Se vuelve a hablar de las villas y asentamientos y se vuelve a hablar del
Fondo de Integración Socio Urbana. No deja de ser positivo que la problemática
de la informalidad urbana y las alternativas para avanzar en la integración y
regularización de los denominados “barrios populares” ocupe un lugar relevante
en la agenda pública. Lamentablemente las señales que ha dado hasta ahora el
gobierno nacional no parecen ser las mejores en cuanto a comprender la raíz
estructural del problema y a proponer mecanismos que puedan avanzar
progresivamente en su solución.
Hace poco más de un año sostuve en esta hoja que “existe la necesidad,
existen los recursos (al menos potencialmente) y existen los trabajadores
capaces de formar parte de esta verdadera epopeya que constituye una asignatura
pendiente, pero debemos reflexionar todos con espíritu autocrítico para mejorar
lo que se ha hecho y encontrar caminos viables que garanticen la continuidad y
éxito del programa”. Finalmente enfaticé que “el programa será exitoso cuando
podamos hablar con fundamento de “barrios” a secas y dejemos de hablar de este
no demasiado feliz término, “barrios populares”; cuando todos los barrios, algunos
un poco más, otros un poco menos, estén verdaderamente integrados en la ciudad
y todos sus habitantes tengan un piso mínimo de acceso a los beneficios de la
vida urbana. El desafío es enorme, pero a la vez ineludible”.
No hace falta decir que la asignatura sigue pendiente y que es
insignificante lo que se ha avanzado en tal sentido en el año que transcurrió
desde entonces. Parece pertinente entonces seguir reflexionando y debatiendo
sobre esta cuestión, que exige políticas públicas consistentes, muy bien
diseñadas y mejor implementadas, a lo largo de un período de tiempo que
abarcará obviamente varias gestiones. Por eso, en medio de tantos desacuerdos y
contradicciones, resulta necesario destacar que una política pública iniciada
por el gobierno del Presidente Macri, continuada durante la gestión del
Presidente Fernández, requiere ahora continuidad – no exenta de cambios y
transformaciones profundas – por parte de la administración del Presidente
Milei. Lo que seguramente no constituye la mejor opción es desmantelar el
programa y desfinanciar el fondo destinado a cubrir los gastos que demanda. Es
imperioso tener en cuenta que la urbanización e integración es un tema
sensible, obviamente, para quienes viven en ellos, pero también para la
sociedad en su conjunto. Un horizonte de desarrollo socio económico y
prosperidad demanda ciudades que brinden seguridad, calidad de vida y
condiciones mínimas de equidad para todos sus habitantes. La consolidación de
un hábitat precario y excluyente afecta sobre todo a los estratos más
vulnerables de la sociedad, pero finalmente termina perjudicando a todos, de
las más diversas maneras.
En el Documento de Política Nacional Urbana, publicado por el Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y ONU – Hábitat en 2018 se
sostiene con toda razón, y con inusual crudeza, que “la ausencia del Estado en
la planificación y gestión territorial ha contribuido a la expansión urbana de
baja densidad y a la consolidación de un mercado de suelo urbano caracterizado
por la usurpación, la especulación y la desigualdad. La escasez de instrumentos
que regulen el mercado de suelo, junto con instrumentos de gestión local
ineficientes e instituciones debilitadas, han favorecido el desarrollo de
ciudades desiguales, socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y
ambientalmente insostenibles. En las últimas décadas, el déficit habitacional
en Argentina se ha incrementado, los mecanismos de acceso al crédito han
resultado insuficientes y los asentamientos informales se han convertido en la
principal estrategia de acceso al suelo y a la vivienda de los sectores de
menores ingresos”.
En el mismo texto – lamentablemente muy poco difundido - se plantea que
los principales desafíos a enfrentar consisten en integrar los asentamientos a
la trama urbana, reducir el déficit habitacional existente, mejorar la
provisión de servicios básicos, facilitar una planificación urbana eficiente
que promueva el uso racional y sostenible del suelo, establecer instrumentos
fiscales que regulen el acceso al suelo y vivienda, establecer políticas para
el aprovechamiento del suelo vacante y el parque habitacional existente, y
desarrollar mecanismos que garanticen el acceso al mercado formal de
alquileres.
Ignorar el problema o pretender que se solucionará como por arte de magia
por mera acción de la mejora de los indicadores macroeconómicos es una
ingenuidad o un grave error de concepto. Es obvio que cualquier política
pública seria requiere salir de los demenciales niveles de inflación crónica
que tenemos en nuestro país, modificar profundamente la matriz tributaria y
recuperar una senda de crecimiento sostenido y de movilidad social ascendente.
Pero se trata de condiciones necesarias y no suficientes. En este caso también
se necesita una planificación y gestión rigurosa que parta de un diagnóstico
correcto y que seleccione los métodos y los instrumentos adecuados.
No todo se soluciona con una motosierra, a veces se necesita un bisturí,
y a veces una aguja para coser y reparar algo que está dañado y debe unirse y
cicatrizarse. Ojalá que quienes tienen responsabilidades en este sentido lo
entiendan cuanto antes.-
Publicado en el diario La Calle el 25 de Febrero de 2024.-
