lunes, 29 de mayo de 2023

VIVA LA LIBERTAD!

 Por José Antonio Artusi

Para quienes tenemos a la libertad como un bien supremo y un valor fundante del sistema republicano de gobierno, no puede sino ser una buena noticia que se la rescate y valorice y que el término liberalismo deje de estar automáticamente vinculado a una noción despectiva y descalificante. 

En el mundo actual, y en particular en la Argentina, la libertad y el liberalismo han sido objeto de una profunda tergiversación por parte de algunos curiosos seudo liberales que - en el caso de nuestro país - combinan sin descaro ni pretensión de coherencia diversas dosis de conservadorismo retrógrado, anarquismo delirante y nacionalismo católico.

Sin embargo, es fundamental volver a las raíces y rescatar el verdadero valor del liberalismo como ideología republicana y progresista. Para ello, es necesario adentrarnos en las definiciones y pensamientos de destacados pensadores genuinamente liberales.

Podríamos comenzar por Thomas Paine, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, su obra "Rights of Man" (Derechos del Hombre) nos brinda una perspectiva clara sobre la libertad como un derecho inalienable de todos los individuos. Paine defendía la igualdad de derechos y la necesidad de un gobierno limitado que protegiera la libertad individual, alentando así la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, en su obra "La Riqueza de las Naciones", pone de manifiesto que la libertad económica es esencial para el progreso de una sociedad. Smith argumentaba que la competencia y la libre interacción entre individuos en el mercado, sin intervención excesiva del Estado, conducirían a la creación de riqueza y al bienestar general. No obstante, es importante recordar que Smith también defendía la necesidad de regulaciones estatales para prevenir abusos y proteger los derechos de los trabajadores. Algunas frases de Adam Smith merecen ser rescatadas del olvido, por ejemplo, “ninguna sociedad puede ser feliz y próspera si la mayor parte de sus ciudadanos son pobres y miserables”; o “tan pronto como la tierra se ha convertido en una propiedad privada, el terrateniente exige una parte de casi todos los productos que el trabajador pueda producir o recoger en ella”; o “los comerciantes del mismo rubro rara vez se reúnen, incluso para entretenimiento y diversión, pero la conversación termina en una conspiración contra el público, o en alguna estratagema para aumentar los precios”.

David Ricardo, otro destacado economista liberal, aportó a la teoría económica con su concepto de ventaja comparativa. Según Ricardo, el libre comercio y la especialización permiten que los países se beneficien mutuamente al enfocarse en las actividades en las que son más eficientes. Esta idea resalta la importancia de eliminar barreras proteccionistas y promover la libertad de intercambio, generando así prosperidad económica y una distribución más equitativa de los recursos. No deja de ser curioso que algunos de los que más coherentemente defendieron esa concepción liberal en Argentina, en defensa de los derechos y del poder adquisitivo de los trabajadores, fueran los legisladores socialistas de principios del siglo XX, opuestos al proteccionismo de los conservadores que defendían los intereses corporativos de ciertos empresarios a los que hoy calificaríamos como “cazadores en el zoológico”.  

John Stuart Mill, reconocido filósofo y economista inglés, en su obra "Sobre la Libertad", establece que la única justificación para restringir la libertad individual es la prevención de daños a otros. Mill defiende la autonomía y la diversidad de pensamiento como fundamentales para el progreso y la creatividad de una sociedad. Además, Mill abogaba por la igualdad de género y la participación política de las mujeres, reforzando así la idea de que la libertad debe ser accesible para todos los miembros de la sociedad.

Podríamos seguir con Henry George, economista y filósofo social norteamericano, quien en su obra "Progreso y Pobreza" cuestiona las desigualdades generadas por la apropiación privada de valorización de la tierra generada por la comunidad. George argumentaba que la tierra es un recurso natural cuyas rentas no generadas por el trabajo ni por el capital debían recuperarse por la sociedad, y propuso un impuesto único sobre el valor de la tierra para redistribuir la riqueza de manera más equitativa. Su enfoque se basaba en la creencia de que la libertad verdadera solo se puede lograr si todas las personas tienen igual acceso a la posibilidad de trabajar explotando los bienes comunes.

Rescatar el valor de la libertad y el liberalismo implica volver a los fundamentos establecidos por destacados pensadores. Sus ideas nos enseñan que la libertad individual, la igualdad de derechos, la libre interacción económica y la participación ciudadana son pilares fundamentales para una sociedad justa y próspera. Es importante desmontar las falacias de aquellos conservadores que tergiversan estos conceptos, para avanzar hacia un futuro en el que la libertad sea verdaderamente accesible para todos, entendiendo que la filosofía republicana no concibe a la libertad en abstracto sino indisolublemente unida a sus hermanas, la igualdad y la fraternidad. No hay libertad en la anarquía, sino privilegios. La libertad sólo impera cuando hay un Estado de Derecho que la consagra y la protege, tal como lo concibieron quienes nos legaron la sabia Constitución de 1853 y la Organización Nacional. Viva la libertad!  

 

Publicado en el diario La Calle el día 28 de Mayo de 2023.-

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lunes, 22 de mayo de 2023

CÓMO SON LAS VIVIENDAS DE LOS ENTRERRIANOS?

Por José Antonio Artusi

El INDEC abada de publicar un informe con indicadores de las condiciones habitacionales de las viviendas de todo el país relevadas en el censo del año pasado. El propio informe señala que la información publicada “nos ayudará a comprender cómo viven las personas a lo largo del territorio nacional”, y enfatiza que “el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido internacionalmente por las Naciones Unidas. La vivienda brinda seguridad y protección ante los factores climáticos y, además, garantiza el espacio para descansar, alimentarse, higienizarse, realizar actividades de esparcimiento e interactuar con otras personas.” A su vez, se consigna que “para ser considerada adecuada, una vivienda debe cumplir una serie de condiciones. Algunas de ellas están asociadas a la calidad de los materiales constructivos, las instalaciones sanitarias y la disponibilidad de servicios públicos”.

Vale la pena por lo tanto dar una mirada a algunos indicadores de la provincia de Entre Ríos. Veamos entonces algunos datos, y la evolución entre 2022 y 2010.     

Agua de red pública

En 2010 el 89,72% de las viviendas entrerrianas tenían conexión de agua potable a red pública, mientras que en 2022 el porcentaje era el 91,50%, por encima de la media nacional (85,4%). De todos modos puede advertirse un incremento muy modesto en estos últimos doce años, de menos de dos puntos porcentuales. Casi una de cada diez viviendas carece de conexión a redes públicas de agua potable. El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (95,5%) mientras que el que exhibió menor porcentaje en este rubro fue Islas del Ibicuy (68,4%).

Cloacas

Según el censo del 2010 el 69.84% de las viviendas tenían conexión a red pública de cloacas. En 2022 el porcentaje ascendió al 80.40%, también por encima del promedio nacional (62.6%). Casi dos de cada diez viviendas no tienen cloacas. El departamento con mejor desempeño el año pasado fue Gualeguaychú, y el peor indicador correspondió también en este caso a Islas del Ibicuy (39,2%).     

Gas de red

En 2010 el 26,06% de las viviendas utilizaban gas natural de red o electricidad para cocinar. En 2022 este indicador se incrementó llegando al 33,20%, bastante por debajo de la media nacional (58,40%). Dos cada tres viviendas carece de este servicio en nuestra provincia. El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (48,40%) y en el otro extremo se ubicó Feliciano (7,60%).

Pisos con revestimiento   

Las viviendas con pisos con revestimiento (cerámica, mosaico, baldosa, alfombra, madera, etc.) representaban el 76,38% del total en 2010, mientras que en 2022 el indicador ascendió al 87,9%, porcentaje cercano al promedio nacional (86.6%). El mejor desempeño en este rubro correspondió al departamento Colón (93,30%) y el peor a Feliciano (69,7%).

Vivienda propia  

En 2010 las viviendas propias representaban el 69,24%. En este caso el porcentaje disminuyó en 2022, llegando al 66,40%, porcentaje cercano al 65,50% a nivel nacional. El departamento con mayor incidencia de vivienda propia en 2022 fue Feliciano (75,6%0) y el de menor porcentaje fue Colón (62,70%).

Internet  

No contamos con datos de este indicador en 2010. En 2022 el 76% de las viviendas tenía conexión a internet, por encima de la media nacional (59,3%). El departamento con mayor cobertura en 2022 fue Paraná (82,20), y el menor porcentaje correspondió a Islas del Ibicuy (58%).

Hacinamiento? 

Lamentablemente el informe publicado recientemente no contiene datos referidos al hacinamiento en las viviendas. Contar con esta información sería útil para visualizar la tendencia que se verificó entre 2010 y 2022. Cabe señalar al respecto que la Fundación Tejido Urbano publicó un estudio titulado “Radiografía de las condiciones de vida en las ciudades argentinas”, elaborado en base a datos de la Encuesta Permanente Hogares del INDEC correspondiente al segundo semestre del año paso. En dicho informe se muestra que Concordia fue la ciudad con mayor hacinamiento crítico (hogares que presentan más de tres personas por cuarto) entre los 31 aglomerados urbanos en los que se realiza la encuesta, con 9%, más que duplicando la media nacional (4%), porcentaje en el que se ubica a su vez la ciudad de Paraná y localidades aledañas (Gran Paraná).

Faltan datos…    

Por el momento la información está desagregada a nivel de departamento, y obviamente será necesario contar con datos definitivos por localidad y a su vez incluyendo otros indicadores (calidad de la vivienda, calidad del entorno, hacinamiento, etc.) para establecer diagnósticos más precisos que permitan fundamentar políticas públicas basadas en evidencias estadísticas. Seguimos teniendo un déficit habitacional importante, tanto cualitativo como cuantitativo. Sobre todo los jóvenes se ven en condiciones muy difíciles para acceder a una vivienda digna, ya sea en propiedad como en alquiler. Contar con información confiable y oportuna es un primer paso para elaborar estrategias efectivas que permitan eavanzar en la solución de esta problemática. Habrá que seguir reclamando datos y analizándolos minuciosamente.- 


Publicado en el diario La Calle el día 21 de Mayo de 2023.- 

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martes, 16 de mayo de 2023

GESTIÓN DE RESIDUOS: HACEN FALTA CAMBIOS PROFUNDOS (Y ALGUNOS QUIZÁS NO NOS GUSTEN)

Por José Antonio Artusi

Tenemos en general en la Argentina una deficiente gestión de los residuos sólidos domiciliarios. Como en otros campos de las políticas públicas muchas veces el principal problema no radica en la débil asignación de recursos sino en su escasa eficiencia. Los montos asignados a los sistemas de gestión de residuos consumen una parte significativa de los presupuestos municipales.

Los déficits en la gestión de residuos impactan de diversas maneras negativas en el plano ambiental, económico, y social, perjudicando sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad. La presencia de residuos en los espacios públicos, la inadecuada disposición final, y la presencia de basurales clandestinos son algunos de los indicadores que evidencian estos déficits.

Cada municipio tiene sus propias particularidades, y en cada caso se necesita un plan estratégico de gestión de residuos sólidos domiciliarios adecuado a la realidad local y articulado de manera armónica con otras políticas públicas. La problemática tiene a su vez una dimensión regional, provincial y nacional. Los gobiernos de estos niveles no pueden dejar librados a los gobiernos locales a su suerte, deben tener políticas de promoción y articulación de modo tal de garantizar presupuestos mínimos de protección ambiental en todo el territorio. No abordaremos aquí la complejidad de tal desafío integral; nos centraremos solamente en las primeras fases de la gestión de residuos, la disposición inicial y la recolección. En ambas se requiere un fuerte compromiso de los ciudadanos, no basta con la acción de la administración pública.

La frecuencia de recolección en nuestro país oscila alrededor de 6 días por semana en ciudades grandes y medianas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ley, es la frecuencia mínima que puede haber. Sin embargo, muchas de nuestras ciudades presentan problemas de residuos en la vía pública, contenedores desbordados, etc.. Hemos naturalizado el hecho de que alguien debe llevarse los residuos que generamos en nuestros hogares al menos 6 veces por semana, no importa demasiado adonde ni cómo se van a tratar esos residuos, mientras se los lleven lejos y no los veamos. Lo llamativo es que se trata de una frecuencia altísima para los estándares de países desarrollados. En muchísimas ciudades de países con buenos sistemas de gestión de residuos es mucho menor, por ejemplo una vez por semana para los residuos húmedos (restos de comida, etc.) y uva vez cada dos semanas para los residuos secos reciclables (papel, cartón, vidrio, aluminio, plástico). En estos casos los habitantes deben hacerse cargo de los residuos que generan, y almacenarlos en sus domicilios en contenedores adecuados a tal fin. La frecuencia baja incentiva tanto la disminución en la cantidad de residuos como el reciclaje (compostaje por ejemplo) y el reuso. Las otras ventajas de esta baja frecuencia radican en el menor impacto de los residuos en la calidad del espacio público, ya que se disponen en la calle sacando los contenedores domiciliarios una única vez por semana, y que no se requieren contenedores comunitarios. Además, el servicio de recolección disminuye sus costos, demanda menor consumo de combustible y genera menos emisión de gases contaminantes. Por las dudas, aclaro que, por ahora,  no estoy proponiendo medidas concretas, es obvio que se requieren estudios en profundidad que aconsejen los cambios a introducir en base a evidencias científicas, pero también está claro que seguir como vamos es garantía de fracasos.         

Me temo que es probable que algunos cambios que podrían llegar a ser necesarios no cuenten todavía con el grado de aceptación ciudadana que podría garantizar su viabilidad. Hice una encuesta al respecto en Twitter, obviamente sin validez estadística pero que podría mostrar ciertos indicios. Pregunté qué haríamos si un candidato a intendente nos dijera que los residuos se van a recoger una vez por semana, y los reciclables una vez cada dos semanas. El 57,4%  respondió que no lo votaría. Cuando terminó la encuesta y ví el resultado escribí que “quizás no estamos preparados para reconocerlo, pero acá me parece que tenemos un problema”. Después hice otra encuesta y el 67,8% contestó que en su localidad los residuos se recogían entre 5 a 7 veces por semana.

Necesitamos reformas estructurales, de raíz, en los sistemas de gestión integral de residuos domiciliarios. Haríamos bien en debatir a fondo esta cuestión, sin naturalizar que algunas de las prácticas a las que estamos acostumbrados son las únicas posibles.-


Publicado en el diario La Calle el día 14 de Mayo de 2023.- 

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viernes, 5 de mayo de 2023

EL DIA QUE JUAN B. JUSTO FUE OFICIALISTA

Por José Antonio Artusi

Le pregunté a la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT qué ideología tenían Roque Saenz Peña y Juan B. Justo y me respondió que el primero era conservador y el segundo socialista. Yo creo que Saenz Peña tenía también rasgos liberales y progresistas, pero no tenía ganas de discutir con un robot, así que no seguí preguntando.  Y creo también que Juan B. Justo tenía una veta liberal. Quizás podría haberse identificado con la frase del dirigente socialista español Indalecio Prieto, que decía que era “socialista a fuerza de liberal”.

Roque Saenz Peña fue Presidente desde el 12 de Octubre de 1910 hasta su muerte, el 9 de Agosto de 1914, si bien en 1913 había delegado la titularidad del Poder Ejecutivo en el Vicepresidente Victorino de la Plaza, por razones de enfermedad. Juan B. Justo fue electo diputado en las elecciones de 1912, de lo que se desprende que era un legislador “opositor”. Sin embargo, al menos en una sesión, el fundador del Partido Socialista actuó como oficialista. 

El 28 de Junio de 1912 ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley creando un impuesto sobre el mayor valor de la propiedad territorial, remitido por Saenz Peña y su Ministro de Hacienda José María Rosa.  El proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto, su tratamiento no prosperó y pronto pasó al olvido. En la sesión del 17 de Julio de 1912 la iniciativa fue duramente criticada por el diputado Arturo Bas y defendida por el diputado Juan B. Justo.

En el mensaje remitido al Congreso Saenz Peña consideraba que “el sistema rentístico argentino está llamado a experimentar sensibles transformaciones, encaminadas a una más equitativa repartición de los tributos que constituyen el tesoro público… El impuesto al mayor valor de la tierra, que el Poder Ejecutivo prestigia, aunque conocido desde siglos en la legislación universal, ha poco que entrara a formar parte  firmemente de los regímenes financieros de naciones que marchan a vanguardia de la civilización contemporánea… James Mill en 1827 y John Stuart Mill en 1848 popularizaron las ventajas del nuevo impuesto provocando, con atinados estudios, la conveniencia de una reforma agraria inglesa… El terrateniente que es dueño de grandes extensiones abandonadas, que aguarda quietamente el resultado del esfuerzo ajeno para multiplicar el de su bien propio, al divisar un impuesto paulatino al mayor valor que vaya adquiriendo la propiedad, se sentirá muchas veces inclinado a renunciar a esa actividad pasiva o de contemplación. En igual forma la especulación desenfrenada, sometida a un impuesto constante, contribuirá a normalizar un tanto las fluctuaciones del valor, avivadas por el agio… siendo el Estado quien contribuye a valorizar mayormente la propiedad, justo es que perciba su parte, sirviéndose para ello del impuesto… se trata de gravar el aumento de valor adquirido sin la intervención directa del propietario, que se ha producido por factores extraños a la actividad del dueño y que en derecho estricto no ha sido ganado por él.”

En la sesión del 17 de Julio de 1912 Bas sostuvo que “no es ésta la oportunidad de entrar a considerar los blancos que presenta la iniciativa del Poder Ejecutivo, bajo el punto de vista constitucional, ni tampoco el error fundamental de su pensamiento básico, o sea el de obstruir, el de obstaculizar el espíritu de empresa que él llama especulación y que es indiscutiblemente la base de la grandeza argentina”. Como se puede apreciar, quienes hoy defienden la legitimidad de la especulación con los valores del suelo – mal llamada especulación inmobiliaria – recurren a argumentos similares ante cada iniciativa tendiente a recuperar y reinvertir la valorización del suelo que se produce por la acción de la comunidad. O sea, injustificadas y vagas acusaciones de inconstitucionalidad o confundir groseramente especulación con iniciativa privada productiva o “espíritu de empresa”, cuando son, precisamente, dos polos absolutamente opuestos.

Juan B. Justo replicó: “tengo que hacer el papel de oficialista en esta ocasión… el que especula en tierra es absolutamente innecesario. No desempeña función explicable, útil en ningún sitio de la tierra. El suelo es siempre de la misma extensión; es siempre la misma superficie la que tenemos a nuestra disposición. Su riqueza no aumenta ni disminuye al pasar de mano en mano.  Los que especulan sobre el valor del suelo se colocan simplemente de intermediarios entre los actuales terratenientes y los que por un motivo u otro quieren adquirir la tierra más tarde, sucediendo muy comunmente que los que después quieren adquirirla son también especuladores… Me parece una injuria al comercio argentino decir que se siente alarmado por el proyecto de impuesto al mayor valor del suelo. El comercio argentino desempeña aquí, como en todas partes (el comercio en el buen sentido de la palabra), una función sumamente útil, indispensable… El comercio desempeña la función de conocer las necesidades de la población, la de traer al país los artículos requeridos para satisfacerlas, y la de distribuirlos entre los consumidores por medio de la venta… ¿Pero qué tiene de comparable con ella el acaparamiento de la tierra? No se llena con él ninguna función de utilidad nacional ni un fin público; es una función completamente parasitaria… Tendremos así la base necesaria para abolir todos los malos impuestos que hoy pesan no sólo sobre los trabajadores, sino también sobre el comercio y las industrias, porque en nuestro país asistimos a este cuadro realmente cómico: por un lado se sancionan extorsivos derechos de aduana so pretexto de proteccionismo, y por otro, se establecen patentes altísimas a las fábricas, por el solo hecho de ser fábricas, como se imponen costosas trabas fiscales a todo hombre que quiere hacer un trabajo útil cualquiera”.

Vale la pena revisar los argumentos en uno y otro sentido; los expuestos en los fundamentos del proyecto, y los que pronunciaron Bas y Justo. Recordar esa discusión es pertinente porque el problema que pretendió enfrentar Saenz Peña, y los que comentó Juan B. Justo, siguen teniendo plena vigencia.-


Publicado en el diario La Calle el día 30 de Abril de 2023.- 

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SALTO GRANDE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE; UNA ASIGNATURA PENDIENTE

Por José Antonio Artusi              

Un documento de la OEA señala que “la cuenca del río Uruguay es notablemente rica en energía. Si se considera su potencial total de 18.264 MW y su superficie de 360.000 km2 se obtiene una potencia unitaria de 50,7 KW instalado por kilómetro cuadrado, o sea una energía del orden de los 220 MWh/km2. Esta cantidad de energía es similar a la de Suecia, considerado uno de los países más ricos en hidroelectricidad”. Sin embargo, lamentablemente se trata de un potencial energético mayormente desaprovechado, siendo Salto Grande el único emprendimiento binacional operativo.  No deja de ser curioso – y doloroso – que no exista todavía ninguna central hidroeléctrica compartida entre Argentina y Brasil.  

En 1919 el Gobierno Argentino encomendó a la Dirección General de Navegación y Puertos realizar estudios tendientes al aprovechamiento hidroeléctrico de las caídas del Salto Grande. Más tarde, el diputado nacional entrerriano Bernardino Horne presentó un proyecto de ley estableciendo cuatro objetivos centrales: la navegación, el aprovechamiento de energía eléctrica, la irrigación y el control de los efectos de las crecientes. Y el 30 de Diciembre de 1946 se firmó el Convenio entre Argentina y Uruguay, que dispuso en su artículo 3º que “las diversas utilizaciones de agua tendrán el siguiente orden de prioridad…:

1)      Utilización para fines domésticos y sanitarios;

2)      Utilización para navegación;

3)      Utilización para producción de energía;

4)      Utilización para riego.”

Salto Grande ha venido funcionando desde hace décadas como una eficiente usina de generación de energía barata, limpia y renovable, pero no ha aportado demasiado al logro de los demás objetivos. Es importante por lo tanto recordar que Salto Grande fue pensada originalmente como un proyecto multipropósito, orientado a promover el desarrollo regional.     

En momentos en que nuestro país necesita imperiosamente asegurar la provisión de agua potable y saneamiento a toda su población, diversificar y descarbonizar sus fuentes de energía, eficientizar sus sistemas de transporte, y aprovechar los recursos hídricos para mejorar la productividad del sector agropecuario y hacerlo menos vulnerable a episodios climáticos en el contexto del cambio global, el emprendimiento de Salto Grande se presenta como una oportunidad magnífica de aportar al logro de esos fines, potenciándolo con iniciativas que duermen en algunos cajones desde hace décadas, y otras que puedan surgir.

Si lo vemos desde la perspectiva de los intereses de la provincia de Entre Ríos – pero cuidando de no caer en una visión aldeana y cerrada, sino enmarcándolos armoniosamente en el contexto de los intereses de la región y de la Nación en su conjunto – un primer paso podría consistir en reclamar que se aumente la proporción en la que se pagan regalías hidroeléctricas a la provincia, permitir que tales regalías se puedan cobrar en especie, y aumentar el precio que Salto Grande recibe por la energía generada. Estas acciones permitirían contar con más recursos, provenientes tanto de regalías como de excedentes, y parte de esos recursos adicionales podrían destinarse a morigerar el impacto de la quita de subsidios a la energía, sobre todo para usos productivos y para consumos básicos de los sectores más vulnerables. Por otro lado, revisando de manera profunda el rol de la CAFESG, podrían también destinarse recursos a la promoción de un verdadero programa de desarrollo regional, priorizando las obras que impacten efectivamente en tal propósito, y cuidando rigurosamente la eficiencia y rentabilidad social de las inversiones.  Retomando las prioridades de 1946, ese proyecto tendría que concentrarse fuertemente en proyectos que brinden agua potable y saneamiento, infraestructura de transporte ferroviario y carretero para alimentar los puertos, electrificación rural y para parques industriales a costos adecuados, y acueductos para riego.       

Por otro lado, la potencia de la represa podría aumentarse concretando el demorado dique compensador de Salto Grande, obra que permitiría operar más eficientemente la central y aportar energía de base a ambos países. El aumento de generación incrementaría obviamente la percepción de regalías y excedentes para la provincia, llegado el momento. Pero además el dique compensador, cuya localización y diseño debería contemplar los más rigurosos criterios ambientales, permitiría mitigar el impacto de las inundaciones y favorecería la navegación, aportando al desarrollo de la Hidrovía del río Uruguay. Debe tenerse en cuenta que el transporte fluvial en determinadas distancias tiene ventajas significativas sobre el transporte carretero en términos de menor consumo de combustible, menor emisión de gases contaminantes y mayor seguridad. La navegación a su vez podría también potenciarse con la construcción de las demoradas esclusas y el canal, que permitirían navegar con barcazas aguas arriba de la represa.   

Obviamente todas estas obras requieren estudios y evaluaciones muy rigurosas que avalen su factibilidad y conveniencia, pero al menos deberíamos estar debatiendo estas cuestiones y exigiendo que esos estudios se realicen de manera perentoria.  

Salto Grande siguen siendo una oportunidad magnífica para la promoción efectiva del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de nuestras comunidades, pero exige discusiones serias y acciones conducentes, más que repetir como loros cantinelas demagógicas o resignarnos a un status quo de atraso y empobrecimiento.- 


Publicado en el diario La Calle el día 23 de Abril de 2023.-

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martes, 18 de abril de 2023

TIROS EN EL PIE O REMEDIOS ADECUADOS

Por José Antonio Artusi              

Millones de argentinos se ven privados del derecho a una vivienda digna. Se han ensayado diversas soluciones al problema, que no sólo no lo han solucionado sino que en muchos casos lo han empeorado, tales como malas leyes de alquileres. Permanece casi desconocida u olvidada, paradójicamente, una política que podría tener un impacto significativo en la mejora de la asequibilidad a la vivienda, ya sea en propiedad como en alquiler: el impuesto al valor del suelo libre de mejoras, también conocido como el impuesto único. Se trata de una idea propuesta por el economista y filósofo estadounidense Henry George en su obra "Progreso y Miseria" en 1879. Según George, este impuesto debería gravar únicamente el valor del suelo, sin tener en cuenta las mejoras realizadas en él, como edificios o instalaciones. En nuestro caso no equivaldría a crear un nuevo tributo sino simplemente a reformar el impuesto inmobiliario, desgravando totalmente las construcciones y gravando solamente el suelo, con alícuotas razonables y valuaciones cercanas a los precios de mercado. Recordemos que el Premio Nobel William Vickrey sostuvo que “el impuesto a la propiedad inmobiliaria es, económicamente hablando, la combinación de uno de los peores impuestos, la parte que se deriva de las mejoras a un bien inmueble… y uno de los mejores, el impuesto a la tierra o al valor del lugar”.  

Esta idea ha sido apoyada por muchísimos economistas a lo largo de la historia, incluyendo a Milton Friedman (que lo consideraba el menos malo), debido, entre otras razones, a su potencial para mejorar la asequibilidad a la vivienda. Este impuesto, combinado con la eliminación de muchísimos otros impuestos regresivos y distorsivos podría contribuir a ello de diversas maneras:

. Desalentando la especulación del suelo, mal llamada especulación inmobiliaria: El impuesto propuesto por Henry George desalienta la especulación del suelo, ya que gravaría su valor y no las mejoras. Esto significa que los propietarios de parcelas vacantes o subutilizadas tendrían que pagar un impuesto relativamente más alto, lo que los incentivaría a desarrollar o vender esas tierras, en lugar de mantenerlas sin utilizar con fines especulativos. Esto aumentaría la oferta de viviendas y de lotes en el mercado, lo que a su vez ayudaría a reducir los precios.

. Estimulando la inversión en viviendas: Al gravar únicamente el valor del suelo y no las mejoras, se estimularía a los propietarios a invertir en la construcción de viviendas en lugar de especular con el mayor valor del suelo acrecentado por acciones del Estado y de la comunidad. Esto también aumentaría la oferta de viviendas en el mercado, lo que contribuiría a la reducción de los precios y a mejorar la asequibilidad para compradores e inquilinos.

. Mejorando la equidad en la distribución de la riqueza: la propiedad del suelo tiende a concentrarse en manos de unos pocos propietarios, lo que puede resultar en desigualdades en la distribución de la riqueza y dificultades en el acceso a la vivienda. Al capturar una parte de las rentas extraordinarias y utilizarlas para financiar programas de vivienda asequible o programas universales como el ingreso ciudadano, podría contribuir a una mayor equidad en la distribución de la riqueza.

. Estimulando el desarrollo urbano eficiente: los propietarios de tierras tendrían un incentivo para desarrollar sus propiedades de manera eficiente para minimizar el impacto del impuesto. Esto impulsaría un crecimiento más compacta y sostenible de las ciudades, promoviendo el uso eficiente del suelo y evitando la expansión urbana no planificada y de baja densidad.

La idea de Henry George ha sido objeto de críticas y debates en la comunidad económica, y algunos economistas neoclásicos, en buena medida defendiendo intereses concretos de quienes se beneficiaban con la especulación, han argumentado en contra de la inclusión del suelo como un factor de producción separado del capital y del trabajo. Sin embargo, otros economistas, como Fred Harrison y Mason Gaffney, han defendido y actualizado la propuesta de Henry George, y han proporcionado argumentos contundentes en favor de considerar el suelo como un factor de producción distintivo. Entre los argumentos utilizados por estos y otros economistas podemos encontrar los siguientes:

. Rentas económicas del suelo: argumentan que el suelo tiene características especiales que lo diferencian de otros factores de producción, y que los propietarios de tierras pueden obtener rentas económicas simplemente por poseer tierras con valor en el mercado, sin realizar ninguna actividad productiva. Estas rentas del suelo, según ellos, son una forma de ingreso no merecido, ya que no resultan del esfuerzo o inversión del propietario, sino del valor atribuido a la ubicación de la tierra. El impuesto sería una forma de capturar parte de estas rentas del suelo y reinvertirlas con sentido redistributivo para beneficio de la sociedad en su conjunto.

. Ineficiencias en la asignación del suelo: consideran que la falta de un impuesto sobre el valor del suelo puede llevar a una asignación ineficiente de los recursos, ya que los propietarios de lotes pueden retenerlos sin desarrollarlos o subutilizarlos con fines especulativos, en lugar de utilizarlos productivamente. Al desalentar la especulación del suelo y promover un uso más eficiente del mismo, se mejoraría la asignación de recursos y se promovería un desarrollo urbano más sostenible.

En nuestro país es muy poco conocido un proyecto de ley presentado por el Presidente Roque Sáenz Peña en 1912, conocido como el "Impuesto al Mayor Valor de la Tierra", que fue claramente inspirado en las teorías de Henry George y procuraba recuperar el incremento del valor del suelo producido por acciones ajenas al propietario. El proyecto de ley de Sáenz Peña buscaba gravar el aumento del valor del suelo que se genera debido a la acción del Estado y al crecimiento de la comunidad, con el objetivo de utilizar esos ingresos para financiar obras públicas nacionales o municipales. Sin embargo, este proyecto de ley no prosperó. Quizás haya llegado la hora de rescatar del olvido esa iniciativa trunca de ese gran presidente que fue Saenz Peña.-


Publicado en el diario La Calle el día 16 de Abril de 2023.-

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miércoles, 12 de abril de 2023

LA POBREZA NO PUEDE ESPERAR


Por José Antonio Artusi              

Se cumplieron el 4 de Abril 55 años del asesinato de Martin Luther King, uno de los más lúcidos y comprometidos defensores de una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. Poco antes de morir expresó que “la maldición de la pobreza no tiene justificación en nuestra era”, y enfatizó que “la pobreza es uno de los temas más urgentes en la agenda de la vida moderna”.

En Argentina, más allá de los porcentajes y las estadísticas, la pobreza sigue siendo un problema muy grave. La solución estructural a largo plazo implica disminución de la inflación, crecimiento económico sostenido, provisión de bienes públicos de calidad en educación, salud y hábitat, y creación de empleos genuinos a escalas masivas en un sector privado competitivo en un mundo globalizado. Pero eso no se logrará de la noche a la mañana, y la pobreza, sobre todo la indigencia, no puede esperar. Una alternativa en tal sentido es el ingreso ciudadano, también llamado ingreso básico universal, una política que proporcionaría un ingreso mínimo a todos los habitantes, independientemente de su situación económica, y que podría ayudar a reducir la pobreza extrema de manera significativa.  Estas son algunas razones por las que necesitamos un proceso gradual que desemboque en la institución de un ingreso ciudadano, articulado con una profunda reforma tributaria y la eliminación de muchísimos de los programas sociales vigentes, que lo deberían hacer viable:  

-          Reducción de la pobreza extrema: proporcionaría un ingreso básico a todas las personas, incluyendo a aquellas que actualmente viven en situación de pobreza extrema. Esto podría mejorar su calidad de vida y ayudarles a salir de la situación de exclusión.

-          Mayor igualdad: promovería la igualdad económica al proporcionar a todos los ciudadanos un ingreso mínimo garantizado. Esto podría reducir la brecha entre los ricos y los pobres y mejorar la distribución de la riqueza.

-          Estabilidad financiera: proporcionaría una red de seguridad financiera para las personas en situaciones difíciles, como la pérdida de empleo o la incapacidad para trabajar debido a enfermedad o discapacidad. Esto podría ayudar a prevenir la caída en la pobreza en momentos de crisis económica.

-          Mayor seguridad social: podría proporcionar una mayor seguridad social a la población más vulnerable, incluyendo a los ancianos y a los niños.

-          Impulso a la economía: podría estimular la economía al proporcionar un mayor poder adquisitivo a las personas más pobres, lo que podría aumentar la demanda de bienes y servicios y estimular la creación de empleos.

Una de las ventajas del ingreso ciudadano es que, al ser universal e incondicional, no desalienta el trabajo. Esto se debe a que proporciona una red de seguridad económica para todos, independientemente de su situación laboral, y no cae por lo tanto en la “trampa de la pobreza” propia de los “planes” sociales focalizados y condicionales, que además generan dependencia clientelar.

Como la pobreza extrema en la población infantil es la que más urgentemente hay que atacar, se podría empezar por reflotar el Ingreso Ciudadano a la Niñez propuesto por Elisa Carrió en los 90, consistente en proporcionar un ingreso básico a todos los niños del país, independientemente de la situación económica de sus familias. De hecho no estamos tan lejos, se podría concretar unificando en un único programa la AUH, las asignaciones familiares, las deducciones por hijo en el impuesto a las ganancias, y otros programas asistenciales. Se obtendría de ese modo una prestación verdaderamente universal (la AUH de “universal” no tiene nada), incondicional, igualitaria y permanente, inspirada en los ideales republicanos.   

Los programas piloto de ingreso ciudadano que se han implementado en diversos lugares del mundo han proporcionado sólidas evidencias sobre los efectos de esta política:

-          Mejora en la salud y el bienestar: Los programas piloto han demostrado que proporcionar un ingreso básico puede mejorar la salud y el bienestar de las personas. En un programa piloto realizado en Uganda se encontró que los hogares que recibieron un ingreso básico experimentaron una reducción en la mortalidad infantil y una mejora en la nutrición infantil.

-          Reducción de la pobreza y la desigualdad: Los programas piloto también han demostrado que esta política puede reducir la pobreza y la desigualdad. En un programa piloto realizado en la India se verificó que el ingreso básico redujo la pobreza en un 28% y redujo la desigualdad en un 13%.

-          No desalienta el trabajo: Los programas piloto de ingreso ciudadano han demostrado que esta política no desalienta el trabajo. En un programa piloto realizado en Finlandia se vió que los participantes no redujeron significativamente su participación laboral después de recibir el ingreso básico.

-          Mejora la educación y el emprendimiento: también han demostrado que esta política puede mejorar la educación. En un programa piloto realizado en Kenia se encontró que los participantes que recibieron el ingreso básico aumentaron su inversión en educación.

Thomas Paine, uno de los pensadores políticos más influyentes de la Ilustración, hizo una defensa moral del ingreso ciudadano en su obra "Justicia Agraria" en 1795. Desde la época de Thomas Paine, muchos autores han argumentado a favor del ingreso ciudadano desde diversas perspectivas:

Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborght lo han propuesto como una forma de garantizar la libertad y la autonomía individual, al permitir a las personas elegir su forma de vida y trabajo sin verse forzadas a aceptar empleos indeseados o mal remunerados.

Guy Standing ha argumentado que el ingreso ciudadano es necesario para combatir la creciente inseguridad laboral y la erosión del Estado de bienestar, y que proporciona una base para construir una sociedad más justa y equitativa.

Rutger Bregman lo ha defendido como una forma de redistribución del poder económico y político, al reducir la dependencia de las personas de los empleadores y los programas gubernamentales.

Annie Miller lo ha propuesto como una forma de reconocer y valorar el trabajo no remunerado, como el cuidado de la familia y la comunidad, que a menudo es realizado por mujeres y se subestima en la economía convencional.

Estos son solo algunos ejemplos de los muchos argumentos que se han dado en favor del ingreso ciudadano. Cada autor tiene su propia justificación moral, política y económica para apoyar la idea, pero todos comparten la creencia de que este enfoque puede proporcionar una base sólida para una sociedad más justa y equitativa.-


Publicado en el Diario La Calle el día 9 de Abril de 2022.-

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lunes, 3 de abril de 2023

MIRANDO LOS DATOS DEL CENSO 2022 (Y ANTERIORES)…

Por José Antonio Artusi              

Los datos preliminares del Censo 2022 para la provincia de Entre Ríos nos permiten hacer algunos análisis someros sobre la evolución de las tendencias demográficas, que obviamente deberán profundizarse cuando contemos con información más completa y desagregada.

En primer lugar, cabe señalar que la población de Entre Ríos creció un 15,41% entre 2010 y 2022, ligeramente por encima de la tasa nacional (14,8%), y muy por encima de su propia tasa de crecimiento del anterior período intercensal (6,72%), entre 2001 y 2010.

El departamento que más creció es Colón (20,8%); también lo había sido entre 2001 y 2010 (17,91%). El que menos creció es Nogoyá (8,57%), el único departamento con porcentaje de crecimiento de un dígito. Nogoyá había sido también el de menor crecimiento entre 1991 y 2001 (4,32%). El departamento que más creció después de Colón es Tala (20,16%); en este caso el contraste es notable con el período anterior, en el que había sido el de menor crecimiento; en realidad había sido el único en ver disminuir su cantidad de población (-0,88%) entre 2001 y 2010.

Dividí a la provincia en 3 regiones (es obviamente discutible el criterio). Tengo así la Costa del Uruguay: Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay y Gualeguaychú; la Región Centro: Feliciano, Federal, Villaguay, Tala y Nogoyá; y la Costa del Paraná: La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

La región de la costa del Uruguay es la que más creció (16,98%), con todos sus departamentos por encima del porcentaje provincial. La que menos creció es la Región Centro (12,93%). Sin embargo el departamento Tala (20,16%) está bastante por encima de la tasa provincial. En una situación intermedia está la región de la costa del Paraná, con un porcentaje de incremento muy cercano al provincial (14,60%). Los únicos departamentos en esa región con tasas de crecimiento superiores - levemente - a la provincial son Diamante (16,74%) e Islas (16,54%).

Si miramos una serie más larga, entre 1991 y 2022, la población de Entre Ríos creció 39,81%. El departamento que más creció es Colón (67,10%) y el que le sigue es Federación (63,10%). Los de menor crecimiento son Nogoyá (13,81%), La Paz (20,96%) y Tala (27,35%). En ese período la región que más creció es la costa del Uruguay (47,42%) y la de menor crecimiento fue la Región Centro (25,40%). Nuevamente al medio, la región de la costa del Paraná (37,25%), cerca del promedio provincial. Si miramos números absolutos el contraste entre Colón y Nogoyá es notable. En 1991 tenían 44937 y 37230 habitantes respectivamente. En 31 años Colón sumó 30.154 habitantes, casi mil por año, y Nogoyá sólo 5.141, 165 por año en promedio. Si tenemos en cuenta un período más extenso aún, veremos que Nogoyá perdió población en términos absolutos entre 1947 y 2022, pasó de 46.799 a 42.371, vale decir que todavía no recuperó la cantidad de habitantes de 1947. Feliciano y Villaguay también perdieron población en ese intervalo, 657 habitantes en el primer caso y 2477 en el segundo; si bien hay que considerar que Villaguay cedió una porción de su territorio para la creación del departamento Federal en 1972 y para San Salvador en 1995. Tala, por su parte, tenía el año pasado sólo 58 habitantes más que en 1947. Por otro lado, es notable cómo el Departamento Paraná pasó de tener el 18.81% de la población en 1947 al 27,48% en 2022.     

Los datos parecen confirmar que se consolida una tendencia a la concentración de la población a lo largo de las costas, con un mayor dinamismo de la del Uruguay y el entorno de la capital, en desmedro de los departamentos del centro. Si miramos con más detalle, la sub región Norte de la Costa del Uruguay (Federación, Concordia, San Salvador y  Colón) crece más que la subregión Sur (Uruguay y Gualeguaychú).

El departamento con menos población sigue siendo Islas, con el 0,99% de la población de la provincia. El más poblado sigue siendo Paraná, con el 27,48%, porcentaje que se mantiene prácticamente estable desde 1991.

En 1991 la región de la costa del Paraná concentraba el 45,25% de la población y la costa del Uruguay el 41,10%. En 2022 la diferencia se reduce ligeramente, 44,42% a 43,347%. La Región Centro exhibe un lento pero continuo descenso de su participación en el total de la población provincial, de 13.64% en 1991 a 12,24% en 2022. Cabe señalar que la superficie de la Región Centro es el 27,67% del territorio entrerriano.   

Si miramos con más detalle la región de la Costa del Paraná, el único departamento que crece más que el total provincial entre 1991 y 2022 es Paraná (41,93%). La Paz es el de segundo menor crecimiento (20,96%) en la provincia, sólo por debajo en ese periodo de Nogoyá.  

El departamento más poblado es también el más denso, Paraná, con 78,80 habitantes/km2. El menos poblado es también el menos denso, Islas, con solo 3,13 habitantes/km2. La región más densa es la costa del Uruguay, con 22,27 habitantes/km2; cerca se ubica la de la costa del Paraná, con 21,93 habitantes/km2 y más lejos la Región Centro con 8,47 habitantes/km2.  La densidad promedio de la provincia es 18,11 habitantes/km2. Dicho en otros términos, el departamento Paraná tiene una densidad ligeramente superior a la de la provincia más densa del país (Tucumán), y el Departamento Islas tiene una densidad ligeramente menor que la de Río Negro, una de las provincias argentinas menos densas. Si comparamos por regiones, la de la Costa del Uruguay y la de la Costa del Paraná tienen densidades similares, ligeramente inferiores a la de la provincia de Córdoba. Mientras que la región Centro tiene una densidad levemente superior a la de Formosa.

En un país y en una provincia que sigue siendo poco densa, tenemos un corredor central de la provincia en el que la baja densidad y la escasa dinámica de crecimiento demográfico son el reflejo de la falta de un proceso de desarrollo socio – económico. Toda la provincia tiene un enorme potencial, pero algunas regiones están más deprimidas que otras y necesitaremos programas y proyectos que procuren equilibrar el territorio y brindar a todos los entrerrianos un horizonte de progreso y calidad de vida con igualdad de oportunidades, más allá del departamento en el que nazcan.   

Es imposible planificar e implementar políticas públicas en cualquier sector (educación, salud, vivienda, empleo, etc.) si no contamos con información confiable y actualizada acerca de cuantos somos y dónde y cómo vivimos. Es de esperar que contemos pronto con datos más detallados del Censo 2022, que no serán suficientes pero sí son imprescindibles.-      

 

Publicado en el diario La Calle el día 2 de Abril de 2022.-

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martes, 28 de marzo de 2023

FOMENTAR LA AGRICULTURA URBANA


Por José Antonio Artusi              

Si se lo mira desde cierto punto de vista, el término “agricultura urbana” parecería ser un oxímoron, o sea la combinación, en una misma estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido, como en “un silencio atronador”, por ejemplo. De hecho, si recurrimos a la definición de “ciudad” que nos da la Real Academia, parecería serlo: “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”. Sin embargo, contrariando a este criterio un tanto rígido de la Real Academia, la Historia nos muestra muchísimos ejemplos en el pasado de ciudades que han tenido, de una u otra manera, en mayor o menor medida, actividades agrícolas. Y las hay también en el presente. Y muchos estudios y proyecciones plantean que incluso su relevancia puede incrementarse en el futuro, como una de las estrategias clave para lograr ciudades más sostenibles, prósperas, resilientes y saludables.

La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, considera que “la agricultura urbana y periurbana se puede definir como un conjunto de prácticas que proporcionan alimentos y otros productos a través de la producción agrícola y los procesos relacionados con ella (transformación, distribución, comercialización, reciclaje, etc.) y que se llevan a cabo en la tierra u otros espacios en las ciudades o las regiones circundantes”. El organismo internacional plantea a su vez que “este tipo de agricultura engloba actores, comunidades, métodos, lugares, políticas, instituciones, sistemas, ecologías y economías urbanos y periurbanos y, en gran medida, emplea y regenera los recursos locales para satisfacer las necesidades cambiantes de las poblaciones locales, contribuyendo al mismo tiempo a lograr múltiples metas y funciones”, por lo que entiende que “la agricultura urbana y periurbana ofrece una estrategia fundamental para fomentar la resiliencia del suministro de alimentos de una ciudad”.

En una publicación reciente de la FAO se expresa que la agricultura urbana “diversifica las cadenas de suministro de alimentos, mejora la calidad de vida de los habitantes y brinda múltiples beneficios para el desarrollo urbano sostenible” y que “a menudo, se practica de manera informal, o en algunos contextos ilegalmente, por lo general no hay estadísticas oficiales sobre agricultura urbana y periurbana, o las personas directa o indirectamente involucradas”. También se señala en esa publicación de 2022 que “a pesar de esta información limitada, en muchas ciudades y regiones la creciente investigación y la conciencia de la variedad de prácticas de cultivo de alimentos está trayendo a la luz las importantes contribuciones realizadas por la agricultura urbana y periurbana, más aún durante la pandemia de COVID-19”.

El desarrollo de modelos adecuados de agricultura urbana podría generar beneficios desde el punto de vista ambiental, económico, y social; mitigando el impacto ambiental negativo causado por el transporte de alimentos a lo largo de grandes distancias entre los centros de producción y consumo, minimizando las emisiones contaminantes y la siniestralidad vial asociadas al transporte carretero de cargas, generando oportunidades de desarrollo local a través de la producción de cercanía pero también de la promoción de alimentos de calidad y alto valor agregado para la exportación, generando empleos, favoreciendo la educación ambiental y generando cinturones verdes periurbanos que actúan como fuelle entre las áreas urbanas y las rurales.

Es necesario alertar acerca de los riesgos de asociar erróneamente a la agricultura urbana y periurbana únicamente con modelos de mera subsistencia y escaso desarrollo tecnológico, limitados a la agricultura familiar o comunitaria en pequeñas huertas. Por el contrario, es posible concebir diversas escalas y modos de producción que combinen alta incorporación de adelantos tecnológicos, buenas prácticas ambientales y esquemas de gerenciamiento que favorezcan la mejora de la eficiencia y de la competitividad, permitiendo la generación de empresas que brinden oportunidades de empleos calificados y bien remunerados.

Es obvio, por otro lado, que la agricultura urbana y periurbana no es lo mismo que la que se desarrolla en áreas rurales de gran extensión. Además, está claro que las exigencias ambientales y la mixtura de  usos propias de las ciudades y sus áreas circundantes exigen otro tipo de normas y controles, mucho más estrictos y restrictivos.

De todos modos, como en todo el mundo, también en la Argentina la agricultura urbana y periurbana constituye una oportunidad de desarrollo sostenible que no deberíamos ignorar.-        

 

Publicado en el diario La Calle el día 26 de Marzo de 2022.-

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martes, 21 de marzo de 2023

EL DESAFÍO DE URBANIZAR LAS VILLAS: CONSTRUIR CIUDAD Y CIUDADANÍA


Por José Antonio Artusi              

Sebastián Welisiejko, ex Secretario de Integración Socio Urbana, publicó en Twitter un dato contundente: “Sólo con lo que se gastó en subsidios energéticos en 2014 se podrían haber URBANIZADO TODAS LAS VILLAS Y ASENTAMIENTOS del país. Buena parte de este gasto fue a sectores que no lo necesitan. Largos años de una pésima política que jodió el equilibro fiscal y la cuenta corriente”.

Esta cuestión no estuvo ausente en la jornada que se desarrolló el pasado Viernes 10 de Marzo en Concepción del Uruguay organizada por la Regional Litoral de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial denominada “Aprendizajes territoriales”, en la que los procesos de integración  y urbanización de los “barrios populares” (así denomina la ley  nacional 27.453 a las villas y asentamientos informales) fue uno de los temas convocantes.

Durante la jornada se generó un intenso debate alimentado por la reflexión sobre experiencias concretas, y se brindaron algunos datos interesantes, algunos bastante conocidos y otros no tanto:

-          Hasta 2016 no existía información oficial y fehaciente sobre las villas y asentamientos existentes y las condiciones de vida de sus pobladores. Ese año, en el marco del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) se relevaron y mapearon digitalmente asentamientos en todo el país en localidades de más de 10.000 habitantes.

-          ¿Cómo se define un “barrio popular”? Se considera que son aquellos barrios en los que, con al menos 8 familias, más de la mitad de la población no tiene título de propiedad del suelo y no tiene acceso regular a servicios básicos: agua potable, cloacas, energía eléctrica. En ese momento se identificaron más de 4.000 “barrios populares” en todo el país, pero posteriormente el relevamiento se amplió, incluyendo localidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes, y actualmente el Renabap cuenta con 5.687 barrios en todo el país, 212 en la Provincia de Entre Ríos y 20 en Concepción del Uruguay.

-          La ley 27.453, sancionada en 2018, declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación a los polígonos identificados en el Renabap, suspendió los desalojos por 4 años (plazo extendido a 10 en la reforma de la ley aprobada en 2022), declaró de interés público el Programa de Integración Socio Urbana y dispuso que el 25% de los empleos en obras de urbanización debía corresponder a trabajadores de los propios barrios.         

-          En 2019 se creó el Fondo de Integración Socio Urbana, destinado a financiar las actividades para llevar adelante el objeto de la ley, o sea, básicamente, la mejora del equipamiento social y de la infraestructura, de los espacios públicos, el saneamiento, el fortalecimiento de las actividades económicas, el redimensionamiento parcelario y la regularización dominial. Podríamos llamar la atención acerca de la omisión de la asequibilidad a la vivienda adecuada en el listado de ítems que componen el conjunto de acciones que se entienden por “integración socio urbana”.

-          La principal fuente de recursos del FISU ha sido el impuesto a las grandes fortunas (por única vez), y el impuesto País. En mucho menor proporción también se nutre de fondos nacionales y de un crédito del BID.

-          Los proyectos de Integración Urbana iniciados se encuentran en 834 barrios (14,66% del total), con más de 870.000 beneficiarios. Téngase en cuenta que si se estima que en los barrios populares viven más de 5 millones de personas, esa cifra representaría cerca del 17% del total. Debe tenerse en cuenta también muchos de los proyectos corresponden a la línea de “Obras Tempranas” (intervenciones parciales en infraestructura o equipamiento) que no pretenden abarcar la totalidad de las acciones requeridas para la efectiva integración socio urbana.   

-          En materia de acceso al suelo se han generado 17.632 lotes con servicios, beneficiando a más de 66.000 personas.

-          En relación al mejoramiento de las viviendas existentes, el Programa “Mi pieza” permitió iniciar más de 100.000 obras, con más de 184.000 personas beneficiadas. Podría señalarse como un déficit de este programa la ausencia de mecanismos para garantizar un adecuado asesoramiento y acompañamiento profesional en las ampliaciones y refacciones.

-          Uno de los desafíos consiste evidentemente en implementar con criterio federal políticas públicas como ésta con financiamiento centralizado en el gobierno nacional. 

-          En Santa Fe existen 76 municipios con “barrios populares” y 14 han recibido fondos de la Secretaría de Integración Socio Urbana; en el caso de Entre Ríos hay 27 y 8 han recibido fondos. Vale decir que el 81% en Santa Fe y el 70% en nuestra provincia de los municipios que tienen polígonos Renabap están por ahora fuera de este programa.

Podríamos esbozar algunas conclusiones preliminares en torno a esta cuestión, como aportes a un debate impostergable:

-          La integración y urbanización de las villas y asentamientos parece ser una de las pocas políticas públicas que ha sido capaz de concitar amplios acuerdos de las fuerzas políticas con representación parlamentaria y continuar ejecutándose a lo largo de dos administraciones nacionales de diferente signo político.

-          El desafío es no sólo imprescindible sino que constituye además una extraordinaria oportunidad para progresar en términos de integración social, lucha contra la pobreza y la mejora de la calidad de vida que pueden ofrecer nuestras ciudades; para todos, para quienes viven en estos asentamientos pero también para la comunidad en su conjunto.

-           Existen recursos, pero también es necesario reconocer que hace falta todavía elaborar una estrategia robusta de financiamiento que permita abordar con realismo y continuidad en el tiempo la enorme magnitud de las obras que son necesarias. Con impuestos de emergencia y créditos del BID no alcanza, es menester encontrar formas de recuperar y reinvertir la valorización del suelo que se generará por efecto de la implementación de los proyectos, no sólo en los polígonos Renabap, sino también – sobre todo – en las áreas urbanas circundantes. Esta es una estrategia que no se ha explorado todavía con la profundidad requerida. No se trata de regalarle nada a nadie, ni a los pobladores de los asentamientos, ni a quienes son propietarios de parcelas por fuera de los polígonos. Se trata simplemente de darle (y exigirle) a cada uno lo suyo.

-          Existe la necesidad, existen los recursos (al menos potencialmente) y existen los trabajadores capaces de formar parte de esta verdadera epopeya que constituye una asignatura pendiente, pero debemos reflexionar todos con espíritu autocrítico para mejorar lo que se ha hecho y encontrar caminos viables que garanticen la continuidad y éxito del programa.

-          No se trata sólo de poner caños y cemento, o sea urbanizar. También se trata de construir ciudadanía, procurando avanzar democrática y participativamente en el ejercicio efectivo de derechos, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a la seguridad; pero también procurando el cumplimiento de las obligaciones de cada uno.   Los romanos tenían dos términos para referirse en latín a lo que hoy nosotros en castellano denominamos “ciudad”. La “urbs”, referida a la dimensión física, material, de la ciudad; y la “civitas”, referida a la dimensión social y política, de ésta derivan precisamente nuestras palabras “ciudad” y “ciudadano”. Tenemos que procurar que la urbanización de los barrios populares nos ayude a lograr ciudades mejores en ambas dimensiones.       

-          El programa será exitoso cuando podamos hablar con fundamento de “barrios” a secas y dejemos de hablar de este no demasiado feliz término, “barrios populares”; cuando todos los barrios, algunos un poco más, otros un poco menos, estén verdaderamente integrados en la ciudad y todos sus habitantes tengan un piso mínimo de acceso a los beneficios de la vida urbana.  

El desafío es enorme, pero a la vez ineludible.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 19 de Marzo de 2023.-

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