EL INGRESO CIUDADANO A LA NIÑEZ: DE LA VANGUARDIA REFORMISTA A LA AMNESIA POLÍTICA

Por José Antonio Artusi

Resulta fascinante —y a la vez profundamente desalentador— observar la manera en que algunas ideas transformadoras caen en el sumidero del olvido en la Argentina. El caso del Ingreso Ciudadano a la Niñez es quizás uno de los ejemplos más curiosos de esa “amnesia política”. Lo que alguna vez fue el corazón de una propuesta de vanguardia para combatir la pobreza estructural y desarticular el clientelismo quedó reducido a un archivo que nadie recuerda.

Estamos hablando de una herramienta que promovía equidad y autonomía. Sin embargo, los bloques legislativos de los partidos que alguna vez lo propusieron han dejado hace mucho de reivindicarlo, mientras la realidad social muestra indicadores estructurales de pobreza infantil que interpelan a cualquier dirigente con sensibilidad ética y rigor técnico.

Para entender la magnitud de esta pérdida de memoria, conviene recordar que el Ingreso Ciudadano a la Niñez no nació como un parche asistencialista. En su ADN original, fue impulsado por la UCR y sostenido luego por la Coalición Cívica, y más tarde por el PRO. El INCINI fue concebido como una pieza clave de un sistema moderno de seguridad social. Llegó a ser parte de la plataforma de Cambiemos. En la campaña de 2015 Mauricio Macri prometió “universalizar la asignación por hijo” y al finalizar su mandato en 2019 la cuenta de Twitter de la Casa Rosada sostuvo como un logro que estábamos “más cerca del ingreso universal a la niñez”. Era verdad, la AUH se había extendido a hijos de monotributistas, entre otras medidas. No era plenamente universal, se podía ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ambas opciones eran mejores que no verlo.

La premisa era simple, pero disruptiva: un piso de ingresos garantizado por el solo hecho de ser ciudadano; sin intermediarios, sin punteros y sin la arbitrariedad de la “contraprestación”, que muchas veces encubre servidumbre política. Empezando por donde hay que empezar siempre, por los niños; pero claramente mostrándose como el primer paso de un esquema integral de ingreso ciudadano que permitiera erradicar la indigencia en la Argentina. 

El proyecto representaba una ruptura con los planes sociales focalizados y condicionados, que terminaron como emblemas del clientelismo populista y las imposturas demagógicas. Proponer el Ingreso Ciudadano, primero para los niños y después para todos, era apostar por la libertad: reconocer que la dignidad no se otorga como una dádiva, sino que es un derecho elemental que el Estado debe asegurar para que mercado y sociedad civil funcionen sobre una base mínima de justicia. Era partir de aceptar que la democracia republicana requiere de condiciones materiales para el ejercicio pleno de la libertad por parte de todos sus ciudadanos.

¿Qué ocurrió con esa audacia intelectual? ¿En qué momento la gestión de la coyuntura devoró la capacidad de pensar reformas estructurales?

Uno de los errores más frecuentes en el debate público argentino es suponer que el ingreso ciudadano pertenece en exclusiva ciertas tradiciones de izquierda o al progresismo tradicional. Una mirada más amplia y despojada de prejuicios nos podría mostrar que muchos de sus antecedentes más sólidos y concretos se encuentran en tradiciones liberales y republicanas, y hasta conservadoras.

Veamos por ejemplo algunos antecedentes de la cuestión en Estados Unidos.   

El Impuesto Negativo a la Renta de Milton Friedman. El Premio Nobel ídolo de ultraliberales no proponía un sistema asistencial burocrático; planteaba una transferencia directa como mecanismo eficiente y menos distorsivo para eliminar la pobreza, al tiempo que reducía la maquinaria burocrática del Estado de bienestar, muchas veces más orientado a defender los intereses de esa propia burocracia que los de sus supuestos beneficiarios.

El plan de Richard Nixon. Un gobierno republicano logró media sanción en la Cámara de Representantes del Family Assistance Plan en 1970. De haberse convertido en ley, habría establecido un piso federal de ingresos para familias con niños. No era exactamente lo que hoy se conoce como “ingreso básico universal”, pero marchaba decididamente en esa dirección.

El Fondo Permanente de Alaska. El caso más exitoso y vigente: un gobierno republicano diseñó un sistema por el cual parte de las regalías petroleras se distribuyen anualmente de manera igualitaria entre todos los ciudadanos. No como caridad, sino como dividendo social derivado de la propiedad común de los recursos naturales.

La visión de Elon Musk y Sam Altman. Plantean que algún tipo de ingreso universal será una necesidad frente a la automatización y la inteligencia artificial. No desde el sentimentalismo, sino desde el pragmatismo económico: preservar demanda, estabilidad social y funcionamiento sistémico. Elon Musk va aún más allá, plantea que el ingreso universal podrá ser “alto”, no “básico”. 

El problema de la Argentina actual es que el debate se empantana en una falsa dicotomía: o un Estado elefantiásico, ineficiente y discrecional que reparte migajas por intermediarios, o un ajuste que ignora las condiciones de partida de los sectores más vulnerables.

El Ingreso Ciudadano a la Niñez rompe esa trampa: Al ser universal, elimina el estigma de la miseria. Al ser incondicional, elimina el poder de los intermediarios y rompe la “trampa de la pobreza”. Al ser individual, empodera a la persona frente a las estructuras corporativas.

No es solo una política social; es una arquitectura institucional de libertad.

El INCINI podría financiarse con una reforma tributaria que recuperara las rentas no ganadas del valor del suelo y de los recursos naturales. Algunos están pensando en gravar también las rentas de la inteligencia artificial. En ambos casos, no se trata de sacarle a unos para darle a otros. Se trata de algo mucho más simple, de devolverle a cada uno lo que es suyo. Además, obviamente, absorbería lo que hoy se gasta en la AUH, las deducciones por hijos en el impuesto a las ganancias y las asignaciones familiares. 

Mientras el Partido Demócrata norteamericano y muchos partidos social demócratas europeos se pierden en absurdas guerras culturales ajenas al ciudadano común y pierden contacto con la realidad de sus bases, la Argentina reformista y liberal no puede darse ese lujo.

Reivindicar el INCINI no es “volverse populista”. Es recuperar una visión republicana de la seguridad social: entender que no hay mercado libre posible si parte de la población nace condenada a la desnutrición o a la falta de estímulos básicos. Es aceptar que la libertad de elegir —tan invocada hoy— es una ficción sin medios materiales mínimos para ejercerla.

Si el actual gobierno nacional pretende ser heredero genuino de las ideas de la libertad, debería reflexionar seriamente sobre cuál es la mejor manera de desmontar el sistema clientelar de “planes”. Y si la oposición republicana quiere ser relevante, debe recuperar sus propias banderas.

El INCINI espera en algún archivo o en viejos borradores. Es hora de actualizarlo a los desafíos de la economía digital, y presentarlo como lo que siempre fue: el primer paso de una reforma estructural para una nación que se niega a condenar a su futuro antes de dejarlo caminar.

La amnesia política es una enfermedad costosa. A ese precio lo pagan millones de niños que no pueden esperar a que la dirigencia política recupere la memoria —o el coraje— para defender con convicción y lucidez lo que alguna vez propuso.

 

Publicado en el diario La Calle el 31 de mayo de 2025.

Leer más...

FREDERIC BASTIAT

Por José Antonio Artusi

Claude Frédéric Bastiat nació en Bayona el 30 de junio de 1801y murió en Roma el 24 de diciembre de 1850. Wikipedia lo presenta como “un economista, escritor y legislador francés al que se le considera uno de los mayores teóricos del liberalismo de la historia”.

Se lo ha considerado a Bastiat más como un “popularizador” que como un gran teórico, pero quizás haya algo de injusticia en esa etiqueta.   En realidad, Bastiat fue uno de los primeros pensadores en construir un bloque cohesionado alrededor de tres ideas rectoras: el libre comercio como expresión de la justicia, el Estado como potencial fuente de violencia disfrazada, y la necesidad de volver visible lo que el corto plazo esconde.

El núcleo de su pensamiento puede sintetizarse en una idea simple y poderosa: el intercambio libre entre las personas —y por extensión, entre las naciones— es una fuente de armonía social. En oposición a la visión conflictiva que reduce la economía a una lucha por recursos escasos, Bastiat subrayó que el libre comercio es un juego de suma positiva. Cuando dos partes intercambian voluntariamente, ambas esperan ganar. Este principio, que hoy puede parecer casi obvio, fue en su tiempo —y sigue siéndolo en muchos debates actuales— objeto de una sistemática tergiversación.

Huérfano desde niño, fue criado por sus abuelos y se formó de manera esencialmente autodidacta, leyendo a los grandes economistas clásicos –Smith, Say, Ricardo– y forjando su propio pensamiento en contacto con la realidad económica de la Francia de su tiempo, marcada por el proteccionismo, los privilegios corporativos y una interminable lista de regulaciones que entorpecían el comercio y la producción. Fue un hombre de provincia que llegó tarde a París –tenía cuarenta y cuatro años cuando se instaló definitivamente en la capital– pero que en apenas seis años de actividad pública produjo una cantidad y una calidad de escritos verdaderamente extraordinarios. Murió de tuberculosis en Roma en diciembre de 1850, mientras terminaba de corregir su obra más ambiciosa, La Ley.

El aporte central de Bastiat al pensamiento económico no es tanto la originalidad de sus ideas –que en gran medida retoma y populariza de sus predecesores– sino la claridad, el humor y la fuerza persuasiva con que las expone. Sus Sofismas Económicos, publicados entre 1845 y 1848, son una colección de ensayos breves destinados a desmontar, uno por uno, los argumentos con que los proteccionistas de su época justificaban los aranceles y las trabas al comercio internacional. El procedimiento es siempre el mismo: tomar el razonamiento del adversario, llevarlo hasta sus últimas consecuencias y mostrar el absurdo que se esconde en él.

El ejemplo más célebre es la Petición de los fabricantes de velas, un texto satírico en el que los productores de iluminación artificial elevan una súplica al parlamento francés pidiéndole que tape las ventanas y prohíba la entrada de la luz del sol, porque este competidor desleal los arruina al ofrecer su producto gratuitamente. El argumento es, por supuesto, idéntico al que esgrimían los industriales que pedían protección contra los productos extranjeros más baratos. La ironía de Bastiat no tiene desperdicio, y el texto sigue siendo hoy una herramienta pedagógica de primer orden para quienes quieren entender por qué el proteccionismo beneficia a unos pocos productores a expensas de todos los consumidores. El resultado, advertía Bastiat, no es la prosperidad sino el empobrecimiento general, pues se obliga a la sociedad a destinar más recursos de los necesarios para obtener los mismos bienes.

Pero Bastiat no se limitaba a la ironía. En Lo que se ve y lo que no se ve –quizás su ensayo más influyente, publicado en 1850– formuló lo que podríamos llamar el principio fundamental del análisis económico: toda política pública tiene efectos visibles e inmediatos, pero también efectos invisibles y diferidos, y el economista honesto debe tomar en cuenta unos y otros. En otro ejemplo narra un episodio en el que alguien rompe una ventana y los vecinos lo consuelan al dueño diciendo que al menos eso beneficia al vidriero y así a toda la economía. O sea, la falacia del cristal roto: el error de contabilizar solamente los beneficios visibles de un gasto o una regulación, ignorando los costos ocultos y las oportunidades perdidas.

Sus ideas lo enfrentaron tanto con los proteccionistas de derecha como con los socialistas de izquierda. Bastiat era, en definitiva, un liberal clásico, que no aceptaba privilegios para nadie: ni para el terrateniente, ni para el industrial, ni para el burócrata.

Es aquí donde se vuelve especialmente interesante el parentesco ideológico entre Bastiat y Henry George, el economista norteamericano autor de Progreso y Pobreza (1879), quizás el libro de economía más leído del siglo XIX.

A primera vista, podrían parecer autores distantes: el primero, un liberal francés del siglo XIX, defensor del laissez-faire; el segundo, un reformador social estadounidense, conocido por su propuesta de un impuesto único sobre el valor de la tierra. Sin embargo, ambos comparten una intuición fundamental: la distinción entre riqueza creada por el esfuerzo humano y rentas derivadas de privilegios o de la apropiación de recursos naturales.

George leyó y admiró a Bastiat: compartía con él la pasión por el libre comercio, el rechazo a los privilegios artificiales y la convicción de que la miseria no era una fatalidad natural sino el producto de instituciones injustas que permitían que unos pocos se apropiaran de lo que pertenecía a todos.

Pero George fue más lejos que Bastiat en un punto crucial. Mientras el francés atacó con genio la rapiña legal en sus múltiples formas, no llegó a desarrollar una teoría sistemática sobre la renta de la tierra como fuente de esa rapiña. George sí lo hizo. Para él, la causa profunda de la pobreza en medio del progreso económico era la apropiación privada de la renta del suelo: el valor que adquiere la tierra no por el esfuerzo de su propietario, sino por el trabajo y la inversión de toda la sociedad. La solución que proponía era también radical en su coherencia: recaudar esa renta socialmente generada mediante un impuesto sobre el valor del suelo libre de mejoras y eliminar progresivamente los impuestos que gravan el trabajo y el capital productivo.

No es casual que los georgistas hayan sido históricamente grandes defensores del libre comercio, ni que los liberales consecuentes hayan tendido a simpatizar con el ideario georgista: Milton Friedman llegará a decir que el impuesto único al suelo concebido por Henry George sería el “menos malo”.

La lección de Bastiat sigue siendo pertinente: lo que no se ve —los costos ocultos de las políticas proteccionistas— es tan importante como lo que se ve. Cada arancel que encarece un producto importado puede beneficiar a un productor local, pero perjudica a miles de consumidores y a otras industrias que utilizan ese insumo. La economía no es un tablero donde se pueden mover piezas sin consecuencias sistémicas; es una red compleja de interacciones en la que las decisiones políticas generan efectos que se multiplican.

Los sofismas que combatió Bastiat siguen siendo los argumentos predilectos de los proteccionistas de hoy. Eso dice eso tanto de la vigencia de su obra como de la pertinaz resistencia de ciertas ideas al escrutinio con la realidad.

 

Publicado en el diario La Calle el 24de mayo de 2025.

Leer más...

ELON MUSK, SAM ALTMAN Y EL INGRESO CIUDADANO EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por José Antonio Artusi

El 16 de abril pasado Elon Musk publicó en su red social X el siguiente mensaje: "El ingreso alto universal a través de cheques emitidos por el gobierno federal es la mejor manera de hacer frente al desempleo causado por la IA. La IA y la robótica producirán bienes y servicios muy por encima del aumento de la oferta monetaria, por lo que no habrá inflación." El posteo superó los 40 millones de visualizaciones en pocas horas, lo que da una medida de la resonancia que el tema del empleo y la inteligencia artificial tiene en la opinión pública global.

El concepto de “ingreso alto universal” no es nuevo en el vocabulario de Musk. Lo viene usando desde 2023 para diferenciarlo del ingreso básico universal. Pero esta es la primera vez que lo formula con tanta precisión operativa: cheques emitidos por el gobierno a todos los ciudadanos para hacer frente al desempleo causado por la IA. La abundancia de bienes y servicios generada por la robótica y la inteligencia artificial sería tan descomunal, sostiene Musk, que no habría inflación.

En “Sam Altman y la ley de Moore para todo”, publicado en esta hoja el 11 de marzo de 2025, explorábamos las premisas de Altman sobre la drástica reducción del coste de bienes y servicios gracias a la IA, y su propuesta de distribuir esa abundancia mediante un fondo financiado con impuestos a empresas tecnológicas y a la tierra. En la segunda parte, el 29 de marzo de 2026, abordábamos la urgencia de una adecuada arquitectura política, económica y social para que esa abundancia no derive en una distopía de exclusión y dominación. El posteo de Musk esta semana ofrece una oportunidad para volver sobre el tema, esta vez en clave de contrapunto entre las dos visiones.

La propuesta de Altman es estructuralmente diferente a la de Musk. Altman no habla de cheques del gobierno. Propone capitalizar lo que llama el “American Equity Fund” mediante dos fuentes: un impuesto del 2,5% anual sobre el valor de mercado de las empresas de mayor capitalización —pagadero en acciones transferidas al fondo— y un impuesto del 2,5% sobre el valor de la tierra privada, pagadero en efectivo. Los 250 millones de adultos norteamericanos recibirían anualmente una distribución de ese fondo, en dinero y en acciones. El ciudadano no sería receptor pasivo de un cheque estatal: sería copropietario de los activos que generan la riqueza del futuro.

La raíz intelectual del componente que incorpora el valor del suelo en esta propuesta debe buscarse en el legado de Henry George, el economista norteamericano que en el siglo XIX argumentó que el valor de la tierra es una creación social —resultado del esfuerzo colectivo, de la infraestructura pública, de la densidad de actividad económica circundante— y que por lo tanto no debe ser apropiado privadamente sin retribuir a la comunidad que lo genera. El desarrollo de la IA lejos de "desmaterializar" la economía, valoriza el suelo urbano bien localizado. Los grandes centros de datos demandan energía, agua, conectividad y superficie. Las ciudades donde se concentran estos activos ven dispararse el valor de su tierra, no por el esfuerzo de los propietarios de los lotes, sino por la infraestructura y la demanda tecnológica que los rodea. Capturar esa renta extraordinaria del suelo para financiar un dividendo ciudadano es una idea tan pertinente en 2026 como lo era en 1879.

¿Een qué se diferencia concretamente la propuesta de Musk de la de Altman? No solo en el mecanismo de financiamiento, sino en algo más profundo: en la relación que establecen entre el ciudadano y la riqueza tecnológica. Altman quiere hacer propietario al ciudadano, devolviéndole lo que es suyo, Musk quiere pagarle un cheque para paliar el desempleo masivo.

Scott Santens, uno de los principales teóricos del ingreso básico universal en el mundo anglosajón, ha publicado un artículo específicamente dedicado a desmontar la distinción que Musk establece entre UBI y UHI. Su argumento central merece ser citado con precisión: un ingreso básico universal no es, por definición, bajo. El término "básico" alude a su naturaleza de piso o cimiento sobre el que se construyen todos los demás ingresos, no a su cuantía. La organización Basic Income Earth Network define el ingreso básico universal como un pago periódico en efectivo entregado incondicionalmente a todos, de manera individual, sin prueba de medios ni requisito de trabajo. La definición no menciona monto alguno, deliberadamente.

¿Por qué entonces Musk insiste en diferenciarlo? Santens apunta a una respuesta incómoda: el UHI es algo que, en la lógica de Musk, solo puede implementarse en el futuro, cuando la automatización sea masiva. El mensaje implícito sería: no redistribuyan ahora la riqueza que genera la tecnología, esperen a que todo esté automatizado y entonces hablaremos de ingresos muy generosos. Mientras tanto, la desigualdad sigue creciendo. Los trabajadores que pierden sus empleos encuentran otros peor remunerados. Y los dueños de las plataformas tecnológicas acumulan riqueza a una velocidad sin precedentes.

La paradoja es difícil de ignorar: el hombre que más contribuye a la automatización del trabajo humano —con Tesla, con los robots Optimus, etc.— es el mismo que promete cheques generosos para los desplazados. Pero los cheques llegan después.

Andrew Yang, a quien también mencionábamos en la segunda parte de nuestro artículo, ha recalibrado su discurso en una dirección que converge con las ideas de Altman. Ya no habla solo de un dividendo para paliar la pobreza, sino de un dividendo de la IA entendido como retribución por propiedad intelectual colectiva: si los modelos de inteligencia artificial se entrenan con la suma de la cultura humana, entonces la riqueza que generan es, en una medida significativa, un producto del trabajo acumulado de toda la humanidad. Esa lógica se ensambla perfectamente con el American Equity Fund de Altman: no se trata de asistencialismo, sino de retribuir a los ciudadanos su condición de proveedores involuntarios del insumo más valioso del capitalismo contemporáneo: los datos.

Dicho esto, sería injusto no reconocer que el posteo de Musk tiene el enorme mérito de poner en el centro del debate una cuestión que los sistemas políticos tradicionales todavía no saben cómo procesar. Que el hombre más rico del mundo sostenga que el gobierno debe emitir cheques para los desplazados por la IA no es una posición trivial, sobre todo en el contexto de una administración que ha hecho de la reducción del Estado su bandera. La tensión entre esa agenda y la promesa del ingreso ciudadano es evidente.

La propuesta de Sam Altman — audaz pero coherente — apunta al menos a la raíz del problema: la propiedad de los activos que generan la riqueza. La de Elon Musk, en su formulación actual, es más una señal de los tiempos que un programa de gobierno. Ambas, sin embargo, comparten una premisa que hace apenas una década habría resultado escandalosa en los círculos del poder económico: la automatización acelerada va a requerir una redistribución masiva de la riqueza, y el mercado por sí solo no la va a producir.

Esa premisa compartida, más que las diferencias de diseño, es quizás la novedad política más relevante de este momento.

 

Publicado en el diario La Calle el 17 de mayo de 2025.

Leer más...

TURGOT

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 299 años del nacimiento de Turgot. Anne Robert Jacques Turgot, barón de L'Aulne, nació en París el 10 de mayo de 1727 y murió en su ciudad natal el 18 de marzo de 1781. Wikipedia lo presenta como un “un político, escritor y economista francés, cofundador de la escuela de pensamiento económico conocida como fisiocracia”.

Turgot no fue solo un funcionario ilustrado ni un tecnócrata adelantado a su tiempo. Fue, ante todo, un intelectual completo: filósofo, economista, administrador y reformador. Un hombre que reunía en su persona la rara combinación de pensamiento audaz y acción práctica, y que pagó el precio habitual de esa combinación: la incomprensión de su época y la ingratitud del poder.

Los fisiócratas fueron los primeros en intentar construir una ciencia económica sistemática, y el famoso Tableau économique de Quesnay fue, en cierto sentido, el primer modelo macroeconómico de la historia. Turgot era, al mismo tiempo, el más brillante de sus discípulos y el más heterodoxo.

Suele clasificarse a Turgot como un fisiócrata, pero esa etiqueta quizás le quede pequeña. Si bien fue amigo cercano de François Quesnay y compartió la máxima del laissez-faire acuñada por Gournay, Turgot fue un pensador profundamente original e independiente. Mientras los fisiócratas se encerraban en el dogma de que solo la agricultura creaba valor, Turgot poseía una visión más moderna: entendía el papel crucial del capital, del interés y del empresario en la creación de riqueza.

Su obra mayor, Reflexiones sobre la formación y la distribución de la riqueza, de 1766, supera con creces los límites de la escuela agraria. Turgot adelantó conceptos que Adam Smith sistematizaría una década después en La riqueza de las naciones. Aunque Smith y Turgot se conocieron, no hubo entre ellos una relación de maestro y alumno, sino de pares intelectuales que buscaban desarticular las trabas del mercantilismo.

Si hay una idea de Turgot que mantiene vigencia, es la del impuesto único sobre la tierra. Para Turgot, toda carga sobre el trabajo, el comercio o la industria resultaba en última instancia en un costo que terminaba generando ineficacia y menor creación de riqueza. Por ello, proponía que el Estado se financiara directamente de la renta no ganada de la tierra, evitando las distorsiones que asfixiaban la actividad productiva. Las cargas sobre la generación de riqueza le parecían, literalmente, absurdas: el Estado que grava el trabajo, la inversión, o el comercio, pone obstáculos al crecimiento económico. El que grava la renta de la tierra, en cambio, simplemente recupera para la comunidad un valor que la comunidad misma ha creado.

Esta idea —que Henry George reivindicaría con enrome lucidez y contundencia un siglo después en su célebre Progreso y miseria, en 1879— ha envejecido de manera envidiable. En un siglo marcado por la especulación inmobiliaria, la concentración de riqueza en pocas manos y la dificultad creciente de los sistemas tributarios para capturar las rentas financiera y digital, el impuesto al valor del suelo resurge periódicamente como una propuesta seria entre economistas de diversas escuelas y hasta en organismos como el FMI o la OCDE. Turgot, desde 1727, ya sabía algo que muchos gobiernos del siglo XXI todavía no han aprendido.

La vida intelectual de Turgot habría sido suficiente para garantizarle un lugar en la historia. Pero su paso por la acción pública la vuelve aún más fascinante, y más trágica.

Como intendente de Limoges entre 1761 y 1774, Turgot convirtió una de las regiones más pobres de Francia en un laboratorio de reformas. Construyó caminos, modernizó la administración fiscal, abolió el trabajo forzado de los campesinos para el Estado en su jurisdicción, y promovió la libertad de comercio de granos en tiempos en que el mercantilismo reglamentarista era dogma de Estado. Sus resultados fueron notables. Luis XVI, apenas subido al trono en 1774, lo llamó a París y lo nombró Controlador General de Finanzas: es decir, ministro de economía de la primera potencia continental de la época.

Turgot llegó al cargo con un programa clarísimo, resumido en una frase memorable que dirigió al joven rey: "Pas de banqueroute, pas d'augmentation d'impôts, pas d'emprunts"; “sin bancarrota, sin aumento de impuestos, sin empréstitos”. Su plan era tan sencillo en su enunciado como revolucionario en sus implicaciones: racionalizar el gasto, liberalizar el comercio de granos, suprimir los gremios medievales que asfixiaban la economía y, sobre todo, extender la carga impositiva a la nobleza y el clero, que hasta entonces gozaban de escandalosas exenciones.

Los intereses creados que Turgot amenazaba eran demasiado poderosos: la nobleza de la corte, los gremios, los especuladores en granos, el clero rentista. María Antonieta —que nunca fue precisamente una entusiasta del rigor fiscal— contribuyó a socavar su posición ante el rey. En mayo de 1776, Luis XVI cedió a las presiones y lo destituyó. Turgot murió en 1781, a los cincuenta y tres años, sin ver el desenlace de la historia que él, involuntariamente, había contribuido a precipitar. Ocho años después, la Revolución Francesa haría, por la fuerza y con el caos, sólo una pequeña parte de lo que él había intentado hacer desde el orden y la razón.

Hay una dimensión de Turgot que suele quedar opacada por el debate económico: su defensa de la tolerancia religiosa. En una Francia donde el recuerdo de las guerras de religión seguía fresco y donde el edicto de Fontainebleau de 1685 había exiliado o convertido a la fuerza a cientos de miles de protestantes, Turgot defendió con coherencia el derecho de los individuos a profesar sus creencias sin persecución estatal. No lo hizo por relativismo —era un hombre con convicciones filosóficas firmes— sino por convicción profunda de que el Estado no tiene competencia en materia de conciencia y que la persecución religiosa es, además de injusta, económicamente ruinosa.

Esta postura lo inscribe en la mejor tradición ilustrada que va de Locke a Voltaire, pero también lo conecta con debates que, paradójicamente, el siglo XXI no ha logrado cerrar. En un mundo donde la intolerancia religiosa sigue siendo fuente de conflicto —desde las teocracias del mundo islámico hasta el neonacionalismo religioso de diversas democracias occidentales—, la claridad de Turgot sobre la necesaria separación entre el poder civil y la conciencia individual tiene absoluta vigencia.

Turgot nos recuerda que las grandes reformas económicas y sociales fracasan no porque sean técnicamente incorrectas, sino porque son políticamente inconvenientes para quienes detentan el privilegio. Nos recuerda que el libre comercio y la libertad de trabajo no son invenciones recientes sino conquistas que hubo que ganar centímetro a centímetro frente a intereses corporativos y estatales. Nos recuerda que gravar las rentas “no ganadas” del suelo antes que el trabajo no es una fantasía utópica sino una propuesta con raíces intelectuales sólidas y fundamentos teóricos consistentes. Y nos recuerda también que la tolerancia no es debilidad: es la condición de posibilidad de una sociedad capaz de convivir con su propia diversidad.

En 1776 —el mismo año en que Adam Smith publicaba su obra, en que Estados Unidos declaraba su independencia y se creaba el Virreynato del Río de la Plata — Turgot fue expulsado del gobierno. Era demasiado racional y demasiado liberal para un sistema construido sobre el monopolio, los dogmas y el privilegio.

 

 

Publicado en el diario La Calle el 10 de mayo de 2026Leer más...

EL DÍA DE LA MILANESA

Por José Antonio Artusi

Cada 3 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Milanesa. La fecha no recuerda nada en particular: fue elegida de forma azarosa por sus fanáticos a través de una campaña en redes sociales promovida en 2011. A través de Facebook se realizó una votación, y quedó elegido el 3 de mayo como el Día Nacional de la Milanesa.

La celebración tiene ese carácter algo arbitrario y festivo de las efemérides gastronómicas, pero ofrece una buena excusa para detenerse a pensar en un plato que ocupa un lugar singular en nuestra cultura popular. La milanesa no es solamente una preparación culinaria; es una institución. Está presente en la mesa familiar del domingo, en la vianda escolar, en el menú del bodegón de barrio y en la nostalgia del país. Pocos platos condensan tantas referencias afectivas y culturales.

La pregunta sobre el origen de la milanesa remite a una de esas disputas históricas que la gastronomía comparte, curiosamente, con la política y con el deporte: la de la paternidad. Los italianos reivindican la cotoletta alla milanese como el antecedente directo e indiscutible. Se trata de un corte de ternera, pasado por huevo y pan rallado y frito, cuyas referencias documentales más tempranas se remontan al siglo XII. Una carta de 1134, vinculada a un banquete en Milán, es citada frecuentemente como la primera mención escrita de una preparación de esa naturaleza.

Aunque hoy la asociamos a Italia, la técnica de rebozar carne es antiquísima. Se cree que los bizantinos ya utilizaban esta técnica, y que fueron ellos quienes la llevaron a Italia durante la Edad Media.

Pero los austriacos tienen su propia versión. El Wiener Schnitzel, elaborado con ternera o cerdo deshuesado, es el plato nacional de Austria por excelencia, y sus defensores sostienen que fue Viena quien lo popularizó a escala continental. El argumento central de esta postura gira en torno a una figura histórica notable: el Mariscal Joseph Radetzky von Radetz, el militar al que Johann Strauss padre inmortalizó con su célebre marcha. Según la tradición austriaca, Radetzky habría enviado en 1857 una carta al Ministerio de Guerra de Viena describiendo con entusiasmo una preparación de carne empanada que había degustado en Milán, sugiriendo su incorporación a la dieta del ejército imperial. La cotoletta milanesa habría viajado así hacia el norte y se habría transformado en el Schnitzel vienés.

El problema es que ese documento nunca fue hallado. Los historiadores más rigurosos tratan la anécdota de Radetzky como una leyenda del siglo XIX, repetida tantas veces que terminó adquiriendo la solidez de un hecho verificado. Lo que sí parece claro, a partir de los estudios disponibles, es que ambas preparaciones evolucionaron en forma relativamente paralela y con influencias mutuas, compartiendo una filosofía culinaria común: carne, empanado, fritura. Las diferencias técnicas —el hueso, la manteca versus el aceite, el grosor del corte— son variantes de un mismo principio.

La disputa entre austriacos e italianos tiene a partir de 2007 un elemento nuevo y concreto: la declaración de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de Austria le da al Wiener Schnitzel un respaldo institucional que la coteletta milanesa no tiene.

Pellegrino Artusi nació en Forlimpopoli en 1820 y murió en Florencia en 1911. Es considerado el autor clásico de la gastronomía italiana del siglo XIX. Su libro, “La ciencia en la cocina y el arte de comer bien”, con más de un millón y medio de copias vendidas y 111 ediciones, es un manifiesto de la cocina italiana. Cuando Pellegrino Artusi describió la receta en su obra tuvo el cuidado de llamarlas costolette alla milanese —con la "s", que en italiano implica el hueso—, aclarando que sin él son simplemente trozos de carne magra.

“Todos conocen las sencillas milanesas, pero si las prefieren con más sabor, prepárenlas de esta manera”, dice Pellegrino Artusi. Su versión particular prescribía deshuesar la carne y mezclar el pan rallado con queso parmesano, jamón, perejil y perfume de trufas.

En la Argentina, la cuestión se resolvió con la pragmática naturalidad que caracteriza la incorporación de los legados inmigratorios. La denominación italiana prevaleció, la técnica se adaptó —el hueso desapareció, el corte se adelgazó— y el resultado se convirtió, de la mano de las oleadas migratorias de fines del siglo XIX y principios del XX, en uno de los pilares de la gastronomía nacional. En este proceso, como en tantos otros, la Argentina tomó lo que llegó de afuera, lo resignificó y lo hizo propio.

Hasta aquí, la historia de la milanesa tiene una lógica razonablemente clara. Pero hay un capítulo que merece atención especial, porque encierra uno de los malentendidos más persistentes —y más entrañables— de nuestra cultura gastronómica: la llamada milanesa a la napolitana.

Si se le pregunta a cualquier argentino qué es una “milanesa napolitana”, la respuesta será invariablemente la misma: una milanesa cubierta con salsa de tomate, jamón y queso gratinado. Pero la denominación es tan coherente como decir una tucumana porteña, o una entrerriana mendocina.

Ni en Milan ni en Nápoles se conoce este plato. La milanesa napolitana no existe en la gastronomía italiana. Su origen, según la versión más documentada y extendida entre quienes han investigado el tema, es porteño. El plato habría nacido en la década de 1950 en un restaurante de la calle Corrientes de Buenos Aires, frente al Luna Park, que llevaba el nombre de "Napoli". La historia —que tiene el sabor de la anécdota verdadera— indica que un cocinero del local habría cubierto con salsa de tomate y queso una milanesa que se había quemado en los bordes, para disimular el defecto, y que el resultado gustó tanto que quedó incorporado a la carta. El nombre del establecimiento pasó así al plato, y el plato viajó de mesa en mesa y de barrio en barrio hasta instalarse definitivamente en la gastronomía argentina.

Existen versiones alternativas. Algunas atribuyen la invención a un cocinero de apellido Napoli, o algo parecido, sin restaurante de por medio; otras la sitúan en Mar del Plata en lugar de Buenos Aires. Pero todas coinciden en lo esencial: la napolitana nació en suelo argentino, no en Italia. Es, por consiguiente, tan argentina como el dulce de leche o como tantas otras creaciones que este país produjo a partir de materiales e influencias de origen diverso.

La milanesa es un plato que llegó de Europa con los inmigrantes, que se transformó en el camino, que inventó su propia tradición y que ocupa hoy un lugar en la identidad cultural argentina que casi ningún otro plato puede reclamar con la misma legitimidad. La milanesa no necesita un linaje noble para justificarse: tiene algo mejor, que es el afecto incondicional de varias generaciones.

La historia de sus orígenes —disputados, confusos, mezclados— es, en cierta forma, la historia de este país. Una historia hecha de influencias superpuestas, de documentos que no aparecen, de apellidos mal asignados y de resultados que superan a cualquiera de sus partes. Una historia que vale la pena conocer, aunque no cambie en nada el placer de comer una buena milanesa. Napolitana, o, no.

 

Publicado en el diario La Calle el 3 de mayo de 2026.

Leer más...

THOMAS SPENCE

Por José Antonio Artusi

Thomas Spence nació en Newcastle upon Tyne el 21 de junio de 1750 y murió en Londres el 8 de septiembre de 1814. La historia lo trató con injusta indiferencia. No porque sus ideas hayan sido refutadas, sino porque resultaron demasiado incómodas para demasiados intereses a la vez. Pasó buena parte de su vida adulta en los márgenes de la legalidad y frecuentemente en la miseria, vendiendo panfletos en la calle, sufriendo encarcelamientos y acumulando una obra que sus contemporáneos apenas toleraron y que la posteridad tardó mucho en rescatar.

Sin embargo, Spence formuló con notable claridad el germen de dos ideas que hoy siguen siendo debatidas con plena vigencia y que, bajo distintos nombres y con desarrollos mucho más elaborados, reaparecen periódicamente en la discusión política y económica del siglo XXI: el ingreso ciudadano y el impuesto al valor del suelo libre de mejoras como tributo único. Wikipedia lo presenta como “uno de los precursores del socialismo en Gran Bretaña”, pero tal aseveración merece ser matizada. Sus raíces intelectuales se nutren en realidad de un liberalismo radicalmente republicano e igualitarista, incluyendo la igualdad de las mujeres y su derecho al sufragio.   

En noviembre de 1775, Spence leyó ante la Sociedad Filosófica de Newcastle una conferencia que puede considerarse el núcleo de toda su obra. La tesis central era sencilla pero radical en sus consecuencias: originalmente la tierra – más tarde su valorización - no debía ser objeto de apropiación privada, porque nadie la creó. La tierra es una herencia común de todos los seres humanos, y su apropiación privada sin compensación alguna para la comunidad constituye la raíz de casi todos los males sociales.

Esta idea no era completamente original. John Locke había establecido que la apropiación privada de la tierra era legítima siempre que quedara "suficiente y tan buena" para los demás, condición que en la práctica nunca se cumplió. Spence radicalizó esa lógica: si la condición lockeana no puede satisfacerse, entonces los que se apropiaron de la tierra le deben una compensación permanente a quienes quedaron excluidos de ella. No se trataba de abolir la propiedad privada en general, ni de colectivizar los medios de producción. Se trataba de reconocer que el valor del suelo —a diferencia del valor generado por el trabajo y la inversión— es una creación social, no individual.

Spence propuso que las tierras de cada parroquia fueran administradas colectivamente, que los ocupantes pagaran una renta por su uso, y que lo recaudado se distribuyera en partes iguales entre todos los miembros de la comunidad. Es decir: un dividendo universal financiado por la captación de la renta del suelo. En lenguaje contemporáneo: ingreso ciudadano financiado por el impuesto al valor del suelo. Dos ideas en una, articuladas sinérgicamente.

Ninguna de las dos ideas murió con Spence. Thomas Paine, que pudo haber conocido el pensamiento de Spence, publicó en 1797 “Agrarian Justice”, donde argumentó que todo propietario de tierra le debe una compensación a la humanidad por haber privatizado lo que era común. Propuso un fondo nacional financiado por un impuesto sobre la herencia de tierras, del que todos los ciudadanos al cumplir veintiún años recibirían un pago único, y los ancianos una renta anual.

Henry George llegó casi un siglo después, con una elaboración mucho más sistemática. En “Progreso y Miseria”, publicado en 1879, George demostró con rigor analítico por qué el crecimiento económico tiende a enriquecer a los propietarios del suelo sin que ellos hagan nada para merecerlo, y a empobrecer en términos relativos a los que trabajan y producen. Su propuesta fue gravar únicamente el valor del suelo —no las mejoras, no las construcciones, no el trabajo ni el capital— con un impuesto suficiente para financiar el gasto público. De ahí la denominación de "impuesto único". George no llegó a articular explícitamente un ingreso ciudadano universal, pero varios de sus seguidores sí lo hicieron, y la conexión lógica entre ambas ideas es evidente.

Lo que en Spence era intuición y proclama radical, en George se convirtió en sistema económico. Lo que en Paine era argumento moral, en George se transformó en análisis de los mecanismos concretos de la desigualdad.

Mientras Spence publicaba panfletos en Londres y George todavía no había nacido, algo conceptualmente afín ocurría en Argentina. En 1822, el entonces ministro Bernardino Rivadavia impulsó en la provincia de Buenos Aires un régimen de enfiteusis para las tierras públicas, que la ley nacional de 1826 extendió al resto del territorio. El principio era cercano al de Spence: el Estado retenía la propiedad del suelo y quienes lo usufructuaban debían pagar un canon anual calculado sobre su valor. La tierra no se vendía; se cedía en uso a cambio de una renta. En ambos casos, la comunidad —representada por el Estado o por la parroquia— conserva el dominio del suelo y cobra por su utilización.

La diferencia decisiva estaba en el destino de los fondos. Spence quería que la renta del suelo se distribuyera en partes iguales entre todos los ciudadanos: era, en esencia, un ingreso ciudadano. Rivadavia canalizaba la recaudación hacia el fisco, sin ningún mecanismo de distribución universal.

El resultado, lamentablemente, fue el opuesto al buscado: en lugar de colonización agrícola y distribución, la enfiteusis rivadaviana, desvirtuada por quienes sucedieron a su creador, fracasó; y se aceleró la formación de los grandes latifundios, que Rosas luego consolidaría al convertir en propiedad plena lo que había sido concesión precaria.

Hoy, el ingreso ciudadano vuelve a estar en el centro del debate. Lo impulsan razones que Spence no podía prever: la automatización creciente del trabajo, la fragilidad de los sistemas de seguridad social atados al empleo formal, la proliferación de formas precarias de empleo, el impacto de la inteligencia artificial. Y lo respalda una tradición intelectual que va de Bertrand Russell a Milton Friedman, que lo propuso en clave liberal como impuesto negativo a la renta.

El impuesto al valor del suelo libre de mejoras, por su parte, conserva una actualidad que sorprende a quienes lo descubren. Es económicamente eficiente porque no desincentiva ninguna actividad productiva: el suelo no se puede crear ni destruir, no se puede mudar al exterior para eludir el tributo. Es distributivamente justo porque captura una riqueza que la comunidad generó, no el propietario. Y es racional porque desalienta la especulación y el acaparamiento de tierras ociosas o subutilizadas.

Spence no proponía la abolición de la propiedad privada. Proponía que la propiedad del suelo pagara lo que le debe a la comunidad. Su pensamiento se inscribe en la tradición del republicanismo igualitarista: la libertad no es real si no está acompañada de las condiciones materiales que la hacen posible para todos, no solo para quienes tienen la fortuna de haber heredado tierras o de haber llegado primero al reparto.

Thomas Spence vivió en una época en que los cercamientos de tierras comunales expulsaban a miles de campesinos de sus medios de vida, concentrando la propiedad en pocas manos y generando la masa de trabajadores urbanos sin más recurso que su fuerza de trabajo. Frente a eso, no propuso la socialización de los medios de producción. Propuso una reforma estructural que devolviera a cada miembro de la comunidad lo que legítimamente le pertenecía.

 

Publicado en el diario La Calle el 26 de abril de 2026.

Leer más...

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, “CIUDAD DEL CONOCIMIENTO”

Por José Antonio Artusi

Concepción del Uruguay acumuló en silencio durante décadas —con la tranquilidad característica de las ciudades del interior— una masa crítica de capital humano, instituciones educativas, infraestructura tecnológica y tradición cultural que hoy, en plena era de la economía del conocimiento, la posiciona como uno de los polos emergentes más interesantes del país.

En 1849 Justo José de Urquiza fundó aquí el Colegio del Uruguay, la primera institución de educación secundaria laica de la Argentina. Ese acto fundacional no fue casual: expresaba una convicción de que el progreso de un país se construye con educación y ciencia. Ciento setenta y siete años después, esa convicción puede seguir siendo el ADN uruguayense.

La tradición educativa no quedó congelada en el siglo XIX. Concepción del Uruguay tiene hoy cuatro universidades en funcionamiento, con una trayectoria propia que completa un ecosistema académico notable para una ciudad de su escala. Cuatro casas de altos estudios en una localidad de menos de cien mil habitantes es una densidad universitaria que pocas ciudades intermedias del país pueden exhibir. A ese tejido académico se suman el INTA y el INTI, dos organismos que anclan la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en el territorio.

Una ciudad universitaria genera, casi inevitablemente, un ecosistema. Genera profesionales que en muchos casos deciden quedarse o volver. Genera emprendedores que convierten el conocimiento en productos y servicios. Genera una cultura de la formación continua, del debate intelectual, de la apertura a lo nuevo.

En los últimos años, ese ecosistema se ha ido articulando de maneras más visibles. El sector del software ha crecido sostenidamente. Empresas de desarrollo, consultoras tecnológicas y estudios de diseño digital han encontrado en Concepción del Uruguay condiciones favorables: recursos humanos calificados producidos por las universidades locales, costos operativos significativamente menores que en las grandes ciudades, y una calidad de vida que retiene talento. El trabajo remoto aceleró esta dinámica: el profesional que antes debía emigrar a Buenos Aires, Córdoba o Rosario para desarrollar su carrera, hoy puede hacerlo desde aquí, con conectividad y con las comodidades de una ciudad a escala humana.

La zona franca de Concepción del Uruguay agrega una dimensión estratégica al cuadro. Con beneficios impositivos y aduaneros, facilita la radicación de empresas con proyección internacional, simplifica la logística de exportación de servicios y bienes, y atrae inversiones que en otras condiciones irían a destinos más costosos. Para la economía del conocimiento —que produce servicios exportables de alto valor agregado y bajo peso físico—, una zona franca bien aprovechada es una ventaja competitiva de primer orden. La zona franca puede jugar aquí un rol determinante: facilitar la importación de equipamiento tecnológico, reducir la carga fiscal sobre las operaciones y permitir estructuras societarias que favorezcan la inversión extranjera directa.

Tenemos los elementos para poner en marcha el famoso "triángulo de Sábato" (Estado, Universidad y Empresa) funcionando de manera armónica y sinérgica.

La expansión global de la inteligencia artificial, el procesamiento masivo de datos, la automatización de procesos productivos y otros desarrollos tecnológicos están generando una demanda extraordinaria de infraestructura digital: data centers, laboratorios de inteligencia artificial, centros de procesamiento y análisis.

Los factores que hacen atractiva a una ciudad para este tipo de inversiones son precisamente los que Concepción del Uruguay puede ofrecer. Uno de esos factores se la disponibilidad de energía eléctrica: la ciudad está en una zona con acceso a la red de alta tensión y estabilidad en el suministro, condición indispensable para operaciones que no toleran cortes. Otro, la conectividad: el desarrollo de las redes de fibra óptica y las mejoras en la infraestructura de telecomunicaciones han acortado la distancia digital entre el interior y los grandes centros urbanos. Adicionalmente, disponibilidad de suelo con las características técnicas y urbanísticas adecuadas, a valores muy inferiores a los de las grandes ciudades.

Hay además un factor que se volverá cada vez más determinante: el agua. Los data centers son grandes consumidores del recurso, que utilizan principalmente para refrigeración. Concepción del Uruguay cuenta con infraestructura de captación y tratamiento consolidada. Esa disponibilidad hídrica, que en otras latitudes ya es un factor limitante para la instalación de centros de procesamiento, aquí es una ventaja estructural. Pero la ecuación puede ir más lejos: el calor residual que generan los data centers —un subproducto que hoy se disipa sin aprovechamiento— abre posibilidades concretas de valorización. Puede orientarse a procesos agroindustriales que requieren temperatura controlada o a ciclos de generación termoeléctrica que devuelvan parte de esa energía a la red. Integrar la infraestructura digital con la matriz productiva y energética del territorio no es ciencia ficción: es ingeniería aplicada, y es exactamente el tipo de innovación sistémica que la ciudad podría desarrollar.

Otro factor es el capital humano. Un data center no es solo hardware: requiere ingenieros, técnicos, administradores de sistemas, especialistas en ciberseguridad. Una ciudad con cuatro universidades y una tradición de formación técnica produce exactamente ese perfil profesional. Y otra ventaja es la tranquilidad y la seguridad. Los centros de datos y los laboratorios tecnológicos necesitan entornos seguros, con baja conflictividad social. Concepción del Uruguay, con sus buenos indicadores de seguridad pública puede ofrecer ese entorno.

Los trabajadores del conocimiento —desarrolladores, científicos de datos, diseñadores, investigadores— valoran cada vez más la posibilidad de vivir en ciudades donde el tránsito no los consuma, donde sus hijos puedan ir a escuelas de calidad, donde los hospitales funcionen, donde exista vida cultural y recreativa, y donde el costo de vida permita una existencia digna.

Concepción del Uruguay ofrece exactamente eso. Tiene un hospital de referencia regional, con servicios de especialidades que exceden lo esperable para una ciudad de su escala. Tiene una oferta educativa —desde el nivel inicial hasta el universitario— que es uno de sus activos más consolidados. Tiene teatros, museos, clubes, espacios verdes, atractivos turísticos envidiables. Es obvio que hay muchísimo por mejorar, pero tiene esa dimensión justa en la que todavía es posible conocer a los vecinos, llegar al trabajo en bicicleta y tomarse un café tranquilo frente a la plaza Ramírez.

Y tiene algo más: la proximidad. Está a menos de cuatro horas de Buenos Aires, a distancia razonable de Rosario, Montevideo y Porto Alegre. No es un lugar aislado; es un lugar tranquilo con acceso al mundo.

Las ciudades que logran posicionarse en la economía del conocimiento no lo hacen por accidente ni por la simple acumulación de activos. Lo hacen porque en algún momento sus dirigentes asumen que el desarrollo no es un resultado espontáneo sino el producto de políticas deliberadas, planificadas y sostenidas en el tiempo

Concepción del Uruguay tiene los ingredientes. Tiene historia, tiene instituciones, tiene capital humano, tiene infraestructura y tiene calidad de vida. Lo que todavía falta es la arquitectura institucional que permita convertir ese potencial en desarrollo concreto: una estrategia de largo plazo que trascienda los ciclos electorales, mecanismos de articulación entre las universidades y el sector productivo, incentivos sostenidos para la radicación de inversiones tecnológicas, y una gestión activa de la zona franca orientada específicamente a la economía del conocimiento.

Sin esa construcción política e institucional, los activos seguirán siendo potencial. Y el potencial puede ser la forma más elegante de nombrar una oportunidad que no se aprovechó.

 

Publicado en el diario La Calle el 19 de abril de 2026.

Leer más...

LA CRISIS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Por José Antonio Artusi

El medio digital “Ojo Urbano” informó el 31 de marzo pasado que “Concepción del Uruguay amaneció este martes sin transporte público urbano luego de que se venciera el contrato vigente y ninguna empresa se presentara a la última licitación realizada por el municipio. La medida afecta a miles de usuarios, trabajadores y estudiantes que dependen del servicio para movilizarse en la ciudad. Las compañías advirtieron que los costos operativos, especialmente el gasoil, hacen inviable sostener la prestación bajo las tarifas actuales”.

La noticia de la crisis deja abierta la puerta para la búsqueda de la oportunidad; el desafío consiste en aprovechar la emergencia del problema para explorar caminos alternativos que nos lleven a encontrar un modelo de movilidad sostenible, en el que el transporte público colectivo de pasajeros se integre armoniosamente con otras modalidades, en el contexto de una ciudad que planifica adecuadamente su desarrollo.

El modelo urbano que se fue consolidando en las últimas décadas privilegió el vehículo particular: calles sin ciclovías, escasa prioridad peatonal, localizaciones comerciales y de servicios alejadas de los barrios residenciales, y una inversión prácticamente nula en infraestructura para movilidad alternativa. El colectivo era el único amortiguador de esa desigualdad de acceso.

Esto no es una crisis de transporte: es una crisis de ordenamiento territorial. Mejorar el transporte público requiere dejar de ver al colectivo como un elemento aislado y empezar a entenderlo como una parte del sistema circulatorio de la ciudad, y a la movilidad en general como parte del metabolismo urbano. El objetivo es pasar de un modelo "auto-céntrico" a uno basado en la pirámide de la movilidad invertida, donde se priorice al peatón y al transporte público.

Un plan de movilidad no es simplemente un esquema de recorridos de colectivos. Es un instrumento técnico-político que define cómo se mueven las personas, en qué medios, con qué lógica de eficiencia y equidad, y cómo esa movilidad condiciona —y es condicionada por— los usos del suelo, la densidad, la localización de equipamientos y la calidad del espacio público.

La clave no es "moverse más", sino "moverse mejor". Ello implica:

• Densificación de Corredores: Fomentar tejidos urbanos más densos y compactos sobre las vías principales, que a su vez se constituyen en corredores de movilidad. Esto contribuiría a disminuir la presión para la expansión descontrolada de la mancha urbana sobre periferias cada vez más distantes, dispersas y desconectadas.
• Gestión de Usos del Suelo: la movilidad no es una isla. La necesidad de desplazamientos depende de la localización relativa de las funciones urbanas. Si el ordenamiento territorial permite que las fuentes de trabajo, los comercios, y los centros de salud y educativos estén cerca de las zonas residenciales, se reduce la presión sobre el sistema. Una ciudad amigable para caminar y para andar en bicicleta, porque las distancias lo permiten, reduce la necesidad de transportes motorizados. El transporte es "demanda derivada": la gente se mueve porque se la obliga a buscar lejos lo que debería tener cerca. La densidad y la mezcla de usos son las condiciones objetivas para que el transporte público funcione.
• Sistema en red con ejes ortogonales: En lugar de líneas que serpentean por toda la ciudad como en un laberinto, se deberían establecer ejes ortogonales lo más rectilíneos posibles, con frecuencias adecuadas y unidades más pequeñas. En las intersecciones entre líneas debería haber nodos que permitan combinaciones.  Debemos pasar del anterior sistema de líneas superpuestas a un esquema racional de líneas complementarias.

No habría que descartar a priori una reforma profunda y ambiciosa del sistema, que utilice íntegramente unidades eléctricas, tal como están haciendo muchas ciudades en todo el mundo. La transición hacia buses eléctricos es costosa inicialmente, pero muy rentable a largo plazo por el menor mantenimiento y costo de energía.

La pregunta obvia es cómo se financia. Aquí habría que diferenciar entre la inversión inicial y el costo de operación del sistema. Para la inversión inicial en buses eléctricos habría que evaluar la posibilidad de acceder a financiamiento de organismos internacionales, que ofrecen tasas preferenciales para proyectos que reduzcan la huella de carbono. Para un municipio aislado quizás sea una misión imposible, pero si se elabora un proyecto conjunto que abarque a varias ciudades intermedias, con asistencia técnica y avales de organismos nacionales o provinciales, es probable que la idea se torne más factible, a la vez que aparecerían economías de escala por la magnitud de las compras por mayores cantidades. Por otro lado, las obras para la construcción de paradas, carriles, etc. podrían financiarse con el clásico mecanismo de la contribución por mejoras. Los sistemas de movilidad que mejoran la accesibilidad a ciertas áreas valorizan el suelo. Esa valorización, generada íntegramente por el esfuerzo de la comunidad, puede y debe ser recuperada y reinvertida en beneficio de la sociedad en su conjunto. Luego viene el desafío de la financiación del funcionamiento del sistema. Es probable que la recaudación por tarifas adecuadas no alcance a cubrir el costo total de un servicio de calidad. En ese sentido habría que crear un fondo de movilidad sostenible, que se nutra de fuentes tales como el cobro del estacionamiento medido, la recaudación por multas de tránsito, la tasa comercial que abonan las estaciones de servicio por expendio de combustible, un componente de “movilidad” en la tasa general inmobiliaria en las zonas más favorecidas por el nuevo sistema, parte del cobro de la concesión onerosa de edificabilidad adicional en corredores ya previsto en el COTA, etc. Ese fondo de movilidad sostenible debería cubrir eventuales déficits producto de la diferencia entre los costos operativos y la recaudación por tarifas, previendo expresamente subsidios para estudiantes, docentes, jubilados, abonos mensuales para trabajadores, etc. En síntesis, el financiamiento no debe recaer únicamente en la tarifa ni en subsidios cada vez más inciertos. Se trata de un sistema de autofinanciamiento donde la valorización del suelo generada por el Estado y el cobro por externalidades negativas (estacionamiento, contaminación, congestión, inseguridad vial, etc.) vuelve a la comunidad.

Un sistema eficiente de transporte público eléctrico tendría impactos positivos enormes, no sólo para sus usuarios directos. Eliminaría el ruido y los gases contaminantes, y mejoraría la seguridad vial. Al desincentivar el uso de motos (el vehículo con mayor tasa de accidentes graves) y los autos particulares, la siniestralidad vial disminuiría drásticamente. Las unidades eléctricas suelen venir equipadas con sistemas modernos de frenado autónomo y limitadores de velocidad. Además, un sistema de movilidad seguro y eficiente reduce la congestión en áreas centrales y reduce la demanda de estacionamiento.

No se trata solo de "arreglar el transporte público"; se trata de diseñar la ciudad del siglo XXI. Una ciudad donde moverse sea un derecho ejercido con dignidad, y no una odisea diaria. La suspensión por tiempo indeterminado del servicio es un síntoma de una enfermedad mucho mayor: la falta de visión a largo plazo. Concepción del Uruguay tiene la escala y los recursos para ser una ciudad de vanguardia en movilidad y desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida. Estamos frente a una oportunidad inmensa —forzada por la crisis, es cierto— de dejar de administrar un déficit crónico y empezar a planificar y gestionar un futuro mejor.

 

Publicado en el diario La Calle el 12 de abril de 2026.

Leer más...