Multipago. Esos avales alientan y motivan a seguir redoblando esfuerzos en pos de concretar el sueño de tener en el centro de la Capital Histórica de Entre Ríos y Cuna de la Organización Nacional un museo digno de nuestras mejores tradiciones y a la vez un museo del siglo 22, un museo que nos ayude a construir el futuro de nuestro rico pasado.-     

 

 

Hugo Barreto

Presidente del Centro Cultural Justo José de Urquiza

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CÓMO DISMINUIR EL DÉFICIT HABITACIONAL SIN PONER UN CENTAVO DEL ESTADO

Por José Antonio Artusi

Tenemos un enorme déficit habitacional en Argentina. No sabemos exactamente el número, pero Se trata de  millones de familias privadas del acceso a una vivienda adecuada.

Es imposible revertir ese déficit habitacional haciendo más o menos lo que venimos haciendo desde hace décadas. Es imperioso cambiar de manera estructural, poniendo en marcha políticas públicas ambiciosas pero factibles, que articulen de la manera más eficaz posible los recursos ociosos que tenemos. 

Nos referiremos aquí a una herramienta específica, los convenios urbanísticos para la movilización de tierras fiscales en desuso.

Para el caso de Concepción del Uruguay hemos hecho cálculos rápidos estimativos para un ejemplo concreto, y las conclusiones pueden parecer sorprendentes: si la Municipalidad consiguiera que el Estado nacional le transfiera sólo 20 hectáreas contiguas a la trama urbana consolidada podría financiar la construcción de infraestructura, equipamiento comunitario, espacios verdes y 500 viviendas sociales, sin poner un centavo del presupuesto municipal. Adicionalmente se construirían alrededor de 500 viviendas, locales comerciales, oficinas y espacios para diversas actividades económicas a adquirir a precios de mercado.

La inclusión de usos rentables del suelo y vivienda de interés social, junto con la mixtura de usos permitiría evitar la excesiva segregación social y el carácter monofuncional que generalmente presentan los conjuntos de viviendas de los institutos provinciales, problemas mencionados reiteradamente año tras año en las auditorías del FONAVI.     

Cómo podría ser el trazo grueso de la secuencia del proceso que imaginamos?

1) El primer paso consistiría obviamente en conseguir el suelo. Hay disponibilidad de suelo vacante de diversos organismos nacionales, en buena ubicación. Es irracional, y hasta inmoral, naturalizar que ese suelo público quede ocioso para siempre, cuando existen tantas necesidades insatisfechas.

2) El segundo paso consistiría en hacer un plan de sector para la urbanización del área, previendo mixtura de usos del suelo, trazado integrado a la ciudad, espacios verdes, equipamiento comunitario, viviendas, comercios, oficinas, actividades económicas, deportivas, culturales, etc. El plan debería también prever densidades medias, para aprovechar adecuadamente el suelo y para abaratar el costo per cápita de la provisión de infraestructura de servicios públicos. Las compacidades y densidades así resultantes contribuirían a su vez a la eficiencia energética y a patrones de movilidad sostenible, favoreciendo desplazamientos no motorizados y aumentando la eficiencia de los sistemas de transporte público colectivo. La mayor edificabilidad también permitiría una mayor rentabilidad de la faz comercial del proyecto, y por lo tanto permitiría recuperar mayor valorización por parte del municipio para destinar a vivienda social y equipamiento comunitario.

3) El tercer paso consistiría en convocar a concursos de arquitectura para seleccionar los proyectos que en su conjunto conformarían el plan de sector. En el caso de las viviendas, tanto de mercado como sociales, debería procurarse diversidad tipológica, flexibilidad para ampliaciones e incorporación de actividades económicas, y eficiencia energética, tanto desde el punto de vista de la arquitectura pasiva como de la utilización de energías renovables y gestión adecuada de los recursos hídricos y los residuos domiciliarios.

4) El cuarto paso consistiría en convocar por licitación pública a desarrolladores inmobiliarios a participar en un convenio urbanístico encargado de financiar el proyecto. Los desarrolladores aportarían el capital financiero para afrontar los costos de la infraestructura y la construcción de viviendas y edificios.

5) Los desarrolladores obtendrían su utilidad de la diferencia entre las ventas totales de las viviendas de mercado, las oficinas, locales, etc. menos el costo total de construcción de infraestructura y edificios, incluyendo las viviendas sociales a entregar al municipio.

6) Los desarrolladores podrían obtener financiación para construir los proyectos de diversas fuentes, el crédito bancario (acá, obviamente, al igual que en el punto siguiente hay mucho por mejorar) o a través de los aportes de los propios interesados, en diversas modalidades tal como las que son usuales en el mercado.

7) Los interesados en adquirir las viviendas de mercado podrían optar entre las alternativas de financiación de los desarrolladores antes del inicio de las obras o durante la construcción, o bien obtener un crédito hipotecario y adquirir la vivienda terminada.

 8) El municipio obtendría las viviendas sociales sin poner un centavo, y las otorgaría a familias que no tienen recursos para adquirirlas en el mercado. Pero deberían pagarlas, a largo plazo.

9) Los recuperos de las cuotas de viviendas sociales deberían alimentar, junto a otras fuentes de ingresos, un fondo de desarrollo urbano que podría financiar un banco de tierras y la urbanización y construcción de viviendas y equipamiento comunitario en otras áreas.  El fondo de desarrollo urbano también podría, para casos de familias con menores ingresos, financiar la provisión de terrenos con servicios, aptos para programas de autoconstrucción vinculados con acciones de capacitación en oficios.

Proyectos de este tipo permitirían construir un número significativo de viviendas sociales pero también contribuiría a mejorar la asequibilidad para sectores medios, y reactivaría notablemente la construcción con todo lo que ello implica en términos de empleo y dinamización de la actividad comercial.-     

Publicado en el diario La Calle el día 24 de Julio de 2022.- 

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SIN INFRAESTRUCTURA NO HAY DESARROLLO

Por José Antonio Artusi

La Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción publicó un informe en el que analiza la evolución de la obra pública provincial en Entre Ríos entre 2009 y 2021.

Este artículo se limitará, casi, a reproducir textualmente algunos de los párrafos del informe, que el lector interesado podrá leer completo en su página web https://camarcoentrerios.org.ar/.

Cabe aclarar que “los valores son expresados en moneda homogénea por la metodología expresada, y pueden ser comparados entre sí”.

“La Obra Pública en la provincia de Entre Ríos ha tenido un proceso de reducción paulatina y continua, alcanzando niveles relativamente bajos comparativamente con años anteriores. En el 2014 por ejemplo, la ejecución de obra pública superó los $41,0 mil millones, mientras que el ejecutado de 2021 fue de $14,5 mil millones, lo que implica una tercera parte de lo ejecutado otrora.

También podemos analizar que la baja es constante, dado que en la ecuación de la línea de tendencia marca que, de la serie expuesta, existe una propensión a reducir $2.650 millones la ejecución de Obra Pública año tras año. Se remarca además que el porcentaje de ejecución de lo presupuestado ronda el 35% en promedio, siendo junto al inciso de “Activos Financieros” donde están las Viviendas, las únicas sub-ejecuciones significativas que manifiesta el presupuesto provincial. En el año 2021 por ejemplo, la sub-ejecución alcanzo al 31%, es decir que se presupuestaron $46.735 millones y se ejecutaron $ 14.457 millones.”

“El 61% de la obra ejecutada es para “Reparación y mantenimiento”, un 10% es de “Ampliaciones y

remodelaciones” y solo un 29% de la obra ejecutada es "Obra Nueva”. Si entendemos que el grueso de la obra que se ejecuta en la provincia es por reparaciones y mantenimiento de obras preexistentes, y que ésta en general ha sufrido la baja a la quinta parte de lo que se ejecutaba en otros años, podemos asegurar que la Provincia no está realizando las inversiones mínimas requeridas para mantener la infraestructura actual, produciéndose de esta manera un deterioro constante en las obras existentes. Esto es claramente verificable en los caminos rurales, el estado de las rutas provinciales, las escuelas, los hospitales, etc.”

“Si tomamos la población de Entre Ríos al censo 2010 y las variaciones intercensales y lo referenciamos a la Obra Pública ejecutada, se puede arribar a que en algún momento la provincia invirtió en obra pública $32.265 por habitante (año 2014), y en el ejecutado del 2021 de $10.805 por habitante, lo que nos da como resultado un tercio de siete años atrás”.

“La evolución de la obra pública con funcionalidad de “Rutas y caminos” tiene un comportamiento equivalente a la obra pública en general. Viene decreciendo al ritmo de $1.759 millones año a año. En el año 2009, por ejemplo, se invirtió (a precios actuales) $22.094 millones, mientras que en el 2021 se invirtió $6.437 millones, unas 3 veces menos. La ejecución promedia el 42% de lo presupuestado. También, entendiendo que más del 90% de la Obra en caminos es de “Reparación y mantenimiento” (gráfico 5 G5); se puede asegurar que la inversión en mantenimiento de caminos se ha reducido en más de 3 veces”.

“La evolución de la inversión en Vivienda de la provincia viene sufriendo una reducción paulatina que ronda los $680 millones todos los años en promedio, en relación al año anterior. En el ejercicio 2009 la inversión ejecutada en Viviendas alcanzo los $10.256 millones; mientras que en el 2021 alcanza los $2.429 millones, siendo un 24% del valor invertido hace 12 años”.

“Durante 2009, por ejemplo, se invirtieron en viviendas del IAPV $29.096 por cada vivienda existente; en el 2021, en cambio, la inversión por vivienda fue de $4.764. Es decir, se invierte más de 6 veces menos que 12 años atrás. Un análisis equivalente se puede hacer si tenemos en cuenta la inversión en vivienda por habitante”.

“Si comparamos el porcentaje de participación de la Obra Pública y de la Vivienda sobre lo ejecutado, podemos ver que estas participaron en un 4% y un 0,7% respectivamente sobre todo lo devengado en el año. Esta participación ha venido disminuyéndose presupuesto tras presupuesto.

Por ejemplo, en el año 2009, la Obra Publica representó un 9% de lo ejecutado en el año y la vivienda un 2,7%.”

En lo que respecta a viviendas la tendencia que muestra el informe coincide con la que se puede inferir de las auditorías del FONAVI. Sólo para dar un ejemplo, en 2019 el IAPV terminó sólo 399 viviendas, utilizando recursos del FONAVI y de programas federales; menos de un tercio de las 1353 que se terminaron en 2002, solamente con recursos del FONAVI.    

Saque el lector sus propias conclusiones. Que cada uno elabore su propio diagnóstico y sus propias propuestas alternativas para salir de esta situación enormemente deficitaria. Pero hay algo que es innegable: Es imprescindible revertir la tendencia. Con estos niveles de inversión real en obras públicas y viviendas es imposible aspirar a tener la infraestructura y el hábitat que los entrerrianos necesitamos para comenzar a acercarnos a las metas del desarrollo sostenible.- 

Publicado en el diario La Calle el día 17 de Julio de 2022.-

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EL MAL LLAMADO “SALARIO BÁSICO UNIVERSAL” ES UNA PÉSIMA IDEA

Por José Antonio Artusi

Legisladores oficialistas han presentado un proyecto de ley para crear lo que denominan, incorrectamente, “salario básico universal”. Comencemos por lo obvio; es imposible encarar un debate serio sin ponernos de acuerdo en el significado de las palabras. El SBU, contrariando su propio nombre, no es universal; además no es incondicional ni individual, y por lo tanto no tiene nada que ver con otra idea que sí tiene esos atributos esenciales, el ingreso básico universal o ingreso ciudadano. El SBU surge, más allá de los ropajes seudo progresistas con los que se lo viste, y más allá de las imposturas del lenguaje, de una matriz de pensamiento conservador y paternalista, antiliberal. Diseñar políticas públicas basadas en esa matriz populista y demagógica sólo llevará a profundizar nuestro atraso y a condenar a los pobres a situaciones de sometimiento y falta de oportunidades de verdadera integración y movilidad social ascendente.  Los privará de los beneficios de una democracia plena, entendida – siguiendo a Hipólito Yrigoyen – como aquella que no sólo garantiza las libertades políticas sino que entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera. Y está claro que la posibilidad de alcanzar ese mínimo de felicidad está indisolublemente unida al acceso a las condiciones materiales de la libertad.

Afortunadamente han surgido algunas voces lúcidas a denunciar las falacias de la propuesta y a mostrar alternativas. Daniel Nieto sostiene que “la propuesta del “salario básico universal”, que empuja en estos días el Frente de Todos en el Congreso, no tiene otro objetivo que organizar en los márgenes del sistema económico la regimentación de los trabajadores informales en el marco de las propias organizaciones sociales, que pasarían a ocupar el rol de ser la contraparte patronal del “salario universal”. No hay nada de progresista en esta propuesta, más emparentada con la organización medieval del trabajo y con formas de dominación social pre modernas. Un modelo de este tipo es claramente disfuncional para la integración social de los sectores informales, ya que los aísla del mercado de trabajo formal y los condena a una existencia tutelada por las organizaciones”. (https://seul.ar/planes-sociales-organiz/). Hace casi un año, este mismo autor alertaba que “la tesis del “empleo garantizado” o de “salario universal” no es muy distinta a lo que ya fracasó en los modelos colectivistas construidos por el stalinismo en el siglo XX o las corporaciones de trabajo del medioevo en las que se inspiran los pensamientos eclesiásticos sobre el trabajo…” (https://seul.ar/planes-sociales/). 

Rubén Lo Vuolo, por su parte, argumenta “que este tipo de programas consolida la segmentación social, estigmatiza a las personas beneficiarias de asistencia, al tiempo que sigue construyendo mecanismos de control social que dividen y enfrentan a la propia fuerza laboral. Es un modo de regulación “estática” de la pobreza y el empleo precario que, en lugar de “integrar” la protección social de la fuerza laboral, fragmenta programas según criterios arbitrarios del poder político” (https://www.eldiarioar.com/opinion/salario-basico-universal-notas-proyecto-ley_129_9079871.html)   

El ingreso ciudadano – conceptualmente en las antípodas – es la verdadera alternativa al SBU y es mucho más que un programa temporario de ayuda, no es un "plan", ni una dádiva, ni un subsidio, sino una política pública permanente que responde a un derecho de ciudadanía, universal e incondicional, justificado de manera brillante por Thomas Paine a fines del siglo XVIII.

El empleo precario garantizado para algunos, que de eso se trataría el SBU, con remuneraciones que con suerte sólo permiten no caer en la indigencia, implica profundizar la dependencia y el clientelismo. Su implementación agravaría la segregación y la exclusión de los más vulnerables, además de hacerlos caer en la “trampa de la pobreza”, fenómeno que se advierte claramente cuando los beneficiarios de los “planes” son desalentados a buscar empleos formales, condición que los haría   perder el beneficio, condicionado precisamente a su permanencia como pobres o desocupados. Estar obligado a aceptar, para poder subsistir, un remedo de empleo, realizando alguna tarea poco productiva que puede probablemente automatizarse, en condiciones inseguras o insalubres, sujeto a la discrecionalidad del jefe de turno; es denigrante, no construye ciudadanía ni brinda posibilidades de desarrollo humano integral, y acerca al término “trabajo” a su ominoso origen etimológico, más que al significado virtuoso que tiene el trabajo productivo y socialmente útil: la palabra trabajo viene de trabajar y esta del latín tripaliare. Tripaliare viene de tripalium, un yugo hecho con tres palos en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos.

Aldo Isuani lo resumió así en Twitter: “Salario universal pero para pobres; asignación por hijo universal pero para pobres; la salud pública universal pero para pobres; la educación pública universal pero cada vez más para pobres. Qué concepto tan raro tiene el kirchnerismo sobre lo que es universal!”,

Un verdadero ingreso ciudadano, individual, universal en serio e incondicional, en cambio, promovería el trabajo digno – en sentido contrario a lo que generalmente se cree – y sería un instrumento eficaz al servicio de la posibilidad real de ejercer derechos económicos y sociales desde una perspectiva de autodeterminación y libertad.

Llamemos a las cosas por su nombre, para que los rótulos mentirosos no nos engañen. El SBU es una trampa. Cuanto antes nos demos cuenta, mejor.-

Publicado en el diario La Calle el día 10 de Julio de 2022.- 

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NUEVOS Y VIEJOS DESAFÍOS DE LOS MUNICIPIOS

 Por José Antonio Artusi

La cuestión del municipalismo argentino es quizás previa a nuestra historia como Nación independiente, pues en alguna medida  los municipios son herederos de los antiguos cabildos. Sarmiento sostuvo que lo local "...es la Municipalidad, es la sociedad en relación al suelo, es la tierra, las casas, las calles y las familias consideradas como una sola cosa. Todo lo que se liga, pues, a la localidad en que residimos es municipal”. Y, anticipándose a dilemas que se van a presentar luego en las provincias a la hora de diseñar los regímenes municipales, enfatizó lo siguiente: “La Municipalidad existe o debe existir donde quiera que hay habitantes. El Municipio o Ayuntamiento no tiene tamaño especial, ni lo traza el legislador. Existe antes que él, o se forma a su vista. Una ciudad capital es un municipio; una ciudad, una villa, una aldea son municipios, una campaña cultivada es un municipio; porque no se concibe que haya habitantes que no estén clasificados en demarcaciones municipales”.

Hoy podemos analizar los retos y desafíos de los gobiernos locales desde diversos puntos de vista, considerándolos como:

- Célula básica de la democracia representativa. La representación política se ejerce a todo nivel, local, provincial y nacional; pero es en el ámbito local donde la distancia entre representantes y representados es menor.  Las conductas y prácticas de los ciudadanos y de sus mandatarios municipales, así como de quienes se desempeñan como funcionarios y empleados de las administraciones locales, en la medida en que evolucionen y se perfeccionen, pueden constituir un ejercicio valioso de aprendizaje y capitalización de experiencias, que debería nutrir luego la mejora de la calidad de la representación política en otros niveles. 

- Ámbito más apropiado para la participación ciudadana. Si consideramos que la democracia representativa debe ser enriquecida y complementada (sin que se vea desvirtuada por prácticas corporativas), con instancias de democracia participativa, la escala local aparece como la más apropiada para instrumentar mecanismos concretos en tal sentido, tales como consultas populares, planificación participativa, presupuestos participativos, audiencias públicas, juntas vecinales, etc.

- Nivel del Estado más próximo a la ciudadanía. Vinculado con los puntos anteriores, y en momentos en que los Estados nacionales ven amenazada su capacidad de maniobra en el contexto de la globalización, el ámbito local aparece como un nivel adecuado para intentar reconstruir la legitimidad de las políticas públicas y mejorar los servicios que se deben brindar desde lo estatal, que en lo cotidiano atraviesan ineludiblemente las competencias locales.   

-  Escala territorial en la que se manifiestan de manera concreta los problemas sociales. Los problemas considerados a nivel provincial o nacional pueden considerarse abstracciones; el déficit habitacional, por ejemplo, es un par de números y de indicadores a nivel nacional, el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo; pero esos números surgen de la sumatoria de realidades concretas que se corporizan en los territorios locales, ya sea urbanos o rurales, y que por ende, en general, están ubicados en territorios sujetos a la jurisdicción de algún gobierno local.    

- Escenario de tensiones entre autonomía política y dependencia fiscal y económica. La autonomía política e institucional, y la asignación de amplias competencias y funciones atribuidas a los gobiernos locales chocan muchas veces con la dependencia de otros niveles de gobierno derivada de la escasez de recursos financieros para hacer frente a tales competencias. Si bien los sistemas de coparticipación aseguran un mínimo de previsibilidad y disponibilidad de recursos, todavía se corre el riesgo de que desde los gobiernos provincial y nacional se utilicen la asignación de partidas y de proyectos como mecanismo de sometimiento político, que obviamente reduce en la práctica los márgenes de autonomía reconocidos formalmente en la Constitución y en las leyes.    

- Espacio de articulación entre lo global y lo local. En un mundo cada vez más interconectado en tiempo real, y con territorios cada vez más interdependientes, las tendencias globalizadoras impactan en la escala local, y se retroalimentan de manera muy compleja. Es por eso imprescindible que los municipios y aún las comunas se preparen para asumir desafíos derivados de los impactos que tales tendencias, para mal y para bien, van a generar en sus localidades.     

- Encargados de enfrentar viejos y nuevos desafíos. Cuando aún no están resueltos muchos de los viejos desafíos, aparecen nuevos, que en muchos casos complejizan y agravan los anteriores problemas. A las tradicionales funciones derivadas de ordenar el espacio público y el tránsito, regular las edificaciones, mantener la higiene urbana, etc., se han ido sumando nuevas funciones, que llevan a las administraciones locales a asumir un rol integral: vivienda, hábitat, salud, seguridad, educación, desarrollo económico local, etc.

Si queremos construir una sociedad más justa y democrática no habrá forma de lograrlo sin ciudades y territorios saludables y sostenibles, seguros y pujantes. En ese enorme desafío, los municipios tienen mucho que aportar.- 

Publicado en el Diario La Calle el día 3 de Julio de 2022 

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