miércoles, 23 de marzo de 2022

"EL ESTADO NO ESTÁ PARA REGALAR COSAS”

Por José Antonio Artusi

"El Estado no está para regalar cosas”. La frase le pertenece a Cristina Fernández, en ese momento Presidenta de la Nación, y fue pronunciada en un acto a mediados de Agosto de 2009.   El diario La Nación informó que “fue durante un acto que encabezó en la Casa Rosada, y en el que pronunció un discurso de poco más de media hora que se transmitió por cadena nacional. "Hay pobres, pero el problema no es la pobreza, sino la inequidad social y la distribución del ingreso", aseguró la Presidenta, cuando promediaba su discurso”. Dejemos por ahora de lado que la pobreza sí constituía en ese momento un problema de primer orden, y lo constituye aún más ahora, además obviamente de la inequidad social y la desigualdad en la distribución del ingreso.

Lo que interesa destacar acá es que las palabras de la Presidenta estaban dirigidas a relativizar - o directamente oponerse – a lo que el diario fundado por Mitre mencionaba como “la idea de crear un ingreso universal por hijo, una iniciativa que la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) promueve desde hace años”. En realidad las que primero propusieron ese instrumento, al que denominaron Ingreso Ciudadano a la Niñez, fueron Elisa Carrió y Elisa Carca en los 90 durante la presidencia de Carlos Menem, cuando integraban el bloque de diputados nacionales de la UCR.  La idea cobró un renovado impulso en el 2008, cuando Gerardo Morales, en ese momento al igual que ahora Presidente del Comité Nacional de la UCR, Elisa Carrió, ya fuera del radicalismo y liderando la Coalición Cívica, y el senador Rubén Giustiniani, Presidente del Partido Socialista, coincidieron en insistir en la propuesta. Los 3 partidos emitieron una declaración en Agosto de 2008 en la que entre otros puntos plantearon la necesidad de “desarrollar políticas sociales universales que logren romper los mecanismos clientelares de los actuales planes focalizados, que consolidan la exclusión. Para ello promovemos: el Ingreso Ciudadano a la Niñez”. La idea era obviamente generar un debate en el Congreso y lograr la creación del INCINI por ley pero el 29 de octubre de 2009 se anunció la puesta en marcha de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). La medida significó la ampliación de las Asignaciones Familiares a los menores de 18 años cuyos padres se encuentran desempleados, son monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico o del mercado informal. La posibilidad de que la oposición avance en el tratamiento parlamentario de la ley obró como un acicate para que la Presidenta retome la iniciativa política y se olvide de las palabras que había pronunciado hace sólo un mes y medio. Digámoslo claramente, la AUH cumplió un papel en la emergencia, y lo sigue cumpliendo, y no tiene ningún sentido limitar su percepción a la cantidad de hijos. Se trata de un beneficio del niño, no de los padres; excluir a algunos constituiría una flagrante afrenta al principio de igualdad ante la ley. Pero digamos también que la AUH, a pesar de su nombre, de universal no tiene nada. Se trata de un beneficio amplio, pero aún así claramente condicionado y focalizado. Y a pesar de ser algo mejor que nada, está lejos de constituir la mejor respuesta. La alternativa superadora es precisamente volver al espíritu del Ingreso Ciudadano a la Niñez, una prestación efectivamente universal e incondicional, percibida como un derecho y no como una dádiva, que llega de manera individual e igualitaria a todos los niños argentinos. Si se eliminara la AUH, pero también las asignaciones familiares y las deducciones por hijos en el impuesto a las ganancias se lograría un instrumento universal en serio, relativamente sencillo de implementar y que no estigmatizaría a nadie.

Es curioso, muchos sectores ven a la AUH como “regalar cosas” por parte del Estado, lo que Cristina Fernández decía que no hay que hacer, pero no condenan con la misma fuerza los “regalos” de gas y energía eléctrica que el Estado les brindó (y les sigue brindando) a los más ricos del área metropolitana de Buenos Aires durante los gobiernos kirchneristas a través de subsidios económicos por miles de millones de dólares que explican buena parte del déficit fiscal, generando por ende altísima inflación y problemas de todo tipo. Podríamos mencionar otros ejemplos de “regalar cosas” por parte del actual gobierno nacional a sectores que no necesitan subsidios con fondos públicos y no están precisamente entre los más vulnerables de la sociedad.     

CFK tenía razón; “el Estado no está para regalar cosas”. Gerardo Morales, Elisa Carrió y Rubén Giustiniani también; es hora de “desarrollar políticas sociales universales que logren romper los mecanismos clientelares de los actuales planes focalizados, que consolidan la exclusión”. El ingreso ciudadano a la niñez podría ser un buen comienzo en ese sentido.


Publicado en el diario La Calle el día 20 de marzo de 2020.- 

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jueves, 17 de marzo de 2022

UNA VIEJA NUEVA IDEA

Por José Antonio Artusi

La pandemia y las crisis que se desataron como consecuencia de su impacto global actuaron como un gigantesco acelerador de debates. Cuestiones que hasta hace poco ocupaban un lugar marginal en la agenda pública adquirieron rápidamente una centralidad que las hizo estar presentes en las discusiones tendientes a encontrar respuestas para enfrentar nuevos desafíos. Propuestas que hasta hace poco eran solamente banderas de candidatos testimoniales o movimientos sociales sin demasiada capacidad de incidir en las políticas públicas están siendo ahora evaluadas como alternativas válidas por partidos y gobiernos de diversos signos políticos. Una de esas ideas emergentes, que ha logrado mantenerse viva y activa, y que está concitando un renovado interés en todo el mundo es el ingreso ciudadano, o ingreso básico universal. El ingreso ciudadano parece una idea novedosa pero en realidad podemos rastrearla bastante atrás en la Historia.  Desde Santo Tomás Moro, Thomas Paine, Bertrand Russell, Martin Luther King, a su modo Milton Friedman, etc.; hasta nuestros días.

Como toda idea relativamente novedosa, es poco (o mal) conocida; genera prejuicios y lógicas resistencias. Sin embargo una cantidad creciente de pensadores y también de dirigentes políticos y sociales consideran que el ingreso ciudadano está llamado a ser uno de los elementos fundantes de un proceso de reformas profundas de nuestra sociedad.

Como toda buena idea, tiene sus riesgos. Uno, y no menor, es que sea – por diversas razones – mal interpretada, tergiversada, y aplicada – con buenas o malas intenciones - en una versión deformada, por lo que podría fracasar o bien mostrar rasgos negativos, con la consiguiente deslegitimación y pérdida de viabilidad. Es por eso que se impone la necesidad de avanzar con sentido estratégico, con perseverancia pero sin apresuramientos, construyendo las condiciones efectivas en términos de legitimación social y relaciones de poder para que su implementación – seguramente gradual – sea crecientemente aceptada y exitosa, de modo tal que lleguemos en determinado momento a un estado de cosas en el que a nadie se le pueda ocurrir dar marcha atrás. Como sucedió otrora con tantos otros logros y avances que en su momento parecieron utópicos (o distópicos) y que una vez que se alcanzaron se volvieron irrenunciables y adquirieron una legitimación que se percibe como naturalizada, imposible de revertir; la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, los derechos de las mujeres, etc..        

Todo debate exige una mínima precisión acerca del concepto en cuestión. Qué es el ingreso ciudadano, y qué NO es aparecen por lo tanto como dos interrogantes iniciales que deberíamos dilucidar, para pasar luego a intentar responder otras preguntas. 

¿Qué es el ingreso ciudadano?

Podemos encontrar varias definiciones, pero limitémonos a señalar que todas coinciden en que se trata de una asignación monetaria básica otorgada periódicamente por el Estado de manera individual, universal e incondicional a toda la población, de manera igualitaria, como un derecho de ciudadanía.

¿Y que NO es el ingreso ciudadano?

Esta respuesta es tan relevante como la anterior, pues en muchos casos se tiende a confundir el concepto con otros, y en ese caso el debate se dificulta notoriamente. El ingreso ciudadano NO es un "plan" social, no es un programa focalizado, no es una dádiva, no es caridad, no es un subsidio, no es un seguro de desempleo, no es "dinero gratis", no es un sustituto del Estado de Bienestar, no es una mera respuesta al desempleo tecnológico (aunque forme parte de una buena respuesta a ese problema), no es un programa de empleo mínimo garantizado (y es una alternativa infinitamente mejor a esta), y no debe ser sólo para la emergencia (aunque en la emergencia, en una versión adecuada y factible, quizás no tan “pura”, sea más necesario que nunca).      

Por qué deberíamos avanzar en la implementación de un ingreso ciudadano? Cuál es la justificación de la legitimidad del concepto? Por qué decimos que se trata de un derecho, y no de una mera política de lucha contra la pobreza y la exclusión? En qué se basa la existencia de tal derecho? La mejor respuesta a estos interrogantes la dio un revolucionario liberal y republicano inglés a fines del siglo XVIII, Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. En su obra “Agrarian Justice” Paine funda la necesidad de reconocer el derecho de toda persona a percibir una parte de la renta de los bienes comunes; se trataría de una suerte de indemnización por la desposesión original que supuso el establecimiento de la propiedad privada del suelo y de los recursos naturales. Se trata de una posición en línea con los postulados del liberalismo clásico, el de Adam Smith entre otros, que veían en la concentración de la propiedad de la tierra uno de los factores que atentaban contra el desarrollo de un sistema capitalista competitivo y con igualdad de oportunidades.

Esta semana el candidato a presidente liberal de Corea del Sur, que proponía un ingreso ciudadano basado en un impuesto al valor del suelo, sacó cerca del 48% de los votos. El candidato conservador obtuvo muy poquito más y será presidente, pero el antecedente no es menor.- 


Publicado en el diario La Calle el día 13 Marzo de 2022.-  

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miércoles, 9 de marzo de 2022

LA REFORMA TRIBUTARIA QUE ARTURO ILLIA NO PUDO CONCRETAR

Por José Antonio Artusi

En menos de 3 años la gestión presidencial de Arturo Illia tuvo logros notables, que hoy parecen casi increíbles: Crecimiento del PBI del 10,3% en 1964 y del 9,1% en 1965. Crecimiento del PBI industrial del 18,9% en 1964 y 13,8% en 1965. Disminución de la deuda externa de 3.400 millones a 2.600 millones de dólares. Crecimiento del salario real un 9,6% entre 1963 y 1964. Descenso de la desocupación de 8,8% en 1963 a 5,2% en 1966. Apertura de mercados externos, inversión record en educación pública, ley de medicamentos, etc..  

Importa analizar esos logros e indagar en las causas que los originaron, pero vale la pena también asomarse a lo que pudo haber sido y no fue, el ambicioso programa de reformas que estaba previsto o en marcha y que lamentablemente quedó trunco por el nefasto accionar de los sectores que alentaron, propiciaron y consumaron el golpe de Estado que lo desalojó del gobierno, vale decir las fuerzas armadas, la burocracia sindical con la anuencia de Perón, sectores empresariales,   periodistas, etc..

Eduardo Conesa considera que “el economista que primero y mejor señalara en nuestro país los efectos perniciosos de las sobrevaluaciones cambiarias fue Don Raúl Prebisch quien afirmara en 1956: “Hay que dar incentivos para que la actividad privada produzca más y mejor. La inflación ha contribuido poderosamente a destruir esos incentivos. El funesto propósito de reprimir sus consecuencias mediante el tipo de cambio artificialmente bajo ha privado de estímulo a la producción agropecuaria llevándola a una grave postración”…”. Y enfatiza que “particularmente interesante en este punto fue la gestión del Dr. Arturo Illia. Este presidente por consejo directo de Prebisch indexó el tipo de cambio con un sistema que se denominó “crawling peg”, adoptado por muchos países con inflación que, sin embargo, no querían cometer el grave error de sobrevaluar su propia moneda y matar así la gallina de los huevos de oro, que son las exportaciones.”

Es interesante resaltar que los inmensos logros de esa gestión se obtuvieron en un escenario signado por términos de intercambio sumamente desfavorables. En efecto, Conesa incluye a la de Illia “entre las presidencias más castigadas por los términos de intercambio”, y considera que su gestión “fue brillante. Indexó el tipo de cambio para  evitar que la inflación lleve a la sobrevaluación cambiaria y de esta manera promover las exportaciones. Puso en marcha las grandes inversiones que en los sectores básicos de la economía se habían efectuado en la época de Frondizi. Por eso, la economía argentina…, en los años 1964 y 1965, pudo alcanzar tasas de crecimiento altísimas del orden del 8% anual. Además… los salarios reales se mantuvieron altos durante el gobierno de Illia, lo cual fue consecuencia también de las fuertes inversiones del período de Frondizi y de la misma remoción de la limitación externa al crecimiento llevada a cabo por el desarrollismo frondicista.”           

Arturo Illia tenía perfectamente en claro que la democracia política necesitaba bases materiales, económicas, para afianzarse y consolidarse. En su primer mensaje al Congreso manifestó: “La esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o por líricas afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley...El propósito

de perfeccionamiento de nuestra democracia...no podrá lograrse a no ser que estemos resueltos a aceptar modificaciones sustanciales en las actuales estructuras económico-sociales de nuestro país".

Es particularmente interesante analizar la reforma tributaria que se intentó implementar durante su gobierno, iniciativa lamentablemente frustrada por su derrocamiento pero que iba a tener – paradójicamente – algunos elementos que iban a ser rescatados por la gestión del dictador Onganía. José Antonio Sánchez Román señala que “a mediados de la década de 1960, el gobierno de Arturo Illia propuso primero un impuesto nacional a la renta potencial de la tierra. Es decir, se trataba de un gravamen que afectaba a lo que se consideraba rentabilidad “normal” de la tierra de acuerdo a una evaluación previa y no sobre los beneficios reales obtenidos. El objetivo era reemplazar el impuesto a los réditos para el campo y aumentar la productividad, al estimular a los propietarios a incrementar su producción hasta los niveles de rentabilidad “normal” o superiores. Los propietarios y algunos economistas y políticos vieron en este gravamen un peligroso impuesto al patrimonio… La propuesta de Illia encontró una resistencia frontal de los propietarios rurales (y en general de todos los representantes empresariales). El sucesor de Illia, el gobierno autoritario de Onganía, introdujo un impuesto a la renta potencial, como parte de las políticas económicas de su ministro Adalbert Krieger Vasena. El impuesto era más moderado que el diseñado por la administración Illia y su objetivo declarado era “modernizar” el campo antes que contribuir a una mayor justicia social. A pesar de estas características, y de las credenciales conservadoras del gobierno, los propietarios rurales se opusieron a la reforma, que finalmente se implantó en 1969 en una versión muy moderada”. Debe quedar claro que gravar la renta de la tierra es en cierto sentido similar a gravar su valor, pues éste no es otra cosa que la renta capitalizada.  

Silvia Lazzaro considera que “desde la Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería se realizó un certero diagnóstico respecto a los principales problemas que afectaban directamente al desarrollo de la actividad agraria: proteccionismo indiscriminado a la industria y distorsión en el desarrollo agropecuario; falta de equilibrio de la capitalización del sector; política impositiva contraproducente; crédito limitado a la actividad rural; mayores precios que no se tradujeron en aumentos de producción; detención del proceso de subdivisión de la tierra; leyes de arrendamiento en vigencia que no estimularon la mayor productividad; acción colonizadora limitada; reducción de la superficie dedicada a la producción agrícola, tendiendo a formas más extensivas de explotación;

estancamiento o disminución de la densidad ganadera; tendencia negativa de los rendimientos unitarios de los principales cultivos de la región pampeana; baja rentabilidad de la empresa agropecuaria; reducción del salario rural; paulatina destrucción del suelo; y enseñanza agrícola estancada y en algunos casos anacrónica, entre los principales problemas que se presentaban como desafíos a enfrentar.” “En este contexto, - continúa la mencionada autora - las principales líneas de acción que se propuso el gobierno apuntaron a problemas tales como el régimen impositivo; la tenencia de la tierra; el crédito agrario; la capacitación técnica; y a tratar de lograr un reajuste en la política de desarrollo de la industria, sugiriendo al respecto la necesidad de coordinar más estrechamente el crecimiento industrial y el agrario, en tanto éste requiere cada vez más insumos de origen industrial. El núcleo de las instancias a cumplir, en lo que hacía a la política agraria, se asentaba en el propósito de evitar la inversión especulativa en tierras y la subutilización de la capacidad productiva de las mismas, sobre todo en relación con la capacidad potencial de la tierra, lo que posibilitaría un crecimiento acelerado de la producción agropecuaria pampeana... Los aspectos sobre los que se hacía especial referencia eran el régimen impositivo, la tenencia de la tierra, el crédito industrial y el ajuste de la política de desarrollo industrial. En materia impositiva el objeto básico sería la incentivación de la inversión de capital y trabajo para el logro de una mayor productividad rural; para ello los impuestos directos a la producción agrícola, así como los que gravan la renta real de la empresa rural, deberían ser sustituidos progresivamente por otros que graven la unidad de superficie aprovechable de acuerdo con su productividad potencial. De esta manera se esperaba que los empresarios rurales se vieran alentados a producir al máximo de sus reales posibilidades por razones de propia conveniencia, al recibir el producto íntegro de esa mayor producción, "...y quienes así no lo hagan sufrirán una gradual descapitalización por acción del impuesto, lo que inducirá a transferir el bien a quien se encuentre más capacitado técnica y económicamente para obtener de ella toda la renta que potencialmente es factible que produzca...Además la tierra perderá parte de su valor especulativo haciéndose así un bien más fácilmente asequible."

Estaba en marcha, como se ve, una reforma tributaria que si bien estaba limitada al suelo rural podía perfectamente luego complementarse con normas que se aplicaran al mayor valor del suelo urbano, cada vez más significativo. La asequibilidad al suelo para trabajar y para vivir habría tenido de esa manera un impulso significativo. Lamentablemente, dicha reforma, y otras de carácter progresista y transformador que la complementaban, quedó trunca. Buena parte, por no decir todos, de los problemas que Illia identificó como trabas para nuestro desarrollo y la democracia social siguen ahí, la enorme mayoría de ellos agravados por décadas de marchas y contramarchas y políticas desacertadas. Durante su gestión presidencial se pusieron en marcha iniciativas basadas en ideas que planteaban correctamente la raíz de los problemas y formulaban los remedios adecuados.  

Es nuestra responsabilidad rescatar esas ideas y actualizarlas para que sirvan como insumo en el diseño de políticas públicas que hagan realidad la gran revolución pacífica y democrática por la que Arturo Illia luchó toda su vida.   

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Conesa, Eduardo y Rey , Luis Alberto. 2020. Economía Polìtica Argentina. Buenos Aires : Prosa Editores, 2020.

Lázzaro, Silvia. 2003. El problema agrario durante el gobierno de Arturo Illia. Memoria académica. [En línea] 2003. [Citado el: 19 de Enero de 2022.] https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.10767/pr.10767.pdf.

Sánchez Román, José Antonio. 2014. Impuestos y terratenientes en la Argentina: Un balance . Memoria académica. [En línea] 2014. [Citado el: 19 de Enero de 2022.] https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.6727/pr.6727.pdf.


Publicado en el diario La Calle el día 6 de Marzo de 2022.- 

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EL IMPUESTO A LAS VIVIENDAS DESOCUPADAS NO ES LA MEJOR ALTERNATIVA

Por José Antonio Artusi

En nuestro país, como en muchos otros, se da una notable y triste paradoja. Conviven un altísimo y crónico déficit habitacional por un lado, y una enorme cantidad de viviendas desocupadas, por diversas razones, por otro. Vale decir, gente sin casas, y casas sin gente.

El Censo que se avecina nos dará un panorama más preciso, pero diversas estimaciones muestran un déficit habitacional cercano a los 4 millones de hogares y en 2010 se relevaron en el censo de ese año 2.494.618 viviendas deshabitadas, el 18% del total. 

El gobierno nacional estaría evaluando la posibilidad de implementar un impuesto que grave las viviendas desocupadas, como una forma de promover su entrada al mercado, ya sea de compra venta o de alquiler, aumentando de esa manera la oferta y haciendo por ende disminuir los precios. El razonamiento tiene algo de lógica, y es verdad que gravámenes similares se utilizan en diversos países, pero no se trata de la herramienta más adecuada en nuestro país, ya de por sí con una agobiante presión tributaria basada en malos impuestos. Y podría generar efectos adversos no buscados, tal como aconteció con la ley de alquileres.

Si lo que se pretende penalizar es la especulación inmobiliaria, un tributo como este deja afuera a una enorme cantidad de parcelas urbanas en áreas consolidadas que no tienen edificación alguna o que tienen edificios no destinados a uso residencial. Por otro lado, podría incluir a viviendas transitoriamente desocupadas por diversos motivos, absolutamente ajenos al afán especulativo del propietario.  Podría darse de esta manera el injusto caso de una manzana en la que convivan terrenos baldíos y edificaciones ruinosas no residenciales que no serían alcanzadas por el impuesto, y viviendas desocupadas temporariamente porque sus dueños están esperando contar con recursos suficientes para ampliarla o refaccionarla, porque están esperando ofertas razonables de venta o alquiler, o por cualquier otro motivo distinto a la búsqueda por parte del propietario de quedarse con la valorización del suelo generada por la comunidad, que sí estarían incluídas en la nómina de inmuebles sujetos al tributo. Es decir, tiene problemas de inclusión y exclusión, fundamentales en el diseño de cualquier política pública. Idéntico problema tienen los recargos al lote baldío usuales en el impuesto inmobiliario en algunas provincias y en tasas municipales. En este caso penalizan al lote no edificado pero no a las viviendas u otros edificios desocupados. Otro problema de implementación radica en la dificultad para determinar lo que se entenderá por vivienda desocupada y los costos administrativos de verificar tal condición.

Una alternativa superadora, mucho más simple y conveniente, que no adolecería de los problemas mencionados, consistiría en reformar el impuesto inmobiliario desgravando por completo las mejoras y construcciones, de modo tal de tener solamente en cuenta el valor del suelo para el cálculo del tributo. Idealmente debería ser en el marco de una reforma integral que articule los sistemas provinciales con el nacional, por el que se eliminen impuestos regresivos y distorsivos como ingresos brutos y se desgrave por completo el trabajo y la inversión de capital destinada a la construcción, compra y alquiler de viviendas.

El impuesto al valor del suelo libre de mejoras tiene algunas particularidades que lo han hecho merecedor de las recomendaciones de economistas de las más diversas escuelas, desde los fisiócratas franceses, Adam Smith y David Ricardo, pasando por Henry George, hasta Milton Friedman, que llegó a calificarlo como el “menos malo” de todos los impuestos. Entre las muchas ventajas que presenta figuran que no genera pérdida de eficiencia económica y no se puede trasladar a los precios. Esto se deriva de la naturaleza de la fijación de su precio. El precio en el mercado de una parcela refleja la renta capitalizada que podría generar si fuera destinada a su mayor y mejor uso. El precio en definitiva surge de lo que la demanda está dispuesta y apta a ofrecer por esa parcela. Así, el impuesto actúa como un descuento del valor de mercado. Si los propietarios pretendieran un precio mayor no podrían obtenerlo, porque la demanda ya está en su valor máximo “antes” del impuesto. A su vez, el tributo cargaría un costo financiero, en cualquier caso, a los propietarios que dejan todo o parte del terreno sin uso, ya sea una vivienda desocupada, un edificio en ruinas o un lote baldío, convirtiendo en onerosa su retención especulativa. Por lo tanto, se incentivaría de esta manera su construcción y uso o bien su ingreso al mercado, aumentando la oferta y generando de esta manera un impulso a la baja de los precios.

De ahí se desprende que un impuesto al valor del suelo libre de mejoras (que es lo que obtendríamos de una reforma del inmobiliario que desgrave las construcciones; no se necesita ningún impuesto nuevo) es la mejor forma de desalentar el suelo vacante o sub utilizado en las áreas consolidadas de nuestras ciudades. Si una medida de ese tipo se complementa con la reducción o eliminación de otros tributos que castigan el capital y el trabajo, y si de esta manera se promueve la construcción de viviendas, combinado con una reactivación del crédito hipotecario y la merma de la inflación, se habrá hecho mucho por avanzar efectivamente – sin declamaciones ni medidas inconducentes – en pos de garantizar para todos el derecho a la vivienda digna.-           


Publicado en el diario La Calle el día 27 de Febrero de 2022.-    

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