lunes, 29 de abril de 2024

JOSÉ BENJAMÍN ZUBIAUR Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Por José Antonio Artusi

José Benjamín Zubiaur nació el 31 de Marzo de 1856 en Paraná y murió en Buenos Aires el 6 de Septiembre de 1921. Estudió en el Colegio del Uruguay, en el que luego fue profesor, y fue uno de los promotores y el primer presidente de la Asociación Educacionista La Fraternidad. Egresó con el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires pero no ejerció la profesión y dedicó sus mejores esfuerzos a la mejora de la educación pública.  En 1886 fue uno de los fundadores de la revista pedagógica La Educación. En 1889 fue delegado por el gobierno nacional y por las provincias de Entre Ríos y Corrientes al Congreso Pedagógico Internacional que se realizó en París, en el ámbito de la Exposición Universal, en ocasión del Centenario de la Revolución Francesa. Allí conoció al Baron de Coubertin, quien lo propuso en 1894 para integrar el primer Comité Olímpico Internacional. Zubiaur ejerció la rectoría del Colegio del Uruguay entre 1892 y 1899 y posteriormente se desempeñó como Director General de Escuelas de la Provincia de Corrientes y Director de Instrucción Pública del Ministerio de Educación de la Nación, cargo desde el que impulsó la creación de escuelas rurales en La Pampa y Misiones. Aunque se mantuvo alejado de la actividad política, en 1903 integró la convención que reformó la Constitución de la Provincia de Entre Ríos en, única ocasión en la que desempeñó un cargo electivo. Se lo recuerda a Zubiaur como un pionero defensor de la educación física, de los viajes educativos, de la creación de escuelas industriales y de adultos, y de la incorporación de actividades prácticas e innovadoras como la fotografía, etc.

En momentos en que la educación pública, laica, gratuita y obligatoria recibe embates desde diversas posiciones, es oportuno recordar la prédica de Zubiaur, y verificar como sus propias palabras adquieren una renovada vigencia en algunos aspectos y conservan en otros algunas rémoras propias de su tiempo:

El 9 de Septiembre de 1896 José Benjamín Zubiaur pronunció una conferencia en los salones de la Sociedad Unión Uruguaya, cuya transcripción fue publicada en un folleto titulado “Gobernar es Educar”, del que extraemos el siguiente párrafo:

“La fórmula de Alberdi “gobernar es poblar” ha hecho ya su reinado, no porque el país no necesite más población extranjera que signifique progreso moral o material, sino porque la corriente inmigratoria está ya establecida debido a la libertad de nuestras leyes y a la fecundidad y riqueza de nuestro suelo, y que debe ser reemplazada por la que tienda a mantener, estimular y desarrollar el espíritu genuinamente nacional-americano y democrático-liberal. La nueva fórmula que responda a ese ideal no puede surgir sino desde la educación, yunque en que se forja el destino de los individuos y de las colectividades…”.  

Por otro lado, si bien el propio Zubiaur se jacta en la mencionada conferencia de haber sido “el primero en abrir a la mujer argentina la cátedra secundaria”, su posición está lejos de plantear una concepción igualitaria y no deja de caer en una injusta discriminación machista, en buena medida generalizada en ese tiempo histórico: “fuera de la ciencia, que no necesita dominar, la mujer debe saber lavar, planchar, coser, remendar, cocinar, etc; para ser la reina y señora del hogar y factor más eficiente para la estabilidad y progreso de las naciones. Este no excluye, por supuesto, que ellas puedan participar de los estudios superiores casi exclusivamente destinados a los hombres hasta la fecha. Vayan hacia ellos también, que bien pueden hacerlo sin mengua de su gran misión, pero sin olvidarla”. El mismo Zubiaur reconoce que “no quiere ser sindicado tampoco de que, a trueque de rendir tributo a preocupaciones del momento, desconozca lo que, a su juicio, es la verdadera misión de la mujer en el mundo”.    

Zubiaur no ignora el peso de la educación en la configuración de las condiciones materiales que permiten el ejercicio de las libertades y la construcción de una ciudadanía efectivamente democrática. Diversos fragmentos de textos de su autoría dan cuenta de esa preocupación:

“No son grupos selectos, sino masas ilustradas y trabajadoras las que constituyen la base firme de los pueblos democráticos, en los que cada ciudadano no debe ser solamente actor de sus propios destinos sino de los de la sociedad en que vive y actúa”.

“El día en que la mayoría se convierta en productora o distribuidora de la producción nacional o extranjera, ese día marcará la era positiva de la nacionalidad argentina, porque sólo entonces tendrá garantizada su independencia económica, base inconmovible de su soberanía, puramente teórica si sólo ha sido declarada en constituciones o leyes o se funda sólo en antiguas acciones gloriosas”.

Para Zubiaur, en síntesis, la educación pública debía propender a formar “seres robustos de cuerpo, inteligencia y carácter y cuya independencia económica esté garantizada mediante una ocupación o aptitud manual, deben ser los productos de una buena educación democrática y humana, que excluya lo sobrenatural, pero intensifique el ideal y tienda a suprimir la clase, ampliando cada vez más la esfera de la igualdad. El progreso, a que está sujeto el ser humano, impone el trabajo como primera condición de vida”.- 

 

Publicado en el diario La Calle el 28 de Abril de 2024.-

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martes, 23 de abril de 2024

VOLVER A ALBERDI

Por José Antonio Artusi

Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de Agosto de 1810 y murió en Neuilly-sur-Seine, Francia,  el 19 de junio de 1884. Por diversas razones, cerca del 140º aniversario de su muerte, Alberdi vuelve a estar de moda, lo que no deja de ser una buena noticia. En tanto moda, el renovado interés en el autor de las “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” puede ser una cuestión meramente superficial y pasajera, o bien puede constituir un rescate genuino de su pensamiento, trayéndolo al presente desde su conocimiento cabal y desde un análisis riguroso de la vigencia de sus postulados.   

Para Roberto Cortés Conde “Alberdi como Sarmiento y los hombres de su generación no escribían por un interés solamente intelectual; su propósito era, por sobre todo, influir en los acontecimientos, explicar, divulgar y promover ideas que contribuyeran al progreso del país”. Cortés Conde asevera que Alberdi “sostuvo que el sistema económico de nuestra Constitución es uno de libertad tal como lo había concebido Adam Smith”, y en el prólogo de una edición de su libro “Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853”, plantea que “en esta obra Alberdi delineó el programa económico de la Constitución que, finalmente organizada la Nación, se llevó a la práctica con notable éxito”.       

El economista Eduardo Conesa señala que “Alberdi, el diseñador de las grandes líneas de nuestra Constitución histórica conocía perfectamente la obra y la escuela de Adam Smith. Y luego de prodigar elogios sin par a este autor por ensalzar el valor del trabajo como fuente verdadera y última de la riqueza, dice sin medias tintas en su ya citado libro sobre el sistema económico y rentístico de la Constitución Argentina: “A esta escuela de libertad pertenece la doctrina económica de la Constitución Argentina y fuera de ella no se deben buscar comentarios ni medios auxiliares para la sanción del derecho orgánico de esta Constitución”. Es interesante destacar que Conesa hace esos comentario sobre Alberdi en el marco de la fundamentación de su propuesta de una reforma al sistema impositivo argentino, al establecer un impuesto nacional  al valor venal de las tierras urbanas y rurales libres de mejoras en sustitución de los impuestos a los ingresos brutos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “tendría consecuencias sinérgicas importantes para el aumento de la producción agropecuaria, la expansión de la industria de la construcción, la creación de empleos, el aumento de los salarios reales en un 12%, la mejora en la recaudación impositiva provincial, municipal y nacional. Además de promover la correspondencia fiscal, la reducción de la evasión y la justicia distributiva conjuntamente con la eficiencia económica”. No casualmente, también recurre a Adam Smith para fundamentar su propuesta: “ya en el Libro V Capítulo 2 de La riqueza de las Naciones de 1776, parece favorecer el impuesto a la renta de la tierra y hace referencias a la “ingeniosa teoría” de los fisiócratas franceses al respecto”.

Dejemos, para finalizar, que Alberdi nos hable con sus propias palabras, en su “Sistema económico y rentístico…”:

“Los medios ordinarios del llamado sistema protector o proteccionista consistente en la prohibición de importar ciertos productos son vedados de todo punto por la Constitución Argentina... semejantes medios son la protección dada a la estupidez y a la pereza, el más torpe de los privilegios”.

“En el interés de la población y del bienestar y prosperidad de la República Argentina, propósitos supremos de su Constitución vigente, la ley orgánica, inspirada en esas miras, debe reglar el sistema del arrendamiento territorial, de modo que sirva para colocar la tierra al alcance de los inmigrantes y nuevos pobladores. Conviene reorganizar el arrendamiento territorial en provecho del arrendatario, y no del propietario ocioso y explotador, al revés de nuestro actual sistema de origen romano-feudal, ineconómico y estéril, que sacrifica el trabajo, la población y la riqueza al ascendiente de los señores de la tierra.”

“No tengo noticia de que Constitución alguna de ambas Américas, ni de ningún país del mundo, iguale a la Argentina en espíritu de hospitalidad y de fraternidad hacia el extranjero;…”

“La Aduana entra pues, en el número de los males inevitables de la República Argentina, como figura en las rentas de los países más libres de la Tierra. Es un legado doloroso de los errores de otros siglos. Sin embargo, al legislador le incumbe reducirlo a sus menores dimensiones…”.

“Lo que agota y destruye la riqueza privada no es la contribución, pues al contrario ésta la defiende y conserva; es el despojo, el pillaje que hace el despotismo, no para sus gastos, sino para sus excesos. Aunque el despotismo suele nacer por su propio instinto, como cualquier animal dañino, uno de los medios de provocar su aparición, es negar la contribución legítima al gobierno de libertad. Si matáis por hambre al gobierno legítimo, le reemplaza el despotismo, que con sable en mano os arrebata el pan de la boca y os reduce a la desnudez. El gobierno libre come lo mismo que el gobierno tirano, y de eso vive. La contribución es su alimento; arrebatársela es fundar el despotismo, y perder toda la fortuna por haber querido ahorrar una pequeña parte.”

Volvamos a Alberdi, pero en serio. Volvamos a un liberalismo republicano e igualitario, cerca de nuestras mejores tradiciones, y lejos de inconducentes delirios anarquistas.-        

 

Publicado en el diario La Calle el día 21 de Abril de 2024.-

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sábado, 20 de abril de 2024

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA Y LA EDUCACIÓN

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 93 años de la proclamación de la Segunda República Española. El 14 de Abril de 1931, tras las elecciones de concejales en las que las fuerzas republicanas se impusieron en la mayoría de las ciudades más importantes, el rey Alfonso XIII marchó al exilio y se proclamó el nuevo régimen político que sucedió a la monarquía. El poeta Antonio Machado saludó la ilusión que generaba ese histórico acontecimiento: «¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia!».​ El período republicano sería breve, traumático, y culminaría abruptamente tras la cruenta guerra civil que se libró a partir de 1936, el 1º de Abril de 1939, dando paso a la dilatada dictadura franquista.  

El historiador Rafael Linde Ruiz* nos dice que “en 1931 España era un país con un número insuficiente de escuelas, muchas de las cuales eran muy pequeñas, simples habitaciones incluso. El número de maestros era muy bajo y su formación, muy pobre. Los diferentes gobiernos republicanos establecieron un plan en Educación que estaba centrado en la construcción de más escuelas, la mejora de la formación de los docentes, su mejora salarial, y la introducción de aspectos como el laicismo, que hubiera niños y niñas en la misma clase, enseñanza gratuita, etc. Este programa de reformas se aplicó con gran esfuerzo por parte de la República, ya que la Crisis económica internacional de 1929 influyó mucho en España y en el resto de Europa. Dicho programa se encontró con la oposición de la cúpula de la Iglesia Católica y parte de los políticos conservadores estaban en contra de esta reforma educativa porque la veían como una amenaza a sus privilegios y a lo que ellos entendían como la tradicional moral cristiana. Después del golpe de Estado político – militar de 1936 y la guerra, el plan educativo fue suspendido en el territorio rebelde (con quema de libros incluida en muchas ciudades de nuestro país) y cancelado definitivamente tras 1939.”

Continúa el mencionado historiador español señalando que “tras la proclamación de la República en abril de 1931, se quiso hacer de la Educación uno de los proyectos estrella de la democracia republicana. Para ello, y acorde con el proyecto reformista general, se reformó la educación en todos sus niveles. Se apoyó la promoción de metodologías de enseñanza activas, la creación de escuelas públicas, la reforma de los planes de estudio existentes o la implantación de la coeducación (niños y niñas juntos en la misma aula) y la laicidad de la educación. Un Decreto del 15 de abril de 1931 del Gobierno provisional resumía la importancia que iba a tener la educación desde el primer momento: “El gobierno Provisional de la República sitúa en el primer plano de sus preocupaciones, los problemas que hacen referencia a la educación del pueblo. España no sería una auténtica democracia mientras la mayoría de sus hijos por falta de escuelas se vean condenados a la perpetua ignorancia”. Otra historiadora española, Consuelo Domínguez, abona el razonamiento: “Efectivamente, [la Educación] fue la piedra angular de todas las reformas: había que implantar un Estado democrático y se necesitaba un pueblo alfabetizado. Era el Estado educador”. ¡Cómo no reconocer en las palabras de ambos un vínculo con la prédica de Sarmiento y tantos otros de nuestros próceres del siglo XIX!

Rafael Linde Ruiz menciona que ”las influencias para aplicar este plan fueron varias: El regeneracionismo de Costa, la Institución Libre de Enseñanza (ILE, fundada en 1876 por Julián Sanz del Río), los grupos de pedagogos que habían viajado sobre todo por Francia, Reino Unido y la Alemania de Weimar, que aprendieron las teorías educativas de los teóricos de la enseñanza de ese momento. Una de estas figuras fue el pedagogo manchego Lorenzo Luzuriaga (1889-1959), que decía que la educación debía ser laica, gratuita, mixta y administrada por el Estado”. A su vez enfatiza que “a las dificultades financieras que hubo para sacar adelante estas medidas educativas, hubo que sumar la oposición que los obispos de la época presentaron contra el programa educativo laico del gobierno republicano español, a la que llegaron a implicar al conservador Papa Pio XI (Papa que luego sería tristemente famoso por varias polémicas debido a su ambigüedad con los fascismos en los años de la 2GM)”.

El artículo 48 de la Constitución de 1931 establecía que “el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana…”.

En la República Argentina la educación era laica, gratuita, mixta y administrada por el Estado desde 1884, cuando esos principios fueron consagrados por la ley 1420, que el próximo 8 de Julio cumplirá 140 años. Y el conflicto con la Iglesia Católica había sido resuelto con firmeza no exenta de diplomacia por el presidente Julio Argentino Roca medio siglo antes.-

* La Educación durante la II República Española (II)

 https://www.lavozdelarepublica.es/2021/04/la-educacion-durante-la-ii-republica.html

 

 

Publicado en el diario La Calle el 14 de Abril de 2024.-

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lunes, 8 de abril de 2024

LA DECLARACIÓN DE AVELLANEDA Y LA “INTANGIBILIDAD DE LAS LIBERTADES”

Por José Antonio Artusi

Se cumplieron el 4 de Abril 79 años de la “Declaración de Avellaneda”, documento político emitido por el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical en la localidad bonaerense que le da su nombre. La comisión redactora estuvo integrada por Gabriel del Mazo, Arturo Frondizi, Moisés Lebensohn y Antonio Sobral. Entre los firmantes aparecen figuras relevantes del radicalismo como el entrerriano Bernardino Horne, Crisólogo Larralde, y Ricardo Balbín.

Acusada a menudo de socializante, reivindicada por algunos entonces y ahora, y a la vez criticada por propios y extraños en diversos momentos históricos, podría especularse que una adecuada interpretación de tan relevante documento es aún una asignatura pendiente.  

Es frecuente observar en quienes, desde adentro o afuera, reclaman la necesidad de que el radicalismo vuelva a sus fuentes liberales, generalmente referenciadas en las ideas de Alem y Alvear, una crítica acerba del contenido de la Declaración de Avellaneda, visualizándola como una suerte de desviación del cuerpo doctrinario original de la UCR. Estas líneas pretenden ser una invitación a mirar críticamente tal visión, y apuntan a concluir que, en realidad, la Declaración de Avellaneda no fue más que una actualización de la vieja identidad radical, adecuada a las exigencias del mundo de mediados del siglo XX, y más aún, que conserva en buena medida plena vigencia.

Suele contraponerse el término “social demócrata” al término “liberal”. Sostengo que es una concepción limitada y que conduce a equívocos. La Declaración de Avellaneda marcó el rumbo que debía asumir un partido liberal, y a la vez social demócrata, y no incurrió en ninguna contradicción.

Veamos concretamente algunos de sus contenidos y analícémoslos en profundidad.

“En lo político, afirmamos el régimen republicano, representativo, federal y parlamentario, fundado en el voto secreto, universal y obligatorio, con exclusión de toda forma corporativa que intente sustituir la voluntad nacional que reside en el pueblo. Pero para que este sistema político alcance todas sus posibilidades de desarrollo, debe alentarse el renacimiento de la vida municipal, ya que el municipio está en la base de toda estructura democrática”. Liberalismo puro y duro, en la línea de la sabia Constitución Nacional de 1853. La reforma de 1994 y la enorme mayoría de las constituciones provinciales recogieron luego el principio de la autonomía municipal.

“La tierra será para los que la trabajen, individual o cooperativamente, es decir, dejará de ser un medio de renta y especulación para transformarse en un instrumento de trabajo y de beneficio nacional y la producción agraria será defendida de la acción de los monopolios y de los acaparadores”. Es este párrafo seguramente uno de los que dio lugar a mayor cantidad de malos entendidos. No se trata de una reforma agraria colectivizante lo que se propone, sino todo lo contrario, de poner la tierra al alcance de quienes quieran trabajarla en condiciones de libre competencia, de ahí la necesidad de la lucha contra los monopolios. Y la forma de lograrlo está estipulada a continuación en otro párrafo, cuando se propone una “reforma financiera que libere al trabajo de las gabelas que lo agobian y haga recaer el impuesto en forma progresiva sobre las rentas no ganadas con la labor personal restituyendo a las provincias las atribuciones económicas y financieras que le corresponden dentro de nuestro sistema federal de gobierno”. Cuando se habla de las “rentas no ganadas” es imposible no escuchar el eco de las ideas de economistas liberales clásicos como Adam Smith o John Stuart Mill, que abogaban por gravar las rentas del suelo, por diversas razones de eficiencia y equidad, y que llevaron luego a un insospechado de comunismo como Milton Friedman a aseverar que la vieja idea de Henry George, el impuesto a la tierra libre de mejoras, era el menos malo de los impuestos.  

“Nacionalización de todas las fuentes de energía natural”. He aquí otro enunciado que ha sido mal interpretado. Nacionalizar los hidrocarburos, como querían Yrigoyen y Mosconi, no es otra cosa que lo que hizo Arturo Frondizi siendo presidente, haciendo realidad uno de los postulados de la Declaración de Avellaneda. Y no se trató de ninguna medida de tinte comunista. Se trató simplemente de asegurar que los bienes creados por la naturaleza sean del dominio de la Nación, más allá de que luego su explotación pueda ser llevada adelante por empresas estatales o privadas, tal como lúcidamente lo entendió el Presidente Frondizi, sin desviarse un ápice de la ortodoxia doctrinaria del radicalismo hasta ese momento. Es sabido que lamentablemente luego en 1994 ni el radicalismo ni el peronismo sostuvieron la tesis nacionalista y quedó consagrada una seudo provincialización de funestas consecuencias, todavía no suficientemente advertidas.   

“A todas las actividades económicas que no estén comprendidas en ese proceso de nacionalización debe asegurárseles una amplia libertad económica, sin trabas artificiales creadas por los poderes públicos, por la especulación o por las grandes concentraciones de capitales. En tal forma se concilian los intereses de la Nación, que es la que debe orientar nuestro desarrollo material, con el principio de la libertad económica, que dentro de un plan para el progreso social argentino, tiene una función creadora que desempeñar mediante la iniciativa privada”. Liberalismo del bueno, alejado de visiones reduccionistas, ingenuas o fundamentalistas.

“La concepción integral que tiene la Unión Cívica Radical sobre los problemas argentinos, hace que no se reconozca sentido ni trascendencia a ninguna política económica, social, cultural e internacional, si no es sobre la base de la intangibilidad de las libertades individuales…”. O sea, el liberalismo económico no puede sino ir de la mano del liberalismo político, social y cultural.  

A 79 años de su proclamación, la Declaración de Avellaneda nos sigue alentando a debatir en serio, con pensamiento crítico y sin prejuicios ni simplificaciones inconducentes.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 7 de Abril de 2024.-

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martes, 2 de abril de 2024

A 140 AÑOS DE LA LEY 1420, POCO QUE FESTEJAR (Y MUCHO POR RECUPERAR)

Por José Antonio Artusi

El 8 de Julio de 1884, con las firmas del Presidente Julio Argentino Roca y el Ministro de Justicia e Instrucción Pública Eduardo Wilde, se promulgó la ley 1420 de educación común, pública, laica, gratuita y obligatoria. Ambos, ya lo hemos recordado en otra oportunidad, habían estudiado en el Colegio del Uruguay fundado por Justo José de Urquiza, el primero laico de la República Argentina. Se cumplirán dentro de poco 140 años de esa histórica norma, pilar fundamental en la construcción del sistema educativo de nuestro país.

La tarea para llegar a esa ley trascendente no había sido sencilla ni había estado exenta de conflictos y arduas polémicas. Lo que no había logrado el erudito Sarmiento lo conseguía el militar Roca, acompañado del médico Wilde y del abogado Onésimo Leguizamón, en ese entonces diputado nacional, otro ex alumno del histórico colegio.

Un enorme caudal de inmigrantes de las más diversas culturas y religiones encontró en la Argentina un lugar donde vivir en paz y progresar. Si no vinieron más, y si muchos se volvieron o buscaron otros destinos obedece a otras causas, y es obvio que ese déficit no puede atribuirse al sistema educativo. Por el contrario, la escuela pública argentina integró e hizo conciudadanos y compatriotas a niños y jóvenes que a menudo no compartían origen, ni religión, ni clase social.

Los edificios escolares como palacios cívicos con los que soñaba Sarmiento, al servicio de la construcción de ciudadanía que significaba “educar al soberano” de una república comenzaron a dejar su huella indeleble en toda la geografía nacional. La arquitectura, “testigo insobornable de la Historia”, al decir de Octavio Paz, nos sigue aún hablando de una época en la que el Estado asignaba a la educación común una importancia primordial, que no se agotaba en las normas sino que se corporizaba en los presupuestos y en la inspiración de las políticas públicas.

La educación como eje estratégico de un proceso de consolidación del sistema representativo consagrado en la Constitución sufriría embates luego a partir de 1930 y 1943, incluyendo la derogación del contenido laicista de la ley 1420. Pero de todos modos el sistema educativo argentino, edificado sobre cimientos tan fuertes y nobles, logró perdurar, aún  en medio de crisis recurrentes, como una herramienta que favoreció la integración social, la movilidad social ascendente y algunos logros notables en materia de desarrollo científico y tecnológico, con repercusiones en la industrialización y el crecimiento económico.     

Cada vez que se discutieron las implicancias de la ley 1420 se debatió mucho más que un mero programa educativo. En esencia, aún con matices, lo que estuvo en disputa fue un conflicto entre una visión liberal, progresista y republicana, enfrentada a otra conservadora, integrista y reaccionaria.

En 1947, en ocasión de tratarse en la Cámara de Diputados de la Nación la ratificación del decreto ley dispuesto por un gobierno de facto en 1943, que reformó el artículo 8º de la ley 1420 e impuso la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, se pudieron escuchar algunas voces que dieron cuenta del significado profundo de tal reforma.   

Silvano Santander recordó en esa oportunidad que “el Estado – bien lo dijo ese otro romántico enamorado de la libertad que fue Esteban Echeverría – como cuerpo político, no puede tener una religión, porque no siendo persona individual carece de conciencia propia; agregando que el principio de la libertad de conciencia jamás podrá conciliarse con el dogma de la religión del Estado”. Agregó el diputado Santander, a propósito de los debates que derivaron en la sanción de la ley, que “se impuso en definitiva el punto de vista laicista. Esa ley fue el mejor tributo conciliador para nuestro futuro. Los árboles, dice el Eclesiastés, se juzgan por su frutos. ¿Cuáles han sido los resultados de esta ley? Una Argentina alfabetizada, sin problemas raciales y religiosos”.

Más cerca en el tiempo, en 1995, en su libro “Sur, penuria y después”, y sobre otros aspectos como la gratuidad y el deterioro de la escuela pública, Aldo Neri alertaba que “a veces, para ser realmente progresista, hay que elegir opciones conservadoras de viejas prácticas: la gratuidad estatal en el nivel básico fue una política exitosa en aquellos países latinoamericanos que la aplicaron durante décadas. Su paulatino desplazamiento hacia la privatización y el servicio educativo fue el resultado de la decadencia del viejo Estado y la simultánea mayor fractura social. No sería legítimo prohibir estas tendencias contemporáneas, pero menos aún lo sería estimularlas. La construcción del nuevo Estado para una sociedad de bienestar exige su protagonismo principal en este nivel, así como una muy severa revisión de los criterios con que el Estado asegura hoy subsidios al sector privado educativo, con efecto social y económico regresivo.” Aldo Neri enfatizaba que “la mezcla de clases permite recuperar para el bien común impulsos que habitualmente se canalizaban hacia la segregación y el privilegio”, y contrasta “lo que fue la calidad de la escuela estatal multiclasista, durante buena parte de este siglo, en Uruguay y la Argentina, contra su actual decadencia y vaciamiento progresivo de los sectores medios”.   

Rescatar la vigencia de los postulados de la ley 1420 nos llevaría a más laicismo, universalidad y gratuidad de la educación pública, de calidad, al servicio de una sociedad más democrática, próspera, integrada y equitativa. Emprender el camino opuesto sólo augura mayor fractura y exclusión social, y por ende una sociedad más segregada, violenta e insegura.         

¿Cómo conmemoraremos el próximo 8 de Julio el 140º aniversario de la ley 1420? La pregunta, y las posibles respuestas, no son una cuestión insignificante. La interpretación del pasado siempre es un tema relevante en la construcción del futuro.-     

 

Publicado en el diario La Calle el día 31 de Marzo de 2024.-

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FRANCISCO BEIRÓ, EL VICEPRESIDENTE QUE NO FUE


Por José Antonio Artusi

Se cumplen 96 años de la proclamación de la fórmula Hipólito Yrigoyen – Francisco Beiró. El 24 de Marzo de 1928, en el teatro Opera de la Ciudad de Buenos Aires, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical proclamó por aclamación a Hipólito Yrigoyen como candidato a Presidente de la República, acompañado por el entrerriano Francisco Beiró como candidato a Vicepresidente. En las elecciones generales que tuvieron lugar el 1º de Abril de ese año los electores radicales – recordemos que en ese entonces regía el sistema de elección indirecta que sería modificado en la reforma constitucional de 1994 – obtuvieron más del 61% de los sufragios emitidos. Lamentablemente Francisco Beiró murió el 22 de Julio de 1928, con sólo 51 años de edad, por lo que el Colegio Electoral, a instancias de la Convención Nacional de la UCR, designó a Enrique Martínez, en ese momento Gobernador de Córdoba, para reemplazarlo. Yrigoyen y Martínez asumieron el 12 de Octubre de 1928 y fueron depuestos por la funesta asonada del 6 de Septiembre de 1930, que inauguraría un ominoso ciclo de más de 50 años de inestabilidad política, violencia y apartamiento de las reglas constitucionales. No tiene demasiado sentido intentar esbozar una historia contrafáctica, pero no son pocos los que imaginan que el desenlace pudo haber sido bien diferente con Francisco Beiró a cargo de la Vicepresidencia en esos aciagos días de Septiembre, dadas su representatividad y su carácter.     

Francisco Beiró nació en Rosario del Tala el 19 de Septiembre de 1876. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio del Uruguay, y posteriormente la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Junto a Hortensio Quijano es uno de los dos ex alumnos del histórico colegio fundado por Urquiza que fueron electos para ejercer la Vicepresidencia. Sendos retratos suyos pueden apreciarse en el salón de actos Alejo Peyret. Desde muy joven canalizó su voluntad de participación política en el ámbito del radicalismo, y más específicamente en el yrigoyenismo. Actuó tanto en Entre Ríos como en la Capital Federal. Beiró ocupó diversos cargos partidarios, llegando a ejercer la presidencia del Comité Nacional y de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. En 1916 integró el Colegio Electoral que consagró Presidente a Hipólito Yrigoyen, con quien lo unía una estrecha amistad. En la ciudad de Buenos aires se desempeñó como concejal e intendente interino y sus gestiones fueron significativas para el progreso del barrio de Villa Devoto ya que impulsó el empedrado de calles y la instalación del alumbrado público. Fue electo diputado nacional en 1918 y renunció a su banca para ejercer el cargo de Ministro del Interior por un breve período, en el final de la primera presidencia de Yrigoyen, entre el 23 de Marzo y el 12 de Octubre de 1922.

En 1926 Francisco Beiró fue candidato a gobernador de Entre Ríos por el radicalismo yrigoyenista, acompañado en la fórmula por Gregorio Morán. Se trató de la primera vez en la que el partido radical concurrió dividido a los comicios. El sector afín a Yrigoyen fue derrotado en esa ocasión por la fórmula del radicalismo de Entre Ríos, tal como se denominaba la rama antipersonalista, integrada por Eduardo Laurencena y José María Garayalde.

El historiador Diego Barovero señala, en un artículo publicado en La Prensa el 14 de Diciembre de 2022 que “sin ánimo de introducir aquí especulaciones de carácter ucrónico ni de intentar hacerle decir a la historia lo que no sucedió, la circunstancia de la elección de Beiró como compañero de fórmula por parte de Yrigoyen, un líder de carácter indiscutiblemente personalista, pero también consciente de sus años, además de convencido del carácter regeneracionista del gobierno que pretendía encabezar al ser reelecto, permite inferir que lo que quería era asegurar la continuidad del sentido de su misión. Beiró había dado pruebas categóricas y concretas de su solidaridad política con Yrigoyen. Había sido su ministro político en el tramo final de su primera presidencia asegurando la sucesión de Alvear (que internamente le había resultado compleja en las propia filas por parte de seguidores que creían tener mayores méritos que el elegido), había encabezado la fracción yrigoyenista que enfrentó a los radicales antipersonalistas entrerrianos, a sabiendas de que era un destino de fracaso conocedor como era de su provincia natal; había presidido los órganos de conducción partidaria como el Comité Nacional y la Convención Nacional con probada lealtad. Todo hace pensar que Yrigoyen ya anciano pensó su propia continuidad en la permanencia de Beiró al frente del Ejecutivo ante cualquier contingencia. La diosa Fortuna dio por tierra con cualquier deseo o proyecto en ese sentido…”. Barovero concluye que “Francisco Beiró quedó en la memoria de los ciudadanos como el vicepresidente que no fue, casi 20 años más joven que su compañero de fórmula y jefe político, podría haber heredado su liderazgo si lo hubiera sobrevivido, lo que no ocurrió”.-

 

Publicado en el diario La Calle el 24 de Marzo de 2024.-

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