Por José Antonio Artusi
Aldo Neri, en un libro publicado en 1995 titulado “Sur, penuria y
después. La crisis de la política social”, cita a Castoriadis cuando expresa
que “la pauperización intelectual tanto de los “socialistas” como de los
“conservadores” es aterradora. Los “socialistas” no tienen nada que decir, y la
calidad intelectual de la producción de los voceros del liberalismo económico,
desde hace quince años, haría que Smith, Constant, o Mill se revolcasen en sus
tumbas”. No faltan elementos para extender hasta nuestros días la veracidad de
la aseveración de Castoriadis. Más adelante, el propio Neri sostiene que “la
democracia es en su esencia distribución del poder mismo en la sociedad. Y esto
es incompatible con una excesiva concentración de beneficios económico – sociales.
Uno no puede elegir un solo plato de ese menú; debe pagar por ambos. Y esta
receta, como tantas con las mejores ideas, no tiene nada nuevo. Así la
quisieron, de uno u otro modo, los griegos de la democracia ateniense,
Jesucristo, los liberales fundacionales, los soñadores socialistas. Avanzar
pequeños pasos en ese camino exige grandes esfuerzos”.
Lo antedicho puede servir como una introducción para comenzar a evaluar
los pasos que viene dando en materia de política social el gobierno nacional, y
para tratar de explorar escenarios futuros.
En la citada obra Aldo Neri considera que “en el firmamento de los bienes
sociales fundamentales existen cinco estrellas de luz muy fuerte, que se
destacan por la inequívoca manera en que iluminan (u oscurecen con su ausencia)
las oportunidades de un desarrollo integral de la persona, así como el logro de
niveles mínimos de bienestar familiar. Ellas son la alimentación, la atención
de la salud, la educación, la vivienda y el retiro en la vejez”.
Demos por lo tanto una mira rápida al panorama de algunas de estas cinco
“estrellas” en la actualidad y las perspectivas que se podrían abrir a futuro.
El gobierno dispuso inicialmente un aumento que duplicó nominalmente los
montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar. En un contexto de creciente
pauperización de la mano de la estanflación, y de infantilización de la
pobreza, estas herramientas son cruciales en la coyuntura pero corren el riesgo
de ser afectadas por la elevada inflación. El gobierno se ha manifestado
proclive a eliminar la intermediación de movimientos sociales en la asistencia
a comedores comunitarios mientras que se muestra por otro lado dispuesto a
aceptar la intermediación de algunas iglesias.
Cabe señalar las limitaciones y déficits de estos programas, tanto los de
asistencia monetaria directa como los de asistencia a través de comedores. Y es
oportuno por lo tanto, más allá de la coyuntura, volver a reflexionar acerca de
la necesidad rescatar la idea de programas universales e incondicionales que
eviten la trampa de la pobreza, en la línea del Ingreso Ciudadano a la Niñez
que propuso en su momento Elisa Carrió y que llegó a ser una asignatura
pendiente del gobierno de Mauricio Macri.
En relación a la vivienda y el hábitat por ahora prima una gran
indefinición de las políticas públicas, una desjerarquización de las áreas de
gobierno, y una desfinanciación que se suma a la que se venía dando desde el
gobierno de Alberto Fernández. A la demora en la designación de funcionarios se
le han sumado la renuncia de algunos y la transferencia a la órbita del
Ministerio de Economía. A la desfinanciación del sistema federal de vivienda
que supuso la no actualización del monto fijo en el impuesto a los combustibles
y su impacto en la merma del FONAVI, que afectó profundamente las finanzas de
los institutos provinciales de vivienda el año pasado, se suma ahora la pérdida
casi total de recursos del impuesto País con destino al Programa de Integración
Socio Urbana, dirigido a urbanizar y regularizar las casi 6000 villas y
asentamientos relevados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Si bien
sabemos que el impuesto País es un pésimo tributo, además transitorio, y que el
sistema de fideicomisos quizás no es el más adecuado, no por ello debería
abandonarse la aspiración de contar con una estrategia robusta y permanente de
financiamiento para este fin. Un informe reciente del Banco Mundial sostiene
que uno de los “factores que menoscaban las ventajas económicas de las ciudades
y merecen especial atención” consiste en “la división de las ciudades en zonas
pobres y prósperas desconectadas, que limitan la extensión geográfica de las
economías de aglomeración, obstruyen los flujos de información y generan una
asignación inadecuada de los recursos debido a la prevalencia de la
informalidad en los barrios de bajos ingresos”. O sea, la informalidad y la
precariedad nos afecta directa o indirectamente a todos, y por lo tanto todos
deberíamos estar interesados en su reversión, si es que realmente queremos
ciudades más prósperas. Aunque sea reiterativo, vale la pena enfatizar que no
se trata de regalar nada a nadie ni de premiar la informalidad; se trata de
regularizar debidamente lo que corresponda y fundamentalmente evitar la
informalidad futura.
Las otras tres “estrellas”, educación, salud y jubilaciones, muestran por
ahora más amenazas que promesas, en un contexto de crisis que obviamente no es
el más adecuado para pensar políticas estructurales de largo plazo; que sin
embargo son más necesarias que nunca. Es oportuno recordar que el célebre
Servicio Nacional de Salud británico fue planificado en buena medida durante la
Segunda Guerra Mundial.-
Publicado en el diario La Calle el 17 de Marzo de 2024.-
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