martes, 6 de agosto de 2024

ROBESPIERRE

Por José Antonio Artusi

Maximilien Robespierre nació en Arras el 6 de mayo de 1758 y murió en París, decapitado en la guillotina, el 28 de julio de 1794, cuando contaba con apenas treinta y seis años.

La relación de Robespierre con la pena de muerte es paradójica. Como abogado y como juez antes de la Revolución Francesa y como diputado en la convención constituyente fue un decidido opositor a la pena capital, como gobernante revolucionario durante el período conocido como el Terror la aplicó y justificó y finalmente terminó siendo su víctima, hace doscientos treinta años.

Robespierre, conocido como “el incorruptible”, fue una figura clave en el proceso de la Revolución Francesa. Su legado es complejo y ha dado lugar a controversias y disputas, y podríamos decir que sigue abierto a nuevas lecturas e interpretaciones. Sus detractores y sus defensores han encontrado argumentos válidos tanto para condenarlo como para rescatarlo, y quizás ahí radique buena parte del interés que su figura sigue despertando. Quienes lo defienden lo ven como un impulsor apasionado de la igualdad y de la justicia, y como un abogado de los sectores más desposeídos de la sociedad; quienes lo critican ven su papel en la ejecución de miles de personas acusadas de ser enemigos de la revolución, de poner en marcha un aparato represivo que hoy definiríamos como terrorismo de Estado. En definitiva, sus errores y pecados, que los tuvo, no invalidan necesariamente todas sus ideas.

La reflexión sobre la vida y la obra de Robespierre nos puede resultar útil para formularnos algunos interrogantes que exceden su tiempo histórico y que siguen siendo pertinentes en el siglo XXI:

¿Cuáles fueron las circunstancias y condiciones que llevaron a Robespierre a adoptar posturas tan extremas, a sacrificar tanto los medios en el altar del logro de los fines?

¿Cómo puede lograrse un equilibrio entre la persecución de la igualdad y la justicia con la garantía universal de la protección de los derechos humanos y la plena vigencia de las libertades individuales para todos?

¿Qué lecciones podemos aprender a partir del estudio de las ideas de Robespierre y de las circunstancias en las que le tocó actuar; y cómo podemos adaptar esas lecciones para aplicarlas a los desafíos del presente?      

Un aspecto que ha sido objeto de particular atención en las últimas décadas es el vínculo entre el ideario de Robespierre y el desarrollo del concepto moderno de ingreso ciudadano o ingreso básico universal. Es así que David Casassas1 ubica a Robespierre, junto a otros, en el campo ideológico de lo que él denomina republicanismo democrático, en contraposición a un republicanismo oligárquico: “cuando se entiende y propone que esa libertad republicana como no dominación ha de (tender a) alcanzar al conjunto de la población sin exclusiones de ningún tipo - pensemos en Pericles y Aspasia, en Robespierre o en Thomas Paine -, hablamos de formas democráticas de republicanismo…”.               

Daniel Raventós2 elige para comenzar su libro, no casualmente titulado “Las condiciones materiales de la libertad”, una frase del propio Robespierre: “De todos los derechos, el primero es el de existir. Por tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir; todas las demás leyes están subordinadas a esta ley social”. En el prólogo de la obra de Raventós Antoni Domenech se refiere a esa frase: “Quien por vez primera habló de “derecho a la existencia” fue Robespierre, en un discurso celebérrimo”, y luego vincula las ideas de Robespierre con las del revolucionario republicano inglés Thomas Paine, uno de los ideólogos de la independencia norteamericana que participó también en la Revolución Francesa y sufrió los rigores de la cárcel durante el Terror. Domenech señala que “se puede observar el origen europeo de estas ideas republicano-democráticas de Paine y de Robespierre” y las compara con las de Jefferson: “compartía con Paine y con Robespierre la idea republicana de libertad (ser libre es por lo pronto no tener que pedir permiso a nadie para vivir, gozar de una base material independiente de existencia), así como – menos radicalmente – la idea democrática de universalizar esa libertad por incorporación de los pobres a la República. Pero, ajeno por completo a los acelerados procesos de desposesión en curso en Europa (e insensible a la desposesión de los indígenas americanos), Jefferson siguió buscando la base social de la democracia republicana norteamericana exclusivamente en la universalización de la pequeña propiedad agraria individual”. En esa estrategia, sólo posible (o al menos más factible) en países nuevos como Estados Unidos (o la Argentina) radica buena parte de la explicación de la prosperidad posterior de la patria de Jefferson.

Volvamos a Robespierre. Daniel Raventós destaca que “la insistencia en la idea de que no toda propiedad es legítima recorre la obra de Robespierre. Si atenta contra la libertad, la propiedad no es legítima… Para Robespierre, la gran desigualdad económica es la raíz de la destrucción de la libertad… Casi como conclusión de la exposición de su concepción de la propiedad, de la libertad y de las grandes desigualdades sociales, Robespierre hace reiteradas muestras de una profunda convicción relativa a la necesidad de que la sociedad garantice la existencia material de la ciudadanía”.

Y volvamos, finalmente, al vínculo entre Robespierre y Thomas Paine; María Luisa Soriano González3 considera que “el parecido de Paine con Robespierre es enorme. Ambos pertenecen al ala radical de las revoluciones americana y europea; ambos también se caracterizan por la defensa de la república, la libertad religiosa, la igualdad en el disfrute de los derechos políticos y la supresión de la pobreza. El parecido es tan grande que ambos también sufrieron el olvido y desprecio de generaciones posteriores hasta que finalmente han sido rehabilitados y hoy son considerados como relevantes artífices de las revoluciones de la segunda mitad del siglo XVIII”.   

 

1)      Casassas, David; Libertad incondicional. El derecho a la renta básica universal, Buenos Aires, Continente, 2020.

2)      Raventós, Daniel; Las condiciones materiales de la libertad, El Viejo Topo, España, 2007.

3)      https://www.researchgate.net/publication/358251916_La_defensa_de_la_Republica_y_los_derechos_a_la_renta_del_suelo_y_a_la_existencia_en_Thomas_Paine_y_Maximilen_Robespierre_Analisis_comparativo     

 

Publicado en el diario La Calle el 28 de julio de 2024.-

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lunes, 22 de julio de 2024

EDUARDO LAURENCENA Y LA REELECCIÓN QUE NO FUE

Por José Antonio Artusi

Eduardo María Dionisio Laurencena Beheretche nació el 9 de octubre de 1885 en Paraná, dónde murió el 19 de junio de 1959. Su padre, Miguel María Laurencena, fue uno de los fundadores del radicalismo entrerriano, y el primer gobernador surgido de sus filas. Eduardo Laurencena transitó una extensa carrera política que lo llevó ocupar numerosas responsabilidades y a ser electo dos veces gobernador, aunque sólo llegó a ejercer su primer mandato.

En 1912 fue electo diputado provincial y renunció dos años más tarde, con motivo de haber sido su padre electo gobernador. En 1918 fue designado Fiscal de Estado por el gobernador Celestino Marcó y entre 1919 y 1922 se desempeñó como ministro de Hacienda. En 1922 Marcelo de Alvear le confió la responsabilidad de dirigir la Inspección Nacional de Justicia.

En las elecciones que lo consagraron gobernador Laurencena encabezó la fórmula de la UCR antipersonalista acompañado por José María Garayalde, que debió enfrentar al radicalismo yrigoyenista, que llevó como candidato a gobernador a Francisco Beiró, y a una coalición conservadora que propuso a Fortunato Solanas. Los comicios del 6 de junio de 1926 arrojaron el siguiente resultado: Laurencena 39,48%, Beiró 33,50%, Solanas 27,02%. En ese momento la elección era indirecta, no se votaba a gobernador sino a electores, y Laurencena no llegó a obtener la mayoría del colegio electoral, pero fue de todos modos apoyado por los electores conservadores que respetaron su legitimidad. Obsérvese la fortaleza del radicalismo en su conjunto, que sumando sus dos ramas superaba el 70% de los sufragios; y podía por lo tanto darse el “lujo” de ir dividido a los comicios. Una década más tarde tales lujos ya no serán posibles, y la reunificación se impondrá.  

El cisma del radicalismo no fue gratuito. Tal como señala Enrique Pereira1, “el gobierno de Laurencena, el primero con el radicalismo dividido, debió realizarse con una Legislatura trabada por carecer de mayoría en el Senado”. De todos modos, “este período fue fecundo en realizaciones e iniciativas, especialmente en materia vial y educacional”, y “la ejemplar dedicación de Laurencena hizo que su figura, polémica y controvertida, se convirtiera, con el paso de los años y especialmente tras la unificación de 1935, en la principal del radicalismo entrerriano”. A tal punto fue duro el enfrentamiento entre antipersonalistas e yrigoyenistas que Laurencena debió enfrentar dos proyectos de ley disponiendo la intervención federal de la provincia, que no prosperaron, promovidos en 1926 por los diputados nacionales Carmelo Astesiano y Ambrosio Artusi y en 1928 por Enrique Mihura.

Beatriz Bosch2 comenta así la gestión de gobierno de Laurencena: “Conviene subdividir las tierras y propagar el policultivo. El primer lugar en la producción agrícola corresponde ahora al lino. La Cooperativa Saladeril de Concordia y el Frigorífico Gualeguaychú industrializan los productos de una ganadería todavía floreciente. Una completa red de caminos abovedados de 3.500 kilómetros…, obra de consorcios camineros en varios tramos, …  satisfacen las exigencias del transporte de la hora. Los bancos agrícolas regionales … se convierten en focos de orientación técnica para el agricultor”.

Manuel Macchi y Alberto Masramón3 enfatizan otros aspectos de su gestión: “al finalizar su primer año de labor, se inauguraron las obras sanitarias de la provincia, en Victoria, Gualeguay y Gualeguaychú… Con el apoyo del gobierno nacional, el Dr. Laurencena logró el establecimiento de balsas automóviles entre Paraná y Santa Fe”; a la vez que recuerdan que “ocurrida la revolución del 6 de septiembre de 1930 contra el presidente Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, conjuntamente con San Luis, no fueron intervenidas por el gobierno de facto”. Esta circunstancia determinó que Laurencena pudiera entregar el mando al gobernador Herminio Quirós, también del sector antipersonalista, que se había impuesto – con el apoyo de los conservadores – al candidato yrigoyenista Enrique Mihura.

Entre 1932 y 1943 Eduardo Laurencena ocupó una banca en el Senado de la Nación, y también presidió la convención que reformó la Constitución de la provincia en 1933.

En 1943 fue nuevamente electo gobernador, para suceder a Enrique Mihura, ya con el radicalismo unificado. En las elecciones del 21 de marzo de 1943 Laurencena encabezó una fórmula acompañado por Fermín Garay, que obtuvo el 50,40% de los sufragios. La lista radical contó con el apoyo del Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. En segundo lugar se ubicó el Partido Demócrata Nacional, que llevaba nuevamente como candidato a Pedro Radio. La fórmula conservadora fue respaldada por el 48,35% del electorado. El golpe del 4 de Junio y la intervención de la provincia impidieron que Laurencena pueda asumir por segunda vez como gobernador.          

Entre 1946 y 1948 presidió la UCR a nivel nacional. Al respecto Enrique Pereira señala que “otra etapa se inicia en la vida del viejo luchador: una oposición franca y dura, que lo lleva a la presidencia del Comité Nacional, con el resultado conocido: el estrecho triunfo de la fórmula Perón – Quijano”. Y agrega que “Jorge Farías Gómez dijo aquello de “comando de la derrota”, acusando al Comité Nacional de lo ocurrido. Lo real, a los efectos de comparar actitudes, es que a los pocos meses el Sr. Farías Gómez se había mudado al oficialismo y que Laurencena siguió en su trinchera, siendo encarcelado y perseguido”. En 1956 el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu lo designó presidente del Banco Central, cargo que ocupó hasta 1958.  

Laurencena fue uno de los fundadores del unionismo, sector interno del radicalismo enfrentado a la intransigencia. Paradójicamente, allí se encontró con viejos correligionarios de acendrado yrigoyenismo.Enrique Pereira lo describe como un hombre “parco y estudioso, de férrea austeridad… cortés y respetuoso con todos, era un hombre sincero, alejado de la ostentación y la vanidad”. –

 

   1)         Pereira, Enrique. Mil nombres del radicalismo entrerriano, Santa Fe, UNL, 1992.

2)            Bosch, Beatriz. Historia de Entre Ríos, Buenos Aires, Plus Ultra, 1978.

3)            Macchi, Manuel y Masramón, Alberto. Entre Ríos – Síntesis histórica, Concepción del Uruguay, Sacha, 1977.

 

Publicado en el diario La Calle el 21 de julio de 2024.-

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ENRIQUE MIHURA

Por José Antonio Artusi

Enrique Fermín Mihura nació en Paraná el 7 de junio de 1895 y murió en Córdoba el 13 de septiembre de 1951. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires y tras obtener su título regresó a Paraná, donde llevó adelante una intensa carrera política. Fue concejal y más tarde diputado nacional en dos ocasiones, entre 1928 y 1930 y entre 1936 y 1939.

Resulta curioso que Wikipedia señale, erróneamente, que Mihura “adhirió a la corriente antipersonalista del radicalismo” cuando en realidad fue uno de los más fervientes defensores del yrigoyenismo y un encarnizado rival de los antipersonalistas. Ambos sectores de la UCR estuvieron separados y compitieron duramente entre sí desde mediados de la década del 20 hasta 1935. A tal punto llegaron esos enfrentamientos que una de las primeras iniciativas que impulsó como diputado nacional fue un proyecto de ley de intervención federal a la Provincia de Entre Ríos en 1928, por entonces gobernada por Eduardo Laurencena, que se sumaba a otro similar presentado en 1926 por Carmelo Astesiano y Ambrosio Artusi. En la reseña biográfica de este último he señalado que “en los fundamentos del proyecto pueden leerse consideraciones que hoy indudablemente causan asombro y que sólo pueden comprenderse a la luz de los arduos enfrentamientos de la época”. Y me preguntaba: “¿Se habrán arrepentido los yrigoyenistas de tal actitud? ¿Se habrán arrepentido luego los antipersonalistas de conductas que terminaron siendo funcionales a la asonada de 1930? Podemos arriesgar que – al menos en parte – así debe haber sido. La reunificación partidaria de 1935 actúa como la principal evidencia en este sentido. Enrique Pereira1 presenta a Enrique Mihura como “un decidido partidario de la fusión” y “uno de sus hacedores”. Más tarde Mihura verá como su propio gobierno es intervenido, pero no ya por una ley del Congreso, sino por un decreto del gobierno de facto instalado tras el golpe del 4 de junio de 1943. Curiosamente, casi como una paradoja del destino, el gobernador electo para suceder a Mihura, que obviamente no pudo asumir por la interrupción del orden constitucional, era nada más y nada menos que Eduardo Laurencena…”.

En 1930 Mihura encabezó como candidato a gobernador la fórmula del yrigoyenismo, acompañado por Domingo Dasso. En esa elección se impuso la fórmula antipersonalista, integrada por Herminio Quirós y Cándido Uranga. En 1938, tal como relata Enrique Pereira, Mihura “probó en el Congreso, sin lugar a duda alguna, la perpetración del fraude electoral por parte de los conservadores”.

En las elecciones de 1939 para suceder al gobernador Tibiletti, Mihura – acompañado por el uruguayense Cipriano Marcó, del sector antipersonalista, como candidato a vicegobernador - encabezó la fórmula del radicalismo, ya unificado desde la elección anterior, que a su vez integró una coalición con el Partido Socialista Obrero; denominada Alianza Obrera y Democrática. Si bien ambos partidos llevaban la misma fórmula, presentaban boletas propias, por lo que puede observarse el aporte de cada uno: el radicalismo obtuvo el 51.29% de los sufragios y el Partido Socialista Obrero el 0,59%, sumando el 51,87% para la alianza. La elección se polarizó con otra coalición conservadora integrada por el Partido Demócrata Nacional y un sector minoritario proveniente del yrigoyenismo que no había aceptado la unificación del viejo tronco radical. La fórmula en este caso fue integrada por Pedro Radio y Gregorio Morán. El PDN obtuvo el 43.07% de los votos y la paradójicamente denominada UCR antipersonalista el 4,29%, sumando un 47,36% para la Concordancia.

Enrique Pereira refiere que “muy difíciles fueron los años de Mihura en el gobierno, agravada la situación por la decadencia física del presidente Ortiz… a lo cual se unía todo lo derivado de la segunda guerra mundial... En medio de ese torbellino, el gobierno radical, con don Enrique Mihura al frente, se las arregló para realizar una importante, sensata y progresista labor…”.

Beatriz Bosch2 resalta que “a causa de la disparidad política con quienes están a cargo de los poderes nacionales, Entre Ríos obtiene escaso beneficio de los planes de obras públicas generales. Desmedro que pronto importará verdadera rémora”.  Manuel Macchi y Alberto Masramón3 destacan que “en su gobierno hubo una sana política administrativa” y mencionan que “prosiguieron las obras viales” y “hubo un creciente desarrollo de la avicultura”.

Cabe recordar que “durante su gestión… prohibió las persecuciones por motivos raciales, políticos o religiosos, penalizando a partidos que los pregonasen, en el marco de una creciente actividad pública de grupos nazistas, fascistas, franquistas y nacionalistas”4. Una muestra cabal de la isla de libertad que constituía Entre Ríos en ese momento se refleja en esta circunstancia que nos narra Enrique Pereira: “Entre Ríos fue casi el único sitio argentino en el que pudo verse “El gran dictador”, la genial película de Chaplin”.  Con relación a la obra de gobierno, menciona la “legislación para combatir la desocupación, ampliación de hospitales, modificación del método de valuación de la propiedad inmueble, eximición de impuestos provinciales y comunales a cada primera industria, eximición de contribución directa a determinados productores rurales... Pero fue en el área de la educación donde se dejó notar con mayor singularidad la obra del Dr. Mihura, ya que desde el levantamiento del censo escolar, que fue la base del Censo Escolar Permanente, hasta la ampliación del presupuesto para educación, la equiparación de los maestros rurales a los urbanos, el fomento a la educación física, la erección de nuevas escuelas, establecimiento del concurso riguroso para el ingreso a la docencia, etc.; todo deja traslucir la preocupación esencial del gobernante, que tuvo la posibilidad de decir, con sano orgullo, que en Entre Ríos había muchos más maestros que vigilantes”. -  

 

1)            Pereira, Enrique. Mil nombres del radicalismo entrerriano, Santa Fe, UNL, 1992.

2)            Bosch, Beatriz. Historia de Entre Ríos, Buenos Aires, Plus Ultra, 1978.

3)            Macchi, Manuel y Masramón, Alberto. Entre Ríos – Síntesis histórica, Concepción del Uruguay, Sacha, 1977.

4) http://www.efemeridesradicales.com.ar/Indice/E/Enrique_Mihura/Enrique_Mihura.html

 

Publicado en el diario La Calle el 14 de julio de 2024.-

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A 140 AÑOS DE LA LEY 1420, POCO QUE FESTEJAR (Y MUCHO POR RECUPERAR) II

Por José Antonio Artusi

Mañana se cumplirán 140 años de la ley nacional 1420; de educación común, pública, laica, gratuita y obligatoria.  El 8 de Julio de 1884 el presidente Julio Argentino Roca y su ministro de Instrucción, Eduardo Wilde, promulgaron la norma que había sido sancionada por el Congreso luego de duros y apasionados debates. Discusiones y controversias que seguirían luego, y que llegarían incluso hasta el siglo XX.  

Ya hemos dicho en esta hoja que “la tarea para llegar a esa ley trascendente no había sido sencilla ni había estado exenta de conflictos y arduas polémicas. Lo que no había logrado el erudito Sarmiento lo conseguía el militar Roca, acompañado del médico Wilde y del abogado Onésimo Leguizamón, en ese entonces diputado nacional, otro ex alumno del histórico colegio”; en referencia al Colegio del Uruguay fundado por Urquiza, el primero laico del país.  

Reivindicar la ley 1420 y el legado de sus impulsores dista de constituir una mera actitud nostálgica y trasciende la formalidad de las efemérides. Se torna más bien una necesidad imperiosa, en momentos en los que los valores de la modernidad son asediados en todo el mundo por tendencias reaccionarias de diverso signo basadas en dogmatismos intolerantes y en concepciones totalitarias e integristas que resultan absolutamente incompatibles con la esencia del sistema republicano consagrado en nuestra sabia Constitución nacional de 1853. 

Una democracia republicana madura y consolidada requiere hacer realidad el mandato sarmientino de “educar al soberano”; demanda ciudadanos responsables, formados e informados, que participen activamente en la cosa pública, que asuman plenamente su rol de mandantes de los funcionarios públicos, circunstanciales mandatarios designados por la voluntad popular para desempeñar responsabilidades públicas en períodos acotados de tiempo. En esa tarea, el sistema educativo que iguala, que libera, que nos hace compatriotas, que enseña e inculca los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad adquiere una significación política trascendente.    

También cobra relevancia el rol de la educación en el desafío de brindar herramientas para que todas las personas adquieran habilidades y capacidades para desempeñarse en el ámbito económico, contribuyendo con su trabajo a la prosperidad general, incorporando elementos que son cada vez más necesarios en una sociedad en la que la economía del conocimiento y la innovación tecnológica serán determinantes.

No menos significativa es la necesidad de contar con un sistema educativo que integre y fortalezca los vínculos de solidaridad social, que haga que las nuevas generaciones se sientan parte de una comunidad que no sólo comparte un pasado histórico, sino que también es capaz de confluir en un proyecto común a futuro, en la búsqueda del logro paulatino de mejores condiciones de vida para todos. 

Adrián Pignatelli1, refiriéndose al presidente Roca, señala que “los furibundos ataques de la iglesia y el enfrentamiento producido por la ley 1420, sumadas a la creación del registro civil hizo que expulsara al nuncio apostólico Luis Mattera y se rompieran relaciones con la Santa Sede, que él se ocuparía de reestablecer durante su segunda presidencia… Por la ley del Registro Civil, la iglesia católica perdía las atribuciones de siglos de anotar nacimientos, casamientos y defunciones” y recuerda que Félix Luna, en “Soy Roca”, le hace decir que esa norma y la ley 1420 “eran tributos indispensables a la afluencia de extranjeros, que debían encontrar un país neutral en materia religiosa, donde cada uno pudiera adorar a su dios libremente, casarse y educar a sus hijos según sus convicciones”.

Haydée Breslav 2 recuerda que “la ley rigió sin mayores inconvenientes durante 46 años. Vale la pena recordar en ese sentido los conceptos del presidente Hipólito Yrigoyen, quien, en 1921, aseguró que “las luchas religiosas que dividieron a la humanidad pertenecen ya a una época remota” y que “renovar esa discusión podría parecer inusitado”; y agrega que “el escenario cambió con el golpe militar de 1930… Así, entre 1936 y 1937 se sancionaron leyes, decretos o resoluciones que implantaron la enseñanza de la religión católica en nueve provincias. Por su parte, el gobierno militar surgido del golpe del 4 de junio de 1943 –que tenía por finalidad, según su proclama, “acercar a los niños a la doctrina de Jesucristo” y “educar a la juventud en el respeto a Dios”– dictó el último día de ese año, con el país bajo estado de sitio, el decreto ley 18.411, cuyo primer artículo disponía: “En todas las escuelas públicas de enseñanza primaria, postprimaria, secundaria y especial, la enseñanza de la Religión Católica será impartida como materia ordinaria de los respectivos planes de estudio” (sic). En cuanto a los docentes que debían impartirla, serían “designados por el gobierno, debiendo recaer los nombramientos en personas autorizadas por la autoridad eclesiástica”. El decreto fue redactado por el ministro de Educación, el conocido nazi-fascista Gustavo Martínez Zuviría”. Esta autora narra el proceso que dio origen a “la ley 12.978, de enseñanza católica, que se promulgó el 29 de abril de 1947 y rigió hasta mayo de 1955 cuando, a raíz y en medio de la creciente confrontación entre el gobierno peronista y la Iglesia, fue derogada por el Congreso. En esa oportunidad se manifestaron partidarios convencidos de las bondades del laicismo escolar muchos legisladores oficialistas que ocho años antes se habían proclamado fervorosos defensores de la enseñanza religiosa. Entre ellos se encontraba el diputado Héctor J. Cámpora”.

José Luis Romero 3 considera que “la sanción de una ley de enseñanza popular correspondía a una preocupación profunda por el problema de la educación. Era la misma preocupación que Sarmiento había tenido durante toda su existencia y que había inspirado las páginas de “Educación popular”; ahora, en sus herederos, se mantenían algunos de los principios prácticos de quien había erigido en preocupación primera de su vida la de “educar al soberano”. -

 

1)      https://www.infobae.com/sociedad/2023/07/28/los-dos-gobiernos-de-julio-a-roca-segun-el-historiador-felix-luna-paz-administracion-y-respeto-a-la-constitucion/

2)      https://trascarton.com.ar/aniversarios/ley-1420-sancion-y-primera-derogacion

3)      https://jlromero.com.ar/textos/el-desarrollo-de-las-ideas-en-la-sociedad-argentina-del-siglo-xx-1965/

 

Publicado en el diario La Calle el día 7 de julio de 2024.-

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lunes, 1 de julio de 2024

A 89 AÑOS DE LA GOBERNACIÓN DE EDUARDO TIBILETTI

Por José Antonio Artusi

Mañana se cumplirán 89 años de la asunción de Eduardo Tibiletti como gobernador de la provincia de Entre Ríos, el 1º de Julio de 1935, cargo que ejerció hasta idéntica fecha de 1939.

Eduardo Tibiletti nació en Concepción del Uruguay el 5 de octubre de 1871 y murió en Buenos Aires el 4 de enero de 1940. Cursó el bachillerato en el Colegio del Uruguay, institución de la que luego sería profesor y más tarde rector. Designado por el presidente Roque Sáenz Peña en 1911, ejerció esa responsabilidad hasta 1920.  Antes había obtenido el título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. También ejerció la docencia en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay y presidió la Asociación Educacionista La Fraternidad. En 1922 Tibiletti se radicó en la ciudad de Buenos Aires, donde entre otras actividades se dedicó al periodismo, desempeñándose en el diario “La Razón”, en el que habitualmente abordó cuestiones vinculadas con la educación.    

Enrique Pereira1 comienza así su reseña biográfica: “destacado docente, rector del Colegio Histórico, concejal de Concepción del Uruguay, convencional constituyente en 1932, era presidente de la Convención que lo eligió candidato a gobernador, como prenda de la flamante unidad partidaria”. En efecto, es necesario recordar que el radicalismo entrerriano logró en ese momento unificarse, finalizando un cisma entre antipersonalistas e yrigoyenistas que duró prácticamente una década, en la que ambos sectores constituyeron fuerzas políticas separadas, que competían con sus propios candidatos en las elecciones generales. Es así como la Convención provincial que se realizó el 21 de febrero de 1935 en el cine “Urquiza” de Paraná, que Tibilettí presidió y en la que resultó electo candidato, fue la primera con el radicalismo unido tras la división que había sufrido a mediados de la década del 20.

Tibiletti, antipersonalista, estuvo acompañado por el yrigoyenista Roberto Lanús, de La Paz, como candidato a vicegobernador. El sector antipersonalista había proclamado el 1º de diciembre de 1934 en Gualeguaychú su propia fórmula, integrada por Luis Jaureguiberry y Francisco Mihura, quienes renunciaron para facilitar la fusión del radicalismo. Por otro lado, un sector minoritario del yrigoyenismo no aceptó la unificación y presentó una fórmula propia, encabezada por Gregorio Morán, dirigente de sinuosa trayectoria.

En las elecciones del 17 de marzo de 1935, las primeras tras la reforma constitucional de 1933 que estableció la elección directa del gobernador, Tibiletti obtuvo el 50,78% de los sufragios, Juan Morrogh Bernard (Partido Demócrata Nacional) el 40,8%, Morán el 7,11% y Juan Nux (Partido Socialista) el 1,31%. El radicalismo se impuso en todos los departamentos menos en Gualeguaychú y Gualeguay.

Eduardo Tibiletti sucedió al gobernador Luis Lorenzo Etchevehere (1931 – 1935) y su gestión fue continuada a partir del 1º de Julio de 1939 por la de Enrique Fermín Mihura, quien a pocos días de finalizar su mandato fue desalojado del poder por el golpe militar del 4 de junio de 1943.

El gabinete del gobernador Tibiletti, conformado en ese momento por sólo dos ministerios, estuvo integrado por el uruguayense Luis María Rodríguez en la cartera de Hacienda y por Sebastián Mundani primero y José María Garayalde después en la de Gobierno.     

Sobre la gestión de gobierno de Tibiletti Enrique Pereira sostiene que se caracterizó por “la preocupación por solucionar problemas financieros de la provincia, acosada de alguna manera por el gobierno nacional fraudulento. Fue también tema sustancial la educación, continuando una labor que arrancaba desde 1914. El gobierno del doctor Tibiletti estimuló claramente el cooperativismo y la colonización”. El autor mencionado considera que “el gobernador no era un militante político en la acepción común del término, sino una respetada figura partidaria, a la que se apeló para sellar la unidad”, pero a la vez enfatiza que “se reveló como un gobernante de singular capacidad y perspicacia, que debió sortear situaciones de muy difícil solución”; y señala que “al finalizar su mandato el Dr. Tibiletti bajó al llano en medio del sincero respeto de todos sus comprovincianos”.

Beatriz Bosch2 analiza en particular la política agraria de Tibiletti: “la campaña comienza a despoblarse por la alternancia del distinto rinde de las cosechas. Los peones emigran a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Más cuando antiguos moradores la abandonan, grupos de judíos víctimas de las persecuciones del nazismo alemán encuentran amparo y garantías en nuestra provincia”. La historiadora entrerriana recuerda “la plaga de la langosta, contra la que se lucha intensamente en 1935 y 1936. El desmonte avanza en las colonias oficiales entonces fundadas en Yeruá y en el distrito Potreros del departamento Uruguay. Algodón, papa y mandioca se siembra en el terreno libre. Se estimula la granja, instalándose un frigorífico regional para sus productos en Villa San José (Colón) en 1938”. Esta autora destaca que un “fomento especial alcanza a la zona del Delta. El refugio de matreros de antaño se transforma en un hermoso vergel. Alemanes, húngaros, holandeses, checoslovacos y suizos sanean los anegadizos y consolidan los bordes de las islas gracias a plantaciones de álamos, en tan gran número que singularizan ahora al paisaje”.

Manuel Macchi y Alberto Masramón3 brindan un enfoque similar al de los autores citados: “aunque sin la hechura política de sus antecesores, el Dr. Tibiletti tuvo otras dignísimas aptitudes que sirven para el arte de gobernar como fueron las que había desplegado en el periodismo y en la docencia… De su gestión es digno de recordar la acción desplegada en favor de la colonización y de la educación popular, así como el dictado de la ley 3201 sobre fomento de la zona del Delta, con lo que se mostró una exacta visión sobre la importancia y el futuro de esa rica zona entrerriana”. -        

 

1)      Pereira, Enrique. Mil nombres del radicalismo entrerriano, Santa Fe, UNL, 1992.

2)      Bosch, Beatriz. Historia de Entre Ríos, Buenos Aires, Plus Ultra, 1978.

3)      Macchi, Manuel y Masramón, Alberto. Entre Ríos – Síntesis histórica, Concepción del Uruguay, Sacha, 1977.

 

Publicado en el diario La Calle el 30 de Junio de 2024.-

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viernes, 28 de junio de 2024

JAMES MEADE Y EL “DIVIDENDO SOCIAL” EN “AGATHOTOPIA”

Por José Antonio Artusi

Se cumplen 117 años del nacimiento de James Meade, economista inglés que obtuvo el Premio Nobel en 1977.

James Edward Meade nació en Swanage el 23 de junio de 1907 y murió en Cambridge el 22 de Diciembre de 1995. Meade llegó a ser uno de los principales asesores en la gestión del primer ministro laborista Clement Attlee entre 1945 y 1951, en cuyo mandato se establecieron las bases del Estado de bienestar británico, y en particular del Servicio Nacional de Salud. Posteriormente Meade desarrolló una relevante carrera académica en la London School of Economics y en la Universidad de Cambridge.  

Philippe Van Parijs menciona a James Meade en su “Breve historia de la idea del ingreso básico”, en un capítulo titulado “De la militancia a la respetabilidad: Inglaterra entre guerras”, en el que – antes de referirse específicamente a Meade – señala que “recién en el siglo XX el ingreso básico universal se convirtió en un verdadero tema de discusión. En primer lugar, bajo nombres como “dividendo social”, “bono estatal” y “dividendo nacional” se desarrollaron propuestas para un ingreso básico incondicional en los debates de entreguerras en Inglaterra. En segundo lugar, después de algunos años de silencio, este tipo de ideas fueron redescubiertas y ganaron considerable popularidad en los debates sobre “demogrants” y esquemas de “impuestos negativos a los ingresos” durante las décadas de1960 y 1970 en Estados Unidos. En tercer lugar, surgió un nuevo período de debate y exploración cuando las propuestas de ingreso básico universal comenzaron a discutirse activamente en varios países del noroeste de Europa desde finales de los años 70 y principios de los 80. De manera bastante independiente, este siglo también vio la introducción del primer –modesto pero genuino– plan de ingreso básico universal del mundo mediante el nacimiento del Fondo Permanente de Alaska, que proporciona dividendos anuales a todos los habitantes de Alaska”.

Más adelante Van Parijs sostiene que “mientras que la popularidad del movimiento de crédito social primero aumentaba y luego disminuía en amplias capas de la población británica, la idea de un ingreso básico universal ganaba terreno en un pequeño círculo de intelectuales cercanos al Partido Laborista británico. Entre ellos se destacó el economista George D.H. Cole (1889-1959)”, quien en “varios libros defendió resueltamente lo que fue el primero en llamar un “dividendo social”. Cole señaló, su obra “Principios de planificación económica”, de 1935, que “el poder productivo actual es, en efecto, un resultado conjunto del esfuerzo actual y de la herencia social de inventiva y habilidad incorporadas en la etapa de avance y educación alcanzada en las artes de producción; y siempre me ha parecido correcto que todos los ciudadanos compartan el rendimiento de este patrimonio común, y que sólo el resto del producto después de esta asignación se distribuya en forma de recompensas e incentivos por el servicio actual en producción."

Sobre el aporte específico de James Meade a la evolución de estas ideas Philippe Van Parijs expresa que “políticamente menos activo, pero con una reputación internacional mucho más amplia que Cole, … el premio Nobel James Meade, defendió el “dividendo social” con aún mayor tenacidad. La idea de un dividendo social está presente en su “Esquema de una política económica para un gobierno laborista” (1935) y en varios otros escritos tempranos como ingrediente central de una economía justa y eficiente. Y se convertiría en un componente crucial del proyecto “Agathotopia”, al que dedicó sus últimos escritos (desde “Agathotopia” en 1989 hasta ¿“Pleno empleo recuperado?” en 1995): asociaciones entre el capital y el trabajo y un dividendo social financiado con bienes públicos son presentados allí como una solución a los problemas del desempleo y la pobreza”.

Walter Van Trier, por su parte, señala que “en 1988, en una conferencia organizada por la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue italiana, James Meade presentó el primero de una serie de artículos en los que describía el marco institucional de lo que consideraba un lugar suficientemente bueno para vivir, no un lugar perfecto. No es un lugar ni una utopía, sino una Agathotopía. Una característica importante, incluso indispensable, de este marco institucional, según afirma Meade, es “el pago por parte del Estado a cada ciudadano... de un ingreso determinado, llamado Dividendo Social. Estos ingresos están libres de impuestos y se pagan incondicionalmente a cada ciudadano, ya sea que esté empleado o desempleado, sano o enfermo, activo o inactivo y, según las tasas apropiadas, joven o viejo”.

Van Trier enfatiza que “no es descabellado pensar que a Meade se le ocurrió este peculiar dispositivo como resultado del debate británico sobre política social en la década anterior a la conferencia italiana y, por lo tanto, que lo añadió recientemente al conjunto de políticas e instituciones económicas que había considerado anteriormente en su carrera como potencialmente beneficiosas “para hacer frente a los inevitables choques entre tres objetivos económicos: primero, la libertad de elección de los ciudadanos en los mercados de empleo y para la satisfacción de sus necesidades (Libertad); en segundo lugar, evitar cualquier contraste intolerable resultante de pobreza al lado de grandes riquezas (Igualdad); y, tercero, el uso de los recursos disponibles de manera que produzcan el nivel de vida promedio técnicamente más alto posible (Eficiencia)”. Sin embargo, este autor argumenta que “el uso que hace Meade del término "dividendo social" para referirse a la idea de pagar una suma igual incondicionalmente a todos -o, si se quiere usar la terminología moderna, un "ingreso básico"- es anterior en casi medio siglo a la redacción “Agathotopia”. Así, ya se puede encontrar en los escritos de Meade de mediados de los años treinta. De hecho…, el "dividendo social" resurge con una regularidad tan desconcertante en los escritos de Meade a lo largo de su carrera que es difícil no concluir que, desde muy temprano, constituye una característica central de su visión sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor para vivir”. –

 

Publicado en el diario La Calle el 23 de junio de 2024.-

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sábado, 22 de junio de 2024

SEGUNDA JORNADA DEL CICLO DE CONFERENCIAS DEL CENTRO CULTURAL URQUIZA “A 30 AÑOS DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL”

         


Tuvo lugar el pasado miércoles 19 en el Salón “Alejo Peyret” del Colegio del Uruguay la segunda jornada del Ciclo de Conferencias “A 30 años de la reforma de la Constitución nacional” que lleva adelante el Centro Cultural “Justo José de Urquiza”.

El ciclo cuenta con los auspicios del Club del Progreso de la Ciudad de Buenos Aires, del Colegio del Uruguay, de la Universidad de Concepción del Uruguay, de la Cátedra de Historia Constitucional de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, de la Sección Uruguay del Colegio de la Abogacía y de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En esta oportunidad las disertaciones estuvieron a cargo de Hernán Rodríguez Vagaría y de Bernardo Salduna. Tras las palabras de bienvenida de Hugo Barreto, presidente del CCU, los disertantes abordaron el tema “El federalismo en el proyecto constitucional argentino”, con la moderación del vicepresidente de la entidad organizadora, Fernando Martínez Uncal.

Una numerosa concurrencia siguió con atención las palabras de los expositores, quienes al final de la charla respondieron preguntas y comentarios de algunos de los presentes.

Cabe destacar que la conferencia pudo seguirse en vivo y está disponible en el canal de YouTube del Centro Cultural Urquiza (https://www.youtube.com/@centroculturalurquiza3034).

Desde el Centro Cultural Urquiza se informó que la tercera conferencia, a modo de cierre del ciclo - que se enmarca en el 175º aniversario del Colegio del Uruguay - tendrá lugar el viernes 23 de agosto, y estará cargo de Ricardo Gil Lavedra y Alberto García Lema, destacados juristas con amplia trayectoria y experiencia en el campo del derecho constitucional. Entre otras muchas responsabilidades, Gil Lavedra integró el tribunal que juzgó a los comandantes de las juntas militares en 1985 y García Lema fue convencional nacional constituyente en la reforma de 1994.-     

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lunes, 17 de junio de 2024

ADOLF HITLER, WILLIAM SHIRER Y EL ANTISEMITISMO

Por José Antonio Artusi

Se puede ver en Netflix “Hitler y los nazis”, un excelente documental basado en los testimonios de William L. Shirer, un periodista norteamericano que vivió en Alemania y Austria en el apogeo del régimen nazi y que cubrió posteriormente el juicio de Nuremberg a sus jerarcas; autor, entre otros, de un libro clave para comprender por qué y cómo pudo pasar lo que pasó: “Ascenso y caída del Tercer Reich – Una Historia de la Alemania nazi”.

Adolf Hitler es suficientemente conocido, aunque nunca está de más recordar las trágicas consecuencias que acarreó su ideología perversa una vez que pudo hacerse del poder absoluto en Alemania y parte de Europa. En este momento en particular parece especialmente necesario estar alerta frente al surgimiento de tendencias reaccionarias que de una u otra manera, más o menos disfrazadas o maquilladas con nuevos atuendos y ornamentos, tienen puntos de contacto con la esencia del nazi fascismo.  Uno de esos puntos de contacto es, obviamente, el antisemitismo.   

William Lawrence Shirer nació en Chicago el 23 de febrero de 1904 y murió en Boston el 28 de diciembre de 1993. El diccionario biográfico de la Universidad de Iowa nos dice que “Shirer se ganó una reputación nacional informando desde Berlín durante el período anterior a la Segunda Guerra Mundial. Hizo una de sus transmisiones más famosas el 22 de junio de 1940, cuando informó de la firma del armisticio francoalemán en el bosque de Compiègne. Al gobierno de Hitler no le agradaron los intentos de Shirer de eludir la censura oficial. Cuando un amigo alemán advirtió a Shirer que pronto sería acusado de espiar para los Estados Unidos, abandonó Alemania en diciembre de 1940. Logró escapar con el contenido de un diario que llevaba desde 1934. Una vez en casa, Shirer publicó su best seller “Diario de Berlín” (1941) y realizó una gira de conferencias instando al apoyo estadounidense a Gran Bretaña”.  Más tarde, “Shirer regresó a Alemania en octubre de 1945 para cubrir el juicio del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Describió la destrucción de Berlín y otras ciudades alemanas, así como el destino de los líderes nazis”.

Es interesante recordar algunos de los conceptos que Shirer presenta en su libro “Ascenso y caída del Tercer Reich”. En particular aquellos que se refieren al antisemitismo. Por ejemplo, cuando expresa que Hitler “iba a permanecer ciego y fanático hasta el amargo final; su último testamento, escrito pocas horas antes de su muerte, contendría una crítica final contra los judíos como responsables de la guerra que él había iniciado y que ahora estaba acabando con él y con el Tercer Reich. Este odio ardiente, que infectaría a tantos alemanes en ese imperio, conduciría en última instancia a una masacre tan horrible y de tal escala que dejaría una horrenda cicatriz en la civilización que seguramente durará tanto como el hombre en la Tierra”.

En otro pasaje de su obra Shirer, que también descolló como historiador, se refiere a las raíces profundas del antisemitismo en Alemania y argumenta que “es difícil comprender el comportamiento de la mayoría de los protestantes alemanes en los primeros años del nazismo a menos que uno sea consciente de dos cosas: su historia y la influencia de Martín Lutero. El gran fundador del protestantismo fue a la vez un apasionado antisemita y un feroz creyente en la obediencia absoluta a la autoridad política. Quería que Alemania se librara de los judíos y, cuando fueran expulsados aconsejó que se los privara de "todo su dinero en efectivo, sus joyas, su plata y su oro” y, además, "que sus sinagogas o escuelas fueran incendiadas, que sus casas fueran destruidas... y puestos bajo un techo o establo, como los gitanos... en la miseria y el cautiverio mientras incesantemente se lamentan y se quejan ante Dios sobre nosotros"; consejo que fue seguido literalmente cuatro siglos más tarde por Hitler, Goering y Himmler". Cabe destacar que en un pie de página el autor manifiesta que para evitar cualquier malentendido consideraba necesario puntualizar que él mismo era protestante.

William Shirer señala que “nunca se diseñó ​​un plan exhaustivo para el Nuevo Orden, pero de los documentos capturados y de lo que ocurrió se desprende claramente que Hitler sabía muy bien lo que quería que fuera: una Europa gobernada por los nazis cuyos recursos serían explotados para provecho de Alemania, que sometería como esclavos de la raza dominante germánica a otros pueblos y cuyos "elementos indeseables" - sobre todo, los judíos, pero también muchos eslavos del Este, especialmente la intelectualidad entre ellos - serían exterminados. Los judíos y los pueblos eslavos eran los Untermenschen, subhumanos. Para Hitler no tenían derecho a vivir, excepto algunos de ellos, entre los eslavos, que podrían ser necesarios para trabajar en los campos y las minas como esclavos de sus amos alemanes... La propia Europa, como lo expresaron los líderes nazis, debe ser "libre de judíos".” No deja de ser curioso que Hitler pretendía hacer realidad la etimología del término “eslavo”, vale decir volver a convertirlos, como en el antiguo imperio romano, en esclavos. Su odio hacia los judíos era tal que ni siquiera esa condición estaba prevista en su anhelada “solución final”, o sea el genocidio, la completa exterminación de un pueblo.

Shirer enfatiza que “en 1939 había unos diez millones de judíos viviendo en los territorios ocupados por las fuerzas de Hitler. Según cualquier estimación, es seguro que cerca de la mitad de ellos fueron exterminados por los alemanes. Ésta fue la consecuencia final y el costo demoledor de la aberración que se apoderó del dictador nazi en sus días de juventud en Viena y que transmitió a (o compartió con) tantos de sus seguidores alemanes”.

El Estado de Israel, no lo olvidemos, fue establecido en 1948 en la tierra ancestral del pueblo judío, entre otras razones, para garantizar que nunca más puedan reiterarse los horrores del Holocausto. –

 

Publicado en el diario La Calle el 16 de junio de 2024. -

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jueves, 13 de junio de 2024

EL FUTURO DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Por José Antonio Artusi

Carlos Matus comienza su libro “Teoría del juego social” con un párrafo perturbador e inquietante, sobre todo porque esas líneas, escritas hace ya más de cuarto siglo, continúan teniendo plena vigencia, en particular en la Argentina: “La gestión pública es, en general, desilusionante. No apunta al blanco de los problemas… Hay un abismo entre el retraso de la política y el avance de las ciencias. La primera ignora las segundas. A su vez, las segundas progresan de un modo que ignora la acción práctica de enfrentamiento de los problemas colectivos de la vida cotidiana, aportan poco a la calidad de la gestión pública. Hay una crisis de capacidad de gobierno”.  Continuando, describe el panorama de muchas democracias liberales occidentales a fines del siglo pasado: “Con el término de la guerra fía, la democracia gana terreno frente al autoritarismo, pero se debilita por sus desiguales y pobres resultados. Desilusionado, el ciudadano común se aparta de la política, y ésta se encierra cada vez más en círculos pequeños. El gobierno y las ciencias están de espaldas. La democracia pierde terreno, pero no tiene competidores viables. Los defensores de la democracia no saben defenderla. Sobrevive ante al vacío de otras opciones”.

Matus es lapidario: “La práctica política ha creado sus propios problemas. Y ellos son en gran parte ajenos a los problemas de la gente y de la sociedad. Así, los problemas de la sociedad y del hombre común no coinciden significativamente con los problemas de la política y los políticos. Los políticos se dedican principalmente a resolver los problemas internos que ellos mismos crean en la lucha por el poder. La competencia por ser el brujo de la tribu ha llegado a ser más importante que la capacidad de curar”. 

Así, cabe preguntarnos acerca de cómo hacer para que el electorado sea capaz de distinguir bien entre aquel al que sólo le interesa ser el brujo de la tribu y aquel al que le interesa realmente curar; y el problema nos remite a la cuestión de cómo lograr que en la oferta electoral haya alguien que sepa curar. En Argentina, siguiendo con esta metáfora, desde hace décadas ningún hechicero es capaz de conjurar, entre otros tantos problemas, el embrujo de una inflación persistente, que deteriora los ingresos de los sectores más vulnerables.

Se supone que el saber científico que permite “curar” está básicamente en las universidades y en los centros de investigación, en la academia. Recurrimos nuevamente a Carlos Matus, cuando se pregunta; “¿por qué hay un divorcio entre la universidad y los gobiernos?”, y cuando nos dice que “la realidad tiene problemas, las universidades tienen facultades, y la planificación tradicional trabaja por sectores, ¿quién piensa por problemas?”. O sea, formula una crítica al saber especializado y compartimentado y a la gestión pública aislada en “sectores”, que no son suficientes para entender en toda su complejidad y conflictividad los problemas sociales, y mucho menos son eficaces para resolverlos, y menos aún para prevenirlos.   

La planificación territorial es a la vez una disciplina (o una interdisciplina), una práctica profesional y una política pública. Es imperioso revertir el divorcio entre el Estado y las universidades. Desde la academia se deberían formar recursos humanos capacitados adecuadamente, generar y transferir conocimiento útil y pertinente a través de la investigación y la extensión, al servicio del diseño de programas y proyectos que estén basados en marcos teóricos robustos y en evidencia empírica. Desde el Estado se debería a su vez generar condiciones para que la disciplina pueda trabajar con los insumos que necesita, datos, estadísticas, etc. (aunque parezca mentira todavía no tenemos los datos de población por localidad del Censo del 2022). Y obviamente, presupuestos. Por otro lado, las políticas públicas de planificación territorial necesitan voluntad política, marcos normativos e institucionales, e instrumentos de gestión, en los tres niveles del Estado, articulados entre sí. Nuestro país carece, a pesar los acuerdos logrados por todas las provincias hace algunos años en el marco del COFEPLAN, de una ley nacional de ordenamiento territorial, y son muy pocas las provincias que tienen una norma en la materia. La mayoría de los gobiernos locales se ven en dificultades de todo tipo para planificar y gestionar de modo tal de dar respuesta a las demandas de la población con relación al territorio; habitacionales, ambientales, laborales, etc.

En 2018 el gobierno nacional publicó un poco conocido documento de Política Nacional Urbana, en el que se detalla un crudo diagnóstico: “La ausencia del Estado en la planificación y la gestión territorial ha contribuido a la expansión urbana de baja densidad y a la consolidación de un mercado de suelo urbano caracterizado por la usurpación, la especulación y la desigualdad. La escasez de instrumentos que regulen el mercado de suelo, junto con instrumentos de gestión local ineficientes e instituciones debilitadas, han favorecido el desarrollo de ciudades desiguales, socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y ambientalmente insostenibles. En las últimas décadas, el déficit habitacional en Argentina se ha incrementado, los mecanismos de acceso al crédito han resultado insuficientes y los asentamientos informales se han convertido en la principal estrategia de acceso al suelo y a la vivienda de los sectores de menores ingresos. Asimismo, el surgimiento de barrios cerrados no sólo da cuenta de un modelo de ciudad fragmentado socio-espacialmente, sino que su localización en áreas ambientalmente frágiles y vulnerables ha generado un alto impacto ambiental”.

¿Cómo revertir este panorama desolador? Está claro que no será volviendo a modelos fracasados en los que la planificación era más una declamación que una realidad; pero la improvisación y la ausencia del Estado en la planificación territorial tampoco son las mejores respuestas. En sociedades democráticas con sistemas capitalistas competitivos el Estado necesita ser innovador y eficiente, pero en ningún caso puede abandonar su rol planificador. Recordemos a Mario Bunge, cuando señaló que “quien no planifica es víctima del planificador que obra por cuenta de otros”. –

 

Publicado en el diario La Calle el 9 de junio de 2024.-  

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jueves, 6 de junio de 2024

CONDORCET

Por José Antonio Artusi

Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, más conocido como el marqués de Condorcet nació en Ribemont el 17 de septiembre de 1743 y murió en Bourg-la-Reine, el 28 o 29 de marzo de 1794.  

Se formó en un colegio jesuita, lo que no le impidió más tarde ser un agudo crítico de la orden, de la Iglesia Católica, y de las instituciones religiosas en general. Figura estelar de la Ilustración francesa, descolló en diversos campos del conocimiento - matemática, filosofía, economía, ciencia política, sociología - a la vez que participó activamente en las luchas políticas de su tiempo.

Liberal, republicano, laicista, feminista, progresista, su concepción universalista de los derechos humanos lo llevó a defender a las víctimas de discriminación y sojuzgamiento en virtud de su sexo, etnia o religión, y fue por ende solidario con las mujeres, los negros y los judíos.   

En 1774 Condorcet fue designado Inspector General de la Moneda por Turgot, uno de los economistas destacados dentro de la escuela de los fisiócratas franceses. Turgot es recordado por sus aportes a la defensa de las bondades del libre comercio y a la formulación de la teoría del “impuesto único”, que señala que la única materia imponible debería ser la renta del suelo, liberando de todo tributo al trabajo y al capital; teorías que serían retomadas por los liberales clásicos británicos y sobre todo por el economista norteamericano Henry George a fines del siglo XIX. Turgot terminó siendo destituido de su cargo de inspector general de finanzas en 1776 y Condorcet se solidarizó presentando su renuncia, pero fue obligado a permanecer en el cargo hasta 1791. En 1786 Condorcet escribió una biografía de Turgot en la que avala sus ideas económicas.    

En el proceso de la Revolución Francesa Condorcet se enroló en el bando reformista de los girondinos, y sufrió la persecución de los extremistas jacobinos. En 1791 fue electo representante de París en la Asamblea Nacional, de la que llegó a ser secretario. A instancias suyas se avanzó en la instauración del laicismo en la educación pública.  Tras oponerse a la ejecución de Luis XVI y criticar el proyecto de constitución de los jacobinos fue acusado y condenado por traición, lo que lo obligó a refugiarse en la casa de una amiga durante algunos meses. Intentó huir de París, pero fue detenido. A los pocos días murió en su celda. Algunos han señalado al suicidio como probable causa de muerte.

Philippe Van Parijs 1 lo incluye en su galería de precursores de la idea del ingreso ciudadano y señala que “hacia finales del siglo XVIII surgió una idea diferente que iba a desempeñar un papel aún mayor en el alivio de la pobreza en toda Europa. La primera persona conocida que esbozó la idea fue el matemático, filósofo y activista político Antoine Caritat, marqués de Condorcet… Mientras estuvo escondido, escribió su obra más sistemática, el “Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano” (publicado póstumamente por su viuda en 1795), cuyo último capítulo contiene un breve esbozo de cómo podría ser un seguro social y cómo podría reducir la desigualdad, la inseguridad y la pobreza”.

Dejemos que Condorcet lo diga con sus propias palabras: “Existe, por tanto, una causa necesaria de desigualdad, de dependencia e incluso de miseria, que amenaza constantemente a la clase más numerosa y activa de nuestras sociedades. Demostraremos que podemos eliminarla en gran medida, oponiendo la suerte a sí misma, asegurando a quienes llegan a la vejez un alivio que es producto de lo que ahorró, pero aumentado por los ahorros de aquellos que hicieron el mismo sacrificio pero murieron antes de que llegara el momento en que necesitaban recoger su fruto; utilizando una compensación similar para proporcionar a las mujeres y a los niños, en el momento de perder a sus maridos o a sus padres, recursos del mismo nivel y adquiridos al mismo precio, ya sea que la familia en cuestión haya sufrido una muerte prematura…; y, finalmente, dando a aquellos niños que tienen edad suficiente para trabajar por sí solos y fundan una nueva familia, la ventaja de un capital necesario para el desarrollo de su actividad”.  Es decir, tal como plantea Van Parijs, que “esta idea distinta terminará dando forma, un siglo después, al desarrollo de los masivos sistemas de seguridad social de Europa, comenzando con los planes de pensiones de vejez y de seguro médico de Otto von Bismarck para la fuerza laboral industrial de la Alemania unificada (desde 1883 en adelante)”.

Pjilippe Van Parijs enfatiza que “es el mismo Marqués de Condorcet quien fue el primero en mencionar brevemente, en el contexto de su discusión sobre el seguro social, la idea de una prestación no restringida ni a los pobres (merecedores de nuestra compasión) ni a los asegurados (acreedores a una indemnización si el riesgo se materializa), es decir, la idea de “dar a aquellos niños que tengan edad suficiente para trabajar por sí mismos y fundar una nueva familia la ventaja de un capital necesario para el desarrollo de su actividad”. No se sabe que el propio Condorcet haya dicho o escrito nada más sobre el tema, pero su amigo cercano y miembro de la Convención Thomas Paine (1737-1809) desarrolló la idea con mucho mayor detalle, dos años después de la muerte de Condorcet”. Es evidente que Thomas Paine puede haberse nutrido de las ideas de su amigo, con quien también compartió el destino de la persecución y la cárcel, aunque el revolucionario inglés pudo salir de ella con vida.    

¿Qué hace que sea pertinente recordar y rescatar hoy el legado intelectual de Condorcet?  Las respuestas pueden ser variadas, pero podríamos arriesgar que sus ideas podrían ser particularmente valiosas y fecundas en un momento histórico en el que Occidente se encuentra asediado por dentro y por fuera, por dentro por parte de quienes aparecen – a izquierda y derecha - como los traidores de sus mejores tradiciones liberales y humanistas. - 

 

Publicado en el diario la Calle el 2 de Junio de 2024.-

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