lunes, 29 de mayo de 2023

VIVA LA LIBERTAD!

 Por José Antonio Artusi

Para quienes tenemos a la libertad como un bien supremo y un valor fundante del sistema republicano de gobierno, no puede sino ser una buena noticia que se la rescate y valorice y que el término liberalismo deje de estar automáticamente vinculado a una noción despectiva y descalificante. 

En el mundo actual, y en particular en la Argentina, la libertad y el liberalismo han sido objeto de una profunda tergiversación por parte de algunos curiosos seudo liberales que - en el caso de nuestro país - combinan sin descaro ni pretensión de coherencia diversas dosis de conservadorismo retrógrado, anarquismo delirante y nacionalismo católico.

Sin embargo, es fundamental volver a las raíces y rescatar el verdadero valor del liberalismo como ideología republicana y progresista. Para ello, es necesario adentrarnos en las definiciones y pensamientos de destacados pensadores genuinamente liberales.

Podríamos comenzar por Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, su obra "Rights of Man" (Derechos del Hombre) nos brinda una perspectiva clara sobre la libertad como un derecho inalienable de todos los individuos. Paine defendía la igualdad de derechos y la necesidad de un gobierno limitado que protegiera la libertad individual, alentando así la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, en su obra "La Riqueza de las Naciones", pone de manifiesto que la libertad económica es esencial para el progreso de una sociedad. Smith argumentaba que la competencia y la libre interacción entre individuos en el mercado, sin intervención excesiva del Estado, conducirían a la creación de riqueza y al bienestar general. No obstante, es importante recordar que Smith también defendía la necesidad de regulaciones estatales para prevenir abusos y proteger los derechos de los trabajadores. Algunas frases de Adam Smith merecen ser rescatadas del olvido, por ejemplo, “ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables”; o “tan pronto como la tierra se ha convertido en una propiedad privada, el terrateniente exige una parte de casi todos los productos que el trabajador pueda producir o recoger en ella”; o “los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero la conversación termina en una conspiración contra el público, o en alguna estratagema para aumentar los precios”.

David Ricardo, otro destacado economista liberal, aportó a la teoría económica con su concepto de ventaja comparativa. Según Ricardo, el libre comercio y la especialización permiten que los países se beneficien mutuamente al enfocarse en las actividades en las que son más eficientes. Esta idea resalta la importancia de eliminar barreras proteccionistas y promover la libertad de intercambio, generando así prosperidad económica y una distribución más equitativa de los recursos. No deja de ser curioso que algunos de los que más coherentemente defendieron esa concepción liberal en Argentina, en defensa de los derechos y del poder adquisitivo de los trabajadores, fueran los legisladores socialistas de principios del siglo XX, opuestos al proteccionismo de los conservadores que defendían los intereses corporativos de ciertos empresarios a los que hoy calificaríamos como “cazadores en el zoológico”.  

John Stuart Mill, reconocido filósofo y economista inglés, en su obra "Sobre la Libertad", establece que la única justificación para restringir la libertad individual es la prevención de daños a otros. Mill defiende la autonomía y la diversidad de pensamiento como fundamentales para el progreso y la creatividad de una sociedad. Además, Mill abogaba por la igualdad de género y la participación política de las mujeres, reforzando así la idea de que la libertad debe ser accesible para todos los miembros de la sociedad.

Podríamos seguir con Henry George, economista y filósofo social norteamericano, quien en su obra "Progreso y Pobreza" cuestiona las desigualdades generadas por la apropiación privada de valorización de la tierra generada por la comunidad. George argumentaba que la tierra es un recurso natural cuyas rentas no generadas por el trabajo ni por el capital debían recuperarse por la sociedad, y propuso un impuesto único sobre el valor de la tierra para redistribuir la riqueza de manera más equitativa. Su enfoque se basaba en la creencia de que la libertad verdadera solo se puede lograr si todas las personas tienen igual acceso a la posibilidad de trabajar explotando los bienes comunes.

Rescatar el valor de la libertad y el liberalismo implica volver a los fundamentos establecidos por destacados pensadores. Sus ideas nos enseñan que la libertad individual, la igualdad de derechos, la libre interacción económica y la participación ciudadana son pilares fundamentales para una sociedad justa y próspera. Es importante desmontar las falacias de aquellos conservadores que tergiversan estos conceptos, para avanzar hacia un futuro en el que la libertad sea verdaderamente accesible para todos, entendiendo que la filosofía republicana no concibe a la libertad en abstracto sino indisolublemente unida a sus hermanas, la igualdad y la fraternidad. No hay libertad en la anarquía, sino privilegios. La libertad sólo impera cuando hay un Estado de Derecho que la consagra y la protege, tal como lo concibieron quienes nos legaron la sabia Constitución de 1853 y la Organización Nacional. Viva la libertad!  

 

Publicado en el diario La Calle el día 28 de Mayo de 2023.-

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lunes, 22 de mayo de 2023

CÓMO SON LAS VIVIENDAS DE LOS ENTRERRIANOS?

Por José Antonio Artusi

El INDEC abada de publicar un informe con indicadores de las condiciones habitacionales de las viviendas de todo el país relevadas en el censo del año pasado. El propio informe señala que la información publicada “nos ayudará a comprender cómo viven las personas a lo largo del territorio nacional”, y enfatiza que “el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido internacionalmente por las Naciones Unidas. La vivienda brinda seguridad y protección ante los factores climáticos y, además, garantiza el espacio para descansar, alimentarse, higienizarse, realizar actividades de esparcimiento e interactuar con otras personas.” A su vez, se consigna que “para ser considerada adecuada, una vivienda debe cumplir una serie de condiciones. Algunas de ellas están asociadas a la calidad de los materiales constructivos, las instalaciones sanitarias y la disponibilidad de servicios públicos”.

Vale la pena por lo tanto dar una mirada a algunos indicadores de la provincia de Entre Ríos. Veamos entonces algunos datos, y la evolución entre 2022 y 2010.     

Agua de red pública

En 2010 el 89,72% de las viviendas entrerrianas tenían conexión de agua potable a red pública, mientras que en 2022 el porcentaje era el 91,50%, por encima de la media nacional (85,4%). De todos modos puede advertirse un incremento muy modesto en estos últimos doce años, de menos de dos puntos porcentuales. Casi una de cada diez viviendas carece de conexión a redes públicas de agua potable. El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (95,5%) mientras que el que exhibió menor porcentaje en este rubro fue Islas del Ibicuy (68,4%).

Cloacas

Según el censo del 2010 el 69.84% de las viviendas tenían conexión a red pública de cloacas. En 2022 el porcentaje ascendió al 80.40%, también por encima del promedio nacional (62.6%). Casi dos de cada diez viviendas no tienen cloacas. El departamento con mejor desempeño el año pasado fue Gualeguaychú, y el peor indicador correspondió también en este caso a Islas del Ibicuy (39,2%).     

Gas de red

En 2010 el 26,06% de las viviendas utilizaban gas natural de red o electricidad para cocinar. En 2022 este indicador se incrementó llegando al 33,20%, bastante por debajo de la media nacional (58,40%). Dos cada tres viviendas carece de este servicio en nuestra provincia. El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (48,40%) y en el otro extremo se ubicó Feliciano (7,60%).

Pisos con revestimiento   

Las viviendas con pisos con revestimiento (cerámica, mosaico, baldosa, alfombra, madera, etc.) representaban el 76,38% del total en 2010, mientras que en 2022 el indicador ascendió al 87,9%, porcentaje cercano al promedio nacional (86.6%). El mejor desempeño en este rubro correspondió al departamento Colón (93,30%) y el peor a Feliciano (69,7%).

Vivienda propia  

En 2010 las viviendas propias representaban el 69,24%. En este caso el porcentaje disminuyó en 2022, llegando al 66,40%, porcentaje cercano al 65,50% a nivel nacional. El departamento con mayor incidencia de vivienda propia en 2022 fue Feliciano (75,6%0) y el de menor porcentaje fue Colón (62,70%).

Internet  

No contamos con datos de este indicador en 2010. En 2022 el 76% de las viviendas tenía conexión a internet, por encima de la media nacional (59,3%). El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (82,20), y el menor porcentaje correspondió a Islas del Ibicuy (58%).

Hacinamiento? 

Lamentablemente el informe publicado recientemente no contiene datos referidos al hacinamiento en las viviendas. Contar con esta información sería útil para visualizar la tendencia que se verificó entre 2010 y 2022. Cabe señalar al respecto que la Fundación Tejido Urbano publicó un estudio titulado “Radiografía de las condiciones de vida en las ciudades argentinas”, elaborado en base a datos de la Encuesta Permanente Hogares del INDEC correspondiente al segundo semestre del año paso. En dicho informe se muestra que Concordia fue la ciudad con mayor hacinamiento crítico (hogares que presentan más de tres personas por cuarto) entre los 31 aglomerados urbanos en los que se realiza la encuesta, con 9%, más que duplicando la media nacional (4%), porcentaje en el que se ubica a su vez la ciudad de Paraná y localidades aledañas (Gran Paraná).

Faltan datos…    

Por el momento la información está desagregada a nivel de departamento, y obviamente será necesario contar con datos definitivos por localidad y a su vez incluyendo otros indicadores (calidad de la vivienda, calidad del entorno, hacinamiento, etc.) para establecer diagnósticos más precisos que permitan fundamentar políticas públicas basadas en evidencias estadísticas. Seguimos teniendo un déficit habitacional importante, tanto cualitativo como cuantitativo. Sobre todo los jóvenes se ven en condiciones muy difíciles para acceder a una vivienda digna, ya sea en propiedad como en alquiler. Contar con información confiable y oportuna es un primer paso para elaborar estrategias efectivas que permitan eavanzar en la solución de esta problemática. Habrá que seguir reclamando datos y analizándolos minuciosamente.- 


Publicado en el diario La Calle el día 21 de Mayo de 2023.- 

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martes, 16 de mayo de 2023

GESTIÓN DE RESIDUOS: HACEN FALTA CAMBIOS PROFUNDOS (Y ALGUNOS QUIZÁS NO NOS GUSTEN)

Por José Antonio Artusi

Tenemos en general en la Argentina una deficiente gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Como en otros campos de las políticas públicas muchas veces el principal problema no radica en la débil asignación de recursos sino en su escasa eficiencia. Los montos asignados a los sistemas de gestión de residuos consumen una parte significativa de los presupuestos municipales.

Los déficits en la gestión de residuos impactan de diversas maneras negativas en el plano ambiental, económico, y social, perjudicando sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. La presencia de residuos en los espacios públicos, la inadecuada disposición final, y la presencia de basurales clandestinos son algunos de los indicadores que evidencian estos déficits.

Cada municipio tiene sus propias particularidades, y en cada caso se necesita un plan estratégico de gestión de residuos sólidos domiciliarios adecuado a la realidad local y articulado de manera armónica con otras políticas públicas. La problemática tiene a su vez una dimensión regional, provincial y nacional. Los gobiernos de estos niveles no pueden dejar librados a los gobiernos locales a su suerte, deben tener políticas de promoción y articulación de modo tal de garantizar presupuestos mínimos de protección ambiental en todo el territorio. No abordaremos aquí la complejidad de tal desafío integral; nos centraremos solamente en las primeras fases de la gestión de residuos, la disposición inicial y la recolección. En ambas se requiere un fuerte compromiso de los ciudadanos, no basta con la acción de la administración pública.

La frecuencia de recolección en nuestro país oscila alrededor de 6 días por semana en ciudades grandes y medianas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ley, es la frecuencia mínima que puede haber. Sin embargo, muchas de nuestras ciudades presentan problemas de residuos en la vía pública, contenedores desbordados, etc.. Hemos naturalizado el hecho de que alguien debe llevarse los residuos que generamos en nuestros hogares al menos 6 veces por semana, no importa demasiado adonde ni cómo se van a tratar esos residuos, mientras se los lleven lejos y no los veamos. Lo llamativo es que se trata de una frecuencia altísima para los estándares de países desarrollados. En muchísimas ciudades de países con buenos sistemas de gestión de residuos es mucho menor, por ejemplo una vez por semana para los residuos húmedos (restos de comida, etc.) y uva vez cada dos semanas para los residuos secos reciclables (papel, cartón, vidrio, aluminio, plástico). En estos casos los habitantes deben hacerse cargo de los residuos que generan, y almacenarlos en sus domicilios en contenedores adecuados a tal fin. La frecuencia baja incentiva tanto la disminución en la cantidad de residuos como el reciclaje (compostaje por ejemplo) y el reuso. Las otras ventajas de esta baja frecuencia radican en el menor impacto de los residuos en la calidad del espacio público, ya que se disponen en la calle sacando los contenedores domiciliarios una única vez por semana, y que no se requieren contenedores comunitarios. Además, el servicio de recolección disminuye sus costos, demanda menor consumo de combustible y genera menos emisión de gases contaminantes. Por las dudas, aclaro que, por ahora,  no estoy proponiendo medidas concretas, es obvio que se requieren estudios en profundidad que aconsejen los cambios a introducir en base a evidencias científicas, pero también está claro que seguir como vamos es garantía de fracasos.         

Me temo que es probable que algunos cambios que podrían llegar a ser necesarios no cuenten todavía con el grado de aceptación ciudadana que podría garantizar su viabilidad. Hice una encuesta al respecto en Twitter, obviamente sin validez estadística pero que podría mostrar ciertos indicios. Pregunté qué haríamos si un candidato a intendente nos dijera que los residuos se van a recoger una vez por semana, y los reciclables una vez cada dos semanas. El 57,4%  respondió que no lo votaría. Cuando terminó la encuesta y ví el resultado escribí que “quizás no estamos preparados para reconocerlo, pero acá me parece que tenemos un problema”. Después hice otra encuesta y el 67,8% contestó que en su localidad los residuos se recogían entre 5 a 7 veces por semana.

Necesitamos reformas estructurales, de raíz, en los sistemas de gestión integral de residuos domiciliarios. Haríamos bien en debatir a fondo esta cuestión, sin naturalizar que algunas de las prácticas a las que estamos acostumbrados son las únicas posibles.-


Publicado en el diario La Calle el día 14 de Mayo de 2023.- 

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viernes, 5 de mayo de 2023

EL DIA QUE JUAN B. JUSTO FUE OFICIALISTA

Por José Antonio Artusi

Le pregunté a la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT qué ideología tenían Roque Saenz Peña y Juan B. Justo y me respondió que el primero era conservador y el segundo socialista. Yo creo que Saenz Peña tenía también rasgos liberales y progresistas, pero no tenía ganas de discutir con un robot, así que no seguí preguntando.  Y creo también que Juan B. Justo tenía una veta liberal. Quizás podría haberse identificado con la frase del dirigente socialista español Indalecio Prieto, que decía que era “socialista a fuerza de liberal”.

Roque Saenz Peña fue Presidente desde el 12 de Octubre de 1910 hasta su muerte, el 9 de Agosto de 1914, si bien en 1913 había delegado la titularidad del Poder Ejecutivo en el Vicepresidente Victorino de la Plaza, por razones de enfermedad. Juan B. Justo fue electo diputado en las elecciones de 1912, de lo que se desprende que era un legislador “opositor”. Sin embargo, al menos en una sesión, el fundador del Partido Socialista actuó como oficialista. 

El 28 de Junio de 1912 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley creando un impuesto sobre el mayor valor de la propiedad territorial, remitido por Saenz Peña y su Ministro de Hacienda José María Rosa.  El proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto, su tratamiento no prosperó y pronto pasó al olvido. En la sesión del 17 de Julio de 1912 la iniciativa fue duramente criticada por el diputado Arturo Bas y defendida por el diputado Juan B. Justo.

En el mensaje remitido al Congreso Saenz Peña consideraba que “el sistema rentístico argentino está llamado a experimentar sensibles transformaciones, encaminadas a una más equitativa repartición de los tributos que constituyen el tesoro público… El impuesto al mayor valor de la tierra, que el Poder Ejecutivo prestigia, aunque conocido desde siglos en la legislación universal, ha poco que entrara a formar parte  firmemente de los regímenes financieros de naciones que marchan a vanguardia de la civilización contemporánea… James Mill en 1827 y John Stuart Mill en 1848 popularizaron las ventajas del nuevo impuesto provocando, con atinados estudios, la conveniencia de una reforma agraria inglesa… El terrateniente que es dueño de grandes extensiones abandonadas, que aguarda quietamente el resultado del esfuerzo ajeno para multiplicar el de su bien propio, al divisar un impuesto paulatino al mayor valor que vaya adquiriendo la propiedad, se sentirá muchas veces inclinado a renunciar a esa actividad pasiva o de contemplación. En igual forma la especulación desenfrenada, sometida a un impuesto constante, contribuirá a normalizar un tanto las fluctuaciones del valor, avivadas por el agio… siendo el Estado quien contribuye a valorizar mayormente la propiedad, justo es que perciba su parte, sirviéndose para ello del impuesto… se trata de gravar el aumento de valor adquirido sin la intervención directa del propietario, que se ha producido por factores extraños a la actividad del dueño y que en derecho estricto no ha sido ganado por él.”

En la sesión del 17 de Julio de 1912 Bas sostuvo que “no es ésta la oportunidad de entrar a considerar los blancos que presenta la iniciativa del Poder Ejecutivo, bajo el punto de vista constitucional, ni tampoco el error fundamental de su pensamiento básico, o sea el de obstruir, el de obstaculizar el espíritu de empresa que él llama especulación y que es indiscutiblemente la base de la grandeza argentina”. Como se puede apreciar, quienes hoy defienden la legitimidad de la especulación con los valores del suelo – mal llamada especulación inmobiliaria – recurren a argumentos similares ante cada iniciativa tendiente a recuperar y reinvertir la valorización del suelo que se produce por la acción de la comunidad. O sea, injustificadas y vagas acusaciones de inconstitucionalidad o confundir groseramente especulación con iniciativa privada productiva o “espíritu de empresa”, cuando son, precisamente, dos polos absolutamente opuestos.

Juan B. Justo replicó: “tengo que hacer el papel de oficialista en esta ocasión… el que especula en tierra es absolutamente innecesario. No desempeña función explicable, útil en ningún sitio de la tierra. El suelo es siempre de la misma extensión; es siempre la misma superficie la que tenemos a nuestra disposición. Su riqueza no aumenta ni disminuye al pasar de mano en mano.  Los que especulan sobre el valor del suelo se colocan simplemente de intermediarios entre los actuales terratenientes y los que por un motivo u otro quieren adquirir la tierra más tarde, sucediendo muy comunmente que los que después quieren adquirirla son también especuladores… Me parece una injuria al comercio argentino decir que se siente alarmado por el proyecto de impuesto al mayor valor del suelo. El comercio argentino desempeña aquí, como en todas partes (el comercio en el buen sentido de la palabra), una función sumamente útil, indispensable… El comercio desempeña la función de conocer las necesidades de la población, la de traer al país los artículos requeridos para satisfacerlas, y la de distribuirlos entre los consumidores por medio de la venta… ¿Pero qué tiene de comparable con ella el acaparamiento de la tierra? No se llena con él ninguna función de utilidad nacional ni un fin público; es una función completamente parasitaria… Tendremos así la base necesaria para abolir todos los malos impuestos que hoy pesan no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre el comercio y las industrias, porque en nuestro país asistimos a este cuadro realmente cómico: por un lado se sancionan extorsivos derechos de aduana so pretexto de proteccionismo, y por otro, se establecen patentes altísimas a las fábricas, por el solo hecho de ser fábricas, como se imponen costosas trabas fiscales a todo hombre que quiere hacer un trabajo útil cualquiera”.

Vale la pena revisar los argumentos en uno y otro sentido; los expuestos en los fundamentos del proyecto, y los que pronunciaron Bas y Justo. Recordar esa discusión es pertinente porque el problema que pretendió enfrentar Saenz Peña, y los que comentó Juan B. Justo, siguen teniendo plena vigencia.-


Publicado en el diario La Calle el día 30 de Abril de 2023.- 

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SALTO GRANDE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE; UNA ASIGNATURA PENDIENTE

Por José Antonio Artusi              

Un documento de la OEA señala que “la cuenca del río Uruguay es notablemente rica en energía. Si se considera su potencial total de 18.264 MW y su superficie de 360.000 km2 se obtiene una potencia unitaria de 50,7 KW instalado por kilómetro cuadrado, o sea una energía del orden de los 220 MWh/km2. Esta cantidad de energía es similar a la de Suecia, considerado uno de los países más ricos en hidroelectricidad”. Sin embargo, lamentablemente se trata de un potencial energético mayormente desaprovechado, siendo Salto Grande el único emprendimiento binacional operativo.  No deja de ser curioso – y doloroso – que no exista todavía ninguna central hidroeléctrica compartida entre Argentina y Brasil.  

En 1919 el Gobierno Argentino encomendó a la Dirección General de Navegación y Puertos realizar estudios tendientes al aprovechamiento hidroeléctrico de las caídas del Salto Grande. Más tarde, el diputado nacional entrerriano Bernardino Horne presentó un proyecto de ley estableciendo cuatro objetivos centrales: la navegación, el aprovechamiento de energía eléctrica, la irrigación y el control de los efectos de las crecientes. Y el 30 de Diciembre de 1946 se firmó el Convenio entre Argentina y Uruguay, que dispuso en su artículo 3º que “las diversas utilizaciones de agua tendrán el siguiente orden de prioridad…:

1)      Utilización para fines domésticos y sanitarios;

2)      Utilización para navegación;

3)      Utilización para producción de energía;

4)      Utilización para riego.”

Salto Grande ha venido funcionando desde hace décadas como una eficiente usina de generación de energía barata, limpia y renovable, pero no ha aportado demasiado al logro de los demás objetivos. Es importante por lo tanto recordar que Salto Grande fue pensada originalmente como un proyecto multipropósito, orientado a promover el desarrollo regional.     

En momentos en que nuestro país necesita imperiosamente asegurar la provisión de agua potable y saneamiento a toda su población, diversificar y descarbonizar sus fuentes de energía, eficientizar sus sistemas de transporte, y aprovechar los recursos hídricos para mejorar la productividad del sector agropecuario y hacerlo menos vulnerable a episodios climáticos en el contexto del cambio global, el emprendimiento de Salto Grande se presenta como una oportunidad magnífica de aportar al logro de esos fines, potenciándolo con iniciativas que duermen en algunos cajones desde hace décadas, y otras que puedan surgir.

Si lo vemos desde la perspectiva de los intereses de la provincia de Entre Ríos – pero cuidando de no caer en una visión aldeana y cerrada, sino enmarcándolos armoniosamente en el contexto de los intereses de la región y de la Nación en su conjunto – un primer paso podría consistir en reclamar que se aumente la proporción en la que se pagan regalías hidroeléctricas a la provincia, permitir que tales regalías se puedan cobrar en especie, y aumentar el precio que Salto Grande recibe por la energía generada. Estas acciones permitirían contar con más recursos, provenientes tanto de regalías como de excedentes, y parte de esos recursos adicionales podrían destinarse a morigerar el impacto de la quita de subsidios a la energía, sobre todo para usos productivos y para consumos básicos de los sectores más vulnerables. Por otro lado, revisando de manera profunda el rol de la CAFESG, podrían también destinarse recursos a la promoción de un verdadero programa de desarrollo regional, priorizando las obras que impacten efectivamente en tal propósito, y cuidando rigurosamente la eficiencia y rentabilidad social de las inversiones.  Retomando las prioridades de 1946, ese proyecto tendría que concentrarse fuertemente en proyectos que brinden agua potable y saneamiento, infraestructura de transporte ferroviario y carretero para alimentar los puertos, electrificación rural y para parques industriales a costos adecuados, y acueductos para riego.       

Por otro lado, la potencia de la represa podría aumentarse concretando el demorado dique compensador de Salto Grande, obra que permitiría operar más eficientemente la central y aportar energía de base a ambos países. El aumento de generación incrementaría obviamente la percepción de regalías y excedentes para la provincia, llegado el momento. Pero además el dique compensador, cuya localización y diseño debería contemplar los más rigurosos criterios ambientales, permitiría mitigar el impacto de las inundaciones y favorecería la navegación, aportando al desarrollo de la Hidrovía del río Uruguay. Debe tenerse en cuenta que el transporte fluvial en determinadas distancias tiene ventajas significativas sobre el transporte carretero en términos de menor consumo de combustible, menor emisión de gases contaminantes y mayor seguridad. La navegación a su vez podría también potenciarse con la construcción de las demoradas esclusas y el canal, que permitirían navegar con barcazas aguas arriba de la represa.   

Obviamente todas estas obras requieren estudios y evaluaciones muy rigurosas que avalen su factibilidad y conveniencia, pero al menos deberíamos estar debatiendo estas cuestiones y exigiendo que esos estudios se realicen de manera perentoria.  

Salto Grande siguen siendo una oportunidad magnífica para la promoción efectiva del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, pero exige discusiones serias y acciones conducentes, más que repetir como loros cantinelas demagógicas o resignarnos a un status quo de atraso y empobrecimiento.- 


Publicado en el diario La Calle el día 23 de Abril de 2023.-

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