Actividad realizada en el marco del Trayecto Formativo en Ciencias Sociales de la Maestría en Salud Familiar y Comunitaria de la UNER
“Lo primero que debe atenderse en todo el país es a proporcionar a la clase más numerosa y menos acomodada los medios de llenar sus primeras necesidades y particularmente aquellas que tienen directa influencia sobre la higiene y la salud”.
Domingo Faustino Sarmiento
“… reformas urbanas que promuevan una mejor distribución del suelo urbano y la construcción de ciudades socialmente justas y ambientalmente sustentables; democratización del capital cultural de la humanidad a través del acceso universal a la educación; concreción de la democracia participativa; y desarrollo de políticas públicas intersectoriales universales integrales, equitativas y participativas”.
Oliva López Arellano, José Carlos Escudero y Luz Dary Carmona
Actividades para el trabajo
a. Lectura en grupo del artículo sobre determinantes (ALAMES) pág. 323 a 329.
b. Proponer un caso problema de desigualdades sociales y de salud (desde sus propias experiencias profesionales o supuestos), identificando algunos de los determinantes Sociales de la Salud (DSS) que allí se atraviesen.
c. Proponer algunas acciones desde las dimensiones de los DSS tendientes a enfrentar las inequidades.
b) Se propone el problema de las desigualdades en el acceso a la vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano (derechos reconocidos constitucionalmente tanto a nivel nacional como provincial) como uno de los determinantes sociales de la salud – dentro del campo genérico de los determinantes ambientales - que resultan clave para explicar situaciones de inequidad en salud y de configuración de patrones epidemiológicos en nuestra sociedad.
Las respuestas que se ensayan en nuestro país frente a la crisis de la vivienda reconocen básicamente dos tipologías: la reacción espontánea y frecuentemente marginal de los pobladores, y la acción del Estado a través de los planes de vivienda social. La primera se traduce en un proceso de autoconstrucción del hábitat, generalmente en asentamientos clandestinos, que sin embargo están caracterizados por cierta racionalidad en cuanto su localización. Los conjuntos de vivienda social, por el contrario, como consecuencia lógica de la falta de políticas públicas de ordenamiento territorial y de uso del suelo - y su contracara, la primacía de intereses empresariales en la configuración del hábitat – están generalmente mal localizados y contribuyen a un proceso creciente de segregación social urbana. Además, desde el punto de vista tipológico y constructivo, a menudo presentan diversos déficits que conspiran contra su capacidad de generar condiciones favorables para una vida digna y saludable.
Son problemas comunes en los asentamientos marginales las deficitarias condiciones ambientales, tales como falta de agua potable segura, falta de saneamiento, riesgo de inundaciones o anegamientos, contaminación de napas, cercanía a sitios de inadecuada disposición o quema de residuos, deterioro del espacio público, viviendas inadecuadas, hacinamiento, falta de acceso a energías seguras, etc. Sobre este último punto, hay documentos de la OMS ( http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd53/reto.pdf ) que resaltan la jerarquía de la contaminación del aire en locales cerrados en el ámbito doméstico como producto de la combustión en condiciones inadecuadas como uno de los principales factores generadores de patologías respiratorias. Podríamos mencionar también los incendios frecuentes en casillas de madera 1, con víctimas por lo general en edad infantil, y la intoxicación con monóxido de carbono2 como otros rostros visibles de esta problemática. De acuerdo con los registros de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, este año – hasta agosto – la mayoría de las provincias informaron 1.666 casos: la cifra significa que la tasa de notificación por cada 10.000 habitantes casi se duplicó respecto al año pasado: de 0,24 pasó a 0,41.
Por añadidura, la falta de acceso a redes de gas natural de la que adolecen estos asentamientos hace que sus hogares deban recurrir en muchos casos al gas envasado en garrrafas, más caro y carente de regulación como servicio público. En nuestro país se da entonces la paradoja de que los pobres deban pagar un combustible mucho más caro que el que utilizan las capas medias y altas de la sociedad. El alto costo de las garrafas incide de esta manera negativamente en el presupuesto familiar y refuerza los círculos viciosos entre bajos niveles de ingreso y malas condiciones de salud.
En algunos casos, sin embargo, la buena localización beneficia la economía familiar al disminuir la necesidad de transporte y favorece el acceso a ciertas fuentes de empleo (servicio doméstico, gastronomía, construcción, pesca artesanal, etc.) vinculadas tradicionalmente a los centros urbanos. Por otra parte, la localización facilita también en estos casos la accesibilidad a equipamientos comunitarios importantes en sí mismos como factores condicionantes de las condiciones de salud: básicamente educación y atención sanitaria. Los barrios Cantera 25 y El Mirador constituyen dos ejemplos concretos de asentamientos de este tipo en la ciudad de Concepción del Uruguay.
La otra respuesta, la del Estado, presenta problemas de distinta índole. Un dato central es que las políticas públicas dejan de lado y condenan a la marginalidad a buena parte de la población más vulnerable; desocupados, trabajadores no inscriptos, etc; y cubren sólo una parte, claramente insuficiente, de la demanda de la clase media y media baja. Por otro lado, si bien en general la propia normativa exige condiciones ambientales y urbanísticas mínimas para la aprobación de los conjuntos, frecuentemente la aplicación concreta de las normas resulta ineficaz para garantizar dichas condiciones. La problemática de la vivienda social se asume, desde el Estado y desde la propia sociedad civil, ante la magnitud del déficit y lo angustiante que significa para cualquier persona carecer de un techo propio, simplemente como un proceso cuantitativo de construcción y asignación de viviendas, sin importar demasiado cómo y dónde. Si a ello le agregamos la excesiva injerencia que asume el interés de las empresas constructoras en definir la localización de los conjuntos, buscando maximizar su rentabilidad y buscando por ello terrenos lo más baratos posibles, y teniendo en cuenta la falta de bancos de tierra municipales y provinciales, obtendremos una conclusión obvia; conjuntos de vivienda mal localizados, en terrenos prácticamente rurales, a veces en malas condiciones ambientales (cercanía a basurales a cielo abierto, etc), alejados de toda centralidad urbana y de equipamientos comunitarios, insuficientemente dotados de infraestructura de servicios, a cuyo encarecimiento por otro lado contribuyen de manera decisiva al obligar a la extensión irracional de las redes, con densidades excesivamente bajas absolutamente carentes de racionalidad. La dispersión urbana, la segregación residencial en verdaderos ghettos y la destrucción de la ciudad compacta que heredamos del urbanismo colonial de las Leyes de Indias tiene de esta manera, aunque duela reconocerlo, en el Estado, a uno de sus principales responsables. El barrio denominado “150 viviendas” de Concepción del Uruguay es un claro ejemplo, paradigmático de estas malas prácticas.
Las consecuencias en las condiciones de salud y de calidad de vida de los pobladores de esta inadecuada política de vivienda requieren de estudios e investigaciones profundas para ser caracterizados y estudiados, pero seguramente no son menores. La lejanía al centro de la ciudad y la falta de equipamiento comunitario y hasta comercial genera una fuerte necesidad de desplazamientos y por lo tanto de transporte. La falta de un sistema adecuado de transporte público, el mal estado de la trama vial, y la generalizada utilización de motos y bicicletas como modos de transporte (sin sendas adecuadas y sin patrones de conductas seguras tales como el uso del casco) ayudan a potenciar uno de los problemas de salud pública más graves de nuestro país: la siniestralidad vial. Los accidentes, junto a los homicidios y suicidios, caracterizados como “causas externas”, constituyen la primera causa de APVP(años potenciales de vida perdidos) en Entre Ríos en el año 2008. 3
Por otra parte, la cercanía a fuentes de contaminación, la falta de acceso a fuentes de energía seguras, y las condiciones inadecuadas de la vivienda se potencian para conspirar contra las posibilidades de construir viviendas, barrios y ciudades “saludables”. Algunos de estos déficits de las viviendas construidas por el Estado llegan a reconocerse en las auditorías del FONAVI que publica el gobierno nacional, estando disponible en Internet hasta la correspondiente al año 2007.
c) Se proponen algunas acciones desde la dimensión ambiental de los determinantes sociales de la salud:
1) Políticas de ordenamiento territorial y uso del suelo, tendientes a la construcción de un hábitat urbano más seguro, saludable y equitativo, apto para el desarrollo sostenible. Articulación de normas nacionales, provinciales y municipales, en pos de reconocer y garantizar el derecho a la ciudad para todos los habitantes.
2) Políticas específicas de vivienda, que reconozcan los déficits actuales y – articuladas con las políticas del punto 1) – garanticen a todos los habitantes el acceso a una vivienda digna, procurando localizaciones y tipologías adecuadas a partir de una política municipal de gestión del suelo, que movilice el suelo vacante y ocupe de manera racional el tejido consolidado, de modo de aprovechar las inversiones públicas en infraestructura y equipamiento. Políticas públicas dirigidas a los sectores de menores recursos, privilegiando la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, la valorización de las culturas y tradiciones locales, el afianzamiento y regularización de asentamientos bien localizados, las prácticas solidarias, la dimensión productiva y laboral de las viviendas, y su adecuada inserción en el tejido urbano, previendo alternativas tipológicas diversas y flexibles, que superen las limitadas opciones que brindan generalmente los institutos provinciales de vivienda. El conjunto Monteagudo en la Ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo de experiencias de este tipo. 4
3) Políticas de construcción de un hábitat saludable articuladas con las acciones específicas de vivienda: dotación de equipamientos comunitarios y espacios públicos adecuados, con énfasis en la generación de condiciones para la salud (escuelas saludables, plazas saludables, espacios públicos seguros y de calidad, espacios verdes accesibles y suficientes, forestación urbana, etc.).
4) Políticas de accesibilidad urbana: con énfasis en el desarrollo de sistemas eficientes de transporte público, primacía de la bicicleta y los desplazamientos peatonales, disminución de los viajes en automóvil, etc. Articulación de la política de transporte con el ordenamiento del uso del suelo: ciudad compacta y con densidades razonables, ausencia de distritos monofuncionales, etc.
5) Políticas de infraestructura de servicios públicos: prioridad al acceso a agua potable segura y saneamiento para todos, tratamiento de efluentes cloacales, defensas contra inundaciones, desagües pluviales, gestión integral de residuos domiciliarios, energía eléctrica, gas natural, comunicaciones, Internet, etc.
Notas
1) http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.phpid=65754&titulo=incendio_en_que_murio_la_nina_fue_por_un_cortocircuito
http://www.inforegion.com.ar/vernota.php?id=215825&dis=1&sec=4
http://www.notife.com/noticia/articulo/1011301/zona/4/Un_hombre_murio_al_quemarse_su_vivienda_en_Rosario.html
2) http://www.clarin.com/sociedad/duplico-cantidad-intoxicados-monoxido-carbono_0_347365315.html
http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/emergentes_pais_1/31-08-2010/emergentes%0PAIS_SE_30%201.pdf
3) http://www.msal.gov.ar/htm/site/sala_situacion/pdf/potenciales-centro.pdf
4) http://www.arqa.com/index.php/esp/arquitectura/conjunto-de-viviendas-monteagudo.html
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