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Por José Antonio Artusi
A pesar del crecimiento récord de la economía argentina en los últimos 9 años, la posibilidad concreta de disfrutar del derecho constitucional a una vivienda digna sigue siendo una utopía para millones de argentinos. Lamentablemente, se ha avanzado muy poco en relación a lo que se podría haber hecho en materia de construcción de viviendas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Veamos primero el aspecto cuantitativo. Algunos datos oficiales: en 1987 se terminaron en todo el país 37.840 viviendas FONAVI, lo que representaba una vivienda cada 824 habitantes. En 2010, año de la última auditoría publicada, se terminaron sólo 6.140 viviendas FONAVI. Hay que tener en cuenta que la operatoria estrictamente correspondiente al FONAVI ha sido complementada a partir del 2004 por los denominados “programas federales de vivienda”, que de “federales” no tienen nada, financiados directamente por el gobierno nacional, asignando discrecionalmente fondos por parte de éste a cada provincia. Pero aún si computamos las viviendas terminadas de estos programas en 2010, 28.407, y las sumamos a las 6.140 del FONAVI, llegamos a un total de 34.547, o sea 3.293 menos que en 1987. Esta cantidad representa una vivienda terminada cada 1.161 habitantes. Vale decir que en 2010, luego de un período inédito de crecimiento macroeconómico, se terminaron menos viviendas tanto en términos absolutos como porcentuales, que 23 años antes, cuando el país se recuperaba lenta y trabajosamente de las consecuencias políticas y socio-económicas de la peor dictadura que registre nuestra historia, en plena crisis de la deuda externa y cuando nuestra producción exportable registraba precios notoriamente inferiores a los del 2010. Estos datos, entre otros factores, permiten entender porqué – como señaló la Relatora especial de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda digna, Raquel Rolnik – “las ocupaciones de tierras y viviendas han representado en la historia reciente la forma más común de acceso al suelo y a la vivienda para los sectores populares”; o que – como expresa el investigador Raúl Fernández Wagner, “de cada 10 personas que en la Región Metropolitana acceden a una vivienda, el 60% compra un lote o alquila un cuarto en el mercado informal”.
Vale decir que las respuestas oficiales al problema de la vivienda han sido claramente insuficientes e inadecuadas, lo que ha generado por lógica consecuencia la adopción de estrategias alternativas por parte de los sectores populares, ante la lógica y angustiante preocupación por encontrar algo tan elemental y vinculado a una existencia digna como un lugar adecuado para vivir. En muchos casos los programas estatales de vivienda no sólo han sido insuficientes en cantidad sino que por algunos de sus atributos han contribuido a agravar ciertos problemas de nuestras ciudades. En este sentido, cabe señalar que la vivienda digna es mucho más que un techo bajo el cual guarecerse y debería considerarse como un elemento que junto a otros conforma un hábitat, que a su vez debe permitir el desarrollo sostenible, la integración comunitaria, y la construcción de ciudadanía en el marco de una verdadera democracia social.
Las propias auditorías del FONAVI muestran a las claras algunos de estos problemas cualitativos de las políticas públicas, aunque omiten otros tales como la inadecuada localización de la mayoría de los conjuntos de vivienda y la falta de políticas de gestión del suelo por parte de municipios y provincias. Estos factores determinan en ocasiones que las operatorias oficiales terminan siendo más funcionales a los intereses de las empresas constructoras y la especulación inmobiliaria que a las necesidades y derechos de sus supuestos beneficiarios.
Veamos algunas aseveraciones extraídas de manera textual de la última auditoría publicada, correspondiente al año 2010:
- “Falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los barrios. Esto se ve reflejado en una importante cantidad de predios los cuales no cuentan con los servicios básicos antes de ser iniciadas las obras de viviendas”.
- “En la mayoría de las provincias no existe una planificación integral ni una coordinación entre los distintos organismos para la ejecución de las obras de equipamiento comunitario. Cabe destacar que si bien en muchos casos se dejan previstos los espacios destinados para estos, en general, su construcción no acompaña al de las obras de viviendas, motivo por el cual dichos espacios se transforman muchas veces en depósitos de desperdicios”.
- “La falta de equipamiento comunitario al momento de la adjudicación de las viviendas genera un desequilibrio en la demanda de los centros periférico de salud, de educación, etc. Esta situación resulta aun mas grave cuando se trata de numerosos conjuntos agrupados que constituyen sectores urbanos de cierta magnitud obligando a sus habitantes a recorrer importantes distancias para acceder al equipamiento”.
- “Los nuevos barrios que se generan a través de los diferentes programas en desarrollo se caracterizan, en general, por constituir una yuxtaposición de conjuntos, muchas veces desvinculados o con escasa conexión al tejido urbano consolidado, situación que supone la ausencia de una elaborada planificación urbana que tenga en cuenta el impacto resultante y las condiciones emergentes de la nueva intervención como, por ejemplo, conexión con el transporte público, servicio de recolección de basura, integración social, acceso a la salud y educación entre otros.”
- “En muchos casos, se ha observado que estos no cuentan con los mínimos requerimientos para el tránsito vehicular lo cual hace prever circunstancias de total intransitabilidad en épocas de lluvias.”
- “Respecto al diseño urbano y de acuerdo a lo observado, no se consideran factores tales como orientación, mínimo asoleamiento, topografía y condiciones de futura ampliación de las viviendas. Estas condiciones se reflejan en un diseño totalmente homogéneo y en una disposición monótona de las unidades.” - “Por lo general se emplean modelo de manzanas que permiten trabajar con lotes en espejo de dimensiones tales que generan terrenos que varían entre 200 y 300 m2 de superficie. Estos se repiten casi sin grandes variaciones y sin tener en cuenta, por lo general, la topografía, orientación, asoleamiento, ambiente social y estética, etc. Estas situaciones, sumadas a que en algunos casos no se le da continuidad a la trama existente, genera una incidencia en el costo de las redes de infraestructura y su mantenimiento.”
- “En general, la implantación de los prototipos, apareados o en tira, se realiza en forma indiscriminada en el terreno, esto es, no teniendo en cuenta las situaciones de esquina y las orientaciones más favorables como así mismo las características topográficas de los mencionados predios. Será conveniente combinar tipologías de viviendas agrupadas de media densidad y baja altura que permitan procurar el uso racional y lógico del terreno. Resulta tan perjudicial dilapidar el uso de las tierras como ajustar excesivamente provocando problemas de hacinamiento.”
- “Se reitera la necesidad de efectuar estudios previos de impacto urbano-ambiental que contemplen adecuadas regulaciones del uso del suelo como así mismo una planificación de crecimiento y desarrollo en áreas de futuros asentamientos los cuales por la importancia de su extensión se constituirán en nuevos sectores urbanos.”
- “Será necesario que esta planificación prevea el equipamiento necesario que debe acompañar a las obras de viviendas a los fines del normal funcionamiento de los barrios, esto es, centros de salud, educación, seguridad, etc., como así también de espacios verdes y sectores comerciales. Se advierte esta situación ya que se han observado importantes sectores de viviendas ya entregados que carecían de los mismos. En futuras intervenciones se deberá realizar un análisis previo de las características de los predios a fin de verificar si es necesario realizar el saneamiento de los mismos. Así mismo se recomienda estudiar la posibilidad de implementar para futuras intervenciones el empleo de distintos prototipos en respuesta a las diferentes situaciones de implantación y orientación.”
Todas estas afirmaciones, extraídas de un documento oficial, no hacen más que ratificar la necesidad de una profunda reforma urbana, que garantice a todos el derecho a vivir en viviendas dignas y en ciudades acordes con la sociedad democrática e inclusiva que pretendemos construir. En una segunda parte nos referiremos a las herramientas de gestión que permitirían avanzar en ese sentido.
José Antonio Artusi fue diputado provincial en Entre Ríos (2007-2011) y actualmente es Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos.- Leer más...
Los abajo firmantes, representantes municipales, provinciales y nacionales de la Unión Cívica Radical, reunidos en Ibicuy quieren comunicar a esta comunidad, al Departamento Islas y al pueblo de la provincia de Entre Ríos, que: 1.- Solicitan al gobierno provincial la urgente y concreta respuesta sobre las responsabilidades por el derrumbe del muelle del puerto de esta localidad, ocurrido el 17 de julio de 2011 y donde queden claramente delimitadas las responsabilidades de la empresa y de los funcionarios del instituto portuario provincial, a fin de delimitar los negocios privados y las responsabilidades del Estado y para no continuar repitiendo la historia de la fraudulenta licitación a Perfomar, el derrumbe del muelle y la ausencia de responsabilidades concretas hasta la fecha.-
2.- Solicitamos una respuesta inmediata y por escrito, sobre lo que el gobierno provincial tiene previsto como proyecto integral de desarrollo económico sustentable, para el puerto que no se agote en la carga y transferencia de mineral como ha ocurrido hasta la fecha.-
3.-Exigimos la inmediata suspensión de la intervención del Instituto Portuario y la incorporación del Municipio como parte integrante de este Ente y la participación necesaria del municipio en todos los temas atinentes al puerto de Ibicuy.-
4.-Requerimos un programa de contención social, injustamente demorado, para todos los trabajadores portuarios y en particular los estibadores y sus familias.-
5.-Repudiar las declaraciones formuladas por el Senador Melchiori agraviando a dirigentes de la UCR.-
6.-Solicitamos la presencia del Sr Gobernador y Ministros del área, a los efectos que se comprometan mediante acta ante la comunidad de Ibicuy a la solución de los puntos planteados, habida cuenta del tiempo transcurrido, las múltiples versiones y que la reconstrucción del puerto estaría siendo encarada por los mismos responsables del derrumbe eximiéndose de la justa e integral compensación de los daños ocasionados.-
Intendente municipal de Ibicuy, Fabián Murilla; vice Intendente, Rosendo Giachello; señores concejales; Florencia Castillo, Susana Morales, Leonardo Morales y Jorge Gómez; presidente de la Junta de Gobierno de Ñancay Carlos Pereyra; señor Diputado provincial Julián Rubio; Diputados Nacionales Atilio Benedetti y Fabián Rógel; Presidente del Comité Provincial José Artusi; Presidente del Comité Departamental, Antonio Salas; Presidente del Comité Ciudad Fabián Marizaldi; Presidente de la ciudad de Villa Paranacito Waldo Senestrari y Presidente del Comité de Ceibas, Víctor Traba. Ibicuy, 23 de Abril de 2012. Leer más...
El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos resolvió solicitar a los legisladores nacionales del partido que procuren introducir modificaciones en el proyecto de ley de expropiación de parte del paquete accionario de YPF. En tal sentido se estima fundamental que no se excluya a las acciones del Grupo Petersen, que el 49% de las acciones a adquirir se distribuyan entre todas las provincias y no sólo las productoras, que no se excluya a YPF S.A. de la posibilidad de ser auditada por la Auditoría General de la Nación y otros organismos de contralor, y la conformación de una Comisión Bicameral encargada de investigar el vaciamiento de la empresa.
Por otra parte, se solicita la elaboración y presentación de propuestas complementarias, tendientes a la efectiva recuperación de la soberanía energética, tales como la derogación de la "ley corta" y su sustitución por una nueva ley de hidrocarburos, la reversión hacia el Estado nacional de las concesiones otorgadas irregularmente, auditorías integrales e independientes a todas las empresas del sector, y finalmente se plantea la necesidad de la investigación judicial de la entrega y extranjerización de YPF y el proceso de "vaciamiento" de la empresa, reiteradamente mencionado tanto en expresiones de funcionarios del gobierno nacional como en los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo
A continuación el texto completo de la resolución:
EL COMITE PROVINCIAL DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL DE ENTRE RÍOS
RESUELVE
Art. 1º) Solicitar a los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical que procuren introducir modificaciones en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación denominado “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina“, a los efectos de garantizar que la norma a sancionar incluya los siguientes ítems:
1.- El abastecimiento prioritario de hidrocarburos y sus derivados para el consumo interno, y la prohibición de la exportación mientras este no esté plenamente garantizado.
2.- La declaración de utilidad pública y sujetas a expropiación de la TOTALIDAD de las acciones pertenecientes a Repsol S.A. y al Grupo Petersen, sus controlantes o controladas.
3.- La distribución de las acciones a expropiar de la siguiente manera: el 51% para el Estado nacional, y el remanente se distribuirá entre TODAS las provincias argentinas, de manera igualitaria. Podrá incluirse la participación hasta un máximo del 10% por parte de los trabajadores de YPF.
4.- La aplicación estricta a YPF de las normas que reglamentan el control y la auditoría de las empresas o entidades en las que el Estado nacional y/o los Estados provinciales tengan participación.
5.- La conformación de una Comisión Bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación dedicada a investigar el proceso fraudulento de venta a precio vil, extranjerización y vaciamiento de la empresa YPF a partir de 1992, violentando la soberanía y comprometiendo la independencia económica de la Nación; así como las responsabilidades de funcionarios del Estado nacional y de las empresas Repsol y Petersen en la administración de YPF S.A., incluyendo un análisis financiero de la empresa y una evaluación patrimonial y de resultados, del cumplimiento del plan de inversiones y de la distribución de utilidades desde la privatización hasta Diciembre de 2011.
6.- La inclusión de los pasivos ambientales y las eventuales acreencias o derechos a favor del Estado nacional por incumplimiento de obligaciones contractuales y violaciones a la legislación vigente por parte de la empresa YPF S.A., en el proceso de tasación y determinación del precio de los bienes a expropiar.
Art. 2º) Solicitar a los legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical que promuevan proyectos complementarios tendientes a la efectiva recuperación de la soberanía energética mediante:
1.- La derogación de la ley de hidrocarburos vigente y la "ley corta" y su sustitución por una nueva ley nacional de hidrocarburos, procurando volver a la línea de la tradición histórica del radicalismo, que considera al petróleo un bien estratégico clave para el desarrollo autónomo, que debe ser administrado por el Estado nacional.
2.- Aplicación estricta y rigurosa de la legislación para revertir hacia el Estado nacional las concesiones y permisos otorgados a empresas privadas de manera irregular o por aplicación de la "ley corta".
3.- Declaración de “servicio público” de todas las actividades económicas vinculadas a los combustibles derivados del petróleo y el gas. Creación de un Mercado Unico de Combustibles y fijación de un precio uniforme en todo el país, sobre la base de los costos internos.
4.- Auditorías integrales e independientes a todas las empresas del sector.
Art. 3º) Solicitar a los legisladores nacionales y al Comité Nacional que procuren requerir que se investigue judicialmente la privatización y extranjerización de YPF y el proceso de "vaciamiento" de la empresa, reiteradamente mencionado tanto en expresiones de funcionarios del gobierno nacional como en los fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo.
Art. 4º ) Solicitar a los legisladores provinciales de la UCR que requieran que el Poder Ejecutivo Provincial realice gestiones tendientes a lograr que la Provincia de Entre Ríos, al igual que todas las provincias argentinas, no sea injustamente excluída de la participación en el paquete accionario de YPF, en defensa de los legítimos intereses de todos los entrerrianos.
Art. 5º) De forma.
COMITÉ PROVINCIAL DE LA UCR DE ENTRE RÍOSLeer más...
Por José Antonio Artusi
Bienvenido sea que se vuelva a debatir sobre YPF, el petróleo, y la política energética en nuestro país. Lo veníamos reclamando desde hace mucho tiempo.
A 20 años del inicio del proceso de entrega, extranjerización y vaciamiento de la empresa YPF Sociedad del Estado, el gobierno nacional parece darse cuenta repentinamente del error cometido y toma una decisión espasmódica y aislada, que consiste en expropiar el 51% del paquete accionario, en poder de la empresa española Repsol. Sin embargo, nada se dice acerca de las responsabilidades que tienen quienes hoy gobiernan en este lamentable estado de cosas, que determina que tengamos que soportar las intolerables y obscenas amenazas y diatribas de los funcionarios del gobierno del Reino de España. Es imprescindible entonces conocer que tales amenazas, así como las inevitables consecuencias negativas que el conflicto con España y otros países producirá, serían impensables si en 1992 el Presidente Carlos Menem no hubiera puesto en marcha una vergonzoza campaña de desgüace del Estado y de entrega de nuestros recursos naturales y empresas estratégicas, sobre todo en el sector energético, como YPF, Gas del Estado, las eléctricas, etc.. Pero Menem no estuvo sólo en esa verdadera traición a la Patria. Legisladores nacionales peronistas y de la UCEDE del Capitán Ing. Alvaro Alsogaray, partido en el que seguramente militaba en ese momento el Sr. Vicepresidente, acompañaron entusiastas las iniciativas legislativas que la permitieron, llegando al extremo grotesco de entonar las estrofas de su marcha partidaria, (“combatiendo al capital”) al momento de aprobar la ley que transformó a YPF en una sociedad anónima e inició su privatización. Menem también contó con el apoyo entusiasta de gobernadores, entre quienes se destacó por su fervor privatista el entonces Gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. No dio muestras durante su gestión como Presidente de haberse arrepentido de tal actitud. Y también contó con la adhesión de numerosos legisladores provinciales, tal como lo testimonia, por dar un ejemplo, el proyecto que se aprobó en la legislatura santacruceña avalando la ley de privatización de YPF, firmado por Cristina Fernández de Kirchner. No se trata de pasar facturas a 20 años de aquellos tristes sucesos. Se trata simplemente de ejercer la memoria histórica, de reivindicar la coherencia, y de pedir, al menos, un mínimo de autocrítica y de reconocimiento de los errores si es que realmente se quiere desandar el camino transitado y comenzar una nueva etapa. De otra manera, tenemos derecho a sospechar profundamente de las verdaderas intenciones del gobierno nacional en esta materia. Quienes fueron cómplices y partícipes necesarios de la entrega y el vaciamiento carecen de credibilidad para intentar exhibirse hoy frente a la sociedad como los salvadores de la Patria y los protagonistas de una epopeya de liberación nacional.
Bajo el pomposo título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de ley que consiste básicamente en la expropiación del 51% de las acciones de la empresa en poder de Repsol. El proyecto, más allá de que se pueda coincidir en general en cuanto al fin que se invoca, la recuperación del control de YPF en manos del Estado nacional que siempre hemos defendido, adolece de numerosos déficits y no se encuadra dentro de un marco más amplio de políticas públicas que permitan efectivamente avizorar que nos encaminamos hacia la recuperación de la soberanía energética. Analizaremos por ello en primer lugar las falencias del proyecto del PEN, y daremos nuestro punto de vista acerca de cómo se podrían revertir; y en segundo lugar nos referiremos a las demás acciones con las que hay que complementar ésta, de modo de poner en marcha un verdadero plan estratégico de recuperación de la soberanía energética.
El Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional- Principios de política hidrocarburífera: se incluye en el artículo 3º una anodina serie de enunciados, pero nada se dice de cuestiones centrales que deberían figurar, tales como:
- La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como parte de una política energética que los considere factores estratégicos de promoción del desarrollo humano, económico, y social, que sea políticamente independiente, geográficamente equilibrado, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible.
- La concepción desde una perspectiva de derechos de la posibilidad de todos los habitantes de la República Argentina de acceder al consumo de bienes energéticos básicos como un bien social, en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, y en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economicidad del servicio, la racionalidad en el uso y la sostenibilidad ambiental.
- La recuperación y apropiación de la renta hidrocarburífera por parte del Estado nacional, las provincias y los consumidores, y su inversión prioritaria en obras de infraestructura y en la promoción de fuentes de energía renovables alternativas a los hidrocarburos.
- El abastecimiento prioritario de hidrocarburos y sus derivados para el consumo interno, y la prohibición de la exportación mientras este no esté plenamente garantizado
- Expropiación: se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación el 51% de las acciones de YPF, en poder de Repsol. No se hace lo mismo con el remanente de esta empresa (alrededor del 6%) ni con el paquete accionario del grupo Petersen. Esta discriminación y limitación no tiene ningún sentido. Debe expropiarse la totalidad de las acciones de ambas empresas.
- Distribución accionaria entre el Estado nacional y las provincias: el artículo 8º del proyecto del PEN establece que las acciones se distribuirán otorgando un 51% al Estado nacional y el 49% restante a las provincias productoras de hidrocarburos. Esta injusta discriminación, que otorgaría solamente a 8 provincias prácticamente un cuarto de YPF adquirido con recursos de todos los argentinos, no resiste el menor análisis y deber ser revisada, incluyendo la participación igualitaria de todas las provincias y la participación de los trabajadores.
- La intervención y gestión: no puede ponerse al frente de la empresa a quienes, por acción u omisión, resultan co-responsables directos de todos los males que recién ahora se reconocen: vaciamiento, desinversión, falta de exploración, remisión escandalosa de utilidades, etc.. En este sentido los fundamentos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional son una verdadera “confesión de parte”, frente a la que – como dirían los abogados – corresponde el “relevo de prueba”. Se sostiene en esos fundamentos que “en 1992, la principal empresa petrolera del país, la estatal YPF, fue convertida en una sociedad anónima, y posteriormente en 1997 en el marco de la profundización del modelo neoliberal en Argentina,se inició su desnacionalización. En 1999 prácticamente la totalidad del paquete accionario de YPF fue adquirido por la empresa española REPSOL, bajo cuya dirección se inició un progresivo proceso de desmantelamiento y vaciamiento de la principal empresa petrolera de nuestro país.” Con increíble cinismo y desparpajo se oculta la responsabilidad de quienes hoy gobiernan en todo ese proceso. En los fundamentos se reiteran conceptos tales como “estrategia de carácter predatorio ejercida por parte de Repsol”, “política de virtual vaciamiento”, “lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindera con la actividad especulativa”. Las preguntas que surgen, obvias, son: alguien podía suponer que una empresa extranjera podía tener otros intereses que no sean los de maximizar sus propios beneficios? En virtud de qué mágico conjuro podía esperarse que Repsol defienda los intereses nacionales? El Grupo Petersen no es acaso también responsable de todas estas maniobras perjudiciales para el país? Quiénes fueron los funcionarios que permitieron y consintieron, desde 2003 a la fecha, lo que el propio Poder Ejecutivo califica como un escandaloso vaciamiento de la empresa? La respuesta a este último interrogante llena de temor y dudas a cualquiera: los mismos a los que ahora se premia con la conducción de la empresa, encabezados por el Ministro Julio De Vido.
- Los controles y auditorías: los mismos funcionarios responsables de la crisis energética, de la crisis de transporte, de la falta de controles efectivos en todos los ámbitos, sospechados y acusados de corrupción por numerosos casos, pretenden incluir en la ley un increíble artículo, que elimina la posibilidad de controles por parte de los organismos competentes, como expresamente establece el Artículo 8 de la Ley 24.156, incluyendo taxativamente a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. En definitiva, los responsables de la falta de controles y acciones que derivaron en la tragedia de Once, reiteradamente advertidos por la Auditoría General de la Nación, proponen que por ley este organismo no pueda controlar lo que hacen al frente de una empresa gigantesca como YPF. Este artículo, el 15º en el mensaje del PEN, es absolutamente inaceptable. Además debe incluirse la creación de una comisión bicameral abocada a investigar las irregularidades en la privatización, en el ingreso de Repsol y el vaciamiento de la empresa.
Las medidas complementarias necesarias El proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional opera, por el momento, aislado. Convive con la nefasta “ley corta”, con la impunidad de las demás empresas privadas a las que se ha otorgado concesiones de explotación, con la falta de controles, con la insuficiencia de la inversión, con la remisión de utilidades al exterior, etc.. Por ello es necesario complementar la recuperación de YPF con otras medidas estructurales, sin las cuales pierde la efectividad que podría tener. Me permito señalar algunas de ellas, elaboradas a partir, entre otras fuentes, de documentos y propuestas de la Fundación Illia y de la Unión Cívica Radical:
- Una nueva ley nacional de hidrocarburos, que reemplace a la ley vigente, de la época de Onganía, y la nefasta “ley corta”, procurando volver a la línea de la tradición histórica del radicalismo, que considera al petróleo un bien estratégico, clave para el desarrollo autónomo, que debe ser administrado por el Estado nacional y jamás por las provincias. Las provincias productoras deben recibir una mayor porción de la renta petrolera, a través de un aumento de las regalías, que deben ser destinadas prioritariamente a obras de infraestructura y promoción de energías renovables alternativas a los hidrocarburos. Es necesario eliminar en la nueva legislación la figura de la concesión de la explotación de yacimientos, reservando al capital privado únicamente la posibilidad de participar en contratos de explotación.
- Aplicación estricta y rigurosa de la legislación vigente para revertir hacia el Estado nacional las concesiones y permisos otorgados a empresas privadas de manera irregular o por aplicación de la ley corta.
- Declaración de “servicio público” de todas las actividades económicas vinculadas a los combustibles derivados del petróleo y el gas. Creación de un Mercado Unico de Combustibles y fijación de un precio uniforme en todo el país, sobre la base de los costos internos.
- Auditorías integrales e independientes: que controlen los registros contables de las empresas petroleras, verifiquen la liquidación correcta de las regalías y el cumplimiento de todas las normas técnicas y ambientales; así como la importación de combustibles y las concesiones de explotación y permisos de exploración. Los resultados de todas estas auditorías deben ser públicos. Las auditorías deberán también determinar los niveles de las reservas de petróleo y gas.
- Modificación del esquema tributario del sector, procurando la captura a través de este mecanismo de parte de la renta hidrocarburífera para su inversión en infraestructura energética y de transporte.
- Recuperación de otras empresas del sector como Gas del Estado y su articulación con YPF en un holding empresario nacional, con participación y control de trabajadores y consumidores.
- Jerarquización de la Secretaría de Energía y los entes reguladores. Profesionalización del sector público para llevar adelante un plan estratégico de hidrocarburos, con participación de universidades nacionales y del INTI, procurando la aplicación de la investigación y el conocimiento al servicio del desarrollo de las industrias y servicios vinculados a los hidrocarburos y sus derivados.
- Diversificación de la matriz energética, procurando el desarrollo de fuentes alternativas renovables y la modificación de la estructura de transporte. Búsqueda de la eficiencia energética en los procesos de desarrollo sostenible.
El radicalismo puede exhibir orgulloso su historia en esta materia. Somos los herederos de Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear, Ricardo Rojas, Enrique Mosconi, Arturo Ilia y Ricardo Alfonsín. Somos YPF y el petróleo nacional. Somos el Instituto del Petróleo de la UBA y la destilería de La Plata. Somos el autoabastecimiento. Con errores y con aciertos, con luces y con sombras, hemos defendido siempre estas banderas. Renovemos el compromiso histórico de recuperar YPF en serio y ponerla al servicio de un verdadero proyecto nacional de desarrollo, para que vuelva a ser lo que fue, la empresa de la que todos los argentinos podíamos sentirnos orgullosos, modelo de las demás empresas petroleras estatales en Latinoamérica. Yrigoyen la creó. Alvear y Mosconi la hicieron grande. Illia y Alfonsín la defendieron. Ahora es el momento de recuperarla.- Leer más...
Tuvo lugar el pasado Lunes en Basavilbaso una reunión ampliada convocada por el Comité Provincial y el Comité Departamental Uruguay de la Unión Cívica Radical. Se trata del primero de una serie de encuentros previstos por el Comité Provincial del centenario partido, concebidos como una forma de poner en contacto a los distintos estamentos del radicalismo entrerriano, en pos de dinamizar su acción política.
Tras la bienvenida a los presentes por parte de Jorge Pioli, Presidente del Comité de Basavilbaso "Roberto Fleitas", se brindaron informes por parte del Presidente del Comité Departamental, José Luis Gurne, de concejales y vocales de diversas localidades, del Intendente de Primero de Mayo, Aníbal Rottoli, del Presidente de la Junta de Gobierno de San Cipriano, Hugo Brun, y del Presidente del Comité de Municipio de Concepción del Uruguay, Juan Carlos Aguirre.
Por su parte, los diputados provinciales Felicitas Rodríguez y Julián Rubio reseñaron la labor del bloque que integran y se pusieron a disposición de los representantes locales para canalizar inquietudes de interés de la comunidad a través de iniciativas legislativas.
El Presidente del Comité Provincial de la UCR, José Antonio Artusi, se refirió a diversas actividades planificadas y en marcha, tales como el Seminario sobre la Reforma de la Carta Orgánica Partidaria, que tendrá lugar el próximo dís Sábado 21 del corriente en Villaguay, la convocatoria al Foro de Concejales Radicales, y los encuentros de mujeres militantes radicales de Entre Ríos. A su vez, informó que estas reuniones departamentales continuarán desarrollándose los días Lunes en diferentes localidades, y anticipó que una de las iniciativas que se está evaluando es la realización de un acto de homenaje a Hipólito Yrigoyen y a Enrique Mosconi el día 2 de Junio, dado que el 3 de Junio se cumplirán 90 años de la creación de YPF, obra radical que fue ejemplo y modelo de todas las empresas petroleras estatales latinoamericanas y que el peronismo entregó y extranjerizó hace 20 años, con la participación necesaria de quienes hoy gobiernan.
Finalmente, se generó un debate con amplia participación de los asistentes, coincidiéndose en la necesidad de continuar con este tipo de convocatorias.- Leer más...
Con mujeres representantes de diferentes Departamentos de la Provincia se desarrolló el día sábado 14 de abril último un Encuentro de Mujeres Militantes Radicales en la localidad de Villa Clara, Departamento Villaguay.
El encuentro contó con un taller de capacitación sobre la perspectiva de género, a cargo de la Lic. Silvia Primo.
Luego de la presentación de las organizadoras, disertante y asistentes, la jornada comenzó con una actividad grupal en la que las presentes se abocaron a plasmar el significado individual y grupal del concepto género.
A partir de la socialización de las producciones, la Lic. Primo realizó un desarrollo teórico de lo que hoy conocemos como género, pasando por los conceptos de identidad, sexualidad, identidad sexual, vínculo, etc; lo que fue develando el rol que hemos ocupado hombres y mujeres desde el inicio de la Humanidad hasta la actualidad y sus consecuencias en la distribución y uso del poder en los diferentes ámbitos de la vida.
Se generó un debate acerca de la inclusión de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas, de modo de avanzar en el logro de mayor equidad y una sociedad que vaya removiendo mecanismos injustos de discriminación y exclusión.
Se proyectó un documental sobre el rol de la mujer en los avances políticos, sociales y gremiales en la Argentina. En el mismo se reivindica el accionar de mujeres como las Dras. Elvira Rawson de Dellepiane y Julieta Lanteri Renshaw que desde fines del siglo XIX se vieron convocadas por las diferentes problemáticas que acuciaban a nuestro país y los derechos civiles y políticos de las mujeres particularmente.
Al final del Encuentro se asumió el compromiso firme de sostener estos espacios de debate y formación de manera permanente a lo largo y ancho de la provincia y, de esta manera, fortalecer a la Unión Cívica Radical.Leer más...
Por José Antonio Artusi
El conflicto desatado entre el gobierno y los productores agropecuarios de nuestra provincia con motivo del “impuestazo” verificado en aumentos que llegan en algunos casos a ser verdaderamente desmedidos e irracionales en los montos del impuesto inmobiliario rural han generado un cúmulo de declaraciones de funcionarios del gobierno provincial que desnudan con claridad los recursos dialécticos que utilizan para intentar justificar lo injustificable en el marco de una fenomenal campaña de propaganda que hace uso y abuso de los medios oficiales y oficialistas.
Entonces, si el diputado nacional Atilio Benedetti realiza declaraciones referidas a este asunto, no se tratará de rebatir sus argumentos con un razonamiento lógico, sino de intentar descalificarlo de manera absurda y desleal por el sólo hecho de haber solicitado un crédito a una entidad bancaria de acuerdo a la normativa vigente para poner en marcha un proyecto productivo que crearía empleo genuino y agregaría valor a la producción primaria en nuestra provincia. “Matar al mensajero…”.
Por otro lado, se distorsiona la verdad. No es cierto que en el año 2009 la ley 9.930 haya concitado el consenso de los partidos políticos. Al menos la Unión Cívica Radical, principal partido de la oposición, a través del bloque de diputados provinciales que me tocó integrar, dejó constancia expresa de su oposición a esta iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, tanto en el recinto de la Cámara como en declaraciones a diversos medios de comunicación. El expediente 17.480, que dio origen luego a la mencionada ley, fue tratado en Diputados el día 6 de Octubre de 2009, en la sesión ordinaria número 15. Fue ingresado fuera de lista, vale decir a último momento. El dictamen de comisión no contó con la firma de ninguno de los integrantes de nuestro bloque. Durante el tratamiento del proyecto intervinieron los diputados Oscar Cardoso y Jaime Benedetti (UCR). Cardoso, entre otros conceptos, señaló: “está en consideración el tan discutido proyecto de aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. Al respecto debo expresar que mientras el Gobierno provincial tenga deberes pendientes de realizar ante el Gobierno central respecto al reclamo de los recursos provinciales con los que se queda el Gobierno nacional y que por derecho nos corresponden a todos los entrerrianos, este Bloque radical no va a aprobar ningún impuesto, ni éste ni ningún otro, y más teniendo presente que en esta época el sector agropecuario debe afrontar una etapa de la mayor presión fiscal que se haya conocido respecto a la producción agropecuaria y donde el Gobierno provincial ha reconocido mediante decreto la situación de emergencia y de desastre agropecuario hasta fines del año 2009; un momento en el que las políticas impulsadas por el Gobierno nacional han hecho perder rentabilidad a la producción agropecuaria, fundamentalmente la carne, la leche y las economías regionales. En este contexto, la decisión del Gobierno provincial de intentar actualizar los valores inmobiliarios que estaban, desde nuestro punto de vista, es, por lo menos, injusto e irracional”. Poniendo énfasis en la cuestión de la crisis del federalismo fiscal, verdadera causa de la desfinanciación de las cuentas públicas provinciales, agregaba el diputado Cardoso: “Pero además, señor Presidente, en todos estos tiempos desde que comenzó el conflicto del campo hemos advertido del Gobernador de la Provincia acompañar públicamente, en todos los lugares donde ha podido, la política anticampo que ha venido llevando adelante el Gobierno nacional; entonces no es lógico que, sin antes hacer los deberes que le corresponde, estemos proponiendo aumentos de impuesto a la producción. Si el Gobernador se pusiese al frente de los reclamos por los recursos que, como nunca antes, se han “chupado” a la producción y a la actividad económica en general de Entre Ríos y por lo menos hiciera oír su voz, como la han hecho oír muchos sectores, hasta incluso esta propia Legislatura, para reclamar los recursos acumulados de los ATN que no se han distribuido, la Provincia podría contar quizá con más de 300 millones de pesos para hacer frente a la actual situación fiscal; o si se pusiera al frente para reclamar los recursos que se recaudan por el impuesto al cheque, que no se coparticipan a la Provincia, Entre Ríos podría contar con 300 millones de pesos más; o si se pusiese al frente con otros Gobernadores para solicitar que se cumpla con el Artículo 7º de la Ley Nro. 23.548, de Coparticipación Nacional de Impuestos, según la cual se tendrían que distribuir recursos a las Provincias por aproximadamente 1.500 millones de pesos sobre la base del 34 por ciento que hay que distribuir por todos los impuestos que recauda el Gobierno nacional, y de esa manera ya no estaríamos hablando de este aumento de impuestos; o si reclamáramos los fondos que se destinaban a la ANSES, que desde hace años se queda el Gobierno nacional, a pesar de que hoy no tiene sentido que se deriven esos recursos porque la ANSES no sólo tiene superávit, sino que además se ha vuelto prestamista para algunas actividades. Si todo esto se hiciera, seguramente tendríamos un panorama mejor para las finanzas provinciales.” El diputado Jaime Benedetti, por su parte, expresó: ”creo que en lugar de acusarnos entre nosotros tendríamos que haber mirado y nos tendríamos que animar a mirar hacia el poder nacional porque, como ya se ha dicho acá y no lo voy a repetir, esto no mueve la aguja, esto es un poquito, el Impuesto Inmobiliario es apenas un 6 por ciento de los recursos del Estado provincial”. Antes de la votación, el diputado Cardoso solicitó que se deje constancia de ”que no está la planilla con los valores de las zonas”, y a moción del diputado Bolzán se aprobó “incorporar como Anexo II al proyecto de ley en consideración la planilla que ha acercado a la Secretaría”. La votación en general y en particular resultó afirmativa. Nuestro bloque, en soledad, no acompañó el proyecto.
En otros casos, se cambia de tema. Se pretende desviar la atención y de paso, intentar exhibir ante la opinión pública a los productores agropecuarios como “los malos de la película”. Pero los productores agropecuarios no tienen la culpa de la crisis estructural de la Caja de Jubilaciones, ni del pago en cuotas del magro salario de los trabajadores del Estado, ni de que Entre Ríos sea una de las provincias que menos le paga a sus docentes, ni de la “sensación” de inseguridad, ni de la inflación, ni de las falencias del sistema de salud pública, ni de la crisis energética, ni del déficit de viviendas; todo esto tras la década de mayor crecimiento del PBI de la historia argentina. El gobierno debe hacerse cargo de sus errores y sus déficits, y defender efectivamente los derechos de todos los entrerrianos. No es creando conflictos artificiales como solucionaremos los problemas. Estamos dispuestos a debatir, como hemos estado siempre, una profunda reforma impositiva en la provincia, sobre la base de los principios de equidad y progresividad, alentando la producción y el trabajo; pero sólo podrá hacerse de manera exitosa si a la vez se encara con determinación y autonomía la defensa del federalismo fiscal, que deberá enmarcarse a su vez en una reforma impositiva nacional, que grave menos el consumo de los sectores populares y más la renta financiera y las ganancias extraordinarias de las grandes empresas, sobre todo las que se beneficiaron del remate del patrimonio nacional que el partido de gobierno consintió y avaló en la década de los noventa.-Leer más...
