La pandemia y las crisis que se desataron como consecuencia de su impacto global actuaron como un gigantesco acelerador de debates. Cuestiones que hasta hace poco ocupaban un lugar marginal en la agenda pública adquirieron rápidamente una centralidad que las hizo estar presentes en las discusiones tendientes a encontrar respuestas para enfrentar nuevos desafíos. Propuestas que hasta hace poco eran solamente banderas de candidatos testimoniales o movimientos sociales sin demasiada capacidad de incidir en las políticas públicas están siendo ahora evaluadas como alternativas válidas por partidos y gobiernos de diversos signos políticos. Una de esas ideas emergentes, que ha logrado mantenerse viva y activa, y que está concitando un renovado interés en todo el mundo es el ingreso ciudadano, o ingreso básico universal. El ingreso ciudadano parece una idea novedosa pero en realidad podemos rastrearla bastante atrás en la Historia. Desde Santo Tomás Moro, Thomas Paine, Bertrand Russell, Martin Luther King, a su modo Milton Friedman, etc.; hasta nuestros días.
Como toda idea relativamente novedosa, es poco (o
mal) conocida; genera prejuicios y lógicas resistencias. Sin embargo una
cantidad creciente de pensadores y también de dirigentes políticos y sociales
consideran que el ingreso ciudadano está llamado a ser uno de los elementos fundantes
de un proceso de reformas profundas de nuestra sociedad.
Como toda buena idea, tiene sus riesgos. Uno, y no
menor, es que sea – por diversas razones – mal interpretada, tergiversada, y
aplicada – con buenas o malas intenciones - en una versión deformada, por lo
que podría fracasar o bien mostrar rasgos negativos, con la consiguiente
deslegitimación y pérdida de viabilidad. Es por eso que se impone la necesidad
de avanzar con sentido estratégico, con perseverancia pero sin apresuramientos,
construyendo las condiciones efectivas en términos de legitimación social y
relaciones de poder para que su implementación – seguramente gradual – sea
crecientemente aceptada y exitosa, de modo tal que lleguemos en determinado
momento a un estado de cosas en el que a nadie se le pueda ocurrir dar marcha
atrás. Como sucedió otrora con tantos otros logros y avances que en su momento
parecieron utópicos (o distópicos) y que una vez que se alcanzaron se volvieron
irrenunciables y adquirieron una legitimación que se percibe como naturalizada,
imposible de revertir; la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, los
derechos de las mujeres, etc..
Todo debate exige una mínima precisión acerca del
concepto en cuestión. Qué es el ingreso ciudadano, y qué NO es aparecen por lo
tanto como dos interrogantes iniciales que deberíamos dilucidar, para pasar
luego a intentar responder otras preguntas.
¿Qué es el ingreso ciudadano?
Podemos encontrar varias definiciones, pero
limitémonos a señalar que todas coinciden en que se trata de una asignación
monetaria básica otorgada periódicamente por el Estado de manera individual,
universal e incondicional a toda la población, de manera igualitaria, como un
derecho de ciudadanía.
¿Y que NO es el ingreso ciudadano?
Esta respuesta es tan relevante como la anterior,
pues en muchos casos se tiende a confundir el concepto con otros, y en ese caso
el debate se dificulta notoriamente. El ingreso ciudadano NO es un
"plan" social, no es un programa focalizado, no es una dádiva, no es
caridad, no es un subsidio, no es un seguro de desempleo, no es "dinero
gratis", no es un sustituto del Estado de Bienestar, no es una mera
respuesta al desempleo tecnológico (aunque forme parte de una buena respuesta a
ese problema), no es un programa de empleo mínimo garantizado (y es una
alternativa infinitamente mejor a esta), y no debe ser sólo para la emergencia
(aunque en la emergencia, en una versión adecuada y factible, quizás no tan
“pura”, sea más necesario que nunca).
Por qué deberíamos avanzar en la implementación de un
ingreso ciudadano? Cuál es la justificación de la legitimidad del concepto? Por
qué decimos que se trata de un derecho, y no de una mera política de lucha
contra la pobreza y la exclusión? En qué se basa la existencia de tal derecho?
La mejor respuesta a estos interrogantes la dio un revolucionario liberal y
republicano inglés a fines del siglo XVIII, Thomas Paine, uno de los padres
fundadores de los Estados Unidos. En su obra “Agrarian Justice” Paine funda la
necesidad de reconocer el derecho de toda persona a percibir una parte de la
renta de los bienes comunes; se trataría de una suerte de indemnización por la
desposesión original que supuso el establecimiento de la propiedad privada del
suelo y de los recursos naturales. Se trata de una posición en línea con los
postulados del liberalismo clásico, el de Adam Smith entre otros, que veían en
la concentración de la propiedad de la tierra uno de los factores que atentaban
contra el desarrollo de un sistema capitalista competitivo y con igualdad de
oportunidades.
Esta semana el candidato a presidente liberal de
Corea del Sur, que proponía un ingreso ciudadano basado en un impuesto al valor
del suelo, sacó cerca del 48% de los votos. El candidato conservador obtuvo muy
poquito más y será presidente, pero el antecedente no es menor.-
Publicado en el diario La Calle el día 13 Marzo de 2022.-
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