EL TURISMO Y LA VIVIENDA; CÓMO CONCILIARLOS

Por José Antonio Artusi

Es cada vez más evidente que el sector turístico está llamado a ser uno de los principales pilares de la generación de empleo y riqueza. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2022 señala que “el turismo es una actividad que atrae la atención de los gobiernos debido a su rol como motor de los procesos de desarrollo económico, particularmente a nivel regional. Es una actividad intensiva en empleo donde coexisten firmas de diferentes tamaños en ecosistemas empresarios dinámicos con efectos positivos sobre la distribución del ingreso. Tiene anclaje territorial, genera divisas (aunque no siempre con un saldo positivo considerando el turismo receptivo y el emisivo) y es un potencial integrador y / o articulador de otras actividades productivas”. Ese mismo informe consigna que “según estimaciones del Ministerio de Turismo (2015), todas las Ramas Características del Turismo creaban en 2014 un total de 1,08 millones de puestos de trabajo, es decir, el turismo aportaría alrededor del 9,2 por ciento del total de los empleos de la Argentina”.

En un contexto en el que la automatización de los procesos productivos y la inteligencia artificial afectarán indudablemente a todas las actividades económicas, el turismo se posiciona con características diferenciales. En efecto, si bien es cierto que algunas actividades turísticas pueden ser automatizadas o afectadas por la tecnología, como la reserva de alojamiento en línea, el turismo sigue siendo una industria centrada en la experiencia y el contacto humano. Muchos aspectos del turismo, como la atención al cliente, las guías turísticas y la oferta de experiencias auténticas, requieren de interacción humana y conocimiento local, lo que limita el impacto de la inteligencia artificial en este sector.

Sin embargo, si no se planifica adecuadamente su desarrollo – como toda actividad económica – el turismo puede generar efectos indeseados. Uno de ellos consiste en que la demanda de alojamiento en una determinada localidad por parte de los turistas aumenta los precios del suelo y de los inmuebles, perjudicando de esa manera la asequibilidad a la vivienda por parte de los pobladores locales. De esa manera, buena parte de los beneficios que se obtienen en términos de mejores empleos y aumento de ingresos se ven relativizados por un aumento en la cantidad de recursos que se deben destinar para acceder a una vivienda adecuada, ya sea en propiedad o en alquiler. Lo que se gana por un lado se pierde por el otro, afectando especialmente a quienes perciben menores ingresos. Es así que es frecuente observar en muchas ciudades que han sido exitosas en promover su desarrollo turístico diversas formas de resistencia a algunas de las modalidades que surgen para dar respuesta a las demandas de los turistas. Un ejemplo reciente en este sentido es demonizar a plataformas de alquiler temporario de alojamiento por los efectos negativos en el encarecimiento de los alquileres y la disminución de la oferta de viviendas para residencia permanente. Sin embargo, el problema no radica allí. El problema no son esas plataformas. El verdadero problema radica en que no se recupere y reinvierta de manera eficaz la valorización del suelo generada por la comunidad y por el Estado que redunda en más y mejores atractivos turísticos. Lamentablemente, eso es lo que sucede la mayoría de las veces. La mayor demanda turística genera empleos, inversiones y divisas, pero a la vez dispara los precios del suelo y de las viviendas y si la política tributaria no ayuda y las expectativas son que esa demanda siga subiendo, alimenta procesos de especulación inmobiliaria. Una salida tonta a este dilema sería intentar poner trabas a la actividad turística. Pero la salida es por otro lado. Si una localidad es muy exitosa en materia turística eso evidentemente hará subir los precios del suelo bien localizado en ese destino, en el que el Estado seguramente habrá invertido enormes sumas en redes de infraestructura, equipamiento y sistemas de transporte. Ese mayor valor puede – y debe – ser recuperado por el Estado a través de diversos instrumentos, tributarios y no tributarios. Y luego podría ser reinvertido precisamente como un antídoto para revertir los efectos negativos causados por la actividad turística, en este caso el encarecimiento de las viviendas, a través de la financiación de obras que aumenten la oferta de suelo urbanizado y viviendas destinadas a los pobladores locales. Se pondría de esa manera en marcha un círculo virtuoso en el que a mayor actividad turística correspondería mayor recuperación y reinversión de las plusvalías urbanas que se generen, con lo que se lograría aprovechar al máximo los beneficios y morigerar o neutralizar los probables perjuicios. 

No se trata de matar a la gallina de los huevos de oro, ni de ver enemigos donde no están, ni de pegarse innecesariamente tiros en los pies. Se trata, por el contrario, de aprovechar al máximo una actividad de enorme futuro como es el turismo, pero haciéndolo de manera inteligente, aprovechando al máximo sus aspectos positivos y mitigando racionalmente sus posibles efectos colaterales negativos.-  

 

Publicado en el diario La Calle el día 11 de Junio de 2023.-

Leer más...

EL EJEMPLO DE DETROIT

Por José Antonio Artusi

El Intendente de Detroit, Mike Duggan, publicó en su cuenta de Twiiter el 1º de Junio pasado lo siguiente: “En Detroit, se premia el deterioro y se castigan los edificios. Pero con el plan de Impuesto al Valor de la Tierra podemos solucionarlo. Y continuar difundiendo la belleza en cada rincón, dentro y fuera de Detroit.”

Siempre me pareció una tontería esa idea absurda que sostiene que no se puede aprender de la experiencia ajena. De ser así estaríamos condenados a seguir inventando eternamente la rueda y la pólvora. Si hay algo que ha permitido precisamente el progreso de la humanidad es nuestra capacidad de aprender y mejorar sobre la base de lo que piensan, hacen y escriben otros. Es obvio que ninguna ciudad es igual a otra, y que no se pueden extrapolar experiencias de manera acrítica, sólo porque funcionaron en otro lado en determinadas circunstancias. Pero también debería ser obvio que todas las ciudades – y todos los países – comparten algunos atributos que tienen validez universal. No es casualidad que algunas malas ideas no hayan funcionado nunca en ningún lugar; los controles de precios por ejemplo. Y tampoco es casualidad que algunas buenas ideas, de mediar las condiciones requeridas, siempre sean efectivas, con los matices y variables que surgen evidentemente de las diferencias que siempre existen entre sociedades diversas.

Por lo tanto, la gestión del intendente de Detroit, que ya puede exhibir algunos logros considerables en el marco de la recuperación de esa ciudad tras la crisis que se derivó de la decadencia de la industria automotriz, puede servir como un interesante laboratorio de experiencias del que pueden sacarse conclusiones interesantes y aprendizajes factibles de ser aprovechados en otras latitudes.

La recuperación económica de Detroit se ha basado en una combinación de factores y estrategias implementadas en los últimos años. Algunos de los elementos clave que han contribuido a la recuperación de la ciudad incluyen:

Diversificación económica: Detroit ha buscado diversificar su base económica más allá de la industria automotriz, que históricamente ha sido el pilar de la economía local. Se ha fomentado el crecimiento de sectores como la tecnología, la salud, y las energías renovables. La ciudad pasó de tener una tasa de desempleo del 18%, la más alta de Estados Unidos, a una de 5,8% en Abril, la más baja desde 2000.

Atracción de inversiones: La ciudad ha trabajado en atraer inversiones tanto nacionales como internacionales. Se han creado incentivos fiscales y programas de apoyo para atraer a empresas y emprendedores a establecerse en Detroit, generando empleo y revitalizando áreas degradadas.

Desarrollo urbano: Se han llevado a cabo proyectos de desarrollo urbano que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes y atraer a nuevos negocios y residentes a la ciudad. Esto incluye la mejora de barrios, la revitalización de espacios públicos, la construcción de nuevas viviendas y el fomento de la vida cultural.

Educación y capacitación: Se han implementado programas para mejorar la calidad de la educación en la ciudad y proporcionar oportunidades de capacitación laboral para los habitantes locales Esto ha ayudado a mejorar las habilidades de la fuerza laboral y aumentar las oportunidades de empleo.

 

Colaboración público-privada: La colaboración entre el sector público y el sector privado ha sido fundamental para impulsar la recuperación económica. Se han establecido asociaciones para la ejecución de proyectos, la creación de empleo y el apoyo a emprendedores y startups.

Es importante destacar que la recuperación económica de Detroit es un proceso en curso y todavía enfrenta desafíos. Es aquí donde entra en acción el propuesto “Land Value Tax Plan”. El Plan de Impuesto al Valor del Suelo de Detroit, que en realidad no implica crear ningún impuesto nuevo sino simplemente reformar el impuesto inmobiliario vigente, es una propuesta implementada por la Oficina del Director Financiero para ayudar en la recuperación de la crisis que afectó a Detroit. El objetivo principal del plan es cambiar el sistema impositivo existente, que se basa en gran medida en el valor de las construcciones, a un sistema basado en el valor del suelo.

En resumen, el plan propone que los impuestos a la propiedad inmobiliaria se calculen principalmente en función del valor del suelo en lugar del valor total de la propiedad incluyendo construcciones y mejoras. Esto implica que los propietarios de tierras vacantes o infrautilizadas, especialmente en áreas con alto potencial de desarrollo, pagarían impuestos más altos, mientras que los propietarios de propiedades con estructuras valiosas pero en terrenos menos costosos pagarían menos. Los propietarios de viviendas pagarían entre 500 y 2000 dólares menos por año, mientras quienes especulan con terrenos vacantes y causan deterioro en áreas consolidadas obviamente pagarían más.

El impacto esperado de este plan es estimular la inversión y el desarrollo de la ciudad, ya que se espera que propietarios de tierras vacantes o subutilizadas las destinen a un uso más productivo para evitar impuestos relativamente más altos. Esto podría fomentar la construcción de viviendas, negocios y otros proyectos en áreas actualmente abandonadas, lo que a su vez podría generar empleo.

Además de contribuir a la recuperación económica de Detroit, el plan también busca abordar la cuestión de las propiedades abandonadas y el deterioro urbano al fomentar la rehabilitación de terrenos. Se espera que el cambio en el sistema impositivo promueva un mejor uso del suelo y una mayor eficiencia en la asignación de recursos en la ciudad.

En general, el Plan de Impuesto al Valor del Suelo de Detroit, que requiere todavía la aprobación por parte de la legislatura del Estado de Michigan, tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico, reducir la desigualdad y revitalizar la ciudad al incentivar la inversión y el uso productivo del suelo urbanizado. Sigamos de cerca el caso de Detroit.-

Publicado en el diario La Calle el día 4 de Junio de 2023.- 

Leer más...

VIVA LA LIBERTAD!

 Por José Antonio Artusi

Para quienes tenemos a la libertad como un bien supremo y un valor fundante del sistema republicano de gobierno, no puede sino ser una buena noticia que se la rescate y valorice y que el término liberalismo deje de estar automáticamente vinculado a una noción despectiva y descalificante. 

En el mundo actual, y en particular en la Argentina, la libertad y el liberalismo han sido objeto de una profunda tergiversación por parte de algunos curiosos seudo liberales que - en el caso de nuestro país - combinan sin descaro ni pretensión de coherencia diversas dosis de conservadorismo retrógrado, anarquismo delirante y nacionalismo católico.

Sin embargo, es fundamental volver a las raíces y rescatar el verdadero valor del liberalismo como ideología republicana y progresista. Para ello, es necesario adentrarnos en las definiciones y pensamientos de destacados pensadores genuinamente liberales.

Podríamos comenzar por Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, su obra "Rights of Man" (Derechos del Hombre) nos brinda una perspectiva clara sobre la libertad como un derecho inalienable de todos los individuos. Paine defendía la igualdad de derechos y la necesidad de un gobierno limitado que protegiera la libertad individual, alentando así la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, en su obra "La Riqueza de las Naciones", pone de manifiesto que la libertad económica es esencial para el progreso de una sociedad. Smith argumentaba que la competencia y la libre interacción entre individuos en el mercado, sin intervención excesiva del Estado, conducirían a la creación de riqueza y al bienestar general. No obstante, es importante recordar que Smith también defendía la necesidad de regulaciones estatales para prevenir abusos y proteger los derechos de los trabajadores. Algunas frases de Adam Smith merecen ser rescatadas del olvido, por ejemplo, “ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables”; o “tan pronto como la tierra se ha convertido en una propiedad privada, el terrateniente exige una parte de casi todos los productos que el trabajador pueda producir o recoger en ella”; o “los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero la conversación termina en una conspiración contra el público, o en alguna estratagema para aumentar los precios”.

David Ricardo, otro destacado economista liberal, aportó a la teoría económica con su concepto de ventaja comparativa. Según Ricardo, el libre comercio y la especialización permiten que los países se beneficien mutuamente al enfocarse en las actividades en las que son más eficientes. Esta idea resalta la importancia de eliminar barreras proteccionistas y promover la libertad de intercambio, generando así prosperidad económica y una distribución más equitativa de los recursos. No deja de ser curioso que algunos de los que más coherentemente defendieron esa concepción liberal en Argentina, en defensa de los derechos y del poder adquisitivo de los trabajadores, fueran los legisladores socialistas de principios del siglo XX, opuestos al proteccionismo de los conservadores que defendían los intereses corporativos de ciertos empresarios a los que hoy calificaríamos como “cazadores en el zoológico”.  

John Stuart Mill, reconocido filósofo y economista inglés, en su obra "Sobre la Libertad", establece que la única justificación para restringir la libertad individual es la prevención de daños a otros. Mill defiende la autonomía y la diversidad de pensamiento como fundamentales para el progreso y la creatividad de una sociedad. Además, Mill abogaba por la igualdad de género y la participación política de las mujeres, reforzando así la idea de que la libertad debe ser accesible para todos los miembros de la sociedad.

Podríamos seguir con Henry George, economista y filósofo social norteamericano, quien en su obra "Progreso y Pobreza" cuestiona las desigualdades generadas por la apropiación privada de valorización de la tierra generada por la comunidad. George argumentaba que la tierra es un recurso natural cuyas rentas no generadas por el trabajo ni por el capital debían recuperarse por la sociedad, y propuso un impuesto único sobre el valor de la tierra para redistribuir la riqueza de manera más equitativa. Su enfoque se basaba en la creencia de que la libertad verdadera solo se puede lograr si todas las personas tienen igual acceso a la posibilidad de trabajar explotando los bienes comunes.

Rescatar el valor de la libertad y el liberalismo implica volver a los fundamentos establecidos por destacados pensadores. Sus ideas nos enseñan que la libertad individual, la igualdad de derechos, la libre interacción económica y la participación ciudadana son pilares fundamentales para una sociedad justa y próspera. Es importante desmontar las falacias de aquellos conservadores que tergiversan estos conceptos, para avanzar hacia un futuro en el que la libertad sea verdaderamente accesible para todos, entendiendo que la filosofía republicana no concibe a la libertad en abstracto sino indisolublemente unida a sus hermanas, la igualdad y la fraternidad. No hay libertad en la anarquía, sino privilegios. La libertad sólo impera cuando hay un Estado de Derecho que la consagra y la protege, tal como lo concibieron quienes nos legaron la sabia Constitución de 1853 y la Organización Nacional. Viva la libertad!  

 

Publicado en el diario La Calle el día 28 de Mayo de 2023.-

Leer más...

CÓMO SON LAS VIVIENDAS DE LOS ENTRERRIANOS?

Por José Antonio Artusi

El INDEC abada de publicar un informe con indicadores de las condiciones habitacionales de las viviendas de todo el país relevadas en el censo del año pasado. El propio informe señala que la información publicada “nos ayudará a comprender cómo viven las personas a lo largo del territorio nacional”, y enfatiza que “el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido internacionalmente por las Naciones Unidas. La vivienda brinda seguridad y protección ante los factores climáticos y, además, garantiza el espacio para descansar, alimentarse, higienizarse, realizar actividades de esparcimiento e interactuar con otras personas.” A su vez, se consigna que “para ser considerada adecuada, una vivienda debe cumplir una serie de condiciones. Algunas de ellas están asociadas a la calidad de los materiales constructivos, las instalaciones sanitarias y la disponibilidad de servicios públicos”.

Vale la pena por lo tanto dar una mirada a algunos indicadores de la provincia de Entre Ríos. Veamos entonces algunos datos, y la evolución entre 2022 y 2010.     

Agua de red pública

En 2010 el 89,72% de las viviendas entrerrianas tenían conexión de agua potable a red pública, mientras que en 2022 el porcentaje era el 91,50%, por encima de la media nacional (85,4%). De todos modos puede advertirse un incremento muy modesto en estos últimos doce años, de menos de dos puntos porcentuales. Casi una de cada diez viviendas carece de conexión a redes públicas de agua potable. El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (95,5%) mientras que el que exhibió menor porcentaje en este rubro fue Islas del Ibicuy (68,4%).

Cloacas

Según el censo del 2010 el 69.84% de las viviendas tenían conexión a red pública de cloacas. En 2022 el porcentaje ascendió al 80.40%, también por encima del promedio nacional (62.6%). Casi dos de cada diez viviendas no tienen cloacas. El departamento con mejor desempeño el año pasado fue Gualeguaychú, y el peor indicador correspondió también en este caso a Islas del Ibicuy (39,2%).     

Gas de red

En 2010 el 26,06% de las viviendas utilizaban gas natural de red o electricidad para cocinar. En 2022 este indicador se incrementó llegando al 33,20%, bastante por debajo de la media nacional (58,40%). Dos cada tres viviendas carece de este servicio en nuestra provincia. El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (48,40%) y en el otro extremo se ubicó Feliciano (7,60%).

Pisos con revestimiento   

Las viviendas con pisos con revestimiento (cerámica, mosaico, baldosa, alfombra, madera, etc.) representaban el 76,38% del total en 2010, mientras que en 2022 el indicador ascendió al 87,9%, porcentaje cercano al promedio nacional (86.6%). El mejor desempeño en este rubro correspondió al departamento Colón (93,30%) y el peor a Feliciano (69,7%).

Vivienda propia  

En 2010 las viviendas propias representaban el 69,24%. En este caso el porcentaje disminuyó en 2022, llegando al 66,40%, porcentaje cercano al 65,50% a nivel nacional. El departamento con mayor incidencia de vivienda propia en 2022 fue Feliciano (75,6%0) y el de menor porcentaje fue Colón (62,70%).

Internet  

No contamos con datos de este indicador en 2010. En 2022 el 76% de las viviendas tenía conexión a internet, por encima de la media nacional (59,3%). El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (82,20), y el menor porcentaje correspondió a Islas del Ibicuy (58%).

Hacinamiento? 

Lamentablemente el informe publicado recientemente no contiene datos referidos al hacinamiento en las viviendas. Contar con esta información sería útil para visualizar la tendencia que se verificó entre 2010 y 2022. Cabe señalar al respecto que la Fundación Tejido Urbano publicó un estudio titulado “Radiografía de las condiciones de vida en las ciudades argentinas”, elaborado en base a datos de la Encuesta Permanente Hogares del INDEC correspondiente al segundo semestre del año paso. En dicho informe se muestra que Concordia fue la ciudad con mayor hacinamiento crítico (hogares que presentan más de tres personas por cuarto) entre los 31 aglomerados urbanos en los que se realiza la encuesta, con 9%, más que duplicando la media nacional (4%), porcentaje en el que se ubica a su vez la ciudad de Paraná y localidades aledañas (Gran Paraná).

Faltan datos…    

Por el momento la información está desagregada a nivel de departamento, y obviamente será necesario contar con datos definitivos por localidad y a su vez incluyendo otros indicadores (calidad de la vivienda, calidad del entorno, hacinamiento, etc.) para establecer diagnósticos más precisos que permitan fundamentar políticas públicas basadas en evidencias estadísticas. Seguimos teniendo un déficit habitacional importante, tanto cualitativo como cuantitativo. Sobre todo los jóvenes se ven en condiciones muy difíciles para acceder a una vivienda digna, ya sea en propiedad como en alquiler. Contar con información confiable y oportuna es un primer paso para elaborar estrategias efectivas que permitan eavanzar en la solución de esta problemática. Habrá que seguir reclamando datos y analizándolos minuciosamente.- 

Publicado en el diario La Calle el día 21 de Mayo de 2023.- 

Leer más...

GESTIÓN DE RESIDUOS: HACEN FALTA CAMBIOS PROFUNDOS (Y ALGUNOS QUIZÁS NO NOS GUSTEN)

Por José Antonio Artusi

Tenemos en general en la Argentina una deficiente gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Como en otros campos de las políticas públicas muchas veces el principal problema no radica en la débil asignación de recursos sino en su escasa eficiencia. Los montos asignados a los sistemas de gestión de residuos consumen una parte significativa de los presupuestos municipales.

Los déficits en la gestión de residuos impactan de diversas maneras negativas en el plano ambiental, económico, y social, perjudicando sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. La presencia de residuos en los espacios públicos, la inadecuada disposición final, y la presencia de basurales clandestinos son algunos de los indicadores que evidencian estos déficits.

Cada municipio tiene sus propias particularidades, y en cada caso se necesita un plan estratégico de gestión de residuos sólidos domiciliarios adecuado a la realidad local y articulado de manera armónica con otras políticas públicas. La problemática tiene a su vez una dimensión regional, provincial y nacional. Los gobiernos de estos niveles no pueden dejar librados a los gobiernos locales a su suerte, deben tener políticas de promoción y articulación de modo tal de garantizar presupuestos mínimos de protección ambiental en todo el territorio. No abordaremos aquí la complejidad de tal desafío integral; nos centraremos solamente en las primeras fases de la gestión de residuos, la disposición inicial y la recolección. En ambas se requiere un fuerte compromiso de los ciudadanos, no basta con la acción de la administración pública.

La frecuencia de recolección en nuestro país oscila alrededor de 6 días por semana en ciudades grandes y medianas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ley, es la frecuencia mínima que puede haber. Sin embargo, muchas de nuestras ciudades presentan problemas de residuos en la vía pública, contenedores desbordados, etc.. Hemos naturalizado el hecho de que alguien debe llevarse los residuos que generamos en nuestros hogares al menos 6 veces por semana, no importa demasiado adonde ni cómo se van a tratar esos residuos, mientras se los lleven lejos y no los veamos. Lo llamativo es que se trata de una frecuencia altísima para los estándares de países desarrollados. En muchísimas ciudades de países con buenos sistemas de gestión de residuos es mucho menor, por ejemplo una vez por semana para los residuos húmedos (restos de comida, etc.) y uva vez cada dos semanas para los residuos secos reciclables (papel, cartón, vidrio, aluminio, plástico). En estos casos los habitantes deben hacerse cargo de los residuos que generan, y almacenarlos en sus domicilios en contenedores adecuados a tal fin. La frecuencia baja incentiva tanto la disminución en la cantidad de residuos como el reciclaje (compostaje por ejemplo) y el reuso. Las otras ventajas de esta baja frecuencia radican en el menor impacto de los residuos en la calidad del espacio público, ya que se disponen en la calle sacando los contenedores domiciliarios una única vez por semana, y que no se requieren contenedores comunitarios. Además, el servicio de recolección disminuye sus costos, demanda menor consumo de combustible y genera menos emisión de gases contaminantes. Por las dudas, aclaro que, por ahora,  no estoy proponiendo medidas concretas, es obvio que se requieren estudios en profundidad que aconsejen los cambios a introducir en base a evidencias científicas, pero también está claro que seguir como vamos es garantía de fracasos.         

Me temo que es probable que algunos cambios que podrían llegar a ser necesarios no cuenten todavía con el grado de aceptación ciudadana que podría garantizar su viabilidad. Hice una encuesta al respecto en Twitter, obviamente sin validez estadística pero que podría mostrar ciertos indicios. Pregunté qué haríamos si un candidato a intendente nos dijera que los residuos se van a recoger una vez por semana, y los reciclables una vez cada dos semanas. El 57,4%  respondió que no lo votaría. Cuando terminó la encuesta y ví el resultado escribí que “quizás no estamos preparados para reconocerlo, pero acá me parece que tenemos un problema”. Después hice otra encuesta y el 67,8% contestó que en su localidad los residuos se recogían entre 5 a 7 veces por semana.

Necesitamos reformas estructurales, de raíz, en los sistemas de gestión integral de residuos domiciliarios. Haríamos bien en debatir a fondo esta cuestión, sin naturalizar que algunas de las prácticas a las que estamos acostumbrados son las únicas posibles.-

Publicado en el diario La Calle el día 14 de Mayo de 2023.- 

Leer más...

EL DIA QUE JUAN B. JUSTO FUE OFICIALISTA

Por José Antonio Artusi

Le pregunté a la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT qué ideología tenían Roque Saenz Peña y Juan B. Justo y me respondió que el primero era conservador y el segundo socialista. Yo creo que Saenz Peña tenía también rasgos liberales y progresistas, pero no tenía ganas de discutir con un robot, así que no seguí preguntando.  Y creo también que Juan B. Justo tenía una veta liberal. Quizás podría haberse identificado con la frase del dirigente socialista español Indalecio Prieto, que decía que era “socialista a fuerza de liberal”.

Roque Saenz Peña fue Presidente desde el 12 de Octubre de 1910 hasta su muerte, el 9 de Agosto de 1914, si bien en 1913 había delegado la titularidad del Poder Ejecutivo en el Vicepresidente Victorino de la Plaza, por razones de enfermedad. Juan B. Justo fue electo diputado en las elecciones de 1912, de lo que se desprende que era un legislador “opositor”. Sin embargo, al menos en una sesión, el fundador del Partido Socialista actuó como oficialista. 

El 28 de Junio de 1912 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley creando un impuesto sobre el mayor valor de la propiedad territorial, remitido por Saenz Peña y su Ministro de Hacienda José María Rosa.  El proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto, su tratamiento no prosperó y pronto pasó al olvido. En la sesión del 17 de Julio de 1912 la iniciativa fue duramente criticada por el diputado Arturo Bas y defendida por el diputado Juan B. Justo.

En el mensaje remitido al Congreso Saenz Peña consideraba que “el sistema rentístico argentino está llamado a experimentar sensibles transformaciones, encaminadas a una más equitativa repartición de los tributos que constituyen el tesoro público… El impuesto al mayor valor de la tierra, que el Poder Ejecutivo prestigia, aunque conocido desde siglos en la legislación universal, ha poco que entrara a formar parte  firmemente de los regímenes financieros de naciones que marchan a vanguardia de la civilización contemporánea… James Mill en 1827 y John Stuart Mill en 1848 popularizaron las ventajas del nuevo impuesto provocando, con atinados estudios, la conveniencia de una reforma agraria inglesa… El terrateniente que es dueño de grandes extensiones abandonadas, que aguarda quietamente el resultado del esfuerzo ajeno para multiplicar el de su bien propio, al divisar un impuesto paulatino al mayor valor que vaya adquiriendo la propiedad, se sentirá muchas veces inclinado a renunciar a esa actividad pasiva o de contemplación. En igual forma la especulación desenfrenada, sometida a un impuesto constante, contribuirá a normalizar un tanto las fluctuaciones del valor, avivadas por el agio… siendo el Estado quien contribuye a valorizar mayormente la propiedad, justo es que perciba su parte, sirviéndose para ello del impuesto… se trata de gravar el aumento de valor adquirido sin la intervención directa del propietario, que se ha producido por factores extraños a la actividad del dueño y que en derecho estricto no ha sido ganado por él.”

En la sesión del 17 de Julio de 1912 Bas sostuvo que “no es ésta la oportunidad de entrar a considerar los blancos que presenta la iniciativa del Poder Ejecutivo, bajo el punto de vista constitucional, ni tampoco el error fundamental de su pensamiento básico, o sea el de obstruir, el de obstaculizar el espíritu de empresa que él llama especulación y que es indiscutiblemente la base de la grandeza argentina”. Como se puede apreciar, quienes hoy defienden la legitimidad de la especulación con los valores del suelo – mal llamada especulación inmobiliaria – recurren a argumentos similares ante cada iniciativa tendiente a recuperar y reinvertir la valorización del suelo que se produce por la acción de la comunidad. O sea, injustificadas y vagas acusaciones de inconstitucionalidad o confundir groseramente especulación con iniciativa privada productiva o “espíritu de empresa”, cuando son, precisamente, dos polos absolutamente opuestos.

Juan B. Justo replicó: “tengo que hacer el papel de oficialista en esta ocasión… el que especula en tierra es absolutamente innecesario. No desempeña función explicable, útil en ningún sitio de la tierra. El suelo es siempre de la misma extensión; es siempre la misma superficie la que tenemos a nuestra disposición. Su riqueza no aumenta ni disminuye al pasar de mano en mano.  Los que especulan sobre el valor del suelo se colocan simplemente de intermediarios entre los actuales terratenientes y los que por un motivo u otro quieren adquirir la tierra más tarde, sucediendo muy comunmente que los que después quieren adquirirla son también especuladores… Me parece una injuria al comercio argentino decir que se siente alarmado por el proyecto de impuesto al mayor valor del suelo. El comercio argentino desempeña aquí, como en todas partes (el comercio en el buen sentido de la palabra), una función sumamente útil, indispensable… El comercio desempeña la función de conocer las necesidades de la población, la de traer al país los artículos requeridos para satisfacerlas, y la de distribuirlos entre los consumidores por medio de la venta… ¿Pero qué tiene de comparable con ella el acaparamiento de la tierra? No se llena con él ninguna función de utilidad nacional ni un fin público; es una función completamente parasitaria… Tendremos así la base necesaria para abolir todos los malos impuestos que hoy pesan no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre el comercio y las industrias, porque en nuestro país asistimos a este cuadro realmente cómico: por un lado se sancionan extorsivos derechos de aduana so pretexto de proteccionismo, y por otro, se establecen patentes altísimas a las fábricas, por el solo hecho de ser fábricas, como se imponen costosas trabas fiscales a todo hombre que quiere hacer un trabajo útil cualquiera”.

Vale la pena revisar los argumentos en uno y otro sentido; los expuestos en los fundamentos del proyecto, y los que pronunciaron Bas y Justo. Recordar esa discusión es pertinente porque el problema que pretendió enfrentar Saenz Peña, y los que comentó Juan B. Justo, siguen teniendo plena vigencia.-

Publicado en el diario La Calle el día 30 de Abril de 2023.- 

Leer más...

SALTO GRANDE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE; UNA ASIGNATURA PENDIENTE

Por José Antonio Artusi              

Un documento de la OEA señala que “la cuenca del río Uruguay es notablemente rica en energía. Si se considera su potencial total de 18.264 MW y su superficie de 360.000 km2 se obtiene una potencia unitaria de 50,7 KW instalado por kilómetro cuadrado, o sea una energía del orden de los 220 MWh/km2. Esta cantidad de energía es similar a la de Suecia, considerado uno de los países más ricos en hidroelectricidad”. Sin embargo, lamentablemente se trata de un potencial energético mayormente desaprovechado, siendo Salto Grande el único emprendimiento binacional operativo.  No deja de ser curioso – y doloroso – que no exista todavía ninguna central hidroeléctrica compartida entre Argentina y Brasil.  

En 1919 el Gobierno Argentino encomendó a la Dirección General de Navegación y Puertos realizar estudios tendientes al aprovechamiento hidroeléctrico de las caídas del Salto Grande. Más tarde, el diputado nacional entrerriano Bernardino Horne presentó un proyecto de ley estableciendo cuatro objetivos centrales: la navegación, el aprovechamiento de energía eléctrica, la irrigación y el control de los efectos de las crecientes. Y el 30 de Diciembre de 1946 se firmó el Convenio entre Argentina y Uruguay, que dispuso en su artículo 3º que “las diversas utilizaciones de agua tendrán el siguiente orden de prioridad…:

1)      Utilización para fines domésticos y sanitarios;

2)      Utilización para navegación;

3)      Utilización para producción de energía;

4)      Utilización para riego.”

Salto Grande ha venido funcionando desde hace décadas como una eficiente usina de generación de energía barata, limpia y renovable, pero no ha aportado demasiado al logro de los demás objetivos. Es importante por lo tanto recordar que Salto Grande fue pensada originalmente como un proyecto multipropósito, orientado a promover el desarrollo regional.     

En momentos en que nuestro país necesita imperiosamente asegurar la provisión de agua potable y saneamiento a toda su población, diversificar y descarbonizar sus fuentes de energía, eficientizar sus sistemas de transporte, y aprovechar los recursos hídricos para mejorar la productividad del sector agropecuario y hacerlo menos vulnerable a episodios climáticos en el contexto del cambio global, el emprendimiento de Salto Grande se presenta como una oportunidad magnífica de aportar al logro de esos fines, potenciándolo con iniciativas que duermen en algunos cajones desde hace décadas, y otras que puedan surgir.

Si lo vemos desde la perspectiva de los intereses de la provincia de Entre Ríos – pero cuidando de no caer en una visión aldeana y cerrada, sino enmarcándolos armoniosamente en el contexto de los intereses de la región y de la Nación en su conjunto – un primer paso podría consistir en reclamar que se aumente la proporción en la que se pagan regalías hidroeléctricas a la provincia, permitir que tales regalías se puedan cobrar en especie, y aumentar el precio que Salto Grande recibe por la energía generada. Estas acciones permitirían contar con más recursos, provenientes tanto de regalías como de excedentes, y parte de esos recursos adicionales podrían destinarse a morigerar el impacto de la quita de subsidios a la energía, sobre todo para usos productivos y para consumos básicos de los sectores más vulnerables. Por otro lado, revisando de manera profunda el rol de la CAFESG, podrían también destinarse recursos a la promoción de un verdadero programa de desarrollo regional, priorizando las obras que impacten efectivamente en tal propósito, y cuidando rigurosamente la eficiencia y rentabilidad social de las inversiones.  Retomando las prioridades de 1946, ese proyecto tendría que concentrarse fuertemente en proyectos que brinden agua potable y saneamiento, infraestructura de transporte ferroviario y carretero para alimentar los puertos, electrificación rural y para parques industriales a costos adecuados, y acueductos para riego.       

Por otro lado, la potencia de la represa podría aumentarse concretando el demorado dique compensador de Salto Grande, obra que permitiría operar más eficientemente la central y aportar energía de base a ambos países. El aumento de generación incrementaría obviamente la percepción de regalías y excedentes para la provincia, llegado el momento. Pero además el dique compensador, cuya localización y diseño debería contemplar los más rigurosos criterios ambientales, permitiría mitigar el impacto de las inundaciones y favorecería la navegación, aportando al desarrollo de la Hidrovía del río Uruguay. Debe tenerse en cuenta que el transporte fluvial en determinadas distancias tiene ventajas significativas sobre el transporte carretero en términos de menor consumo de combustible, menor emisión de gases contaminantes y mayor seguridad. La navegación a su vez podría también potenciarse con la construcción de las demoradas esclusas y el canal, que permitirían navegar con barcazas aguas arriba de la represa.   

Obviamente todas estas obras requieren estudios y evaluaciones muy rigurosas que avalen su factibilidad y conveniencia, pero al menos deberíamos estar debatiendo estas cuestiones y exigiendo que esos estudios se realicen de manera perentoria.  

Salto Grande siguen siendo una oportunidad magnífica para la promoción efectiva del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, pero exige discusiones serias y acciones conducentes, más que repetir como loros cantinelas demagógicas o resignarnos a un status quo de atraso y empobrecimiento.- 

Publicado en el diario La Calle el día 23 de Abril de 2023.-

Leer más...

TIROS EN EL PIE O REMEDIOS ADECUADOS

Por José Antonio Artusi              

Millones de argentinos se ven privados del derecho a una vivienda digna. Se han ensayado diversas soluciones al problema, que no sólo no lo han solucionado sino que en muchos casos lo han empeorado, tales como malas leyes de alquileres. Permanece casi desconocida u olvidada, paradójicamente, una política que podría tener un impacto significativo en la mejora de la asequibilidad a la vivienda, ya sea en propiedad como en alquiler: el impuesto al valor del suelo libre de mejoras, también conocido como el impuesto único. Se trata de una idea propuesta por el economista y filósofo estadounidense Henry George en su obra "Progreso y Miseria" en 1879. Según George, este impuesto debería gravar únicamente el valor del suelo, sin tener en cuenta las mejoras realizadas en él, como edificios o instalaciones. En nuestro caso no equivaldría a crear un nuevo tributo sino simplemente a reformar el impuesto inmobiliario, desgravando totalmente las construcciones y gravando solamente el suelo, con alícuotas razonables y valuaciones cercanas a los precios de mercado. Recordemos que el Premio Nobel William Vickrey sostuvo que “el impuesto a la propiedad inmobiliaria es, económicamente hablando, la combinación de uno de los peores impuestos, la parte que se deriva de las mejoras a un bien inmueble… y uno de los mejores, el impuesto a la tierra o al valor del lugar”.  

Esta idea ha sido apoyada por muchísimos economistas a lo largo de la historia, incluyendo a Milton Friedman (que lo consideraba el menos malo), debido, entre otras razones, a su potencial para mejorar la asequibilidad a la vivienda. Este impuesto, combinado con la eliminación de muchísimos otros impuestos regresivos y distorsivos podría contribuir a ello de diversas maneras:

. Desalentando la especulación del suelo, mal llamada especulación inmobiliaria: El impuesto propuesto por Henry George desalienta la especulación del suelo, ya que gravaría su valor y no las mejoras. Esto significa que los propietarios de parcelas vacantes o subutilizadas tendrían que pagar un impuesto relativamente más alto, lo que los incentivaría a desarrollar o vender esas tierras, en lugar de mantenerlas sin utilizar con fines especulativos. Esto aumentaría la oferta de viviendas y de lotes en el mercado, lo que a su vez ayudaría a reducir los precios.

. Estimulando la inversión en viviendas: Al gravar únicamente el valor del suelo y no las mejoras, se estimularía a los propietarios a invertir en la construcción de viviendas en lugar de especular con el mayor valor del suelo acrecentado por acciones del Estado y de la comunidad. Esto también aumentaría la oferta de viviendas en el mercado, lo que contribuiría a la reducción de los precios y a mejorar la asequibilidad para compradores e inquilinos.

. Mejorando la equidad en la distribución de la riqueza: la propiedad del suelo tiende a concentrarse en manos de unos pocos propietarios, lo que puede resultar en desigualdades en la distribución de la riqueza y dificultades en el acceso a la vivienda. Al capturar una parte de las rentas extraordinarias y utilizarlas para financiar programas de vivienda asequible o programas universales como el ingreso ciudadano, podría contribuir a una mayor equidad en la distribución de la riqueza.

. Estimulando el desarrollo urbano eficiente: los propietarios de tierras tendrían un incentivo para desarrollar sus propiedades de manera eficiente para minimizar el impacto del impuesto. Esto impulsaría un crecimiento más compacta y sostenible de las ciudades, promoviendo el uso eficiente del suelo y evitando la expansión urbana no planificada y de baja densidad.

La idea de Henry George ha sido objeto de críticas y debates en la comunidad económica, y algunos economistas neoclásicos, en buena medida defendiendo intereses concretos de quienes se beneficiaban con la especulación, han argumentado en contra de la inclusión del suelo como un factor de producción separado del capital y del trabajo. Sin embargo, otros economistas, como Fred Harrison y Mason Gaffney, han defendido y actualizado la propuesta de Henry George, y han proporcionado argumentos contundentes en favor de considerar el suelo como un factor de producción distintivo. Entre los argumentos utilizados por estos y otros economistas podemos encontrar los siguientes:

. Rentas económicas del suelo: argumentan que el suelo tiene características especiales que lo diferencian de otros factores de producción, y que los propietarios de tierras pueden obtener rentas económicas simplemente por poseer tierras con valor en el mercado, sin realizar ninguna actividad productiva. Estas rentas del suelo, según ellos, son una forma de ingreso no merecido, ya que no resultan del esfuerzo o inversión del propietario, sino del valor atribuido a la ubicación de la tierra. El impuesto sería una forma de capturar parte de estas rentas del suelo y reinvertirlas con sentido redistributivo para beneficio de la sociedad en su conjunto.

. Ineficiencias en la asignación del suelo: consideran que la falta de un impuesto sobre el valor del suelo puede llevar a una asignación ineficiente de los recursos, ya que los propietarios de lotes pueden retenerlos sin desarrollarlos o subutilizarlos con fines especulativos, en lugar de utilizarlos productivamente. Al desalentar la especulación del suelo y promover un uso más eficiente del mismo, se mejoraría la asignación de recursos y se promovería un desarrollo urbano más sostenible.

En nuestro país es muy poco conocido un proyecto de ley presentado por el Presidente Roque Sáenz Peña en 1912, conocido como el "Impuesto al Mayor Valor de la Tierra", que fue claramente inspirado en las teorías de Henry George y procuraba recuperar el incremento del valor del suelo producido por acciones ajenas al propietario. El proyecto de ley de Sáenz Peña buscaba gravar el aumento del valor del suelo que se genera debido a la acción del Estado y al crecimiento de la comunidad, con el objetivo de utilizar esos ingresos para financiar obras públicas nacionales o municipales. Sin embargo, este proyecto de ley no prosperó. Quizás haya llegado la hora de rescatar del olvido esa iniciativa trunca de ese gran presidente que fue Saenz Peña.-

Publicado en el diario La Calle el día 16 de Abril de 2023.-

Leer más...

LA POBREZA NO PUEDE ESPERAR

Por José Antonio Artusi              

Se cumplieron el 4 de Abril 55 años del asesinato de Martin Luther King, uno de los más lúcidos y comprometidos defensores de una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. Poco antes de morir expresó que “la maldición de la pobreza no tiene justificación en nuestra era”, y enfatizó que “la pobreza es uno de los temas más urgentes en la agenda de la vida moderna”.

En Argentina, más allá de los porcentajes y las estadísticas, la pobreza sigue siendo un problema muy grave. La solución estructural a largo plazo implica disminución de la inflación, crecimiento económico sostenido, provisión de bienes públicos de calidad en educación, salud y hábitat, y creación de empleos genuinos a escalas masivas en un sector privado competitivo en un mundo globalizado. Pero eso no se logrará de la noche a la mañana, y la pobreza, sobre todo la indigencia, no puede esperar. Una alternativa en tal sentido es el ingreso ciudadano, también llamado ingreso básico universal, una política que proporcionaría un ingreso mínimo a todos los habitantes, independientemente de su situación económica, y que podría ayudar a reducir la pobreza extrema de manera significativa.  Estas son algunas razones por las que necesitamos un proceso gradual que desemboque en la institución de un ingreso ciudadano, articulado con una profunda reforma tributaria y la eliminación de muchísimos de los programas sociales vigentes, que lo deberían hacer viable:  

-          Reducción de la pobreza extrema: proporcionaría un ingreso básico a todas las personas, incluyendo a aquellas que actualmente viven en situación de pobreza extrema. Esto podría mejorar su calidad de vida y ayudarles a salir de la situación de exclusión.

-          Mayor igualdad: promovería la igualdad económica al proporcionar a todos los ciudadanos un ingreso mínimo garantizado. Esto podría reducir la brecha entre los ricos y los pobres y mejorar la distribución de la riqueza.

-          Estabilidad financiera: proporcionaría una red de seguridad financiera para las personas en situaciones difíciles, como la pérdida de empleo o la incapacidad para trabajar debido a enfermedad o discapacidad. Esto podría ayudar a prevenir la caída en la pobreza en momentos de crisis económica.

-          Mayor seguridad social: podría proporcionar una mayor seguridad social a la población más vulnerable, incluyendo a los ancianos y a los niños.

-          Impulso a la economía: podría estimular la economía al proporcionar un mayor poder adquisitivo a las personas más pobres, lo que podría aumentar la demanda de bienes y servicios y estimular la creación de empleos.

Una de las ventajas del ingreso ciudadano es que, al ser universal e incondicional, no desalienta el trabajo. Esto se debe a que proporciona una red de seguridad económica para todos, independientemente de su situación laboral, y no cae por lo tanto en la “trampa de la pobreza” propia de los “planes” sociales focalizados y condicionales, que además generan dependencia clientelar.

Como la pobreza extrema en la población infantil es la que más urgentemente hay que atacar, se podría empezar por reflotar el Ingreso Ciudadano a la Niñez propuesto por Elisa Carrió en los 90, consistente en proporcionar un ingreso básico a todos los niños del país, independientemente de la situación económica de sus familias. De hecho no estamos tan lejos, se podría concretar unificando en un único programa la AUH, las asignaciones familiares, las deducciones por hijo en el impuesto a las ganancias, y otros programas asistenciales. Se obtendría de ese modo una prestación verdaderamente universal (la AUH de “universal” no tiene nada), incondicional, igualitaria y permanente, inspirada en los ideales republicanos.   

Los programas piloto de ingreso ciudadano que se han implementado en diversos lugares del mundo han proporcionado sólidas evidencias sobre los efectos de esta política:

-          Mejora en la salud y el bienestar: Los programas piloto han demostrado que proporcionar un ingreso básico puede mejorar la salud y el bienestar de las personas. En un programa piloto realizado en Uganda se encontró que los hogares que recibieron un ingreso básico experimentaron una reducción en la mortalidad infantil y una mejora en la nutrición infantil.

-          Reducción de la pobreza y la desigualdad: Los programas piloto también han demostrado que esta política puede reducir la pobreza y la desigualdad. En un programa piloto realizado en la India se verificó que el ingreso básico redujo la pobreza en un 28% y redujo la desigualdad en un 13%.

-          No desalienta el trabajo: Los programas piloto de ingreso ciudadano han demostrado que esta política no desalienta el trabajo. En un programa piloto realizado en Finlandia se vió que los participantes no redujeron significativamente su participación laboral después de recibir el ingreso básico.

-          Mejora la educación y el emprendimiento: también han demostrado que esta política puede mejorar la educación. En un programa piloto realizado en Kenia se encontró que los participantes que recibieron el ingreso básico aumentaron su inversión en educación.

Thomas Paine, uno de los pensadores políticos más influyentes de la Ilustración, hizo una defensa moral del ingreso ciudadano en su obra "Justicia Agraria" en 1795. Desde la época de Thomas Paine, muchos autores han argumentado a favor del ingreso ciudadano desde diversas perspectivas:

Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght lo han propuesto como una forma de garantizar la libertad y la autonomía individual, al permitir a las personas elegir su forma de vida y trabajo sin verse forzadas a aceptar empleos indeseados o mal remunerados.

Guy Standing ha argumentado que el ingreso ciudadano es necesario para combatir la creciente inseguridad laboral y la erosión del Estado de bienestar, y que proporciona una base para construir una sociedad más justa y equitativa.

Rutger Bregman lo ha defendido como una forma de redistribución del poder económico y político, al reducir la dependencia de las personas de los empleadores y los programas gubernamentales.

Annie Miller lo ha propuesto como una forma de reconocer y valorar el trabajo no remunerado, como el cuidado de la familia y la comunidad, que a menudo es realizado por mujeres y se subestima en la economía convencional.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos argumentos que se han dado en favor del ingreso ciudadano. Cada autor tiene su propia justificación moral, política y económica para apoyar la idea, pero todos comparten la creencia de que este enfoque puede proporcionar una base sólida para una sociedad más justa y equitativa.-

Publicado en el Diario La Calle el día 9 de Abril de 2022.-

Leer más...

MIRANDO LOS DATOS DEL CENSO 2022 (Y ANTERIORES)…

Por José Antonio Artusi              

Los datos preliminares del Censo 2022 para la provincia de Entre Ríos nos permiten hacer algunos análisis someros sobre la evolución de las tendencias demográficas, que obviamente deberán profundizarse cuando contemos con información más completa y desagregada.

En primer lugar, cabe señalar que la población de Entre Ríos creció un 15,41% entre 2010 y 2022, ligeramente por encima de la tasa nacional (14,8%), y muy por encima de su propia tasa de crecimiento del anterior período intercensal (6,72%), entre 2001 y 2010.

El departamento que más creció es Colón (20,8%); también lo había sido entre 2001 y 2010 (17,91%). El que menos creció es Nogoyá (8,57%), el único departamento con porcentaje de crecimiento de un dígito. Nogoyá había sido también el de menor crecimiento entre 1991 y 2001 (4,32%). El departamento que más creció después de Colón es Tala (20,16%); en este caso el contraste es notable con el período anterior, en el que había sido el de menor crecimiento; en realidad había sido el único en ver disminuir su cantidad de población (-0,88%) entre 2001 y 2010.

Dividí a la provincia en 3 regiones (es obviamente discutible el criterio). Tengo así la Costa del Uruguay: Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay y Gualeguaychú; la Región Centro: Feliciano, Federal, Villaguay, Tala y Nogoyá; y la Costa del Paraná: La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

La región de la costa del Uruguay es la que más creció (16,98%), con todos sus departamentos por encima del porcentaje provincial. La que menos creció es la Región Centro (12,93%). Sin embargo el departamento Tala (20,16%) está bastante por encima de la tasa provincial. En una situación intermedia está la región de la costa del Paraná, con un porcentaje de incremento muy cercano al provincial (14,60%). Los únicos departamentos en esa región con tasas de crecimiento superiores - levemente - a la provincial son Diamante (16,74%) e Islas (16,54%).

Si miramos una serie más larga, entre 1991 y 2022, la población de Entre Ríos creció 39,81%. El departamento que más creció es Colón (67,10%) y el que le sigue es Federación (63,10%). Los de menor crecimiento son Nogoyá (13,81%), La Paz (20,96%) y Tala (27,35%). En ese período la región que más creció es la costa del Uruguay (47,42%) y la de menor crecimiento fue la Región Centro (25,40%). Nuevamente al medio, la región de la costa del Paraná (37,25%), cerca del promedio provincial. Si miramos números absolutos el contraste entre Colón y Nogoyá es notable. En 1991 tenían 44937 y 37230 habitantes respectivamente. En 31 años Colón sumó 30.154 habitantes, casi mil por año, y Nogoyá sólo 5.141, 165 por año en promedio. Si tenemos en cuenta un período más extenso aún, veremos que Nogoyá perdió población en términos absolutos entre 1947 y 2022, pasó de 46.799 a 42.371, vale decir que todavía no recuperó la cantidad de habitantes de 1947. Feliciano y Villaguay también perdieron población en ese intervalo, 657 habitantes en el primer caso y 2477 en el segundo; si bien hay que considerar que Villaguay cedió una porción de su territorio para la creación del departamento Federal en 1972 y para San Salvador en 1995. Tala, por su parte, tenía el año pasado sólo 58 habitantes más que en 1947. Por otro lado, es notable cómo el Departamento Paraná pasó de tener el 18.81% de la población en 1947 al 27,48% en 2022.     

Los datos parecen confirmar que se consolida una tendencia a la concentración de la población a lo largo de las costas, con un mayor dinamismo de la del Uruguay y el entorno de la capital, en desmedro de los departamentos del centro. Si miramos con más detalle, la sub región Norte de la Costa del Uruguay (Federación, Concordia, San Salvador y  Colón) crece más que la subregión Sur (Uruguay y Gualeguaychú).

El departamento con menos población sigue siendo Islas, con el 0,99% de la población de la provincia. El más poblado sigue siendo Paraná, con el 27,48%, porcentaje que se mantiene prácticamente estable desde 1991.

En 1991 la región de la costa del Paraná concentraba el 45,25% de la población y la costa del Uruguay el 41,10%. En 2022 la diferencia se reduce ligeramente, 44,42% a 43,347%. La Región Centro exhibe un lento pero continuo descenso de su participación en el total de la población provincial, de 13.64% en 1991 a 12,24% en 2022. Cabe señalar que la superficie de la Región Centro es el 27,67% del territorio entrerriano.   

Si miramos con más detalle la región de la Costa del Paraná, el único departamento que crece más que el total provincial entre 1991 y 2022 es Paraná (41,93%). La Paz es el de segundo menor crecimiento (20,96%) en la provincia, sólo por debajo en ese periodo de Nogoyá.  

El departamento más poblado es también el más denso, Paraná, con 78,80 habitantes/km². El menos poblado es también el menos denso, Islas, con solo 3,13 habitantes/km². La región más densa es la costa del Uruguay, con 22,27 habitantes/km²; cerca se ubica la de la costa del Paraná, con 21,93 habitantes/km² y más lejos la Región Centro con 8,47 habitantes/km².  La densidad promedio de la provincia es 18,11 habitantes/km². Dicho en otros términos, el departamento Paraná tiene una densidad ligeramente superior a la de la provincia más densa del país (Tucumán), y el Departamento Islas tiene una densidad ligeramente menor que la de Río Negro, una de las provincias argentinas menos densas. Si comparamos por regiones, la de la Costa del Uruguay y la de la Costa del Paraná tienen densidades similares, ligeramente inferiores a la de la provincia de Córdoba. Mientras que la región Centro tiene una densidad levemente superior a la de Formosa.

En un país y en una provincia que sigue siendo poco densa, tenemos un corredor central de la provincia en el que la baja densidad y la escasa dinámica de crecimiento demográfico son el reflejo de la falta de un proceso de desarrollo socio – económico. Toda la provincia tiene un enorme potencial, pero algunas regiones están más deprimidas que otras y necesitaremos programas y proyectos que procuren equilibrar el territorio y brindar a todos los entrerrianos un horizonte de progreso y calidad de vida con igualdad de oportunidades, más allá del departamento en el que nazcan.   

Es imposible planificar e implementar políticas públicas en cualquier sector (educación, salud, vivienda, empleo, etc.) si no contamos con información confiable y actualizada acerca de cuantos somos y dónde y cómo vivimos. Es de esperar que contemos pronto con datos más detallados del Censo 2022, que no serán suficientes pero sí son imprescindibles.-      

 

Publicado en el diario La Calle el día 2 de Abril de 2022.-

Leer más...