martes, 28 de marzo de 2023

FOMENTAR LA AGRICULTURA URBANA


Por José Antonio Artusi              

Si se lo mira desde cierto punto de vista, el término “agricultura urbana” parecería ser un oxímoron, o sea la combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como en “un silencio atronador”, por ejemplo. De hecho, si recurrimos a la definición de “ciudad” que nos da la Real Academia, parecería serlo: “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”. Sin embargo, contrariando a este criterio un tanto rígido de la Real Academia, la Historia nos muestra muchísimos ejemplos en el pasado de ciudades que han tenido, de una u otra manera, en mayor o menor medida, actividades agrícolas. Y las hay también en el presente. Y muchos estudios y proyecciones plantean que incluso su relevancia puede incrementarse en el futuro, como una de las estrategias clave para lograr ciudades más sostenibles, prósperas, resilientes y saludables.

La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considera que “la agricultura urbana y periurbana se puede definir como un conjunto de prácticas que proporcionan alimentos y otros productos a través de la producción agrícola y los procesos relacionados con ella (transformación, distribución, comercialización, reciclaje, etc.) y que se llevan a cabo en la tierra u otros espacios en las ciudades o las regiones circundantes”. El organismo internacional plantea a su vez que “este tipo de agricultura engloba actores, comunidades, métodos, lugares, políticas, instituciones, sistemas, ecologías y economías urbanos y periurbanos y, en gran medida, emplea y regenera los recursos locales para satisfacer las necesidades cambiantes de las poblaciones locales, contribuyendo al mismo tiempo a lograr múltiples metas y funciones”, por lo que entiende que “la agricultura urbana y periurbana ofrece una estrategia fundamental para fomentar la resiliencia del suministro de alimentos de una ciudad”.

En una publicación reciente de la FAO se expresa que la agricultura urbana “diversifica las cadenas de suministro de alimentos, mejora la calidad de vida de los habitantes y brinda múltiples beneficios para el desarrollo urbano sostenible” y que “a menudo, se practica de manera informal, o en algunos contextos ilegalmente, por lo general no hay estadísticas oficiales sobre agricultura urbana y periurbana, o las personas directa o indirectamente involucradas”. También se señala en esa publicación de 2022 que “a pesar de esta información limitada, en muchas ciudades y regiones la creciente investigación y la conciencia de la variedad de prácticas de cultivo de alimentos está trayendo a la luz las importantes contribuciones realizadas por la agricultura urbana y periurbana, más aún durante la pandemia de COVID-19”.

El desarrollo de modelos adecuados de agricultura urbana podría generar beneficios desde el punto de vista ambiental, económico, y social; mitigando el impacto ambiental negativo causado por el transporte de alimentos a lo largo de grandes distancias entre los centros de producción y consumo, minimizando las emisiones contaminantes y la siniestralidad vial asociadas al transporte carretero de cargas, generando oportunidades de desarrollo local a través de la producción de cercanía pero también de la promoción de alimentos de calidad y alto valor agregado para la exportación, generando empleos, favoreciendo la educación ambiental y generando cinturones verdes periurbanos que actúan como fuelle entre las áreas urbanas y las rurales.

Es necesario alertar acerca de los riesgos de asociar erróneamente a la agricultura urbana y periurbana únicamente con modelos de mera subsistencia y escaso desarrollo tecnológico, limitados a la agricultura familiar o comunitaria en pequeñas huertas. Por el contrario, es posible concebir diversas escalas y modos de producción que combinen alta incorporación de adelantos tecnológicos, buenas prácticas ambientales y esquemas de gerenciamiento que favorezcan la mejora de la eficiencia y de la competitividad, permitiendo la generación de empresas que brinden oportunidades de empleos calificados y bien remunerados.

Es obvio, por otro lado, que la agricultura urbana y periurbana no es lo mismo que la que se desarrolla en áreas rurales de gran extensión. Además, está claro que las exigencias ambientales y la mixtura de  usos propias de las ciudades y sus áreas circundantes exigen otro tipo de normas y controles, mucho más estrictos y restrictivos.

De todos modos, como en todo el mundo, también en la Argentina la agricultura urbana y periurbana constituye una oportunidad de desarrollo sostenible que no deberíamos ignorar.-        

 

Publicado en el diario La Calle el día 26 de Marzo de 2022.-

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martes, 21 de marzo de 2023

EL DESAFÍO DE URBANIZAR LAS VILLAS: CONSTRUIR CIUDAD Y CIUDADANÍA


Por José Antonio Artusi              

Sebastián Welisiejko, ex Secretario de Integración Socio Urbana, publicó en Twitter un dato contundente: “Sólo con lo que se gastó en subsidios energéticos en 2014 se podrían haber URBANIZADO TODAS LAS VILLAS Y ASENTAMIENTOS del país. Buena parte de este gasto fue a sectores que no lo necesitan. Largos años de una pésima política que jodió el equilibro fiscal y la cuenta corriente”.

Esta cuestión no estuvo ausente en la jornada que se desarrolló el pasado Viernes 10 de Marzo en Concepción del Uruguay organizada por la Regional Litoral de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial denominada “Aprendizajes territoriales”, en la que los procesos de integración  y urbanización de los “barrios populares” (así denomina la ley  nacional 27.453 a las villas y asentamientos informales) fue uno de los temas convocantes.

Durante la jornada se generó un intenso debate alimentado por la reflexión sobre experiencias concretas, y se brindaron algunos datos interesantes, algunos bastante conocidos y otros no tanto:

-          Hasta 2016 no existía información oficial y fehaciente sobre las villas y asentamientos existentes y las condiciones de vida de sus pobladores. Ese año, en el marco del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) se relevaron y mapearon digitalmente asentamientos en todo el país en localidades de más de 10.000 habitantes.

-          ¿Cómo se define un “barrio popular”? Se considera que son aquellos barrios en los que, con al menos 8 familias, más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo y no tiene acceso regular a servicios básicos: agua potable, cloacas, energía eléctrica. En ese momento se identificaron más de 4.000 “barrios populares” en todo el país, pero posteriormente el relevamiento se amplió, incluyendo localidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes, y actualmente el Renabap cuenta con 5.687 barrios en todo el país, 212 en la Provincia de Entre Ríos y 20 en Concepción del Uruguay.

-          La ley 27.453, sancionada en 2018, declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los polígonos identificados en el Renabap, suspendió los desalojos por 4 años (plazo extendido a 10 en la reforma de la ley aprobada en 2022), declaró de interés público el Programa de Integración Socio Urbana y dispuso que el 25% de los empleos en obras de urbanización debía corresponder a trabajadores de los propios barrios.         

-          En 2019 se creó el Fondo de Integración Socio Urbana, destinado a financiar las actividades para llevar adelante el objeto de la ley, o sea, básicamente, la mejora del equipamiento social y de la infraestructura, de los espacios públicos, el saneamiento, el fortalecimiento de las actividades económicas, el redimensionamiento parcelario y la regularización dominial. Podríamos llamar la atención acerca de la omisión de la asequibilidad a la vivienda adecuada en el listado de ítems que componen el conjunto de acciones que se entienden por “integración socio urbana”.

-          La principal fuente de recursos del FISU ha sido el impuesto a las grandes fortunas (por única vez), y el impuesto País. En mucho menor proporción también se nutre de fondos nacionales y de un crédito del BID.

-          Los proyectos de Integración Urbana iniciados se encuentran en 834 barrios (14,66% del total), con más de 870.000 beneficiarios. Téngase en cuenta que si se estima que en los barrios populares viven más de 5 millones de personas, esa cifra representaría cerca del 17% del total. Debe tenerse en cuenta también muchos de los proyectos corresponden a la línea de “Obras Tempranas” (intervenciones parciales en infraestructura o equipamiento) que no pretenden abarcar la totalidad de las acciones requeridas para la efectiva integración socio urbana.   

-          En materia de acceso al suelo se han generado 17.632 lotes con servicios, beneficiando a más de 66.000 personas.

-          En relación al mejoramiento de las viviendas existentes, el Programa “Mi pieza” permitió iniciar más de 100.000 obras, con más de 184.000 personas beneficiadas. Podría señalarse como un déficit de este programa la ausencia de mecanismos para garantizar un adecuado asesoramiento y acompañamiento profesional en las ampliaciones y refacciones.

-          Uno de los desafíos consiste evidentemente en implementar con criterio federal políticas públicas como ésta con financiamiento centralizado en el gobierno nacional. 

-          En Santa Fe existen 76 municipios con “barrios populares” y 14 han recibido fondos de la Secretaría de Integración Socio Urbana; en el caso de Entre Ríos hay 27 y 8 han recibido fondos. Vale decir que el 81% en Santa Fe y el 70% en nuestra provincia de los municipios que tienen polígonos Renabap están por ahora fuera de este programa.

Podríamos esbozar algunas conclusiones preliminares en torno a esta cuestión, como aportes a un debate impostergable:

-          La integración y urbanización de las villas y asentamientos parece ser una de las pocas políticas públicas que ha sido capaz de concitar amplios acuerdos de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y continuar ejecutándose a lo largo de dos administraciones nacionales de diferente signo político.

-          El desafío es no sólo imprescindible sino que constituye además una extraordinaria oportunidad para progresar en términos de integración social, lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad de vida que pueden ofrecer nuestras ciudades; para todos, para quienes viven en estos asentamientos pero también para la comunidad en su conjunto.

-           Existen recursos, pero también es necesario reconocer que hace falta todavía elaborar una estrategia robusta de financiamiento que permita abordar con realismo y continuidad en el tiempo la enorme magnitud de las obras que son necesarias. Con impuestos de emergencia y créditos del BID no alcanza, es menester encontrar formas de recuperar y reinvertir la valorización del suelo que se generará por efecto de la implementación de los proyectos, no sólo en los polígonos Renabap, sino también – sobre todo – en las áreas urbanas circundantes. Esta es una estrategia que no se ha explorado todavía con la profundidad requerida. No se trata de regalarle nada a nadie, ni a los pobladores de los asentamientos, ni a quienes son propietarios de parcelas por fuera de los polígonos. Se trata simplemente de darle (y exigirle) a cada uno lo suyo.

-          Existe la necesidad, existen los recursos (al menos potencialmente) y existen los trabajadores capaces de formar parte de esta verdadera epopeya que constituye una asignatura pendiente, pero debemos reflexionar todos con espíritu autocrítico para mejorar lo que se ha hecho y encontrar caminos viables que garanticen la continuidad y éxito del programa.

-          No se trata sólo de poner caños y cemento, o sea urbanizar. También se trata de construir ciudadanía, procurando avanzar democrática y participativamente en el ejercicio efectivo de derechos, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad; pero también procurando el cumplimiento de las obligaciones de cada uno.   Los romanos tenían dos términos para referirse en latín a lo que hoy nosotros en castellano denominamos “ciudad”. La “urbs”, referida a la dimensión física, material, de la ciudad; y la “civitas”, referida a la dimensión social y política, de ésta derivan precisamente nuestras palabras “ciudad” y “ciudadano”. Tenemos que procurar que la urbanización de los barrios populares nos ayude a lograr ciudades mejores en ambas dimensiones.       

-          El programa será exitoso cuando podamos hablar con fundamento de “barrios” a secas y dejemos de hablar de este no demasiado feliz término, “barrios populares”; cuando todos los barrios, algunos un poco más, otros un poco menos, estén verdaderamente integrados en la ciudad y todos sus habitantes tengan un piso mínimo de acceso a los beneficios de la vida urbana.  

El desafío es enorme, pero a la vez ineludible.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 19 de Marzo de 2023.-

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jueves, 16 de marzo de 2023

POR QUÉ NECESITAMOS UNA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Por José Antonio Artusi              

Se desarrolló el pasado Viernes en Concepción del Uruguay una jornada de la Regional Litoral de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial denominada “Aprendizajes territoriales”, en la que me tocó intervenir en el Panel sobre la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Entre Ríos.

En la convocatoria los organizadores señalaron que “la planificación y la gestión de los territorios adquiere niveles de complejidad cada vez más altos, en un entramado que vincula conflictos estructurales con demandas de coyuntura. Gobiernos y equipos técnicos de municipios y provincias suelen encontrarse sobrepasados por el día en un marco de inestabilidad económica y política. No obstante, surgen propuestas e iniciativas innovadoras que aportan un aire refrescante y una cuota de optimismo en estos tiempos delicados”.

En mi intervención mencioné las razones que a mi criterio muestran que es necesario contar con una ley provincial (e idealmente también con una ley nacional) de ordenamiento territorial:

-          La falta de un marco normativo nacional y provincial de ordenamiento territorial dificulta que se fijen principios y se articulen instrumentos concretos para planificar el desarrollo y para garantizar la construcción de un hábitat equitativo y sostenible. 

-          Falta de articulación de las políticas territoriales con las demás políticas sectoriales de promoción del desarrollo, sobre todo con la política económica, en general, y con la tributaria en particular. 

-          Escaso aprovechamiento de las potencialidades de las políticas de suelo como herramientas de planificación, recaudatorias, redistributivas, y de promoción del desarrollo.

-          Tenemos una maraña de impuestos regresivos y distorsivos. Escasa incidencia de los tributos al suelo. Especulación inmobiliaria. Dificultades para financiar infraestructura y hábitat urbano. Falta de instrumentos de recuperación de plusvalías urbanas.

-          Alta incidencia de la informalidad urbana, y complejidad y conflictividad derivadas de ella. Necesidad de planificar y financiar la urbanización de villas y asentamientos informales.

-          Baja capacidad técnica y de gestión de algunos gobiernos locales para encarar procesos de ordenamiento territorial. Heterogeneidad en capacidades y recursos, y tipos de problemas a enfrentar, de los gobiernos municipales. Necesidad de presupuestos mínimos para garantizar derechos básicos en todo el territorio provincial.

-           Falta de transparencia de los mercados inmobiliarios, naturalización por parte de la sociedad de la especulación inmobiliaria conviviendo con altísimos niveles de déficit habitacional. 

-          Ciudades y territorios cada vez menos densos y menos planificados.

O, para decirlo de una manera más sencilla, porque – como dijo alguna vez Mario Bunge - “el que no planifica es víctima de algún planificador”.

Por qué no tenemos una ley provincial de ordenamiento territorial? La respuesta es relativamente simple. No existe suficiente voluntad política, se trata de un tema que no está instalado en la agenda pública y por ende no hay demandas sociales en tal sentido.

No obstante, considero necesario formular algunas precauciones: Una buena ley es necesaria pero no suficiente. Hace falta también su adecuada reglamentación y aplicación y, sobre todo, la implementación de un proceso permanente de planificación y gestión del desarrollo territorial del que hoy carecemos. También es menester su articulación con otros instrumentos de políticas públicas, reconociendo la centralidad de las variables económicas.

Por otra parte, cabe alertar acerca del riesgo de caer en cierta tendencia que podríamos denominar “fetichismo legislativo”, por el que nos aproximamos a creer que la mera sanción de un marco normativo soluciona casi como por arte de magia todos los problemas. A su vez, cabe aclarar que no podemos hablar de “la” ley de ordenamiento territorial, como no podemos hablar de “la” ley de humedales sin antes precisar de qué ley estamos hablando, a qué proyecto concreto nos estamos refiriendo, con qué contenido.

¿Qué es lo que se puede hacer para avanzar en esta materia? Por lo pronto lo que hizo la SAPLAT el Viernes, hablar del tema, debatir, discutir, analizar otras experiencias, etc. Por otro lado, articular demandas (ambientales, sociales, etc.) demostrando de la manera más sencilla posible de qué manera el ordenamiento territorial incide en la satisfacción de derechos tales como la vivienda, el ambiente saludable, la seguridad, el empleo, etc. 

Los debates deben avanzar hacia el logro de acuerdos técnico – políticos, que incidan sobre los decisores en todos los niveles y poderes del Estado. Finalmente, es importante también avanzar desde abajo, llevando adelante procesos locales de planificación y adecuación de marcos normativos en los municipios y comunas, para generar evidencia empírica de las potencialidades y limitaciones de los instrumentos de la planificación territorial.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 12 de Marzo de 2023.-  

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miércoles, 8 de marzo de 2023

EL CENSO 2022 Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA

Por José Antonio Artusi              

Un informe de la Fundación Tejido Urbano comienza señalando que “los datos preliminares del Censo de Población y Viviendas 2022 muestran que se registraron 17.780.210 viviendas en todo el país. Esta cifra indica un aumento del 28,5% con respecto a lo que indicó el censo de 2010 (año en el que se contabilizaron 13.835.751 viviendas). En el mismo período, también con base en los datos obtenidos en ambos censos, la población argentina creció un 14,8%. La información recopilada muestra que, entre 2010 y 2022, se construyeron en la Argentina más de 3,9 millones de viviendas. Parece un milagro, por fuera de toda lógica. La gente necesita un lugar donde vivir y lo consigue, más allá de cómo lo logre o de cuál sea la ubicación de la vivienda. La pregunta ahora es quién construyó estas viviendas: ¿cuántas hizo el Estado?, ¿cuántas fueron construidas por el sector privado formal?, ¿de qué otras formas se construyeron viviendas en estos años?”

Más adelante, tomando datos de diversas fuentes oficiales, los autores del informe brindan un gráfico en el que muestran que esas nuevas viviendas se distribuyen de la siguiente manera: un 11,5% corresponde a viviendas realizadas por el Estado, un 38,5% a unidades concretadas por mecanismos de mercado formal, y un 50% es el resto, viviendas “en condiciones de informalidad, ya sea en los barrios populares o como fruto de la expansión urbana y la creación de un suelo en el que construir el hogar”.

El informe concluye considerando que “el panorama descripto revelaría un alto grado de informalidad en la construcción de viviendas, resultado de un sector privado formal que atiende fundamentalmente una población con ahorros suficientes y de un Estado -sea cual fuere su nivel- que no llega a cubrir más del 15% de la demanda y que cuando ejecuta, suele hacerlo en zonas periféricas, de manera ineficiente en lo económico y social”.

Un panorama más o menos similar se presenta en Entre Ríos. Si bien hace falta información más completa, podemos de todos modos extraer algunas conclusiones de los datos provisionales. En primer lugar, nuestra provincia incrementó claramente su tasa de crecimiento intercensal. Del 1.158.147 que éramos en 2001 pasamos a 1.235.994 en 2010, y a 1.426.426 en 2022. El porcentaje de crecimiento intercensal fue del 6.7% entre 2001 y 2010 y del 15,4% entre 2010 y 2020, levemente superior a la tasa nacional. De todos modos cabe señalar algunas inconsistencias en la información brindada, por ejemplo en lo relativo a la población en situación de calle. Según los datos provisorios del censo 2022 existían sólo 139 personas en tal situación, y se ubicaban en solamente 3 departamentos, Federación, Paraná y Uruguay. Por otro lado es clave contar con información desagregada de la que todavía no disponemos, por ejemplo la cantidad de viviendas desocupadas. Cabe recordar el alto porcentaje de viviendas desocupadas que se relevaron en el 2010, un 16,05%, correspondiente a 68.341 unidades desocupadas de un total de 425.591 viviendas particulares.

El censo 2022 relevó un total de 559.398 viviendas particulares, 133.807 más que en 2010. En este caso la tasa de crecimiento intercensal también es mayor que la nacional, un 31.44%, y prácticamente duplica la correspondiente a la población. Si consideramos que entre 2010 y 2020 se terminaron 12.048 viviendas por parte del IAPV, tanto de operatorias FONAVI como de programas federales, y suponiendo que en 2021 y 2022 el ritmo de construcción haya sido similar al de la década (hipótesis generosa dada la pandemia), tenemos que entre 2010 y 2022 se habrían construido aproximadamente 13.143 viviendas por parte del instituto provincial. Si asumimos una estimación hipotética de un adicional del 20% correspondiente a viviendas construidas por programas municipales, tendremos que el Estado pudo haber concretado 15.771 viviendas en el período intercensal. Esa cantidad representa el 11,78% del total de viviendas nuevas, un porcentaje notablemente similar al nacional que estima la Fundación Tejido Urbano, un 11,5%. Para decirlo en términos más simples, entre los dos últimos censos, tanto en Entre Ríos como en Argentina, de cada 10 viviendas nuevas, sólo una correspondió a un programa estatal, cuatro se lograron mediante intervenciones en el mercado formal, y cinco se concretaron de diversas maneras más o menos espontáneas, en asentamientos informales o en áreas de expansión urbana, etc.              

Estos datos muestran claramente la insuficiencia de las tradicionales políticas públicas de vivienda, basadas en la entrega de viviendas terminadas en áreas periféricas de baja densidad y generalmente desconectadas y deficitarias tanto en infraestructura de servicios públicos como en equipamiento comunitario, movilidad y espacios públicos. Es obvio que los institutos provinciales de vivienda y los gobiernos locales pueden y deben construir más y mejores viviendas, con localizaciones, tipologías y diseños adecuados; y en anteriores oportunidades hemos mostrado algunas ideas al respecto, pero aún así esos esfuerzos serán insuficientes.

La prioridad debe ser otorgada a lograr que ese aproximadamente 50% de soluciones basadas en la informalidad pasen a ser progresivamente viviendas con tenencia regular del suelo, en buenas localizaciones, con intervención profesional, buenos diseños y obras registradas. Para eso hace falta, básicamente, mejorar la asequibilidad al suelo urbanizado, y en ese desafío la política tributaria es fundamental. Necesitamos reformas tributarias a todo nivel basadas en el concepto de gravar solamente el valor del suelo y desgravar las construcciones y mejoras, de modo tal de movilizar el suelo vacante, desalentar la especulación inmobiliaria y promover la construcción y ocupación de viviendas. Necesitamos también recuperar un mercado de créditos hipotecarios, herramienta fundamental en esta materia en todos los países desarrollados del mundo. Los municipios, finalmente, no pueden desentenderse de este problema. A través de diversas acciones de recuperación y reinversión de la valorización del suelo generada por la acción pública es muchísimo lo que pueden hacer, poniendo en marcha bancos de suelo y fondos de desarrollo urbano, entre otros instrumentos.  

Necesitamos urgente los datos completos del censo 2022. Necesitamos políticas públicas basadas en datos confiables y certeros.-   


Publicado en el diario La Calle el día 5 de Marzo de 2023.-

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