Hasta el año 2003, los institutos provinciales de vivienda dependían fundamentalmente de los recursos del FONAVI para financiar conjuntos de viviendas de interés social en sus respectivos territorios. El FONAVI asigna fondos a las provincias de manera automática, en virtud de un porcentaje que le corresponde a cada una, y que quedó fijado en la ley respectiva. Estos coeficientes, creados mediante una resolución en 1988 y ratificados por la ley 24.462 en 1995, fueron elaborados tratando de reflejar los déficits de vivienda en cada jurisdicción y debían actualizarse periódicamente, cosa que nunca se ha hecho. Más allá de la opinión que pueda tenerse acerca de la justicia o la equidad con la que estos índices reparten el total entre las provincias, este sistema cuenta con dos ventajas muy importantes: En primer lugar otorga previsibilidad. Los institutos provinciales de vivienda saben que pueden planificar sus propios presupuestos en función del presupuesto nacional, teniendo en cuenta que les corresponde un porcentaje fijo del FONAVI, que se nutre a su vez del 42% del impuesto a los combustibles. Por otro lado, al ser transferencias automáticas, previstas en la ley, elimina toda posibilidad de discrecionalidad por parte del gobierno nacional y fortalece de esta manera el sistema federal, asegurando la autonomía de los estados provinciales.
Sin embargo, a partir de 2003, y con el loable propósito de reactivar los proyectos FONAVI paralizados, y como parte de una estrategia tendiente a crear empleo en la industria de la construcción, se crearon un conjunto de programas financiados por el tesoro nacional, generalmente denominados en su conjunto, programas federales de vivienda. Si bien tuvieron la virtud de derivar mayores recursos a la construcción de viviendas en todo el país – en momentos en que el crecimiento macroeconómico lo permitía - la ineficiencia en el gasto, la falta de una adecuada política de urbanismo y ordenamiento territorial, y las carencias de los institutos provinciales de vivienda para proveer terrenos bien localizados derivó en que, por un lado, los programas federales no tuvieran el impacto cualitativo esperado en la reducción del déficit habitacional, y por otro, en verdaderos desastres urbanísticos que han reforzado el crecimiento desordenado y caótico de las ciudades, han potenciado la segregación social urbana, y no han logrado dar respuesta efectiva a la demanda legítima de vivienda digna como un derecho para los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. A esas cuestiones, los aspectos cuantitativos y cualitativos de la política de vivienda, nos hemos referido antes y volveremos a hacerlo en próximas columnas. En esta nos referiremos a otra cuestión, a la discrecionalidad del gobierno nacional en la distribución de los recursos de los programas federales, y a la injusta discriminación a la que se ven sometidas algunas provincias, centrándonos en la provincia de Entre Ríos. Como resulta lógico, el mecanismo de los programas federales tiene la contracara de las ventajas del sistema del FONAVI; no es previsible, y condena a las provincias a la absoluta discrecionalidad de la Casa Rosada, con la consiguiente pérdida de autonomía y sometimiento político. Se trata, como otros instrumentos de las políticas públicas, de una formidable herramienta de disciplinamiento político y castigo de gobernadores “díscolos”. Siendo así, algún observador desprevenido podría suponer que la Provincia de Entre Ríos, con un Gobernador que se esmera en ser el más obsecuente e incondicional seguidor de los dictados de la Sra. Presidente, tendría que ser una de las provincias más beneficiadas en el reparto de esos recursos. Lamentamos desilusionar a ese hipotético lector. Nada más alejado de la realidad. El “federalismo de los recursos” es una más de las patrañas oficialistas.
Veamos. Entre 2003 y 2010 se transfirieron a las provincias y la CABA un total de $13.266.100.674 por programas federales. En el mismo período las transferencias automáticas del FONAVI ascendieron a $7.951.236.884. Durante esos 8 años, el 62,52% del total de los recursos transferidos correspondió a programas federales. Entre Ríos recibió en el período analizado $ 379.928.791 por programas federales, el 2,86% del total. Debe tenerse en cuenta que este porcentaje es menor que el 3,90% que corresponde a la alícuota de Entre Ríos en el reparto del FONAVI. Si dividimos ese monto de dinero por los 1.235.994 habitantes que arrojó el Censo 2010 en nuestra provincia, obtendremos una inversión en 8 años de $ 307,39 / habitante, por debajo de la media nacional, $ 330,68 / habitante. Entre Ríos se encuentra en el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por habitante, sólo superada por San Luis, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Obsérvese que, salvo San Luis y Corrientes, se trata de los 4 distritos más poderosos y ricos del país, que cuentan con economías diversificadas y cuantiosos recursos propios. No es el caso, por supuesto, de Entre Ríos. En el otro extremo, el de las más favorecidas en este ranking de recursos por habitante, se encuentran, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, Santa Cruz, con $ 2.306,86 / habitante, Tierra del Fuego, con $ 1.956,74 / hab. y La Pampa, con $ 1.500,78 / hab. Vale decir que los santacruceños recibieron casi 7 veces más que los entrerrianos y 8 veces más que los correntinos.
Se podrá argumentar que el índice de recursos por habitante no es el más adecuado para medir la equidad en estos casos, dado que un distrito grande puede tener un déficit habitacional relativamente bajo, y a la inversa, y que de lo que se trata es de revertir desequilibrios regionales y no perpetuar las diferencias que hoy existen entre distritos ricos y pobres. Es razonable. Tomemos entonces otro indicador, aquel que mide el monto de recursos transferidos en relación a la cantidad de viviendas deficitarias. Consideramos aquí vivienda deficitaria tanto aquella que es irrecuperable (y exige por lo tanto la construcción de una nueva) como aquella que es recuperable (y demanda por lo tanto mejoras y/o ampliaciones) como las que presentan hacinamiento crítico. (FUENTE: Fundación Apertura en base a cálculo del Ieral sobre datos de la EPH, y datos de población del Censo Nacional 2010). En este caso, para Entre Ríos nos da $ 3.118,49 / vivienda deficitaria. Entre Ríos se encuentra también en el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por vivienda deficitaria, sólo superada por las 6 ya nombradas. En el otro extremo, las mismas 3, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, con $66.434,99/vivienda deficitaria, $60.021,12/vivienda deficitaria y $47.601,02/vivienda deficitaria, respectivamente. En este caso, por cada vivienda deficitaria en Santa Cruz se transfirió 21 veces más que a Entre Ríos y a Corrientes.
Dado que las alícuotas del FONAVI tampoco reflejan con ecuanimidad razonable en todos los casos la incidencia del déficit habitacional y la capacidad económica propia de las provincias, puede complementarse este análisis sumando a los recursos de los programas federales los transferidos de manera automática del FONAVI, calculando los totales y vinculando estos montos con la cantidad de viviendas deficitarias al 2010. De esta manera, si a los $ 379.928.791 que recibió Entre Ríos por programas federales entre 2003 y 2010 le sumamos los $ 315.657.464 por transferencias automáticas del FONAVI en dicho período, obtendremos un total de $ 695.586.255. Si dividimos dicho monto por la cantidad total de viviendas deficitarias nos dará $ 5.709,44/vivienda deficitaria. En este caso, Entre Ríos se encuentra en el 5º lugar de las provincias que menos recursos recibieron por vivienda deficitaria, solo superada por las 4 grandes: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. En este caso, en la sumatoria de programas federales + FONAVI, Corrientes y San Luis recibieron más que Entre Ríos dado que se encuentran relativamente beneficiadas con la alícuota del FONAVI: 4,95% para Corrientes y 3,65% para San Luis, frente al 3.9% de Entre Ríos. Como el lector se imaginará, también en este caso en el otro extremo de la tabla están, pero en este orden, Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, con $ 110.620,47/vivienda deficitaria, $ 93.093,63/vivienda deficitaria y $ 63.392,94/deficitaria. Vale decir que, en la sumatoria de programas federales + FONAVI, se transfirieron a Santa Cruz 16 veces más que a Entre Ríos por vivienda deficitaria. Se han utilizado datos oficiales de las auditorías del FONAVI disponibles en la web www.vivienda.gov.ar y de la Fundación Apertura http://www.fundacion-apertura.com.ar/documentos/trabajos_de_consultoria/archivos/informe%20habitat-o3.pdf .
El artículo 25 de la Constitución de Entre Ríos establece que “el Estado promueve las condiciones para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados”. Para hacerlo realidad, y no mera declamación, harán falta recursos, voluntad política, y planes serios. Sin un genuino federalismo fiscal será difícil encontrar recursos suficientes. No avancemos tranquilos. Es hora de reaccionar, de involucrarse y de comprometerse en pos de un futuro mejor.-
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