Por José Antonio Artusi
Hay ideas que envejecen mal y
hay otras que, como el buen vino, mejoran con el paso del tiempo hasta
volverse, de pronto, indispensables. La del ingreso ciudadano —esa vieja idea de
reformadores progresistas— pertenece sin duda a la segunda categoría.
El Ingreso Ciudadano,
concebido como un derecho incondicional, universal e individual, neutralizaría
de un plumazo el clientelismo político y la manipulación que históricamente han
empañado los programas de asistencia focalizada. Cuando el beneficio es para
todos, desaparece el estigma, se eliminan las trampas de la pobreza que
desincentivan la búsqueda de empleo formal y se erradica la discrecionalidad
burocrática.
Lo curioso es que su
resurrección actual no viene de la mano de algún reformista nostálgico, sino de
los mismísimos generadores de la disrupción: los multimillonarios de Silicon
Valley que, tras haber automatizado buena parte del mundo, ahora se preguntan
—con una mezcla de culpa y cálculo interesado— qué hacer con los excedentes que
ellos mismos generaron.
Durante años, la idea del
Ingreso Ciudadano fue relegada al rincón de las utopías bienintencionadas, pero
fiscalmente irrealizables. “¿De dónde saldrán los recursos?”, repetían con
insistencia economistas y burócratas. En el mapa global contemporáneo confluyen
hoy dos transformaciones disruptivas que obligan a replantear la pregunta. Por
un lado, la acelerada automatización impulsada por la Inteligencia Artificial;
por el otro, la revalorización de la idea del impuesto al valor del suelo libre
de mejoras
Henry George —ese economista
autodidacta que escribió “Progreso y miseria” en 1879— es sin lugar a duda una
de las claves para concebir la justicia distributiva sin caer ni en el
colectivismo que aplasta la iniciativa individual ni en el conservadorismo cínico
que naturaliza el privilegio. La intuición georgista era, en el fondo,
sencilla: el valor de la tierra —en su valor desnudo, libre de las mejoras que
el trabajo humano le añade— no es creación de nadie en particular, sino
resultado de la comunidad entera: de la escuela que se construyó a la vuelta,
del camino o la red de gas que llegó, de la simple aglomeración de vecinos que
vuelve valioso un terreno que, aislado, no valdría nada. Gravar esa renta “no
ganada” no es expropiar el esfuerzo de nadie: es, apenas, recuperar para la
sociedad lo que la sociedad misma produjo. Pero Henry George no se queda ahí.
Para él, ese tributo – algunos economistas hasta dudan de su carácter de
impuesto – debería ser el único; dado que casi todos los demás sí efectivamente
son una suerte de expropiación del producto del esfuerzo propio.
Lo que viene ocurriendo en los
últimos meses es la aplicación de ese razonamiento a un objeto nuevo: la
inteligencia artificial. Porque si la renta del suelo era, para George, el
arquetipo de la "renta no ganada", la inteligencia artificial empieza
a comportarse de manera parecida.
El concepto de la renta del
suelo cobra un vigor formidable al equipararse con la inteligencia artificial.
La IA representa una segunda "naturaleza construida": un patrimonio
común del conocimiento acumulado durante milenios, digitalizado y sistematizado
por modelos algorítmicos desarrollados por un puñado de corporaciones. Así como
la tierra no fue creada por ningún terrateniente, el corpus masivo de datos e
ideas sobre el que se entrenan las máquinas no es propiedad exclusiva de las
multinacionales tecnológicas, sino del acervo cultural de la humanidad entera.
Sam Altman publicó
recientemente los resultados de un ensayo con miles de participantes, que
repartió ingresos mensuales fijos durante tres años y que constituye, según sus
propios promotores, el estudio más exhaustivo jamás realizado sobre ingreso garantizado.
Y en julio, OpenAI habría propuesto directamente al gobierno estadounidense que
el Estado tome una participación accionaria —del orden del cinco por ciento— en
la industria de IA, a modo de fondo soberano que permita a cada ciudadano
beneficiarse del crecimiento del sector. Elon Musk, por su parte, defiende
desde 2016 variantes de la misma idea, aunque prefiere hablar de "ingresos
altos universales" antes que de mera subsistencia; y Dario Amodei, desde
Anthropic, viene advirtiendo con menos entusiasmo y más escepticismo que la IA
podría destruir hasta la mitad de los puestos de trabajo en ciertos niveles en
los próximos años.
El problema —y aquí es donde
el georgismo vuelve a resultar imprescindible, no como curiosidad histórica
sino como instrumento de diagnóstico— es que casi todas estas propuestas
tropiezan con la misma piedra: la financiación. Andrew Yang, cuando lanzó su
célebre "Dividendo de la Libertad" en la campaña de 2020, proponía
costearlo con un impuesto al valor agregado del diez por ciento; y algo muy
similar viene de plantear un estudio reciente de la Universidad de Salamanca,
que calcula que una renta básica de cuatrocientos euros mensuales podría autofinanciarse
en un sesenta por ciento mediante la reestructuración del impuesto a la renta y
del propio IVA.
Pero el IVA no es una de las
mejores soluciones posibles para financiar un ingreso ciudadano. Es
regresivo por naturaleza: golpea proporcionalmente más a quien gasta toda su
renta en consumo que a quien puede ahorrar o invertir. Y, lo que resulta aún
más grave y menos comentado: un ingreso ciudadano financiado con impuestos al
consumo o al trabajo termina, tarde o temprano, siendo absorbido por los
propietarios del suelo. Es una ley casi física de la economía urbana, tan
implacable como la gravedad: si a la población le llega más ingreso disponible
sin que aumente la oferta de tierra urbana —que es, por definición, fija—, los
alquileres simplemente suben hasta absorber ese excedente. El dividendo que el
Estado entrega por una puerta, el rentista lo recoge por la otra. Ya lo habían
anticipado, con cierta resignación, algunos de los propios herederos
intelectuales de George: cualquier ingreso no acompañado de un impuesto al
valor del suelo termina, paradójicamente, subsidiando al propietario antes que
al ciudadano.
De ahí que algunos propongan
algo más consistente: financiar el "dividendo ciudadano"
exclusivamente con la captura de rentas económicas: la del suelo, en primer
lugar, pero también, por extensión lógica, la de todo activo cuya escasez no
depende del esfuerzo de quien lo posee. Y aquí es donde el argumento se vuelve
casi elegante en su simetría: si el valor del suelo urbano no lo creó el
propietario sino la comunidad que lo rodea, tampoco crearon los laboratorios de
IA, en soledad, el corpus cultural con el que entrenan sus modelos, ni la
posición de cuasi monopolio que les permite cobrar rentas de escasez. En ambos
casos hay una apropiación privada de un valor de origen colectivo. En ambos
casos, la respuesta georgista es la misma: no prohibir, no expropiar, sino
gravar la renta —y sólo la renta, dejando intacto el estímulo a innovar, a
construir, a mejorar— para redistribuirla como derecho de ciudadanía, no como
dádiva asistencial.
El mismo dilema —cómo capturar
para la comunidad la valorización que la propia comunidad genera— se plantea
todos los días a escalas mucho más modestas que la de las grandes corporaciones
de inteligencia artificial, pero con idéntica estructura lógica. La plusvalía
que genera una obra pública en un loteo periférico de un municipio no es esencialmente
distinta de la que genera el entrenamiento colectivo de un modelo de lenguaje:
en los dos casos alguien capitaliza privadamente lo que la sociedad produjo en
común. Que el debate global sobre el futuro del trabajo esté redescubriendo,
siglo y medio después, la intuición de aquel periodista autodidacta de San
Francisco no debería sorprendernos demasiado: las buenas ideas, como los buenos
vinos, no caducan; simplemente esperan su momento adecuado.
Publicado en el diario La
Calle el 6 de septiembre de 2026.
