YPF y la política energética en la doctrina radical

Por José Antonio Artusi

Las Bases de Acción Política de la Unión Cívica Radical, documento sancionado por su Convención Nacional en 1948,establece, en su punto V, lo siguiente:
"V) NACIONALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, energía, transporte, combustibles y de aquellas concentraciones capitalistas que constituyen “carteles” o monopolios, resguardando en tal forma el ámbito de la iniciativa privada en su realidad creadora. Administración de los
sectores nacionalizados por entes autárquicos nacionales, provinciales, comunales o cooperativas con participación de usuarios, técnicos y obreros."
Las Bases de Acción Política del partido fueron reformadas el 14 de Octubre de 1990, y en lo relativo al tema que no ocupa se señala que "el Estado manejará los recursos energéticos, la ampliación de sus disponibilidades, el uso intensivo de los recursos renovables garantizando la igualdad de oportunidades para todos en materia de disponibilidad energética actual y futura en condiciones comparables de continuidad, calidad y acceso para todos los habitantes".
En 1992, en pleno auge del proceso de entrega y extranjerización de nuestros recursos y empresas estratégicas, la Convención Nacional de la UCR aprobó en Julio y Noviembre sendas resoluciones sobre política energética que tienen plena vigencia.
La primera, bajo el título "Revisar los actos de entrega, un compromiso histórico", dispone "asumir el compromiso histórico de revisar todos y cada uno de los actos realizados por el Gobierno actual. Ellos hayan sido ejecutados mediante decretos y/o leyes especiales, violentando la soberanía y comprometiendo la independencia económica de la Nación, o que impliquen una limitación al ejercicio del poder por parte de los futuros gobiernos" en su artículo primero, e "instruir a las autoridades partidarias y legisladores para que, dentro de los mecanismos que brinda el sistema democrático, realicen todas las acciones que estimen necesarias para impedir la concreción de la actual política energética, señalando expresamente las consecuencias negativas que tendrán para la mayoría de los argentinos", en su artículo segundo.