LA DECLARACIÓN DE AVELLANEDA Y LA “INTANGIBILIDAD DE LAS LIBERTADES”

Por José Antonio Artusi

Se cumplieron el 4 de Abril 79 años de la “Declaración de Avellaneda”, documento político emitido por el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical en la localidad bonaerense que le da su nombre. La comisión redactora estuvo integrada por Gabriel del Mazo, Arturo Frondizi, Moisés Lebensohn y Antonio Sobral. Entre los firmantes aparecen figuras relevantes del radicalismo como el entrerriano Bernardino Horne, Crisólogo Larralde, y Ricardo Balbín.

Acusada a menudo de socializante, reivindicada por algunos entonces y ahora, y a la vez criticada por propios y extraños en diversos momentos históricos, podría especularse que una adecuada interpretación de tan relevante documento es aún una asignatura pendiente.  

Es frecuente observar en quienes, desde adentro o afuera, reclaman la necesidad de que el radicalismo vuelva a sus fuentes liberales, generalmente referenciadas en las ideas de Alem y Alvear, una crítica acerba del contenido de la Declaración de Avellaneda, visualizándola como una suerte de desviación del cuerpo doctrinario original de la UCR. Estas líneas pretenden ser una invitación a mirar críticamente tal visión, y apuntan a concluir que, en realidad, la Declaración de Avellaneda no fue más que una actualización de la vieja identidad radical, adecuada a las exigencias del mundo de mediados del siglo XX, y más aún, que conserva en buena medida plena vigencia.

Suele contraponerse el término “social demócrata” al término “liberal”. Sostengo que es una concepción limitada y que conduce a equívocos. La Declaración de Avellaneda marcó el rumbo que debía asumir un partido liberal, y a la vez social demócrata, y no incurrió en ninguna contradicción.

Veamos concretamente algunos de sus contenidos y analícémoslos en profundidad.

“En lo político, afirmamos el régimen republicano, representativo, federal y parlamentario, fundado en el voto secreto, universal y obligatorio, con exclusión de toda forma corporativa que intente sustituir la voluntad nacional que reside en el pueblo. Pero para que este sistema político alcance todas sus posibilidades de desarrollo, debe alentarse el renacimiento de la vida municipal, ya que el municipio está en la base de toda estructura democrática”. Liberalismo puro y duro, en la línea de la sabia Constitución Nacional de 1853. La reforma de 1994 y la enorme mayoría de las constituciones provinciales recogieron luego el principio de la autonomía municipal.

“La tierra será para los que la trabajen, individual o cooperativamente, es decir, dejará de ser un medio de renta y especulación para transformarse en un instrumento de trabajo y de beneficio nacional y la producción agraria será defendida de la acción de los monopolios y de los acaparadores”. Es este párrafo seguramente uno de los que dio lugar a mayor cantidad de malos entendidos. No se trata de una reforma agraria colectivizante lo que se propone, sino todo lo contrario, de poner la tierra al alcance de quienes quieran trabajarla en condiciones de libre competencia, de ahí la necesidad de la lucha contra los monopolios. Y la forma de lograrlo está estipulada a continuación en otro párrafo, cuando se propone una “reforma financiera que libere al trabajo de las gabelas que lo agobian y haga recaer el impuesto en forma progresiva sobre las rentas no ganadas con la labor personal restituyendo a las provincias las atribuciones económicas y financieras que le corresponden dentro de nuestro sistema federal de gobierno”. Cuando se habla de las “rentas no ganadas” es imposible no escuchar el eco de las ideas de economistas liberales clásicos como Adam Smith o John Stuart Mill, que abogaban por gravar las rentas del suelo, por diversas razones de eficiencia y equidad, y que llevaron luego a un insospechado de comunismo como Milton Friedman a aseverar que la vieja idea de Henry George, el impuesto a la tierra libre de mejoras, era el menos malo de los impuestos.  

“Nacionalización de todas las fuentes de energía natural”. He aquí otro enunciado que ha sido mal interpretado. Nacionalizar los hidrocarburos, como querían Yrigoyen y Mosconi, no es otra cosa que lo que hizo Arturo Frondizi siendo presidente, haciendo realidad uno de los postulados de la Declaración de Avellaneda. Y no se trató de ninguna medida de tinte comunista. Se trató simplemente de asegurar que los bienes creados por la naturaleza sean del dominio de la Nación, más allá de que luego su explotación pueda ser llevada adelante por empresas estatales o privadas, tal como lúcidamente lo entendió el Presidente Frondizi, sin desviarse un ápice de la ortodoxia doctrinaria del radicalismo hasta ese momento. Es sabido que lamentablemente luego en 1994 ni el radicalismo ni el peronismo sostuvieron la tesis nacionalista y quedó consagrada una seudo provincialización de funestas consecuencias, todavía no suficientemente advertidas.   

“A todas las actividades económicas que no estén comprendidas en ese proceso de nacionalización debe asegurárseles una amplia libertad económica, sin trabas artificiales creadas por los poderes públicos, por la especulación o por las grandes concentraciones de capitales. En tal forma se concilian los intereses de la Nación, que es la que debe orientar nuestro desarrollo material, con el principio de la libertad económica, que dentro de un plan para el progreso social argentino, tiene una función creadora que desempeñar mediante la iniciativa privada”. Liberalismo del bueno, alejado de visiones reduccionistas, ingenuas o fundamentalistas.

“La concepción integral que tiene la Unión Cívica Radical sobre los problemas argentinos, hace que no se reconozca sentido ni trascendencia a ninguna política económica, social, cultural e internacional, si no es sobre la base de la intangibilidad de las libertades individuales…”. O sea, el liberalismo económico no puede sino ir de la mano del liberalismo político, social y cultural.  

A 79 años de su proclamación, la Declaración de Avellaneda nos sigue alentando a debatir en serio, con pensamiento crítico y sin prejuicios ni simplificaciones inconducentes.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 7 de Abril de 2024.-