EL COLEGIO DEL URUGUAY, A 177 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

Por José Antonio Artusi

Hay fechas que una ciudad debería conmemorar no por costumbre sino por convicción, y el 28 de julio es, para Concepción del Uruguay, una de ellas. Ese día de 1849 —todavía Rosas gobernaba la política exterior de la Confederación y el país no era, en rigor, más que una promesa federal escrita sobre pactos interprovinciales— Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos y no aún el vencedor de Caseros, fundó en esta ciudad un colegio de estudios preparatorios que terminaría siendo, con el tiempo, el primer colegio secundario laico, público y gratuito de la República Argentina. Ciento setenta y siete años después, conviene detenerse a pensar qué significó eso, y qué de aquello sigue —o no— vivo entre nosotros.

Conviene empezar por lo que el gesto tuvo de anomalía. A mediados del siglo XIX, la educación media en estas tierras era un privilegio poco frecuente. Buenos Aires y Córdoba —esta última bajo la tutela dominica del Monserrat— concentraban una oferta que dejaba al resto del territorio nacional, y en particular al litoral, en la orfandad formativa. Que un caudillo entrerriano, con fama construida por la historiografía porteña como la de un caudillo bárbaro, fundara una institución laica, gratuita, abierta a jóvenes de toda condición social, no es un dato menor ni un capítulo de anécdota provinciana: es el primer laboratorio institucional de una idea que la Argentina tardaría todavía tres décadas en sancionar como ley de la Nación. Cuando en 1884 Roca promulgue la Ley 1420, no hará sino nacionalizar un principio que en Entre Ríos llevaba treinta y cinco años de ejercicio efectivo. La genealogía suele escribirse al revés: se piensa la educación pública argentina como un invento porteño que luego se derrama hacia las provincias. El Colegio del Uruguay desmiente esa cronología con la contundencia de los hechos consumados.

Pero además Roca no estuvo sólo en esa empresa. Hemos sostenido en esta hoja en otra oportunidad que “el día que se promulgó la ley 1420 de educación común, pública, laica, gratuita y obligatoria, el 8 de julio de 1884, el presidente de la Nación, su ministro de Instrucción, el diputado autor del proyecto de ley y el presidente de la Cámara de Diputados compartían una inusual coincidencia: todos habían sido alumnos del Colegio del Uruguay, “el heredero de Urquiza”. ¿Casualidad? No creo. Tengo para mí que ese día dio uno de sus frutos más brillantes la semilla plantada por el Organizador de la Nación treinta y cinco años antes…”. Nos referimos, además del tucumano Roca, al tupiceño Eduardo Wilde, al entrerriano Onésimo Leguizamón y al salteño Rafael Ruiz de los Llanos.        

Y no fue solamente laico y gratuito: fue, sobre todo, un dispositivo de movilidad social ascendente y de formación de dirigentes en un país que todavía no tenía muy claro qué iba a ser de sí mismo. Por sus aulas pasaron tres presidentes de la Nación —Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza y, ya en el siglo XX, Arturo Frondizi—, ministros, gobernadores, juristas, médicos, ingenieros, comerciantes, empresarios, deportistas, obreros, artistas, poetas. Pero el dato relevante no es tanto la nómina de egresados ilustres —toda institución centenaria puede exhibir su santoral— sino el mecanismo: un colegio que becaba alojaba, alimentaba y vestía a hijos de familias sin recursos junto a herederos de estancieros, hijos de inmigrantes junto a criollos, en un mismo banco, bajo el mismo régimen disciplinario y el mismo plan de estudios. Ahí, en esa convivencia, se fraguó buena parte de lo que después llamaríamos, con cierta grandilocuencia, la "clase dirigente argentina". No hubo endogamia de origen: hubo, en cambio, un mecanismo que igualaba —al menos puertas adentro del aula— lo que la sociedad de origen se empeñaba en desigualar.

Ese mismo mecanismo cumplió una función que hoy, en tiempos de discusión sobre integración e identidad, merece ser releída: la de socializar e integrar a los hijos de la inmigración. Entre Ríos recibió, desde mediados del siglo XIX, oleadas de inmigrantes europeos cuyos hijos encontraron en el Colegio del Uruguay el ámbito donde la lengua, el rito escolar y el sentido de pertenencia a una comunidad política los volvía, en el sentido más llano de la palabra, argentinos. No es exagerado decir que el Colegio hizo, silenciosamente, buena parte del trabajo que la Ley 1420 institucionalizaría después a escala nacional: convertir la heterogeneidad de origen en ciudadanía compartida, sin exigir a nadie que renunciara del todo a su lengua ni a su religión, pero sí que aceptara un piso común de instrucción, civismo y cientificismo laico. El Colegio del Uruguay encarna una aspiración no sólo de formar dirigentes y ciudadanos conscientes de su condición de sujetos soberanos en una república, sino también personas capaces de contribuir con su trabajo fecundo al progreso material y al desarrollo del país, y hombres y mujeres solidarios y comprometidos en la construcción fraternal de una sociedad mejor.     

Hay otro rasgo que suele mencionarse de pasada y que merece mayor centralidad en el relato: la temprana incorporación de la mujer a sus aulas, en una época en que la educación femenina secundaria era, en el resto del país, prácticamente inexistente o estaba confinada a los conventos. Que por el Colegio del Uruguay pasara Teresa Ratto —primera bachiller mujer del país y una de las primeras médicas de la Argentina— no es una curiosidad de anecdotario sino un indicio de que la institución entendió, antes que muchas otras, que el proyecto no podía completarse dejando a la mitad de la población fuera del aula. Ninguna épica fundacional está exenta de zonas grises —el siglo XIX entrerriano tampoco lo estuvo—, pero en este punto específico el Colegio se adelantó a su tiempo con una nitidez que merece ser subrayada y no diluida en el relato general.

¿Qué queda, entonces, ciento setenta y siete años después? Queda el edificio, monumento histórico nacional desde 1942, con su mirador que fue baluarte para defender la Organización Nacional en 1852 y hoy es postal turística. Quedan los museos, el archivo, la biblioteca, el busto de Roca cuya nariz seguimos tocando, el farol por abajo del que evitamos cuidadosamente pasar, la superstición como forma menor, pero elocuente, de continuidad institucional y de identidad histórica. Quedan seguramente también muchos proyectos. Y queda, sobre todo, una pregunta que cada aniversario debería reformular: si aquel ideal de ascenso social, de integración igualadora y de laicidad republicana sigue operando con la misma potencia, o si se ha convertido parcialmente —como tantas instituciones fundacionales— en reliquia de sí mismo, administrador de un prestigio que ya no se corresponde plenamente con una función social efectiva.

Urquiza no fundó el Colegio para que Concepción del Uruguay tuviera un edificio bonito frente a la plaza Ramírez. Lo fundó porque intuyó, con una lucidez que la historiografía oficial nunca le reconoció plenamente, que no hay república democrática sin educación pública de calidad, ni educación pública sin igualdad de oportunidades, ni igualdad sin un aula donde sean compañeros y pares los que la sociedad tiende a segregar. Ciento setenta y siete después de la fundación del Colegio, la pregunta sigue siendo la misma que se hacía el gobernador entrerriano: qué tipo de sociedad, y para quiénes, estamos dispuestos a construir. El espíritu fundacional del Viejo Colegio sigue en pie. Lo que no está tan claro es si seguimos entendiendo cómo reinterpretarlo en el siglo XXI para seguir siendo fieles a su esencia imperecedera.

 

Publicado en el diario La Calle el 16 de agosto de 2026. 

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A 543 AÑOS DE LA INAUGURACIÓN DE LA CAPILLA SIXTINA

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 543 años de la inauguración de la capilla palatina del Palacio Apostólico del Vaticano. Desde agosto de 1483 aquel recinto ha trascendido ampliamente su condición de espacio litúrgico para convertirse en uno de los grandes símbolos de la civilización occidental. Arquitectura, pintura, religión, poder y humanismo confluyen allí en un diálogo que, más de cinco siglos después, continúa maravillándonos.

Para comprender la génesis de la Capilla Sixtina conviene despojarse de la mirada puramente turística o de la mera admiración estética. Sixto IV, un pontífice de indudable ambición artística —a quien debemos también la renovación de la biblioteca vaticana—, concibió este espacio no solo como un santuario sagrado, sino también como un mensaje político y cultural.

Desde el punto de vista arquitectónico, el edificio, atribuido a Baccio Pontelli y ejecutado por Giovannino de Dolci, constituye una notable expresión del equilibrio renacentista. Sus dimensiones fueron concebidas tomando como referencia las proporciones que el relato bíblico atribuye al Templo de Salomón. Más que una reproducción literal, se trata de una evocación simbólica profundamente significativa. Para los hombres del Renacimiento, la geometría no constituía un mero recurso técnico, sino la manifestación visible, concreta, de un orden superior, ideal, abstracto. La armonía de las proporciones expresaba la convicción de que el universo respondía a leyes inteligibles y que la arquitectura podía reflejar ese equilibrio.

No resulta casual que León Battista Alberti, uno de los grandes teóricos del Renacimiento, sostuviera que la belleza nacía de la adecuada correspondencia entre todas las partes de una obra. Esa aspiración a la proporción y a la racionalidad se percibe claramente en la Capilla Sixtina, donde cada elemento arquitectónico participa de una concepción unitaria que trasciende su función práctica para convertirse en expresión de una determinada idea del mundo.

Antes de que las intervenciones posteriores de Julio II y Paulo III llamaran a Miguel Ángel Buonarroti a revolucionar la historia del arte, los muros laterales de la capilla ya constituían un monumental manifiesto político y pedagógico. Pintores de la talla de Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio y Cosimo Rosselli fueron los encargados de articular visualmente las dos grandes eras de la historia: las historias de Moisés en una pared y las historias de Cristo en la otra.

Este paralelismo no respondía a un mero capricho estético. La contraposición entre la antigua ley mosaica y la nueva ley evangélica servía para legitimar la continuidad del poder papal de manera directa y sin intermediarios. En un tiempo donde la fragmentación y las tensiones políticas amenazaban constantemente la cohesión de los territorios y las instituciones, la arquitectura y el arte público —porque la capilla funcionaba como el centro neurálgico del gobierno de la Iglesia— operaban como herramientas clave de comunicación y pedagogía ciudadana.

El Renacimiento suele interpretarse como una ruptura con la Edad Media. Sin embargo, esa imagen simplifica un proceso mucho más complejo. Los grandes humanistas no pretendieron reemplazar la fe por la razón, sino armonizar y sintetizar ambas dimensiones. La recuperación del legado clásico permitió redescubrir la dignidad de la persona humana, la confianza en el conocimiento y el valor de la creación artística individual sin abandonar el horizonte religioso que daba sentido a aquella cultura. La Capilla Sixtina constituye quizá una de las expresiones más acabadas de esa síntesis.

La peor opción ante estos legados históricos es la resignación ante la simple contemplación pasiva, o verlos como partes fijas del paisaje cultural, despojados de su contexto social y de las voluntades políticas que los hicieron posibles. La Capilla Sixtina nos enseña que el diseño de los espacios institucionales es, ante todo, un reflejo de las visiones colectivas y de los acuerdos de una comunidad en un momento histórico determinado.

Un cuarto de siglo después de su inauguración, durante el pontificado del enérgico Julio II, la Capilla Sixtina experimentó la transformación que terminaría por convertirla en una referencia ineludible de la historia del arte. El encargo a Miguel Ángel Buonarroti para decorar la bóveda —que originalmente mostraba un sencillo cielo azul sembrado de estrellas, obra de Piermatteo d'Amelia— constituye uno de los episodios más extraordinarios del Renacimiento. Paradójicamente, el artista se consideraba ante todo escultor y aceptó la empresa con reservas, convencido de que otros pintores poseían mayor experiencia en la técnica del fresco. Entre 1508 y 1512, colgado de andamios diseñados por él mismo y desafiando el desgaste físico, Miguel Ángel plasmó en la bóveda las escenas del Génesis. Aquí la escala humana cobra una dimensión trágica y monumental a la vez. No es el hombre sumiso del medioevo; es el hombre del humanismo renacentista, un ser dotado de dignidad, de libre albedrío, autónomo y capaz de mirar de igual a igual a su Creador.  

La bóveda expresa una nueva manera de comprender al hombre y su lugar en el universo. En aquellos cuerpos vigorosos, en esos gestos cargados de energía contenida y en esa tensión permanente entre la fragilidad y la grandeza se manifiesta el espíritu del humanismo renacentista. La célebre Creación de Adán resume magistralmente esa visión: Dios no aparece distante e inaccesible, sino que extiende su mano hacia una criatura llamada a participar de la inteligencia, la libertad y la responsabilidad propias de la condición humana. El verdadero valor de la intervención de Miguel Ángel en la Sixtina no radica en la mera destreza técnica del fresco, sino en la audacia de situar la centralidad de la experiencia humana, con sus tensiones, sus dudas y su inmensa potencia creadora, en el corazón mismo del poder institucional.

Más de dos décadas después, entre 1536 y 1541, un Miguel Ángel ya sexagenario y profundamente conmovido por los traumas de la Reforma Protestante y el brutal Sacco de Roma de 1527, regresaría a la capilla para pintar el muro del altar: El Juicio Final. La diferencia tonal y conceptual entre la bóveda y el altar es sobrecogedora y resume el giro dramático de un siglo.

De la armonía y la esperanza de la creación pasamos a una vorágine de cuerpos que caen y ascienden, dominados por un Cristo juez desprovisto de misericordia convencional. Es la expresión artística de la crisis de una época, de la pérdida de certezas y del temor ante un orden social y espiritual que se resquebrajaba. Al detenernos a reflexionar sobre estos 543 años de historia, resulta inevitable trazar ciertos puentes con nuestras propias realidades contemporáneas. La Capilla Sixtina sobrevive no solo por la calidad técnica de sus frescos, sino porque fue pensada y ejecutada como una obra integral, donde la arquitectura, el arte y el mensaje cívico funcionaban en perfecta sintonía.

La Capilla Sixtina, a más de cinco siglos de su inauguración, sigue cumpliendo su función primordial. Más allá de su innegable dimensión sagrada, el espacio nos sigue interpelando sobre nuestra propia condición. Nos recuerda que las ciudades y los edificios que construimos son las páginas en donde se escribe la historia de nuestra civilización. Ojalá seamos capaces, en nuestro tiempo y en nuestras propias realidades locales, de recuperar aquel impulso humanista que alguna vez nos demostró que la arquitectura y el arte pueden y deben estar al servicio de la dignidad y la trascendencia de las personas.

 

Publicado en el diario La Calle el 9 de agosto de 2026.

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TORQUEMADA

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 543 años de la designación por el papa Sixto IV de fray Tomás de Torquemada como inquisidor general de Castilla, cargo que luego se haría extensivo a Aragón, Cataluña y Valencia.

Tomás de Torquemada nació hacia 1420, probablemente en la villa de Torquemada, en tierras de Palencia, aunque algunas fuentes señalan a Valladolid como su cuna. Ingresó muy joven en la Orden de Predicadores —los dominicos— profesando en el convento de San Pablo de Valladolid, la misma casa religiosa en la que su tío, el célebre teólogo y cardenal Juan de Torquemada, había forjado su carrera eclesiástica. Hacia 1452 se estableció en el convento de Santa Cruz la Real de Segovia, donde llegaría a ser prior y permanecería 22 años, hasta 1482. Allí se convirtió en confesor de la princesa Isabel, futura reina de Castilla, quien lo describió como "varón de santa vida y ejemplo de religión".

La cuestión de sus posibles ascendientes judíos ha sido y sigue siendo objeto de controversia historiográfica. El cronista Hernando del Pulgar, él mismo converso, escribió en sus Claros varones de Castilla de 1486 que los abuelos del cardenal Juan de Torquemada "fueron de linaje de los judíos convertidos a nuestra Santa Fe Católica". La extrapolación de ese dato al inquisidor general es, sin embargo, discutida: un estudio publicado en 2020 sobre todos los ancestros conocidos de Juan de Torquemada no encontró conversos en la línea familiar. No hay certeza, pero tampoco puede descartarse. Lo que sí resulta documentalmente incontrovertible es que Tomás de Torquemada, al frente del Santo Oficio, persiguió a los conversos con una saña que algunos historiadores han intentado explicar como expresión de una identidad profundamente escindida.

El proceso que lo llevó a la cúspide del poder inquisitorial fue gradual. La Inquisición española fue autorizada por la bula de Sixto IV del 1 de noviembre de 1478 y comenzó a actuar en Sevilla en 1480. El 2 de agosto de 1483, con la expresa recomendación de los monarcas y el cardenal Pedro González de Mendoza, Sixto IV nombró a Torquemada Inquisidor General de Castilla. El 17 de octubre de ese mismo año se amplió su jurisdicción a Aragón, Cataluña y Valencia, convirtiéndolo en el primer titular unificado del cargo. Ese mismo año comenzó a gestarse el Consejo de la Suprema y General Inquisición, del que Torquemada fue primer presidente y que se consolidaría institucionalmente en 1488.

Lo que siguió fue una obra de organización burocrática tan meticulosa como ominosa. En noviembre de 1484, reunido con los inquisidores de Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Jaén, Torquemada dictó en Sevilla las primeras Instrucciones que regularían el procedimiento inquisitorial. A ellas siguieron las de Valladolid de 1488 y las de Ávila de 1498. Esos textos —compilados más tarde bajo el título Compilación de las instrucciones del oficio de la Santa Inquisición— establecieron un andamiaje procesal coherente que dotó al tribunal de una eficiencia sin precedentes: delatores anónimos, período de gracia para la auto confesión, tormento como recurso procesal, confiscación de bienes de los condenados. La brutalidad no era caótica: era administrada, metódica, racional en sus formas, aunque irracional en sus fundamentos.

La extensión del poder inquisitorial no estuvo exenta de instrumentalización política. El asesinato del inquisidor Pedro de Arbués en Zaragoza en septiembre de 1485, atribuido a conversos, desencadenó una ola de reacción popular que facilitó la penetración del Santo Oficio en la Corona de Aragón, donde hasta entonces había encontrado resistencia institucional. Del mismo modo, el supuesto "asesinato ritual" de un niño conocido como el Santo Niño de La Guardia, en 1491, sirvió de pretexto para avivar la persecución: el proceso fue una farsa judicial sin cadáver, sin víctima identificada y sin prueba alguna, pero produjo al menos cinco condenados a muerte y proporcionó el clima emocional que Torquemada necesitaba para impulsar el paso siguiente: la expulsión total de los judíos.

El Edicto de Granada, firmado por los Reyes Católicos el 31 de marzo de 1492, ordenó que todos los judíos que no se convirtieran al catolicismo abandonaran los reinos de Castilla y Aragón antes del 31 de julio de ese año, plazo prorrogado en la práctica hasta el 2 de agosto. La tradición historiográfica atribuye a Torquemada un papel decisivo en su redacción y en presionar a los monarcas para que lo firmaran. El cronista Andrés Bernáldez que el inquisidor irrumpió ante los reyes blandiendo un crucifijo y los conminó a no negociar con los judíos bajo amenaza de renunciar al cargo. Lo cierto, con independencia de la anécdota, es que la expulsión privó a la monarquía de una comunidad que constituía un pilar fiscal y económico de primera magnitud, y que la obsesión por la "pureza de sangre" y la unidad religiosa se impuso sobre consideraciones de elemental pragmatismo político y económico.

¿Cuántas víctimas dejó el período de Torquemada al frente del Santo Oficio, entre 1483 y 1498? La controversia de los números ha acompañado al tema desde el siglo XIX. Juan Antonio Llorente, primer historiador sistemático de la Inquisición española, estimó en su Histoire critique de l'Inquisition d'Espagne (1817-1818) que bajo Torquemada fueron quemadas en persona alrededor de 8.800 personas, a las que sumaba unos 6.500 quemados en efigie y unos 90.000 reconciliados con otras penas. Estas cifras fueron cuestionadas ya por los historiadores del siglo XIX —Hefele, Gams— y hoy se consideran muy infladas y sin base documental firme. El historiador judío Heinrich Graetz sostuvo que al menos 2.000 personas fueron quemadas en los primeros años de la Inquisición. Los estudios modernos, basados en el análisis sistemático de los registros procesales conservados en el Archivo Histórico Nacional —Kamen, García Cárcel, Contreras y Henningsen—, han tendido a reducir las cifras absolutas, situándolas entre 1.500 y 2.000 ejecutados bajo Torquemada, pero sin que ello minimice la dimensión de la tragedia: hablamos de miles de condenas a penas infamantes, de confiscaciones sistemáticas y de la persecución de miles de familias durante décadas.

El propio papado terminó por poner límites al poder que Torquemada había acumulado. En 1494, el papa Alejandro VI nombró a cuatro inquisidores generales con atribuciones análogas a las suyas, lo que equivalía a una dilución encubierta de su autoridad. Enfermo, se retiró a partir de 1496 al convento de Santo Tomás de Ávila, que él mismo había mandado construir y que financió en parte con bienes confiscados a los condenados. Murió allí el 16 de septiembre de 1498, a los 77 o 78 años.

El cronista Sebastián de Olmedo lo llamó "el martillo de los herejes, la luz de España, el salvador de su país, el honor de su orden". La historia le dio otra denominación. Torquemada se ha convertido en un concepto que se utiliza para designar cualquier forma de fanatismo persecutorio: "torquemada".

Lo que su figura recuerda no es solo una página oscura de la historia española, sino un problema político de alcance universal: la fusión entre poder estatal y poder religioso, entre ortodoxia impuesta y coacción institucionalizada. La Inquisición española no fue una anomalía medieval; fue, en sus formas burocráticas y en su coherencia procedimental, una institución rigurosamente moderna, funcional a la construcción del Estado centralizado que Fernando e Isabel estaban edificando. Torquemada fue su arquitecto más eficiente. Esa modernidad en los medios al servicio de una finalidad reaccionaria constituye, quizás, lo más inquietante de su legado.

 

Publicado en el diario La Calle el 2 de agosto de 2026.

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