Por José
Antonio Artusi
En la tarde del Jueves pasado la Escuela Avellaneda
fue el ámbito de encuentro de representantes de diversas instituciones y
sectores de la comunidad uruguayense, que fuimos convocados a participar del
primer taller del proceso de reforma del Código de Ordenamiento Urbano, bajo la
consigna “Acuerdos para el diseño de políticas territoriales”.
Se brindó información, se debatió intensamente y se
intercambiaron opiniones y puntos de vista. Con buen criterio, se llevaron a
las mesas de discusión consignas para abordar cuestiones que contienen pero a
la vez exceden el estricto contenido reglamentario de un código de ordenamiento
urbano o territorial. Hemos dicho que no puede – o más bien no debe – haber
normativa urbana sin un plan, con el que se articule de manera coherente y del
que forme parte, y este criterio parece haber tenido buena recepción. Hubo por
lo tanto debate y participación para identificar acuerdos en torno a problemas,
objetivos y propuestas que tienen que ver con diversas facetas y dimensiones de
la ciudad: el desarrollo económico, el desarrollo humano, las cuestiones
territoriales, institucionales, ambientales, etc.
La pericia metodológica del equipo técnico aunada al
compromiso y entusiasmo de los
asistentes dejó como saldo una jornada que más allá de matices y cuestiones a
corregir ha sido positiva y genera un clima propicio para continuar transitando
el camino emprendido.
Se lo presente así o no, la realidad indica que la
ciudad tiene en marcha su quinto proceso de planificación del desarrollo urbano
desde la recuperación de la democracia en 1983. Desde 2010, con la revisión del
PECU, no teníamos jornadas de este tipo
Nuestra ciudad tiene una historia muy rica en materia
de planificación urbana, pero a la vez es verdad que esa historia es
contradictoria. Más allá de las intenciones y los objetivos no se puede ocultar
que nuestra ciudad ha venido creciendo de manera desordenada, inequitativa, ineficiente
e insostenible. Esperemos que esta iniciativa
finalmente sea capaz de iniciar una etapa en la que planificación, normativa y
gestión vayan de la mano.
Decimos “finalmente” porque es preciso reconocer que
– lamentablemente – ninguno de los 4 planes anteriores logró incidir
efectivamente en el proceso de toma de decisiones, ni en el sector público ni
en el privado. Parafraseando a Carlos
Matus, ninguno de esos planes lo fue plenamente, en la medida en que no
lograron constituirse en el cálculo que precede y preside a la acción. Se
transformaron más bien en “planes libro” que casi nadie conoce y que mucho
menos actuaron como contenedores que brinden coherencia al diseño e
implementación de las políticas públicas locales. Y el código de Ordenamiento
Urbano, sometido a sucesivas reformas esporádicas y - lo que es peor – a
numerosas excepciones a su cumplimiento, fue alejándose progresivamente de los
lineamientos del plan, a punto tal que la cartografía que sintetiza el código
vigente es absolutamente incoherente e incompatible con la que esquematiza el
modelo territorial deseado establecido en 2010.
Más que un “plan – libro” entendido como un producto
estático y rígido lo que se impone es la necesidad de un proceso de
planificación, de carácter permanente, que combine de manera flexible y
dinámica un conjunto acotado y genérico de ejes estratégicos que actúen como
contenedores de programas y proyectos que se van diseñando, implementando, evaluando
y revisando de manera continua, adaptándose a las necesidades y requerimientos
de escenarios cambiantes y llenos de incertidumbre, conflictividad y
complejidad.
De esa manera, podríamos plantear que necesitamos un
“código-plan”, una herramienta amplia que conste de 3 elementos básicos:
1) Un capítulo que fije principios, objetivos, ejes
estratégicos y líneas de acción;
2) Un capítulo de normativa reglamentaria, con disposiciones
referidas a la clasificación del suelo, indicadores urbanísticos, zonificación,
parcelamiento, usos, etc.
3) Un capítulo que establezca la institucionalización
de un modelo de gestión permanente para la planificación participativa y la
implementación cotidiana del código, incluyendo instrumentos urbanísticos que
permitan orientar y financiar el desarrollo urbano.
Estos 3 elementos deberían articularse para procurar
el logro de ciertos objetivos fundamentales, entre otros:
-
Brindar a todos el derecho a
vivir en una ciudad más próspera, justa, saludable, segura y sostenible.
-
Orientar y promover inversiones
públicas y privadas fortaleciendo el perfil de desarrollo económico
diversificado de la ciudad.
-
Movilizar el suelo vacante en
áreas consolidadas y desalentar la retención especulativa.
-
Recuperar y reinvertir la
valorización del suelo generada por acciones del sector público, tanto en
inversiones en obras y servicios como en disposiciones normativas, teniendo en
cuenta el principio de la distribución equitativa de las cargas y beneficios
del proceso de urbanización.
-
Facilitar la asequibilidad al
suelo urbanizado y a viviendas en localizaciones adecuadas.
-
Promover la urbanización y la
integración de asentamientos informales y prevenir la informalidad y exclusión
a futuro.
-
Mejorar la cobertura y
eficiencia de las infraestructuras de servicios básicos y los equipamientos
comunitarios, mediante el logro de una ciudad con densidades y compacidades
razonables.
-
Mejorar la disponibilidad de
espacios verdes públicos de calidad.
-
Mejorar la movilidad con
criterios de equidad y sostenibilidad.
-
Mejorar la eficiencia
energética, el metabolismo urbano, la protección de cursos de agua y bordes
ribereños, y la salud ambiental en general.
Se abre una oportunidad interesante para iniciar un
proceso superador, que permita aprender de las experiencias pasadas y evitar
los errores cometidos. Habrá que saber aprovecharla adecuadamente.-
Publicado en el diario La Calle el día 5 de mayo de 2022.-
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