lunes, 18 de marzo de 2013

La discriminación de la provincia de Entre Ríos en los Programas Federales de Vivienda (2003-2010)

Por José Antonio Artusi
Hasta el año 2003, los institutos provinciales de vivienda dependían fundamentalmente de los recursos del FONAVI para financiar conjuntos de viviendas de interés social en sus respectivos territorios. El FONAVI asigna fondos a las provincias de manera automática, en virtud de un porcentaje que le corresponde a cada una, y que quedó fijado en la ley respectiva. Estos coeficientes, creados mediante una resolución en 1988 y ratificados por la ley 24.462 en 1995, fueron elaborados tratando de reflejar los déficits de vivienda en cada jurisdicción y debían actualizarse periódicamente, cosa que nunca se ha hecho. Más allá de la opinión que pueda tenerse acerca de la justicia o la equidad con la que estos índices reparten el total entre las provincias, este sistema cuenta con dos ventajas muy importantes: En primer lugar otorga previsibilidad. Los institutos provinciales de vivienda saben que pueden planificar sus propios presupuestos en función del presupuesto nacional, teniendo en cuenta que les corresponde un porcentaje fijo del FONAVI, que se nutre a su vez del 42% del impuesto a los combustibles. Por otro lado, al ser transferencias automáticas, previstas en la ley, elimina toda posibilidad de discrecionalidad por parte del gobierno nacional y fortalece de esta manera el sistema federal, asegurando la autonomía de los estados provinciales. 
Sin embargo, a partir de 2003, y con el loable propósito de reactivar los proyectos FONAVI paralizados, y como parte de una estrategia tendiente a crear empleo en la industria de la construcción, se crearon un conjunto de programas financiados por el tesoro nacional, generalmente denominados en su conjunto, programas federales de vivienda. Si bien tuvieron la virtud de derivar mayores recursos a la construcción de viviendas en todo el país – en momentos en que el crecimiento macroeconómico lo permitía - la ineficiencia en el gasto, la falta de una adecuada política de urbanismo y ordenamiento territorial, y las carencias de los institutos provinciales de vivienda para proveer terrenos bien localizados derivó en que, por un lado, los programas federales no tuvieran el impacto cualitativo esperado en la reducción del déficit habitacional, y por otro, en verdaderos desastres urbanísticos que han reforzado el crecimiento desordenado y caótico de las ciudades, han potenciado la segregación social urbana, y no han logrado dar respuesta efectiva a la demanda legítima de vivienda digna como un derecho para los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. A esas cuestiones, los aspectos cuantitativos y cualitativos de la política de vivienda, nos hemos referido antes y volveremos a hacerlo en próximas columnas. En esta nos referiremos a otra cuestión, a la discrecionalidad del gobierno nacional en la distribución de los recursos de los programas federales, y a la injusta discriminación a la que se ven sometidas algunas provincias, centrándonos en la provincia de Entre Ríos. Como resulta lógico, el mecanismo de los programas federales tiene la contracara de las ventajas del sistema del FONAVI; no es previsible, y condena a las provincias a la absoluta discrecionalidad de la Casa Rosada, con la consiguiente pérdida de autonomía y sometimiento político. Se trata, como otros instrumentos de las políticas públicas, de una formidable herramienta de disciplinamiento político y castigo de gobernadores “díscolos”. Siendo así, algún observador desprevenido podría suponer que la Provincia de Entre Ríos, con un Gobernador que se esmera en ser el más obsecuente e incondicional seguidor de los dictados de la Sra. Presidente, tendría que ser una de las provincias más beneficiadas en el reparto de esos recursos. Lamentamos desilusionar a ese hipotético lector. Nada más alejado de la realidad. El “federalismo de los recursos” es una más de las patrañas oficialistas. 
Veamos. Entre 2003 y 2010 se transfirieron a las provincias y la CABA un total de $13.266.100.674 por programas federales. En el mismo período las transferencias automáticas del FONAVI ascendieron a $7.951.236.884. Durante esos 8 años, el 62,52% del total de los recursos transferidos correspondió a programas federales. Entre Ríos recibió en el período analizado $ 379.928.791 por programas federales, el 2,86% del total. Debe tenerse en cuenta que este porcentaje es menor que el 3,90% que corresponde a la alícuota de Entre Ríos en el reparto del FONAVI. Si dividimos ese monto de dinero por los 1.235.994 habitantes que arrojó el Censo 2010 en nuestra provincia, obtendremos una inversión en 8 años de $ 307,39 / habitante, por debajo de la media nacional, $ 330,68 / habitante. Entre Ríos se encuentra en el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por habitante, sólo superada por San Luis, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Obsérvese que, salvo San Luis y Corrientes, se trata de los 4 distritos más poderosos y ricos del país, que cuentan con economías diversificadas y cuantiosos recursos propios. No es el caso, por supuesto, de Entre Ríos. En el otro extremo, el de las más favorecidas en este ranking de recursos por habitante, se encuentran, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, Santa Cruz, con $ 2.306,86 / habitante, Tierra del Fuego, con $ 1.956,74 / hab. y La Pampa, con $ 1.500,78 / hab. Vale decir que los santacruceños recibieron casi 7 veces más que los entrerrianos y 8 veces más que los correntinos. 
Se podrá argumentar que el índice de recursos por habitante no es el más adecuado para medir la equidad en estos casos, dado que un distrito grande puede tener un déficit habitacional relativamente bajo, y a la inversa, y que de lo que se trata es de revertir desequilibrios regionales y no perpetuar las diferencias que hoy existen entre distritos ricos y pobres. Es razonable. Tomemos entonces otro indicador, aquel que mide el monto de recursos transferidos en relación a la cantidad de viviendas deficitarias. Consideramos aquí vivienda deficitaria tanto aquella que es irrecuperable (y exige por lo tanto la construcción de una nueva) como aquella que es recuperable (y demanda por lo tanto mejoras y/o ampliaciones) como las que presentan hacinamiento crítico. (FUENTE: Fundación Apertura en base a cálculo del Ieral sobre datos de la EPH, y datos de población del Censo Nacional 2010). En este caso, para Entre Ríos nos da $ 3.118,49 / vivienda deficitaria. Entre Ríos se encuentra también en el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por vivienda deficitaria, sólo superada por las 6 ya nombradas. En el otro extremo, las mismas 3, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, con $66.434,99/vivienda deficitaria, $60.021,12/vivienda deficitaria y $47.601,02/vivienda deficitaria, respectivamente. En este caso, por cada vivienda deficitaria en Santa Cruz se transfirió 21 veces más que a Entre Ríos y a Corrientes. 
Dado que las alícuotas del FONAVI tampoco reflejan con ecuanimidad razonable en todos los casos la incidencia del déficit habitacional y la capacidad económica propia de las provincias, puede complementarse este análisis sumando a los recursos de los programas federales los transferidos de manera automática del FONAVI, calculando los totales y vinculando estos montos con la cantidad de viviendas deficitarias al 2010. De esta manera, si a los $ 379.928.791 que recibió Entre Ríos por programas federales entre 2003 y 2010 le sumamos los $ 315.657.464 por transferencias automáticas del FONAVI en dicho período, obtendremos un total de $ 695.586.255. Si dividimos dicho monto por la cantidad total de viviendas deficitarias nos dará $ 5.709,44/vivienda deficitaria. En este caso, Entre Ríos se encuentra en el 5º lugar de las provincias que menos recursos recibieron por vivienda deficitaria, solo superada por las 4 grandes: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. En este caso, en la sumatoria de programas federales + FONAVI, Corrientes y San Luis recibieron más que Entre Ríos dado que se encuentran relativamente beneficiadas con la alícuota del FONAVI: 4,95% para Corrientes y 3,65% para San Luis, frente al 3.9% de Entre Ríos. Como el lector se imaginará, también en este caso en el otro extremo de la tabla están, pero en este orden, Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, con $ 110.620,47/vivienda deficitaria, $ 93.093,63/vivienda deficitaria y $ 63.392,94/deficitaria. Vale decir que, en la sumatoria de programas federales + FONAVI, se transfirieron a Santa Cruz 16 veces más que a Entre Ríos por vivienda deficitaria. Se han utilizado datos oficiales de las auditorías del FONAVI disponibles en la web www.vivienda.gov.ar  y de la Fundación Apertura http://www.fundacion-apertura.com.ar/documentos/trabajos_de_consultoria/archivos/informe%20habitat-o3.pdf . 
El artículo 25 de la Constitución de Entre Ríos establece que “el Estado promueve las condiciones para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados”. Para hacerlo realidad, y no mera declamación, harán falta recursos, voluntad política, y planes serios. Sin un genuino federalismo fiscal será difícil encontrar recursos suficientes. No avancemos tranquilos. Es hora de reaccionar, de involucrarse y de comprometerse en pos de un futuro mejor.- Leer más...

jueves, 14 de marzo de 2013

AL GARETE


Concepción del Uruguay, una ciudad a la deriva…
Por José Antonio Artusi
“Al garete” es un término náutico que significa, dicho de una embarcación sin gobierno, “ser llevada por el viento o la corriente”. La segunda acepción del diccionario de la Real Academia española es “ir a la deriva, sin dirección o propósito fijo”, y el tercero, “fracasar o malograrse”. Se trata, lamentablemente, de una expresión que bien puede servir como metáfora de la realidad de la ciudad de Concepción del Uruguay desde hace al menos un cuarto de siglo. En efecto, desde hace años nuestra ciudad es “llevada por el viento o la corriente”, léase por decisiones o por factores que no manejamos los uruguayenses; marcha “a la deriva, sin dirección o propósito fijo”, léase sin rumbo, sin un verdadero plan estratégico de desarrollo; y que “fracasa” en numerosos sectores y ve “malograrse” buena parte de las iniciativas y anhelos de sus ciudadanos. Las consecuencias están a la vista de todos. De todos modos, como a la rana que la sumergen en agua tibia y la van calentando de a poco y no se da cuenta, a los uruguayenses nos pasa algo parecido; es como que nos hemos acostumbrado a la decadencia y el atraso, hemos naturalizado ciertos problemas y por lo tanto casi no los notamos, y no nos escandalizamos ni nos indignamos ante su persistencia.   
Algunos ejemplos: el deterioro y el descuido de los espacios y edificios públicos, la pésima  gestión de los residuos sólidos domiciliarios, la falta de un adecuado servicio de agua potable, la deficiente prestación de los desagües cloacales y la falta de su tratamiento, la creciente inseguridad ciudadana, la epidemia de accidentes de tránsito, el mal estado de las calles, la falta de cuidado del patrimonio arquitectónico, el retroceso relativo en materia de turismo, el deterioro de las playas y paseos públicos, el descuido del arbolado urbano, el creciente déficit de viviendas y las inadecuadas respuestas que frente a él se ensayan desde el Estado, la falta de promoción de inversiones productivas, la parálisis del puerto y el ferrocarril, y la ineficiencia y burocratización, en el peor sentido de la palabra, de la administración municipal, etc., son sólo algunas de las cuestiones que  muestran a las claras que estamos “al garete”.
Esta situación no es nueva, viene de unos cuantos años atrás, pero se ha venido agravando en los últimos tiempos. Desde 1987, las sucesivas gestiones municipales, todas peronistas, más allá de las diferencias de nombres, se han caracterizado por un conjunto de atributos comunes que explican este declinar constante de la ciudad: falta de planificación efectiva del desarrollo local (entendido el planeamiento como “el cálculo que precede y preside la acción”, y no como meros planes-libros que nadie lee y menos ejecuta pues en esa materia somos los campeones del mundo), improvisación permanente en la toma de decisiones de políticas públicas, caprichos de los mandatarios de turno, injerencia indebida de intereses privados (a menudo foráneos) en la definición de las acciones de gobierno, amiguismo, falta de controles y rendición de cuentas, falta de transparencia, participación ciudadana reducida a una consigna estéril y demagógica, clientelismo, etc.. Por lo tanto, no sería justo responsabilizar a la actual gestión, que lleva poco más de un año de ejercicio del mandato, de todos estos males. Sin embargo, tampoco puede dejarse de observar que, pasado ya más de un año, no sólo no se observan señales que permitan abrigar un margen de esperanza, sino que, por el contrario, se verifican algunas decisiones que auguran más de lo mismo.
Un par de ejemplos corroboran lo señalado. Luego del malhadado intento de un grupo empresario foráneo, con el apoyo desembozado del entonces Presidente Municipal y del Gobernador Urribari, de quedarse con el inmueble de la Terminal y con la concesión del Mercado 3 de Febrero para instalar allí un infame casino electrónico a cambio de una canallesca nueva terminal mal localizada y peor diseñada, en lo que constituía un escandaloso negociado en detrimento del patrimonio y del interés público, no le quedó más remedio al actual Presidente Municipal que rescindir aquel vergonzoso contrato. Ese lamentable experimento constituyó la constatación más evidente de que – como dijera Mario Bunge – “quien no planifica es víctima de algún planificador”. Pero resulta que ahora, a tenor de informaciones periodísticas que no han sido desmentidas, el Departamento Ejecutivo Municipal estaría “negociando” con estos empresarios en otros términos, supuestamente más ventajosos para el municipio, pero siempre manteniendo el fabuloso negocio de las “maquinitas”, lo que demuestra lo increíblemente audaz y perjudicial para los uruguayenses que era la propuesta original. Nada debe negociarse con quienes han demostrado burlarse de los uruguayenses y faltarnos el respeto a quienes supimos alguna vez, lejana en el tiempo, ser orgullosos ciudadanos de la capital histórica de la provincia. No necesitamos casinos privados ni trasladar la terminal, sí es imperioso mejorarla, pues hoy es un bochornoso criadero de plagas, la imagen más contundente de la desidia municipal.
Lo más notable es que la propia administración municipal impulsó durante 2010 la revisión del Plan Estratégico que databa de fines de los´90. En Agosto de 2010 se publicó el Documento Principal del Plan Estratégico 2010 – 2025. Por diversas razones, no participé en esa instancia, pero debo reconocer que, más allá de las bondades y déficits del proceso que le dio origen, el Plan contiene un producto interesante, consistente en una Cartea de Ideas-Proyectos, cuya elaboración “se llevó adelante considerando los objetivos de cada eje estratégico  y las opiniones de expertos calificados del ámbito local y provincial”. Pues bien, en esa Cartera de Ideas-Proyectos se hace una mención tangencial al posible traslado de la terminal, pero no precisamente en la localización “planificada” por empresarios privados sino en la intersección de la Avenida Uncal y las vías del ferrocarril (Proyecto 60: Programa de nuevas centralidades urbanas). Obviamente, a ningún “experto calificado” ni a ningún actor social de la comunidad local se le ocurrió concebir la absurda idea de un casino electrónico privado en una ciudad que ya cuenta con un casino administrado por el IAFAS.  
El segundo ejemplo: el Concejo Deliberante acaba de aprobar una ordenanza remitida por el DEM por la que se recategoriza el sector del ex autódromo Mena, quitándole su condición de área verde para transformarlo en un área residencial supuestamente destinada a construir viviendas en el marco de un programa de “erradicación de villas”. No puede dejarse de señalar que el hecho de que se utilice el término “erradicación de villas” y no urbanización u otro similar, dice mucho acerca de la concepción del partido de gobierno sobre el tema, más cercana a la manipulación clientelar y demagógica de las necesidades de los desposeídos que de la promoción del derecho a la vivienda digna y el derecho a la ciudad para todos. En definitiva, se sigue la lógica perversa de los conjuntos de viviendas del IAPV de ubicarlos en áreas periféricas, carentes de equipamiento e infraestructura, a menudo en condiciones de degradación ambiental, constituyendo verdaderos ghettos que atentan contra la integración social. En esta cuestión, el Plan Estratégico no sólo no dice nada de esta idea traída de los pelos y carente de fundamentación técnica, sino que propone alternativas sustancialmente diferentes, de las que nadie se acuerda. Refresquemos entonces la memoria: el Proyecto 19 (Campus Universitario UCU) prevé el “desarrollo del nuevo campus universitario de la UCU en el viejo Circuito Mena (zona Parque de la Ciudad). Este desarrollo incluirá la localización de las distintas facultades de la universidad, áreas deportivas, biblioteca y espacios públicos”. Con respecto a la vivienda social, con buen criterio, y para evitar los horrores urbanísticos perpetrados por el IAPV en localizaciones periféricas e inadecuadas alejadas de todo, el Plan prevé varios proyectos: el 2 (Regularización dominial en sectores vulnerables), el 4 (Programa de Mejoramiento de Barrios), el 63 (Programa de vivienda local), el 64 (Banco Municipal de Tierra), el 65 (Programa de crecimiento urbano controlado), el 66 (Urbanización terreno del ferrocarril), y el 70 (Relocalización Unidad Penal). Nada o muy poco se ha hecho para avanzar en estas iniciativas, al menos que se conozca públicamente. Lo mismo puede decirse del resto de los 95 proyectos del Plan Estratégico.
Es hora de reaccionar. Para no seguir “al garete”…
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miércoles, 13 de marzo de 2013

PILAR RAHOLA EN ISRAEL PARTE 1

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martes, 12 de marzo de 2013

GRACIAS RAÚL

Hoy cumpliría 86 años Raúl Alfonsín. Decirle gracias y rendirle homenajes a su memoria es necesario, pero no suficiente. El nos enseñó a luchar por la DEMOCRACIA SOCIAL. El mejor homenaje será avanzar en ese camino, siempre... Adelante!Leer más...

lunes, 11 de marzo de 2013

EL GOBIERNO ENTRERRIANO NO PRIORIZA LA EDUCACIÓN

Por José Antonio Artusi 
Tras una década de crecimiento sostenido de la economía y de aumento de la recaudación fiscal y las exportaciones, Entre Ríos es una de las provincias argentinas cuyos gobiernos son incapaces de garantizar un salario docente que permita el normal inicio del ciclo lectivo. Esta realidad incontrastable muestra a las claras, junto con los negativos índices que evidencian el deterioro de la calidad del sistema educativo, que para esta administración la educación pública dista de estar entre las verdaderas prioridades de su gestión, más allá de las palabras, las excusas y los relatos.  
 La educación pública, laica, gratuita y obligatoria, acorde a las exigencias del siglo XXI para todos los entrerrianos es un requisito indispensable para la consolidación del sistema democrático republicano y la construcción de una sociedad más justa, integrada y solidaria. 
Ello por varias razones; de tipo político, porque es necesario "educar al soberano", o sea formar ciudadanos capaces de asumir responsablemente sus derechos y obligaciones cívicas; de tipo social, porque la escuela en nuestro país y sobre todo en nuestra provincia, fue un extraordinario instrumento de integración social, en el que nuestros abuelos, gringos y criollos, católicos y agnósticos, judíos y musulmanes, ricos y pobres, aprendieron a reconocerse como iguales y como compatriotas. Y de tipo económico, porque no hay sociedades desarrolladas sin un pueblo culto e instruido, que haga de la ciencia, la tecnología y el conocimiento la clave del crecimiento y la generación de riqueza. 
Durante los últimos años, a pesar de haber resignado recursos de manera injustificable ante la Nación, en el marco de una crisis inédita del federalismo fiscal, el gobierno provincial ha dispuesto de fondos como nunca antes. Sin embargo, la falta de una planificación estratégica de la acción de gobierno, la definición incorrecta de prioridades, y el crecimiento del gasto superfluo e improductivo han impedido que se recupere de una manera razonable el poder adquisitivo del salario de los docentes, deteriorado por una inflación real que todos sabemos no es la que reflejan las estadísticas del INDEC. Esta crisis del sistema educativo en general se agrava porque afecta sobre todo a las escuelas estatales, produciendo una brecha perversa entre éstas y las de gestión privada. Se consolida de esta manera una cada vez más preocupante segmentación entre escuelas para pobres y escuelas para ricos. La inoperancia de la gestión pública la sufren más, como suele suceder en estos casos, los sectores más vulnerables y desposeídos de la sociedad. 
En Enero de este año la recaudación propia de impuestos de la provincia de Entre Ríos aumentó un 43,8%, producto principalmente de la inflación y el aumento de la presión impositiva. La coparticipación federal de impuestos aumentó en la Región Centro en el primer bimestre un 30%. Sin embargo el gobierno ofrece de manera extorsiva a los docentes un porcentaje escalonado sustancialmente menor, que no compensa el efecto de la inflación en el poder adquisitivo del salario. 
Recomponer el salario docente es un primer paso, necesario pero no suficiente. El gobierno no debe escatimar esfuerzos en pos de lograrlo, para poder dar después los demás pasos que nos lleven a un sistema educativo del que volvamos a sentirnos orgullosos.- Leer más...