lunes, 20 de mayo de 2013

A LA TERMINAL Y EL MERCADO LOS DEFENDEMOS EN LA PLAZA


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sábado, 18 de mayo de 2013

La Asociación de ex alumnos del Colegio del Uruguay reclamó su jerarquización y autonomía

Textual: Comunicado de la Asociación de ex alumnos del Colegio del Uruguay "Justo José de Urquiza" / Hace 10 años, nuestra Asociación publicó una solicitada con el título, “Cuidemos al Colegio”, que en última instancia, bien puede sintetizarse en, cuidemos a los jóvenes y a las futuras generaciones. Hoy la volvemos a reiterar, por cuanto la mayoría de nuestras propuestas no se han cumplido, especialmente las relacionadas a su jerarquización y autonomía. 

Su participación democrática, a través de los claustros representativos de cada sector de su comunidad educativa, que acompañan al cuerpo de directivos tuvo dos intentos, la creación de la Comisión Asesora Docente (CAD) – órgano de cogobierno - y el actual Consejo Académico, creado luego de su transferencia a la FCYT, los que sin embargo no han logrado los objetivos de descentralización que se perseguían.- La primera, fue disuelta por el ex Rector y actual Decano, Profesor Marino Schneeberger, por no estar comprendida dentro de la normativa del Estatuto provisorio de creación de la UADER, después de haber funcionado durante dos años eficientemente y la segunda, funciona con muchas restricciones, sin atribuciones, ni respuestas, de las vías jerárquicas superiores a las del Colegio, en razón de la falta de normativas claras al respecto. No existen ámbitos de discusiones de los intereses académicos y pedagógicos del Colegio del Uruguay, en el ámbito de la Facultad, ni Universidad, como tampoco ni voz ni voto en ningún estamento de la Universidad; a pesar de los años transcurridos, casi 13, de la creación de UADER, no se ha logrado mejorar estatutariamente la posición del Colegio, en dicha Universidad, pasando en dichos años, por cuatro dependencias, en última instancia, depende de una maraña burocrática, que atenta contra la eficacia de la gestion. No se puede entonces, buscar chivos expiatorios y/o responsables directos de tal situación, sino la de atacar las raíces del problema, las que pasan en nuestra opinión, por el reconocimiento de un status jurídico particular del Colegio del Uruguay, que contemple su enorme trayectoria que ha tenido y tiene en la educación y en la cultura de nuestro país. Nuestra propuesta es la de siempre, Jerarquizarlo, otorgándole la mayor autonomía de gestión y descentralización posible; que sea conducido por órganos de gobierno, del propio Colegio, que funcionen en esta ciudad, como lo es por ejemplo el del Nacional Bs. As. dependiente de la UBA, de notorio prestigio, sin perjuicio de los problemas generales que tiene la educación media en este país. Ello permitiría, adoptar decisiones rápidas y de fondo, con las ventajas propias que da la inmediatez y el gobierno local, que conoce los problemas reales del Colegio. Por vía periodística, hemos tomado conocimiento de denuncias, cuyo real contenido ignoramos, contra su actual Directora (ya no es más rectora), profesora Celia Dangelo, quien gano por concurso, de antecedentes y oposición, con defensa en clase publica dicho cargo. Nuestra Asociación conoce, sus intenciones y acciones de producir cambios en los breves dos años de gestión, y los esfuerzos que ha puesto, al servicio de estos objetivos, y especialmente el de generar un sentimiento de pertenencia de toda la comunidad educativa a esta casa histórica, de la mano de un proyecto educativo en marcha. Ello sin perjuicio de que no podemos abrir juicio, sobre la entidad, seriedad y alcances de los hechos denunciados, cabe destacar, que las investigaciones sumarias incoadas, contra la nombrada profesora, deben tener su trámite regular, respetando el amplio derecho de defensa que le asiste, en aras de obtener certeza, acerca de la veracidad de las denuncias, incluso de los delitos que se le atribuyen, los que por su gravedad ameritan una amplia y profunda investigación y una respuesta oportuna, acerca de sus resultados. Pero no es menos cierto, que los problemas del Colegio, no se centran en su actual dirección, sino en los ya anoticiados déficit, en la normativa vigente respecto al Colegio. Actualmente es un Colegio más, equiparado legalmente a la escuela Normal de Paraná, escuela Alberdi, escuela Almafuerte, colegio de Crespo,. Depende de la Facultad de Ciencia y Técnologia, que a su vez tiene su sede en Oro Verde, por lo que los trámites y admisiones respectivas, deben iniciarse en esta ciudad, quien a su vez la deriva a la sede de la Facultad y de ahí pasan al Rectorado de la UADER, lo que en la práctica ocasiona un dispendio de actividades administrativas, demoras significativas en los trámites y en general una falta de respuesta oportuna y adecuada a las inquietudes que se van planteando en su administración, o sea el Colegio, en realidad, es comandado desde Oro Verde y Paraná y por medio de expedientes, que nunca parecen tener fin, postergándose temas importantes, como lo son, gestiones relacionadas a Títulos, resoluciones de designaciones de docentes, de la mano de demoras en la liquidación de sus haberes, sistema de coberturas de los cargos y horas cátedras, falta de reconocimiento de títulos, disminución de cargos y horas, normativas claras especificas para el nivel medio, lo que genera un trabajo a destiempo y hasta retroactivo, trabando de manera indudable, su funcionamiento y abortando cualquier intento de cambio o de soluciones rápidas, que impone una buena administración. Los cambios que deben operarse, para que el Colegio cumpla con su función de caras al S. XXI, que impone una educación de calidad, un acceso igualitario y fundamentalmente la equidad educativa, que permita otorgar a los jóvenes, una herramienta imprescindible, para su desarrollo personal y social y su inserción en el mundo laboral, cada vez más exigente. Estos desafíos, seguramente serán compartidos por otros sectores, vinculados a la educación, que coinciden en el núcleo central de esta propuesta. Por ello es, que hemos decidido convocar a nuestros representantes en el Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Senadores d la Provincia para el tratamiento de esta problemática y fundamentalmente el de lograr coincidencias, en torno al mejoramiento de la posición del Colegio, a través de un proyecto consensuado, que contemple los objetivos centrales de nuestra propuesta. Creemos sinceramente, que este es el mejor camino, no distraernos en cuestiones accesorias, para recuperar, el viejo prestigio del Colegio, su enorme tradición cultural y educativa, las que están muy por encima de los intereses personales, sectoriales, de grupos o partidos políticos, para colocar al Colegio nuevamente, entre las principales casas de estudio del país, en el nivel medio.- 
Fdo. HECTOR FIDEL RODRIGUEZ-HUGO AUGUSTO BACIGALUPO -MIGUEL ANGEL MARSIGLIA GUILLERMO GUINI – MARIO ORLANDO COOCK – HUGO BERWART- FRANCISCO GUARINA- JORGE ACRICH- ELSA ARTUSI- Leer más...

miércoles, 8 de mayo de 2013

Reforma de la Justicia: ASÍ NO

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miércoles, 1 de mayo de 2013

Trabajo de investigación de la Cátedra de Planificación Urbanística reconocido por la CEPAL



Un trabajo de investigación de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción del Uruguay obtuvo una "Mención Honorífica" en las Primeras Jornadas de Planificación organizadas por el ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 
El documento fue elaborado por los integrantes de la Cátedra, Arq. Esp. Graciela Falivene, Arq. Patricia Costa, y Arq. José Antonio Artusi, con la colaboración de los estudiantes avanzados Guillermo Arrejoría y Roxana González. En representación de la Cátedra, la Arq. Graciela Falivene expuso el trabajo - sobre "Aplicación de indicadores de sostenibilidad urbana a la vivienda social" - en el marco de las Jornadas que tuvieron lugar en Santiago de Chile pasado día 23 de Abril.
El trabajo "tuvo una evaluación sobresaliente por parte del Comité Académico, tanto por la calidad como por la originalidad de la investigación". El trabajo expone los avances en el marco de un proyecto de investigación denominado: “Los conceptos de sostenibilidad urbana aplicados a la Producción y Evaluación de la vivienda social”, articulando con los Seminarios sobre “Una visión urbana de la vivienda social. Hacia la construcción de indicadores de sostenibilidad”. El objetivo general es optimizar la inversión pública en vivienda social para colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Concepción del Uruguay, a partir de la aplicación de los conceptos de Sostenibilidad Urbana a la evaluación y mejora de las intervenciones en vivienda social existente y de la elaboración de recomendaciones para su diseño, ejecución y gestión. En la caracterización de la ciudad se sostiene en el texto que "Concepción del Uruguay se presenta como un territorio con una peligrosa tendencia a la consolidación de patrones de segregación social urbana hasta hace poco desconocidos en nuestro medio. El deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, que no encuentran en las políticas públicas una respuesta efectiva a las demandas de vivienda digna, hábitat adecuado para el desarrollo humano y en general al derecho a la ciudad, genera un peligroso caldo de cultivo que deslegitima el potencial de la planificación y gestión urbana colectiva y termina naturalizando una especie de “sálvese quien pueda”, frente al cual prácticamente cualquier intervención, por pequeña que sea, termina siendo una concesión graciosa del poder, y que por ende termina reforzando relaciones clientelares de dominación."
Un punto que se destaca en la investigación es "el relativo a la cuestión de la vivienda, caracterizada por la combinación de patrones diversos de localización residencial, en función la estratificación socio-económica. Así, por un lado, vastos sectores marginados del empleo formal y/o de ingresos suficientes para acceder al suelo propio a través de los mecanismos del mercado recurren a la práctica usual en las ciudades latinoamericanas en estos casos, la urbanización popular, ocupando de manera irregular terrenos fiscales o privados y construyendo con su propio esfuerzo las viviendas y hasta podríamos decir el hábitat. Por otro lado, el Estado favorece procesos de segregación residencial a través de la construcción de viviendas en conjuntos generalmente mal localizados, cada vez en áreas más periféricas y menos consolidadas, privadas de servicios públicos y equipamiento comunitario adecuados, alejados de toda centralidad urbana, como consecuencia de la primacía de intereses privados vinculados a la construcción y a la especulación inmobiliaria en la determinación de la provisión del suelo para estos conjuntos."
Un aspecto llamativo que destaca el trabajo es "que la expansión hacia áreas periféricas y la expansión descontrolada, que el propio Estado favorece, no se compadece con la presencia de una importante cantidad de superficie de suelo vacante en el área consolidada, expresión evidente de la especulación inmobiliaria, que sin embargo aparece invisibilizada, naturalizada por la opinión pública, como si fuera una consecuencia legítima e inevitable del derecho de propiedad, a pesar del reconocimiento constitucional de su función social en la reforma del 2008."La aplicación de los indicadores se realizó en una muestra de 12 casos, de un total de 64 conjuntos de vivienda social. Para el estudio se consideró la superficie del conjunto y la superficie de la malla de referencia entre 200 y 400 mts. de lado, esto permite ampliar el análisis al entorno inmediato de los conjuntos de viviendas. Al analizar los casos seleccionados se puede observar que la mayoría de los indicadores no verifican, definiendo sectores caracterizados por procesos de segregación residencial/urbana y exclusión social.
En las recomendaciones se enfatiza "la necesidad de poner en marcha políticas intersectoriales, que hagan foco en los procesos de construcción social del hábitat y en la promoción del conjunto de derechos contenidos en el derecho a la ciudad, más que en soluciones sectoriales reducidas a la provisión de un techo. Es imperioso a su vez evaluar con sentido crítico los programas del IAPV, sacando a la luz las auditorías del FONAVI y sumando evaluaciones locales con participación ciudadana y del mundo académico, evitando que las propias acciones del Estado contribuyan a perversos procesos de segregación residencial y estigmatización de los sectores populares", y que "la vivienda debe, para no caer aceleradamente en déficit, tener un espacio adecuado, los servicios apropiados, la accesibilidad, la seguridad, la privacidad, y las posibilidades de interacción comunitaria que sean requeridas para que esto suceda. Los indicadores urbanos son una buena herramienta para planificar y rediseñar intervenciones públicas en viviendas, ya que permiten tener una visión urbana multidimensional e integradora".-Leer más...