miércoles, 9 de diciembre de 2020
De códigos, planes y excepciones...
miércoles, 25 de noviembre de 2020
“100 Trenque Lauquen”
Por José Antonio Artusi
El Sábado 3 de Octubre de 1868, 9 días antes
de asumir la Presidencia de la República, Sarmiento brindó un discurso en
Chivilcoy. Allí pronunció esta frase: “Les prometo hacer 100 Chivilcoy en los
seis años de mi gobierno y con tierra para cada padre de familia, con escuelas
para sus hijos”. La expresión “100 Chivilcoy” utilizada como metáfora de un
programa de gobierno, basado en la inmigración, la colonización, la
transformación agraria, la ocupación efectiva del territorio nacional unido por
líneas férreas y comunicado por el telégrafo, la fundación de nuevas ciudades
en un esquema que equilibrara la macrocefalia porteña, la promoción de la
agricultura, la industria y el comercio, la participación ciudadana centrada en
la autonomía municipal, y la educación pública, laica, gratuita y obligatoria.
En aquel memorable discurso Sarmiento también
expresó lo siguiente: “He aquí mi programa, y si el éxito corona mis esfuerzos,
Chivilcoy tendrá su parte en ello, por haber sido el pionero, que ensayó con
mejor espíritu la nueva Ley de Tierras, y ha demostrado que la pampa no está
condenada, como se pretende, a dar exclusivamente pasto a los animales, sino
que en pocos años, aquí, como en todo el territorio, ha de ser luego asiento de
pueblos libres, trabajadores y felices”
Sabrina Ajmechet se pregunta: “¿Cómo
era Chivilcoy? ¿Y qué significaba que su plan de gobierno fuera hacer cien
lugares semejantes?”. Y responde: “En principio, Chivilcoy era una región
triguera, a diferencia de amplios territorios de la pampa destinados a la
ganadería. La producción agrícola permitía la organización de los chacreros,
aquellos farmers que había conocido en Estados Unidos. Que no era solo un
modelo de explotación económica, sino una forma de organización social y
política. Por un lado, la división de las parcelas hacía posible una gran
igualdad social. A esto, se le agregaba la existencia de un mercado, de una
comunidad –con su iglesia, su banco, su comisaría, su pulpería, sus
asociaciones intermedias y sus escuelas. Siguiendo la idea de Tocqueville de
una ciudadanía que se construye a partir de la práctica cotidiana, Sarmiento
concebía al municipio como la escuela de la democracia, el lugar en el que esta
se aprendía y ejercitaba. La sociedad de mercado se unía a una población
letrada, lo que tenía como consecuencia un crecimiento más equitativo. Las
escuelas sumadas a las tierras para todos aseguraban cierta igualdad.
Así, lo que se producía era una transformación simultánea de las esferas
social, económica, cultural y política. Esto llevaba a que la agricultura no
fuera, entonces, una forma de organización económica, sino una apuesta por
construir una sociedad y una democracia virtuosa”.
Todos sabemos que Sarmiento lo
quiso como nadie, que sabía cómo hacerlo, y que su programa se llevó a cabo a
medias.
Pues bien, así como Sarmiento
pudo decir “100 Chivilcoy” en el siglo XIX, nosotros necesitamos decir “100
Trenque Lauquen” en este momento. Le debo la expresión a Sebastián Welisiejko,
ex Secretario de Integración Socio Urbana de la Nación, que la pronunció en una
charla que compartió con Héctor Floriani sobre la marginalidad urbana. Qué
quiero decir con “100 Trenque Lauquen”, la versión contemporánea del “100
Chivilcoy” sarmientino? Una metáfora de un nuevo programa de gobierno,
emparentado con aquel, que tenga a la reforma urbana, al derecho a la ciudad y
a la vivienda para todos, y al logro de territorios más equitativos y prósperos
como uno de sus rasgos centrales.
Y por qué Trenque Lauquen? Porque
esta ciudad bonaerense es un ejemplo exitoso de políticas públicas aplicadas
consistentemente a lo largo de varios períodos de gobierno en procura de esos
objetivos. Porque en un país como el nuestro el acceso al suelo y a la vivienda
y la construcción de un hábitat más justo e integrador aparecen como
asignaturas pendientes que no podemos soslayar si queremos realmente construir
una sociedad democrática y desarrollada, en la que se hagan realidad los
derechos y garantías consagrados en la Constitución y las leyes, en la que
todos tengan realmente la oportunidad de desarrollar proyectos de vida en
condiciones de libertad e igualdad.
Qué ha hecho Trenque Lauquen para
que la utilicemos en esta metáfora? Ha puesto en marcha una serie de programas
y proyectos que la colocan a la vanguardia en nuestro país en materia de
recuperación y reinversión de la valorización inmobiliaria que se genera en el
precio del suelo como consecuencia de acciones generadas desde el Estado,
básicamente inversión en obras públicas de infraestructuras y equipamiento,
pero también por efecto de las modificaciones en la normativa y las decisiones
administrativas referidas a la posibilidad de urbanizar, subdividir, construir
de acuerdo a ciertos indicadores urbanísticos, admitir determinados usos, etc. Y
esa estrategia es clave a la hora de encontrar mecanismos eficaces y viables de
financiar el desarrollo urbano, teniendo en cuenta el principio del reparto
equitativo de las cargas y beneficios que éste supone. En un país con altísimos
niveles de déficit habitacional, con un problema estructural para brindar a sus
ciudadanos acceso al suelo urbanizado en condiciones dignas, con el enorme
desafío por delante de integrar a la ciudad a más de 400 barrios populares y a
la vez detener de manera permanente el problema de la
marginalidad urbana; es menester recordar lo que Joan Clos nos dijera en
Mendoza en 2007, que el desarrollo urbano genera más valor del que cuesta. El
problema en quien se queda con esa diferencia de valor.
Juan Duarte y Luis Baer consideran,
en relación a la experiencia de Trenque Lauquen, que “algunas
iniciativas municipales han avanzado en la implementación de la recuperación de
plusvalías, como es el caso que aquí se presenta, por lo que ameritan su
estudio y difusión. En primer lugar,
porque constituyen experiencias y casos de referencia con cada vez mayor
visibilidad para el resto de los municipios del país. En segundo lugar, porque
ponen de manifiesto la necesidad de contar con Planes de Ordenamiento
Territorial y legislación específica (a escala provincial y nacional) que
incorporen la recuperación de plusvalías urbanas como una política pública
necesaria para el desarrollo de las ciudades desde un criterio de equidad y
eficiencia. En tercer lugar, porque constituye un caso concreto y verificable
de mejoramiento de la capacidad municipal para obtener fondos genuinos,
especialmente de tierra para el desarrollo urbano y la regulación de la oferta
y los precios del suelo. Por último, porque contribuye a la reflexión sobre las
posibilidades de replicabilidad en otros municipios pequeños y medianos, aún en
contextos donde la normativa de nivel superior resulte poco favorable a la
implementación de este tipo de instrumentos. En este marco, el caso de Trenque
Lauquen constituye una experiencia que ofrece la posibilidad de pensar logros,
dificultades y desafíos que conlleva la aplicación de la Contribución por Mejoras,
como instrumento de recupero de una parte de la valorización inmobiliaria
atribuible al accionar del Estado”.
A la hora de evaluar la
experiencia, los autores mencionados señalan que “uno de los aspectos positivos
de la experiencia es que, a pesar de las limitaciones normativas existentes, un
municipio pequeño/medio (43.000 habitantes) logró recuperar plusvalías de
manera eficaz y sencilla. Contra el imaginario instituido en la gestión pública
que suele desalentar este tipo de iniciativas, la recepción de la CM entre los
actores locales, incluyendo a los propietarios y agentes inmobiliarios, fue
asimismo muy favorable. Si bien la gama de hechos imponibles es amplia, la CM
se aplicó principalmente para la aprobación de loteos en la periferia de la
ciudad donde antes no estaban permitidos. Es decir, se aplicó mayormente en los
casos con mayores incrementos de precios del suelo, esto es, en la
rezonificación de usos del suelo de rural a urbano. La CM facilitó así la
recuperación de importantes recursos para el desarrollo y el financiamiento
urbano. Como consecuencia de la aplicación del instrumento, se generó un
importante stock de tierra urbanizada y urbanizable de propiedad municipal
(dominio público y privado), al mismo tiempo que se produjo una cantidad
importante de terrenos de propiedad privada que permitieron incrementar la
oferta de suelo urbanizado. También merece destacarse la combinación entre
instrumentos tributarios y de política urbana que abrió la posibilidad de
recuperar plusvalías ad-hoc, por ejemplo mediante la compra de tierra a precio
rural (con algo de expectativa de valorización) previo a su rezonificación a
uso urbano. Finalmente, no debe menospreciarse la función estratégica que
cumple la adquisición de una gran cantidad de tierra urbana que puede
utilizarse para la concreción de diversas políticas públicas, como la
construcción de equipamiento y de viviendas de interés social. Al disponer de
terrenos urbanizados, los recursos públicos nacionales y provinciales en
diferentes programas de vivienda pueden ser volcados hacia la construcción de
vivienda de mayor tamaño y mejor calidad.” Y podríamos agregar, mejor
localizadas, evitando esa perversa tendencia tan común en nuestro país a partir
de los programas federales de localizar conjuntos de viviendas de interés
social en periferias suburbanas, desconectadas, segregadas, lejos de todo,
contribuyendo así a generar un notable encarecimiento de la provisión de
infraestructuras y la prestación de servicios, problemas de movilidad,
segregación residencial, falta de equipamiento, e inconvenientes de todo
tipo.
En una charla organizada recientemente
por la Fundación Alem el Intendente de Trenque Lauquen, Miguel Angel Fernández,
además de reconocer que obviamente no están exentos de problemas y que todos los
días surgen nuevos desafíos, mostró algunos de los valiosos logros que pueden
exhibir, en una verdadera política de Estado que va desde la Ordenanza de Círculo Cerrado de Viviendas
hasta la Ordenanza del Fondo Municipal de Tierras y la Aprobación del Plan
Director de Ampliación Urbana, entre otras normas y programas.
En Trenque Lauquen no hay
“barrios populares” (ese eufemismo que hemos acuñado para referirnos a las
villas y asentamientos informales que evidencian el fracaso desde hace décadas
para facilitar a todos el acceso al suelo urbanizado en condiciones adecuadas)
ni “barrios cerrados” (ese eufemismo, casí un oxímoron, que hemos acuñado para
referirnos a urbanizaciones que reniegan de la ciudad y constituyen ghettos
para quienes pueden afrontar el costo de esta segregación voluntaria). Tampoco
hay conjuntos de viviendas sociales ubicados en periferias carentes de vida
urbana. En otro artículo nos hemos referido a estos 3 modelos como la “NO
ciudad”, la expresión residencial y territorial de una sociedad cada vez más desintegrada y
desigual, cada vez más injusta e insegura, insalubre e insostenible.
Para volver a tener “ciudades” en
el verdadero y pleno sentido del término, ámbitos físicos de la búsqueda en
común de un futuro mejor, para lograr un hábitat que contribuya a construir
ciudadanía, a promover la prosperidad, la justicia social y la convivencia
pacífica y solidaria, Trenque Lauquen puede ser un espejo muy valioso en el que
mirarnos.
Necesitamos 100 Trenque
Lauquen.
Referencias bibliográficas
Ajmechet,
Sabrina. «El campo que Sarmiento soñó desde Chivilcoy.» www.perfil.com.
27 de Octubre de 2018. https://www.perfil.com/noticias/elobservador/el-campo-que-sarmiento-sono-desde-chivilcoy.phtml.
Duarte, Juan
Ignacio, y Luis Baer. «Recuperación de plusvalías a través de la contribución
por mejoras en Trenque Lauquen.» Instrumentos notables de políticas de suelo
en América Latina. Martim O. Smolka y Fernanda Furtado, editores. 2014.
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/instrumentos-notables-politicas-de-suelo-america-latina-full_0.pdf
(último acceso: 25 de Noviembre de 2020).
viernes, 13 de noviembre de 2020
CONVERTIR A LA CASA DE URQUIZA EN EL “MUSEO Y CENTRO CULTURAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL”: UN SUEÑO POR EL QUE VALE LA PENA LUCHAR
El Centro
Cultural Urquiza ha tenido una excelente idea, convertir a la casona que
mandara edificar Justo José de Urquiza frente a la Plaza Ramírez de Concepción
del Uruguay en un Museo, al que proponen denominar “de la Organización Nacional”.
Celebro fervientemente la iniciativa y propongo aquí, a título personal, algunos
aportes al debate, con la intención de promover que la cuestión se instale
fuertemente en la agenda pública de nuestra ciudad y adquiera progresivamente
viabilidad.
El inmueble que
nos ocupa, hoy destinado a oficinas de correo, se trata de un valiosísimo
exponente del patrimonio histórico, urbanístico y arquitectónico uruguayense, con un enorme potencial para aportar a la revitalización del centro histórico
de la ciudad y a su consolidación como un área jerarquizada de concentración de
atractivos turísticos basados en la historia y la cultura, caracterizada por el
indudable protagonismo del legado polifacético de Justo José de Urquiza;
vinculado a la Organización Nacional, a la educación pública y laica, a la
inmigración y la colonización agropecuaria, a la fundación de ciudades, al
fomento del comercio y la industria, etc.. De más está decir que el Museo
Municipal Andrés García y la Sala Evocativa de Malvinas podrían permanecer en
el futuro complejo, incluso en mejores condiciones que en la actualidad.
Se abre entonces
una oportunidad que no debe ser desaprovechada. La legitimidad de las
decisiones que se tomen debe estar alimentada y legitimada tanto por su
encuadre en un proceso riguroso de planificación museológica y urbanística como
en la más amplia participación ciudadana.
Al igual que el
Mercado 3 de Febrero, la Casa de Urquiza no es una “isla”, forma parte
inescindible del centro histórico de la ciudad, y debe por lo tanto aportar a
su revitalización y mejora, integrándose de manera armoniosa con su entorno. Para ello
hace falta primero tener un plan que establezca un diagnóstico, plantee
objetivos y proponga estrategias. Cabe recordar en este sentido que en el
último proceso de planificación que tuvo la ciudad, la reformulación del Plan
Estratégico, hace ya 10 años, se propuso un proyecto identificado con el número
59 y denominado “Plan de Mejoramiento del Área Central”, incluyendo la
renovación y puesta en valor de la peatonal y el distrito de protección
histórica, entre otros ítems. A su vez, desde el punto de vista histórico y
patrimonial, la casona integra un conjunto de lugares y edificios vinculados de
manera directa con el accionar de Urquiza; junto al Colegio del Uruguay, su “heredero”,
primer colegio laico del país; la Basílica de la Inmaculada Concepción donde
descansan sus restos, la Plaza Ramírez, ámbito del Pronunciamiento del 1º de
Mayo de 1851; etc. Queda claro entonces que el Museo y Centro Cultural
propuesto podría contribuir a formar un circuito integrado por hitos que ayuden
a valorar y comprender la actuación de Urquiza como un protagonista central de
la Argentina del siglo XIX. Este circuito podría ser un interesante atractivo
turístico pero también un valioso recurso educativo en todos los niveles, así
como de apoyo a investigadores y divulgadores de nuestro acervo histórico.
Cabe señalar que
en el Plan Estratégico de Desarrollo de Concepción del Uruguay (Revisión 2010)
se incorporó – en el marco del Eje 1 “Fortalecimiento de la Ciudadanía y la
Equidad Social” – el Proyecto 8 “Centro Cultural Casa de Urquiza”, con el
propósito de “desarrollar la Casa de Urquiza como un espacio referente de la
actividad cultural e histórica de la ciudad”. La propuesta del Centro Cultural
Urquiza, concretamente un museo, no es incompatible con este antecedente. En
efecto, los museos modernos funcionan no sólo como repositorios de elementos de
valor patrimonial y muestras permanentes sino también como verdadero centros
culturales, en los que se desarrollan diversas actividades que combinan con
sentido lúdico diferentes expresiones del arte y la cultura, de manera dinámica
y atractiva tanto para residentes locales como para turistas, de todas las
edades y procedencias.
De todas las
alternativas institucionales para lograr el objetivo propuesto, la de propiciar
la creación de un museo nacional parece la más indicada y conveniente. Por
diversas razones, desde la disponibilidad de recursos hasta la obvia
pertenencia a la esfera federal de un museo que va a estar consagrado a
celebrar de manera central la Organización Nacional.
La oportunidad
está. Hay que aprovecharla.
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viernes, 30 de octubre de 2020
TIERRA PARA VIVIR Y PARA TRABAJAR
Ni las usurpaciones ni la represión son el camino; hacen falta ideas y proyectos
José Antonio Artusi
Las tomas de tierras en áreas urbanas de nuestro país constituyen la manifestación visible de un problema estructural mucho más profundo: las dificultades o directamente la imposibilidad para acceder al suelo urbanizado por parte de sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad, problema agravado a su vez por desequilibrios territoriales generados a partir de dinámicas económicas. Lo que no resuelven de manera eficaz ni el Estado ni el mercado lo resuelve, de la peor manera, la acción espontánea o inducida de familias desesperadas, en muchas ocasiones víctimas y rehenes de punteros políticos, organizaciones sociales y movimientos ávidos de utilizar las necesidades de los sectores más vulnerables de la población para satisfacer sus propios intereses.
Este problema de
larga data parece complejizarse y agravarse en esta coyuntura ante el
surgimiento de una preocupante escalada de episodios de usurpaciones de tierras
no sólo urbanas sino también rurales, privadas o fiscales, protagonizadas por
dirigentes cercanos al oficialismo que esgrimen argumentos disparatados y sólo
cercenan las posibilidades de entablar un debate serio y racional sobre la
cuestión. Puede advertirse cierta inacción del gobierno nacional en ese sentido
y la participación activa de movimientos políticos y sociales que les son
afines, y aún de funcionarios públicos, por lo que la ciudadanía comienza a
advertir que la inacción en este caso para prevenir o desalentar episodios de
esta naturaleza sólo significa complicidad. En particular, las desafortunadas
declaraciones del Sr. Presidente sobre el denominado “Proyecto Artigas” tampoco
ayudan a clarificar la cuestión. Tal dislate no sólo es descabellado. También
es reaccionario e irracional. Atrasa, política, económica, social, ambiental y
tecnológicamente. Expresa un primitivismo clerical anti progresista que sólo
puede significar frustración y decadencia.
La presencia
efectiva del Estado para garantizar el goce de derechos constitucionales, entre
ellos el de propiedad, es el reaseguro para
la paz social, y un requisito imprescindible de cualquier proceso que comience
a dar soluciones justas y duraderas.
El gobierno
nacional debe reaccionar con premura y claridad frente a esta problemática,
evitando las señales erráticas y contradictorias que lamentablemente ha dado,
condenando y evitando la utilización con fines espurios de las legítimas
demandas de quienes no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, pero a la
vez poniendo en marcha un conjunto coherente de políticas públicas que apunten
a la resolución paulatina del déficit habitacional; que comience precisamente
por atender los requerimientos más urgentes y prioritarios.
El acceso a la
vivienda digna y adecuada constituye un derecho, inherente a la dignidad
humana. Así lo legisla, además, el artículo 14 bis de la Constitución nacional
incorporado en la reforma constitucional de 1957. A su vez, el derecho a la
vivienda debe ser contemplado de manera integral y armónica junto a otros
derechos económicos y sociales, en especial el derecho a un ambiente sano,
equilibrado, y apto para el desarrollo humano, tal como lo dispone el artículo
41 a partir de la reforma de 1994.
Sin una política
nacional de vivienda y hábitat, armónicamente inserta en una estrategia de
desarrollo sostenible y de equilibrio territorial, no habrá solución definitiva
a los conflictos generados por las tomas de tierras, y las acciones represivas
serán absolutamente ineficaces e insuficientes para abordar esta problemática. Desde
hace décadas, la falta de acceso efectivo de manera universal a una vivienda
digna, junto a la privación de otros derechos económicos y sociales, junto a la
distribución cada vez más regresiva del ingreso- agravadas ahora por la
pandemia y por las inadecuadas respuestas del gobierno nacional - han adquirido
tal magnitud, ensanchando las brechas sociales, que ha generado una segregación
social que afecta la convivencia pacífica entre los ciudadanos y corroe las
bases mismas de la democracia republicana.
El Estado moderno
debe ser un instrumento de realización y progreso para el pueblo y no un mero
espectador de los movimientos del mercado o de los actores sociales. Debe
cumplir un papel activo en la consecución de mejores condiciones de vida para
sus habitantes, garantizando la efectiva igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos, más allá del lugar y las circunstancias en las que le tocó
nacer a cada uno. Esas condiciones de vida están afectadas de manera
significativa por la calidad del hábitat. La vivienda precaria y su entorno
generalmente degradado constituyen un
eslabón fundamental en el círculo vicioso de la reproducción social del hábitat
de la pobreza. Por el contrario, cuando las condiciones habitacionales mejoran,
las familias y las personas se posicionan gradualmente para ir aumentando su
capacidad de acceder a otros derechos sociales en el campo de la educación, el
trabajo, la salud, la seguridad, etc.
Algunas cifras
nos dan una idea de la enorme magnitud del problema que enfrentamos: Argentina
tiene un déficit de vivienda de más de 4 millones de hogares, incluyendo un
déficit cuantitativo de 1,3 millón de hogares y un déficit cualitativo de 2,7
millones de hogares. Este es el resultado de procesos complejos y de largo
plazo, incluyendo una acción inadecuada del Estado, con proliferación y dispersión
de organismos y programas, asignación de soluciones en forma discrecional y
poco transparente, crecimiento de la irregularidad y escaso acceso al crédito. Nuestro
país tiene 3 millones de hogares en situación de informalidad viviendo en áreas
urbanas (Secretaría de Infraestructura Urbana, 2016). El 71% de las zonas de
marginalidad se localizan en los 32 principales aglomerados urbanos del país
(Informe Nacional Hábitat III, 2016). El RENABAP relevó más de 4.300 barrios
populares (villas y asentamientos) en todo el territorio nacional (Registro
Nacional de Barrios Populares, 2018).
En el Documento
de Política Nacional Urbana publicado por el gobierno nacional en Diciembre de
2019 se señala con razón que “la ausencia del Estado en la planificación y la
gestión territorial ha contribuido a la expansión urbana de baja densidad y a
la consolidación de un mercado de suelo urbano caracterizado por la usurpación,
la especulación y la desigualdad. La escasez de instrumentos que regulen el
mercado de suelo, junto con instrumentos de gestión local ineficientes e
instituciones debilitadas, han favorecido el desarrollo de ciudades desiguales,
socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y ambientalmente
insostenibles. En las últimas décadas, el déficit habitacional en Argentina se
ha incrementado, los mecanismos de acceso al crédito han resultado
insuficientes y los asentamientos informales se han convertido en la principal estrategia
de acceso al suelo y a la vivienda de los sectores de menores ingresos.
Asimismo, el
surgimiento de barrios cerrados no sólo da cuenta de un modelo de ciudad
fragmentado socio-espacialmente, sino que su localización en áreas ambientalmente
frágiles y vulnerables ha generado un alto impacto ambiental. Frente a este
escenario, los gobiernos municipales y provinciales presentan un conjunto de
retos dirigidos a abordar la fragmentación socio-espacial existente, mejorar la
integración urbana y generar condiciones equitativas en el acceso al suelo y la
vivienda. Los principales desafíos a enfrentar consisten en:
i) Integrar los
asentamientos a la trama urbana;
ii) Reducir el
déficit habitacional existente;
iii) Mejorar la
provisión de servicios básicos y la accesibilidad, junto con la regularización
dominial, el mejoramiento del hábitat y la vivienda;
iv) Facilitar una
planificación urbana eficiente que promueva el uso racional y sostenible del
suelo y la optimización de recursos;
v) Establecer
instrumentos fiscales que regulen el acceso al suelo y vivienda;
vi) Establecer
políticas, instrumentos y marcos normativos sobre la utilización y
aprovechamiento de suelo vacante y el parque habitacional existente; y
vii) Desarrollar
mecanismos jurídicos, administrativos y económicos que garanticen el acceso al
mercado formal de alquileres.”
En este sentido debe
rescatarse el valor del Documento de Política Nacional Urbana como marco
orientador del diseño de las políticas públicas, y como un instrumento valioso
para reafirmar la importancia de la dimensión espacial y territorial en el
proceso de su formulación. Consideramos por ende que debería ser considerado
como tal por la actual administración, más allá de haber sido elaborado durante
la gestión del Presidente Macri.
Los 3 primeros
principios son particularmente relevantes para la cuestión que nos ocupa:
“I.- Equidad en el acceso a la ciudad: Las
ciudades equitativas son aquellas que, mediante un abordaje integral del
hábitat, garantizan el acceso a vivienda, infraestructura, bienes y servicios
urbanos, sociales, culturales y ambientales para todos sus habitantes.
II.- Equilibrio
territorial del sistema urbano y rural: Las relaciones funcionales sostenibles
entre
las zonas urbanas
y las rurales, así como la adopción de políticas que promuevan: la densificación
de las ciudades; la conectividad territorial; la coordinación y cooperación
administrativa; y el reconocimiento de la existencia de regiones con
características geográficas y ambientales específicas, contribuyen a la
cohesión y desarrollo territorial equilibrado.
III.-
Integralidad en la lucha contra la pobreza y la desigualdad: Los asentamientos
humanos demandan un enfoque integral entre las dimensiones económica, social,
ambiental y espacial, este enfoque contribuye a la reducción de la desigualdad
y la pobreza urbana y rural. Para lograrlo se requiere promover políticas e
instrumentos que potencien la productividad, el emprendimiento y las
oportunidades de empleo, de prosperidad y de mejores condiciones de vida.”
Con respecto a
las propuestas que allí se indican, nos interesa especialmente enfatizar el
valor de las siguientes:
-
“Eje temático A: Gestión integral, planificación urbana y ordenamiento
territorial
Lineamiento 2:
Re- equilibrar el territorio e incentivar la consolidación de un sistema de
ciudades prósperas. Para lograr la integración de las zonas urbanas de manera eficiente
y sostenible es necesario contar con un modelo territorial administrativamente
equilibrado, basado en un sistema de ciudades policéntricas interconectadas funcionalmente
y amables con sus entornos inmediatos.” Cabe señalar aquí la necesidad de
contar con políticas específicas para las ciudades intermedias y pequeñas, en
línea con la promoción de las economías regionales y la búsqueda de estrategias
innovadoras de desarrollo en diversas zonas del interior del país.
“Lineamiento
5: Perfeccionar instrumentos de control
y regulación del mercado de suelo urbano. Para llevar a cabo, eficiente y
equitativamente, la gestión, regulación y control del mercado del suelo, es
prioritario generar normas e instrumentos que les permitan a los gobiernos
establecer reglas del juego claras entre los actores públicos y privados,
direccionar las inversiones en el territorio, frenar las prácticas
especulativas y tener mejor control sobre la dispersión urbana.”
Los instrumentos
que se detallan en este ítem aparecen como herramientas adecuadas para
recuperar y reinvertir las valorizaciones del suelo que se generan como
consecuencia de las acciones del Estado, financiando de esta manera el
desarrollo urbano (bancos de tierras, sistemas de contribución por mejoras,
captación y redistribución de plusvalías urbanas, etc.) y evitando a su vez la
generalización de procesos de especulación inmobiliaria y de presencia de
elevadas superficies de suelo vacante en áreas urbanas consolidadas.
-
“Eje temático D: Acceso al suelo urbano y equidad sociohabitacional
Lineamiento 10:
promover la integración socio urbana. Para promover la equidad socio-habitacional y
el acceso al suelo urbano es fundamental garantizar el acceso a infraestructura
y servicios urbanos, incentivar la integración de los asentamientos informales
a través de la urbanización integral y promover mecanismos y alternativas de
producción de hábitat social adecuadas a las características sociales,
territoriales e identitarias de los mismos.”
El gobierno
nacional no ha dado todavía señales claras acerca de las estrategias a adoptar
para la implementación efectiva de los ambiciosos objetivos que se derivan de
la ley 27.453 de 2018, que crea el régimen de regularización dominial para la
integración socio urbana de las villas y asentamientos relevados en el marco
del Renabap, incluyendo mecanismos adecuados de financiación. El reciente
traspaso de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de
Desarrollo Territorial y Hábitat al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
da cuenta de la existencia de marchas y contramarchas en el gobierno, que deben
dar paso a un rumbo claro, producto de amplios acuerdos sociales y políticos, que permitan comenzar a
instrumentar programas y proyectos que forzosamente excederán el mandato de la
actual gestión, y que deberán tener continuidad en el tiempo.
Con respecto al
Plan Nacional de Suelo Urbano puesto en marcha por la actual administración
consideramos que contiene algunos objetivos loables y estrategias a priori razonables,
aunque claramente insuficientes. Nos preocupa, entre otras cuestiones, la
capacidad efectiva de incidencia que tendrá
en el diseño de las políticas públicas de suelo a todo nivel, nacional,
local y provincial, en función de los recursos financieros con los que cuente y
de la falta de herramientas normativas que lo tornen más eficaz. Alertamos en
este sentido acerca del riesgo que se podría configurar por la discrecionalidad
en la asistencia del gobierno nacional a favor de algunos municipios en
detrimento de otros. Y recordamos la necesidad de avanzar en la sanción de una
ley nacional de ordenamiento territorial que otorgue a provincias y municipios
instrumentos concretos e innovadores de gestión del suelo, más allá de la
autonomía de la que gozan por mandato constitucional. Deberían volver a
analizarse los anteproyectos elaborados en el marco del Cofeplan, que podrían constituir
un aporte indispensable para retomar un debate legislativo que avance en la
sanción de una norma en esta materia.
“Lineamiento 11:
garantizar el acceso a la vivienda. Para responder a las necesidades
habitacionales de los sectores más vulnerables de la población es
imprescindible formular políticas, planes y programas diversificados,
integrales y articulados de vivienda en los distintos niveles de gobierno.”
La batería de
instrumentos que se propone en este lineamiento es muy amplia, desde una ley
nacional de acceso a la vivienda, hasta la diversificación de estrategias y
modalidades para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Cabe señalar que
en el Informe de Gestión de la Secretaría de Vivienda del período 2015 – 2019
se incluye un diagnóstico del ecosistema de vivienda, algunas de cuyas consideraciones
nos interesa mencionar: “El problema se concentra en los sectores más
vulnerables, ya que el 60% del déficit corresponde a la población con menores
ingresos. Tomando únicamente la demanda originada por el crecimiento vegetativo
de la población, que es del 1%, deberíamos disponer de 200 mil soluciones al
año para poder comenzar a impactar en alguna medida a reducir el déficit
existente. A partir de la libre disponibilidad de los recursos del Fondo
Nacional de la Vivienda (FONAVI), se creó el sistema de los planes federales, a
través de los cuales el Estado ha insistido en financiar toda la oferta directa
del mercado de viviendas sociales, generando un Estado meramente constructor.
En muchos casos, bajo un sistema discrecional, clientelar, poco transparente,
ineficiente y sin priorizar a las familias beneficiarias. El modelo consistía
en un sistema de transferencias a las provincias y municipios para el financiamiento
de soluciones habitacionales, que carecía de criterios de identificación y de segmentación
de la demanda y de un sistema de recupero, para garantizar la reinversión en
futuras soluciones habitacionales. Asimismo, dichos proyectos no contemplaban
los Estándares Mínimos de Calidad para la Vivienda de Interés Social, como la
localización, la provisión de servicios e infraestructura básica y acceso a
equipamiento social. Esto resultó en conjuntos urbanos construidos en la
periferia, alejados de los servicios de educación, salud, transporte público y
seguridad y primordialmente lejos de las fuentes de empleo, impactando
directamente en la calidad de vida de los beneficiarios. Como complemento del
FONAVI y de los planes federales, se creó en el 2012 el Programa de Crédito Argentino
(PROCREAR). Dentro de su administración no había representantes de la política
de vivienda, estando desvinculado de las iniciativas vigentes, lo que generó
superposición de los recursos del Estado que atendían a públicos similares. Así
encontramos políticas públicas que promovieron un crecimiento no planificado de
las ciudades,
una inversión
ineficiente de los recursos públicos y comunidades poco integradas e
inclusivas, sin parámetros de solidaridad o equidad social sobre los sectores
más vulnerables. Mientras tanto, el sector privado aportó soluciones para los sectores
de mayores ingresos de la sociedad, siendo que no existían políticas que
incentivaran la inversión del privado en sectores de medios y bajos ingresos. Asimismo, las graves
y sucesivas crisis económicas que ha tenido nuestro país provocaron el colapso de
los créditos hipotecarios que debieron ser salvados para recomponer las
prestaciones, y al mismo tiempo, se afectó a la inversión privada, a las
empresas constructoras y a cualquier esquema de ahorro previo para compra de
vivienda. Observamos la inexistencia de crédito hipotecario sostenible, como
también de un mercado privado de capitales activo en el financiamiento de
soluciones habitacionales con esquemas de ahorro o de repago que resulten
previsibles y sostenibles para escalar la cantidad de soluciones.”
Con respecto a los créditos hipotecarios para vivienda se señala en el mencionado informe que “con el objetivo de abordar los problemas de fondo y enfrentar el déficit de viviendas que solo aumenta hace décadas, la recuperación del crédito hipotecario en nuestro país fue un aspecto fundamental. Sabemos que el crédito hipotecario es la mejor herramienta para fomentar el acceso a la vivienda de los sectores medios, tal como lo han hecho en el mundo y en muchos países de la región. Por ello, trabajamos con el objetivo de incorporar mayores recursos de la banca pública y privada expandir el crédito hipotecario en condiciones accesible para población de ingresos medios y medio bajos, en el marco de una política inclusiva y sustentable. Para esto a partir de 2016 pusimos en marcha el sistema UVA, modalidad que ha demostrado ser exitosa hace tiempo en países de la región como Colombia y Chile, de forma que el crédito hipotecario volvió a ser una opción para muchas familias que buscaban ser propietarios, como también para quienes querían ampliar su casa o mudarse a otra vivienda. El sistema de crédito UVA consiste en una unidad de cuenta que permite otorgar créditos hipotecarios con cuotas ajustables, de valor semejante a un alquiler, lo cual permitió que aproximadamente 150 mil familias accedan a su vivienda en base a su ahorro y sus posibilidades reales de pagar las cuotas hipotecarias. El impacto de la crisis de 2018 y la posterior inestabilidad en las variables de la economía tuvieron efecto sobre el valor nominal de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA. Ante ello, el Gobierno Nacional en esta instancia, tomó las medidas para proteger y acompañar a las familias que hicieron un esfuerzo muy grande por poder acceder al crédito luego de décadas de inexistencia de esa posibilidad.” Lamentablemente es enorme el retroceso que se ha verificado en materia de créditos hipotecarios para viviendas, por lo que urge retomar la senda de la estabilidad macroeconómica y el establecimiento de reglas claras que permitan recuperar y afianzar esta herramienta.
Finalmente, como
en muchos otros campos de las políticas públicas no se advierte en el sector de
vivienda y hábitat un rumbo claro y estrategias definidas. El Poder Ejecutivo
nacional pero también el Congreso tienen en esta materia numerosas asignaturas
pendientes. Nuestro país carece de una ley nacional de ordenamiento
territorial, el sistema de vivienda y hábitat tiene problemas y déficits normativos
y de gestión que han sido mencionados, numerosos programas y proyectos están
amparados en meras resoluciones y decretos, y la articulación en general de las
acciones entre los diferentes niveles de gobierno deja mucho que desear. Cobran
valor especialmente por ello algunas iniciativas parlamentarias que han
presentado legisladores de la Unión Cívica Radical y de Juntos por el Cambio
(proyectos de ley nacional de acceso a la vivienda, de generación de suelo
urbanizado en ciudades de menos de 300.00 habitantes, de promoción de la
construcción de viviendas promovidas, de impuesto al valor del suelo libre de
mejoras, etc.). Esos proyectos están básicamente dirigidos a facilitar el
acceso al suelo con destino a vivienda. Pero no hay que descuidar la dimensión
del trabajo remunerado. La política de vivienda debe incluir espacios para
actividades económicas, dentro o fuera de las parcelas; espacios destinados a
actividades productivas, comerciales, o de servicios. Huertas, talleres,
oficinas, locales, espacios para tele trabajo, etc.. Por otro lado, hay un
enorme potencial para generar riqueza y empleos genuinos en la agricultura
urbana y periurbana. No se necesita usurpar ningún campo ni matar ninguna
oveja. Existen numerosos predios fiscales que podrían destinarse a tal fin, en
el marco de un plan serio. Los municipios, con ayuda de las provincias y de la
Nación, podrían generar sus propios bancos de suelo, tanto para vivienda y
hábitat como para actividades económicas. Y el suelo privado ocioso en áreas
consolidadas debe movilizarse para fines útiles a través de los mecanismos
propuestos en algunos de los proyectos mencionados.
Argentina
necesita una verdadera política nacional urbana, que incluya el ordenamiento
territorial, la vivienda y el hábitat. Las políticas habitacionales,
tradicionalmente relegadas en el concierto de las políticas públicas, deben
tener la jerarquía que corresponde, dado que pueden aportar de manera
significativa al logro de una sociedad más justa, democrática y sostenible.
Para ello hacen falta debates respetuosos y racionales, convocando de manera
amplia a la participación de los actores sociales, económicos y políticos
involucrados, como modo de búsqueda de acuerdos sólidos que permitan afianzar
la legitimidad y la eficiencia de las estrategias que se implementen.
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viernes, 2 de octubre de 2020
Entre Ríos, una provincia que recauda mal y gasta cada vez peor…
Por José Antonio Artusi
Recauda mal…
Comencemos por los recursos. Una
de las primeras conclusiones, que no es novedad, obviamente, es la fuerte
dependencia de recursos fiscales nacionales. En el mensaje que acompañó el
proyecto de presupuesto 2020 se señaló que "si nos centramos en los Recursos
del Tesoro, aproximadamente un 70% corresponde a Recursos de Origen Nacional y
un 30% a los provenientes de la recaudación provincial, esto implica una gran
influencia de la política económica nacional en las finanzas
provinciales." Si miramos la ejecución presupuestaria del primer semestre
vemos efectivamente que la recaudación provincial representa el 27,45% de los
ingresos tributarios, y los de origen nacional el 72,55%.
Vayamos entonces a la recaudación
provincial. Cabe señalar que el problema no es sólo cuánto se recauda - o deja
de recaudar - sino también cómo se recauda, o sea a través de qué tributos se
incorporan recursos a las arcas públicas; dado que los diferentes impuestos no
son neutros desde el punto de vista del impacto que ocasionan en el
funcionamiento de la economía, vale decir que tienen diferentes efectos o
consecuencias en el comportamiento de los agentes económicos, y por ende
resultan más o menos adecuados para promover el desarrollo y distribuir
recursos con equidad.
Un estudio del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos de
2015 consigna, en referencia a los impuestos provinciales, que “se distingue
por su importancia el impuesto a los ingresos brutos que tiene una
participación superior al 50% en la recaudación total, siguiéndole en orden de
importancia el impuesto inmobiliario… El impuesto a los ingresos brutos - que
se aplica sobre los ingresos de las empresas y comercios, los cuales crecen con
la inflación - aumenta su importancia entre el 2005 y el 2010. Luego, en el año
2012 pierde preponderancia, retornando a su tasa de 50% de participación dentro
de los impuestos provinciales, porque aumenta - por ajuste de parámetros – el
impuesto inmobiliario. En general, el impuesto a los ingresos brutos es muy
utilizado por los gobiernos provinciales porque su base imponible se va
actualizando automáticamente, al ritmo de la inflación. En cambio, la base
imponible del impuesto inmobiliario…, es decir los valores fiscales de los
bienes, se determinan por ordenanza, por lo cual el proceso de actualización de
estos impuestos suele ser antipopular y de mayor dificultad de implementación.
En esta lógica, se produce un resultado perverso porque el impuesto inmobiliario,
que - en teoría – ayudaría a la política de distribución del ingreso al
establecer cierta proporcionalidad entre presión impositiva y riqueza
acumulada, se ve desplazado por el impuesto a los ingresos brutos, que es más
regresivo desde el punto de la distribución del ingreso y más distorsivo desde
el punto de vista de los incentivos a la producción y a la productividad”, ya
que, como se detalla al pié de página, este tributo “perjudica la distribución
del ingreso porque recae sobre los consumidores sin discriminar por su nivel de
ingreso, perjudica la producción porque impone un sobreprecio no productivo a
los bienes y servicios intermedios, y perjudica a la productividad, porque
castiga la división del trabajo al gravar con mayor intensidad las cadenas de
valor más eslabonadas - con más cantidad de etapas intermedias – que, por tal,
son las más especializadas” (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
del Consejo Empresario de Entre Ríos, 2015).
Cabe acotar, en referencia a este
estudio, y complementando los datos con respecto a la incidencia del impuesto a
los ingresos brutos, que éste presenta una tendencia creciente, más allá de
ligeras caídas coyunturales como la del 2012, como producto del leve repunte
del impuesto inmobiliario generado por ajustes en la escala de valores. En
efecto, ingresos brutos pasó de representar el 50% de los ingresos propios en
2005, a superar el 60% en todos los años de la serie 2015-2020, llegando a casi
64% en el primer semestre de este año.
La Constitución de la Provincia
de Entre Ríos establece, en su artículo 79, que “la Legislatura, al dictar las
leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación paulatina de los
impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, debiendo
evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos
directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos”. Sin embargo, la
realidad dista muchísimo de parecerse a la evolución señalada como mandato por
los constituyentes. La provincia tiene, al igual que sus hermanas de la Región
Centro y del país en su conjunto, una matriz tributaria en la que predomina
cada vez más un impuesto indirecto, regresivo y distorsivo como es el impuesto
a los ingresos brutos.
En relación al impuesto inmobiliario, presente una tendencia
ligeramente decreciente, desde un 20% en 2015, hasta sólo 16% de los ingresos
tributarios propios en el primer semestre de este año.
Cabe consignar que el impuesto
inmobiliario consiste en realidad en una combinación de dos impuestos, uno que
ha sido calificado con notable coincidencia por los economistas como el mejor,
o sea el que grava el valor del suelo, y otro que se cuenta entre los peores, o
sea el que grava el valor de las construcciones y mejoras. Del análisis de los
datos precedentes puede inferirse razonablemente que, a contrapelo de la manda
constitucional, existe en Entre Ríos un esquema impositivo basado en un
gravamen directo, regresivo y distorsivo, como es el impuesto a los ingresos
brutos, y que, por otro lado, es mucho lo que puede hacerse en pos de mejorar
el desempeño del impuesto inmobiliario, que no cumple, ni en términos
recaudatorios ni como herramienta de regulación del mercado de suelo y de
ordenamiento territorial, los objetivos que podría cumplir como política
pública.
Surge también con evidencia, en
consecuencia, que este estado de cosas constituye un problema grave, que debe
abordarse con la mayor premura posible, pues constituye una rémora para el
sistema productivo, a la vez que dificulta la posibilidad de financiar el
desarrollo urbano y facilitar el acceso al suelo dotado de infraestructuras y
equipamientos, requisito sine qua non para avanzar en la disminución del
déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. De lo que se desprende que es
imperioso generar un debate informado y responsable acerca de la necesidad de
una profunda reforma tributaria, que procure solucionar gradualmente los
problemas mencionados. Una reforma tributaria no puede basarse en
modificaciones a un único tributo, pues se trata de un sistema, en el que sus
partes están conectadas íntimamente entre sí, y con otros sistemas económicos y
sociales. Suponiendo que asumiéramos que la presión impositiva no admite
posibilidades de incrementarse, no cabe otra posibilidad que modificar la
matriz del sistema impositivo, modificando su diseño, en definitiva aumentando
la incidencia de algunos y disminuyendo (o eliminando) la de otros, y mejorando
los atributos fundamentales de aquellos sobre los que se quiere hacer descansar
la mayor parte del nuevo esquema.
En definitiva, no se trata de
decidir entre “más o menos impuestos”, sino de “peores o mejores impuestos”, y
cómo éstos se articulan de la manera más armoniosa posible con otras
herramientas de las políticas públicas.
… y gasta cada vez peor…
Partimos de una hipótesis, que
puede corroborarse mirando la ejecución del primer semestre del 2020 y de años
anteriores, así como otros indicadores estadísticos: el Estado entrerriano
gasta mal, de manera ineficiente, no destina lo suficiente a inversiones que
alienten el desarrollo y presta servicios básicos cada vez más deficitarios,
que ocasionan sobrecostos a las familias y a las empresas, disminuyendo de esta
manera el poder adquisitivo real de los entrerrianos y afectando la
competitividad de nuestras sectores productivos.
El 15 de Enero de 2019 el diario porteño
Ambito Financiero, haciéndose eco de un informe del Instituto Argentino de
Análisis Fiscal, señalaba que “a pesar de las fuertes limitaciones que tuvo en
2018 la mayoría de las provincias para sostener la obra pública con fondos
propios, cinco distritos lograron destinar un importante volumen de recursos
destinados a bienes de capital.” El mencionado estudio brinda un ranking,
elaborado con la incidencia de los gastos de capital (donde figura la obra
pública y otras inversiones en maquinaria y equipamiento) al tercer trimestre
de 2018. Al tope de ese ranking aparece la provincia de San Juan, con 27,3% de
sus gastos destinados a gastos de capital. Entre Ríos se encuentra en el último
lugar, con sólo 5,5%. Sin embargo, si se observa y analiza la ejecución presupuestaria
al 31 de Diciembre de 2018 la situación es aún peor, pues la incidencia de los
gastos de capital en los gastos totales se redujo al 4,88% . Y estas cifras
forman parte de una tendencia preocupante, que muestra una reducción constante
de la incidencia del rubro construcciones y del rubro maquinaria y equipos en
el total de gastos, tendencia que se profundiza aún más si analizamos la
ejecución del año pasado y del primer semestre del 2020. Esta tendencia va
unida a la sistemática subejecución de estas partidas, vale decir que se
termina ejecutando muchísimo menos de lo que se establece cuando se aprueba la
ley de presupuesto.
En maquinaria y equipos, la
incidencia de esta partida en el total de gastos viene reduciéndose
sistemáticamente desde 2015, llegando a representar, sólo el 0.10% de los
gastos totales en el primer semestre de este año. A su vez, considerando la
crónica subejecución de esta partida, proyectando los resultados del primer semestre,
a este ritmo se llegaría a ejecutar sólo un 13,13% de lo presupuestado.
En construcciones, la incidencia
de esta partida en el total de gastos, al igual que la anterior, viene
disminuyendo desde 2015, representando en la proyección de este año menos de la
mitad del porcentaje del 2015, sólo el 1,93% del total de gastos. Proyectando
la ejecución del primer semestre, a este ritmo se llegaría a ejecutar sólo un 23,70%
del total presupuestado.
La contracara de este descenso en
la incidencia de los gastos de capital - de 9,31% en 2015 a 4.88% en 2019 - es
obviamente el aumento de la participación de los gastos corrientes que
representaban el 90,69% en 2015 y llegan al 96,78% en el primer semestre de
este año.
Estos datos muestran una
coincidencia con las tendencias que muestra, sobre bases metodológicas diferentes,
un estudio recientemente publicado por la Cámara Argentina de la Construcción.
Allí se señala que “la obra pública en la Provincia ha tenido un proceso de
reducción paulatina y continua alcanzando niveles relativamente bajos,
comparativamente con años anteriores. En el 2012 por ejemplo, la ejecución de
obra pública superó los $16.000 millones, mientras que el ejecutado del 2019
fue de $ 5.800 millones, lo que implica una tercera parte de lo ejecutado
otrora. También podemos analizar que la baja es constante, dado que la línea de
tendencia marca que de la serie expuesta, existe una tendencia a reducir $
1.131 millones la ejecución de obra pública año tras año. Se remarca además que
el porcentaje de ejecución de lo presupuestado ronda el 40% en promedio…”.
También podemos leer en el
informe de la CAC que “la evolución de la inversión en vivienda de la provincia
viene sufriendo una reducción paulatina que ronda los $ 240.000.000 cada año en
promedio. En el año 2009 la inversión ejecutada en Viviendas alcanzó los $
4.293.000.000, mientras que en 2019 apenas alcanzó los $ 1.003.000.000,
representando solamente el 23% del valor invertido 10 años atrás.” Cabe
consignar que en este estudio se brindan valores de precios actualizados “expresados
todos a moneda homogénea a precios de Enero 2020”.
El mencionado informe también
analiza la inversión en vivienda en relación a la cantidad de unidades de
vivienda existentes en la provincia y en relación a la población; en tal
sentido se consigna que “en 2009 se invirtieron en viviendas del IAPV $ 12.180
por cada vivienda existente, mientras que una década después en 2019 esa
inversión de vivienda por habitante fue de $ 2.110, lo que significa una caída
en la inversión de casi 6 veces. Un análisis equivalente se puede hacer si
tenemos en cuenta la inversión en vivienda por habitante cuando en 2009 se ejecutaron
viviendas a una inversión de $ 3.499 por habitante, mientras que 10 años después
sólo se destinaron $ 761 por habitante”.
En definitiva, tenemos una provincia que no
recibe suficientes inversiones privadas ni públicas, lo que lleva a que
calificarla como “estancada” ya parezca insuficiente. Pero, por otro lado, ese
aumento de la incidencia de los gastos corrientes (personal, funcionamiento,
etc.) tampoco ha redundado en una mejora de los servicios básicos que debe
prestar el Estado. Por el contrario, aunque los fríos números del Presupuesto
no lo muestran con tanta claridad por sí solos, es evidente que tenemos
servicios de educación, salud, seguridad, etc., cada vez más deficitarios, lo
que lleva a buena parte de nuestra sociedad a buscar en el sector privado las
respuestas que debería dar en muchos casos el Estado.
Queda claro que se trata no tanto
de recaudar y gastar más, sino de recaudar y gastar mejor. Tenemos, en
definitiva, uniendo las dos asignaturas pendientes que hemos comentado, un
Estado que asfixia a los entrerrianos con impuestos distorsivos y regresivos, y
que por otra parte no brinda a la sociedad ni las inversiones en
infraestructura necesarias para desarrollarnos ni los servicios esenciales que
una sociedad democrática, integrada y moderna necesita para mejorar la calidad
de vida sus habitantes.
Entre Ríos necesita profundas reformas que la encaminen por la senda del progreso y el desarrollo sostenible. Haríamos bien, todos, en no rehuir ese imprescindible debate; buscando más soluciones que culpables. La pandemia y la crisis derivada de las medidas para enfrentarla en todo caso sólo han hecho más evidentes una serie de problemas estructurales que vienen de mucho antes. El desafío es tomar esta crisis como oportunidad para reconocer las causas de esos problemas y avanzar sin demagogia en el logro de amplios acuerdos para comenzar a solucionarlos. Pretender que podemos seguir así, postergando indefinidamente las soluciones de fondo, sólo profundizarán el atraso y la pérdida de oportunidades.-
Leer más...miércoles, 24 de junio de 2020
Recuperación y reinversión de la valorización del suelo para la prosperidad, la sostenibilidad y la equidad
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