NO A LA ENTREGA DE LA TERMINAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY!

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NO AL TRASLADO DE LA TERMINAL DE CONCEPCION DEL URUGUAY

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La Corriente Arturo Illia proclamó la candidatura de Atilio Benedetti

En una asamblea realizada en Villaguay, la Corriente Arturo Illia ungió a Atilio Benedetti como candidato a senador nacional para las próximas elecciones legislativas.

Al aceptar la nominación, Benedetti manifestó que “no se ponen en juego nombres ni postulaciones individuales, sino un proyecto político que está conformado en la realidad de cientos de comunas y pueblos entrerrianos”.

Frente a una multitudinaria asamblea que reunió a representantes radicales de todos los departamentos de la provincia, el vicepresidente del Comité Nacional entendió que “la obligación del radicalismo en este momento histórico de la República es representar a esos ciudadanos que le quieren poner un límite al atropello y a la ambición desmedida de perpetuarse en el poder a los actuales gobernantes”.

Por su parte, los principales referentes de esta corriente coincidieron en “rechazar de plano cualquier posibilidad de un acuerdo electoral con el PRO o sus candidatos”, aunque se mostraron dispuestos “a dialogar con otras fuerzas afines al radicalismo”.

En ese sentido, Benedetti destacó que “es sólo desde los partidos políticos con historia y tradición desde donde saldrá la solución de los problemas cotidianos de los argentinos, y no a partir de apariciones mediáticas y de quienes mendigan un lugar en los partidos tradicionales. Por eso ofrecemos algo distinto, un programa que se basa en que la educación de todos los entrerrianos es nuestro principal desafío o que la creación de puestos de trabajo genuino es lo que nos piden las familias de cada pueblo que visitamos”.

Benedetti recordó ante el auditorio que “los problemas que planteamos aquí no son nuevos sino que vienen desde hace años. No pueden ser representantes de los descontentos quienes al otro día de asumir pactan con el gobernante de turno. Debe haber una voz realmente opositora en la representación entrerriana”, completó.

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Asamblea de la Corriente Arturo Illia en Villaguay: 6 de Abril de 2013

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Declaración de la Corriente Arturo Illia de la UCR de Entre Ríos

La Corriente Arturo Illia de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, reunida en asamblea en Villaguay ha resuelto aprobar la siguiente declaración:

El partido de gobierno, en la Nación y en Entre Ríos, demuestra a diario las limitaciones de un modo de concebir el poder y el manejo de la cosa pública que ha significado dilapidar la mayor oportunidad de desarrollo que hayamos tenido los argentinos en nuestra historia. El relato oficial, basado en  la grosera utilización proselitista de los medios estatales y el disciplinamiento de los medios privados con la pauta publicitaria, no alcanza a ocultar una realidad que se empecina en mostrarse con su verdadero rostro. El relato no puede esconder los 51 muertos de la tragedia de Once…ni la corrupción en el festival de subsidios públicos…ni las escandalosas 59 muertes por la inundación de La Plata ni las 8 víctimas inocentes en la ciudad de Macri…y siguen las firmas….

Tras una década de sostenido crecimiento económico como consecuencia de factores externos, en Entre Ríos se observan claramente las contradicciones y falacias del kirchnerismo y su incondicional versión local. El declamado “federalismo de los recursos” es una consigna hueca que contrasta brutalmente con la crisis del federalismo fiscal más profunda de nuestra historia, que afecta las autonomías provinciales y condena a los gobernadores a ser poco más que gerentes de los designios de la Casa Rosada.-

Entre Ríos tiene de rodillas a su Gobernador en una actitud que avergüenza el espíritu federal, muy a pesar de las obras, los resultados visuales de corto plazo y la falsa imagen de “gestor eficiente”, Urribarri es autor de la deuda impaga más enorme de nuestra historia.

Los servicios fundamentales que debe prestar el Estado se brindan de igual o peor manera que hace 10 años. La situación de la salud, la educación, y la seguridad, entre otros sectores, muestran a las claras que mayores recursos no han servido para mejorar la calidad de las políticas públicas, carentes de planes de largo aliento y dominadas por  la improvisación y la mediocridad. Sólo para dar un ejemplo, baste señalar que el IAPV logró terminar entre 2000 y 2003, en plena crisis y durante la peor recesión de nuestra historia reciente, más unidades de vivienda que durante los dos períodos siguientes, que coinciden con la expansión más significativa y prolongada de la economía argentina. Denominar “década ganada”, a los últimos 10 años, y pretender instalar la zoncera que señala que sólo el peronismo sabe gobernar, sólo puede constituir una broma de mal gusto y una afrenta a la dignidad de los entrerrianos.

Entre Ríos necesita una alternativa superadora. El radicalismo tiene la ineludible obligación de constituir una herramienta política capaz de representar a una amplia mayoría de ciudadanos que quieren una verdadera democracia republicana y federal con profundo sentido social y un gobierno que aproveche las oportunidades que nos presenta el mundo para encarar un proceso de desarrollo genuino al servicio de la mejora de la calidad de vida de todos los entrerrianos.

Somos el partido de la libertad y la igualdad, el partido de la democracia social, que reivindica con nuevos bríos su raíz federalista y municipalista, el partido de la transparencia y la austeridad en el manejo de la cosa pública, el partido de la defensa de nuestros recursos energéticos, el partido de la educación pública, el partido del trabajo, de la salud y la vivienda digna como derechos universales de ciudadanía y no como concesiones clientelares de los gobernantes de turno.

Frente a las próximas elecciones de legisladores nacionales, la Corriente Arturo Illia asume el desafío de construir un radicalismo unido y movilizado, que contenga y represente las demandas legítimas de nuestra sociedad. Saludamos la constitución de otras expresiones internas en el radicalismo entrerriano. Exhortamos a todos los radicales a asumir este compromiso de conducta al servicio del partido, evitando la descalificación pública de otros correligionarios como táctica de posicionamiento y priorizando el debate interno y el ejercicio de nuestro rol de oposición y alternativa al oficialismo.

La Corriente Arturo Illia entiende una obligación contribuir a este proceso en la elaboración de un programa de gobierno progresista para el 2015 y de un compromiso de nuestros candidatos a legisladores nacionales, en el marco de nuestra pertenencia a un partido nacional. Es por eso que ponemos a consideración de la ciudadanía listas de precandidatos a diputados nacionales y senadores nacionales en las elecciones primarias obligatorias, simultáneas y obligatorias, en el marco de la estrategia electoral que adopte el Congreso Provincial de la UCR. –

Villaguay, 6 de Abril de 2013.

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Viviendas: la “década perdida” en Entre Ríos

Por José Antonio Artusi

Si hay un sector de las políticas públicas en el que las propias estadísticas oficiales desmienten el relato mentiroso e impostor del gobierno, es el de la vivienda.

Se acaba de publicar en internet, con el habitual atraso, el informe de auditoría del FONAVI correspondiente al año 2011, con fecha Diciembre de 2012. Contiene, al igual que las anteriores, datos y recomendaciones que los responsables de los institutos provinciales de vivienda harían bien en leer y tener en cuenta.

Por primera vez en su historia, la cantidad de viviendas terminadas en nuestra provincia correspondientes al programa FONAVI durante 2011 fue nula, cero. Cabe consignar que a partir del año 2003 los institutos provinciales de vivienda cuentan, además de las transferencias automáticas del FONAVI que se reparten de acuerdo a una alícuota fija determinada en la ley entre las distintas jurisdicciones, con los recursos de los denominados “programas federales” de vivienda, que el gobierno nacional reparte de manera absolutamente discrecional, deteriorando gravemente el federalismo fiscal y perjudicando a Entre Ríos, entre otras provincias, como hemos demostrado en otros artículos. Y la cantidad de viviendas terminadas en 2011 correspondientes a los “programas federales” en Entre Ríos ascendió a 166. Vale decir que entre FONAVI y programas federales se terminaron sólo 166 unidades. Podríamos comparar esta cifra con las 1353 que se terminaron en 2002, en plena crisis, o con las 1099 que se terminaron en 1982, durante la dictadura militar en un año que estuvimos en guerra, o con las 3163 que se terminaron en 1980, en todos estos casos obviamente sólo con recursos FONAVI. Desde 1976, en sólo dos ejercicios se terminaron menos viviendas que en 2011: 1976  y 1986.

De todos modos, se podría argumentar que una comparación año a año podría ser engañosa, y que es más razonable complementarla con un análisis por períodos más extensos. Aceptemos este criterio y adoptemos períodos de 4 años. Veremos que la cantidad de viviendas terminadas en el período, el promedio por año, y la relación entre viviendas terminadas y cantidad de habitantes es la siguiente (hasta el año 2005 la cantidad corresponde a la operatoria FONAVI y a partir de allí a la sumatoria de FONAVI más “programas federales”):     

PERÍODO	TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS	PROMEDIO ANUAL	HABITANTES / VIVIENDAS TERMINADAS	HABITANTES
1976/79	1461	365,25	2486,82	1980: 908.313
1980/83	6167	1541,75	589,14	1980: 908.313
1984/87	2584	646	1406,05	1980: 908.313
1988/91	5717	1429,25	713,84	1991: 1.020.257
1992/95	6031	1507,75	676,67	1991: 1.020.257
1996/99	6274	1568,5	650,46	1991: 1.020.257
2000/03	4522	1130,5	1024,45	2001: 1.158.147
2004/07	4367	1091,75	1060,81	2001: 1.158.147
2008/11	4205	1051,25	1175,73	2010: 1.235.994

         

Obsérvese la inmensa paradoja que significa que entre 2000 y 2003, con una economía en profunda recesión, sólo comparable con la de la crisis del 29, se terminaron más viviendas que en los dos períodos siguientes (2004/07 y 2008/11), que coincidieron con uno de los procesos de expansión más significativos de nuestra historia. Se trata de cifras oficiales que muestran con contundencia el fracaso escandaloso de las políticas públicas de vivienda en nuestra provincia. Y, por otro lado, da cuenta dolorosamente de las enormes asignaturas pendientes de la democracia el hecho de que la relación más favorable entre viviendas terminadas en relación a la población corresponda al período entre 1980 y 1983, es decir los últimos años de la dictadura.        

Las auditorías del FONAVI también brindan información acerca de las denominadas “soluciones habitacionales”, categoría más heterogénea de intervenciones que pueden significar desde ampliaciones hasta mejoras o incorporación de núcleos húmedos, etc. Teniendo en cuenta que buena parte del déficit habitacional obedece a la presencia de unidades de vivienda recuperables y/o hacinamiento, no debe descartarse la utilización de esta herramienta aplicada al parque de viviendas existente como un complemento válido a la construcción de nuevas unidades.

Si bien desde el punto estadístico puede ser difícil comparar  resultados, es de todos modos interesante ver qué muestran las estadísticas oficiales al respecto, en este caso a partir de 1993:

PERÍODO	TOTAL SOLUCIONES HABITACIONALES	PROMEDIO ANUAL	HABITANTES / SOLUCIONES HABITACIONALES	HABITANTES
1992/95	249	62,25	16389,67	1991: 1.020.257
1996/99	1059	264,75	3853,66	1991: 1.020.257
2000/03	3836	959	1207,66	2001: 1.158.147
2004/07	16	4	289536,75	2001: 1.158.147
2008/11	922	230,5	5362,22	2010: 1.235.994

         

También en este caso puede observarse que en el período 2000/03 se concretaron más soluciones habitacionales que en los dos períodos siguientes, incluso significando la sumatoria de los dos últimos menos de la cuarta parte de la cantidad lograda a principios de siglo, durante una de las crisis políticas, sociales y económicas más severas de nuestra historia. Nuevamente indicadores oficiales exhiben una demostración palpable de la ineficacia puesta de manifiesto por quienes gobiernan la provincia desde entonces.     

Los informes de auditoría también brindan información acerca de los montos y porcentajes de recupero por cobro de cuotas de amortización. Durante 2011, Formosa y Entre Ríos fueron las provincias que menor porcentaje de recupero tuvieron de operatorias FONAVI: 51,30% y 55,32% respectivamente, frente a una media nacional de 72,19%. Tomando el período entre 2003 y 2011, Entre Ríos tiene el dudoso privilegio de integrar el lote de 5 provincias que no superan el 50% de recupero, superando, con 48,27%, sólo a Buenos Aires, Formosa, y La Pampa, y frente a una media nacional en el período de 64,46%.

Otro aspecto interesante de destacar es la incidencia de la inversión en obras dentro del total de gastos de los institutos provinciales de vivienda. Entre Ríos es la provincia que menor porcentaje de recursos destinó a inversión en obras en 2011, sólo el 59,85%, frente a una media nacional de 81,94%. La explicación está tanto en los abultados gastos de funcionamiento, que absorben casi el 20% frente a una media del 13%, como en la presencia de otro 20% de “otros egresos”, frente a una media nacional en este rubro de un 5%. El lector se preguntará qué son “otros egresos”. El propio informe de auditoría se encarga de explicitarlo: “Para Entre Ríos la situación obedeció a la transferencia transitoria de fondos a la Tesorería General de la Provincia pendiente de devolución durante el Ejercicio.”  Cabe consignar que ese 20% de “otros egresos” significan más de 52 millones de pesos. Es en este contexto que deben tenerse en cuenta los $ 38.000.000 que figuran en la planilla de “otros recursos”, provenientes de la Tesorería General de la Provincia, y los $ 52.257.328 que figuran en la planilla “otros egresos”, como “transferencia transitoria a la Tesorería General de la Provincia”. De lo que se podría inferir que, a diferencia del período anterior, donde aparecen 15 millones tanto en “otros egresos” como en “otros recursos”, durante 2011 no se reintegró al IAPV una suma superior a los 14 millones de pesos. Y en cualquier caso, lo que queda demostrado es que el Poder Ejecutivo, en vez de reclamar donde corresponde, recurre al recurso facilista de apoderarse transitoriamente de fondos de organismos que, como el IAPV, no tienen entre sus fines financiar el déficit de la administración pública.

Finalmente, más allá de estos datos cuantitativos, los informes de auditoría brindan una evaluación cualitativa sobre aspectos urbanísticos que, si bien es incompleta, es muy interesante en función de tratarse de un documento oficial, en el que se detallan casi invariablemente desde 2003 una serie de observaciones y recomendaciones que nadie parece leer. Vale la pena reproducir textualmente algunos fragmentos para poder apreciar su validez a propósito, sobre todo, de los últimos conjuntos de vivienda, en localizaciones periféricas e inadecuadas, limitadas a la provisión de un techo y distantes de la necesaria construcción de ciudad que el derecho a la vivienda digna lleva implícita:

-       “Se reitera lo informado en anteriores oportunidades con relación a la falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los barrios…Se reitera lo informado en anteriores oportunidades con relación a la falta de planificación integral, previsión y coordinación entre los organismos que intervienen en la ejecución y aprobación de las obras de infraestructura básica para el normal funcionamiento de los barrios...”.

-       …la falta de equipamiento comunitario al momento de la adjudicación de las viviendas genera un desequilibrio en la demanda de los centros de salud, de educación, etc., periférico y/o cercano a los conjuntos. Esta situación resulta aun mas grave cuando se trata de numerosos conjuntos agrupados que constituyen sectores urbanos de cierta magnitud obligando a sus habitantes a recorrer importantes distancias para acceder al equipamiento. Por lo expuesto se reitera la necesidad de tomar las medidas…”

-       “No se han producido modificaciones con relación a lo informado en los anteriores informes es decir que los nuevos barrios que se generan a través de los diferentes programas en desarrollo se caracterizan, en general, por constituir una yuxtaposición de conjuntos, muchas veces desvinculados o con escasa conexión al tejido urbano consolidado, situación que supone la ausencia de una elaborada planificación urbana que tenga en cuenta el impacto resultante y las condiciones emergentes de la nueva intervención como por ejemplo, conexión con el transporte público, servicio de recolección de basura, integración social, acceso a la salud y educación entre otros.”

-       “En cuanto a las condiciones de accesibilidad a los mencionados sectores urbanos, en muchos casos, se ha observado que estos no cuentan con los mínimos requerimientos para el tránsito vehicular lo cual hace prever circunstancias de total intransitabilidad en épocas de lluvias…”

-       “Respecto al diseño urbano y de acuerdo a lo observado, no se consideran factores tales como orientación, mínimo asoleamiento, topografía y condiciones de futura ampliación de las viviendas, lo cuál se refleja en un diseño que no tiene en cuenta las características particulares del lugar de emplazamiento y en una repetición monótona de las unidades… “Estas situaciones sumadas a que en algunos casos no se continúa con la trama existente, generan una incidencia importante en los costos y mantenimiento en las redes de infraestructura. Los prototipos empleados por lo general en planta baja apareados y en algunos casos en tiras, se implantan en forma indiscriminada en el terreno, incluso en las esquinas de manzanas dando por un lado lugar a problemas de medianería o de ubicación de lavaderos en la fachada más importante de la manzana y por otro generan monotonía y falta de identidad a los barrios…”

-       “Será conveniente combinar tipologías de viviendas agrupadas de media densidad y baja altura que permitan procurar el uso racional y lógico del terreno. Resulta tan perjudicial dilapidar el uso de las tierras como ajustar las dimensiones excesivamente provocando problemas de hacinamiento en la convivencia entre las familias adjudicatarias… “Se reitera la necesidad de efectuar estudios previos de impacto urbano-ambiental que contemplen adecuadas regulaciones del uso del suelo como así mismo una planificación de crecimiento y desarrollo en áreas de futuros asentamientos…Asimismo será necesario que esta planificación prevea el equipamiento necesario que debe acompañar a las obras de viviendas a los fines del normal funcionamiento de los barrios, esto es, centros de salud, educación, seguridad, etc., como así también de espacios verdes y sectores comerciales. Se advierte esta situación ya que se han observado sectores con importantes número de viviendas entregadas que carecían de los mismos…”

En definitiva, queda claro que la construcción de viviendas sociales de la última década no ha contribuido ni cuantitativa ni cualitativamente a solucionar el déficit habitacional ni mucho menos a “construir ciudad”. Han sido, por el contrario, un factor central en los proceso de expansión descontrolada y anárquica de nuestras ciudades, y en muchos casos, funcionales a la especulación inmobiliaria y a los intereses de las grandes empresas constructoras más que a los de sus destinatarios. Es hora de cambiar, es el momento de comprometerse en serio en pos de una verdadera reforma urbana que comience a garantizar a todos los entrerrianos el derecho a la vivienda digna y a la ciudad. Derechos por los que, en la última década, se hizo poco y mal, sobre todo a la luz de la enorme cantidad de recursos con los que contó el Estado en comparación con épocas anteriores. La década perdida.-      

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2 de Abril: Honor a los caídos...

Por José Antonio Artusi
El 30 de Marzo de 1982 se realizaron actos de protesta convocados por la CGT en Buenos Aires y en varias ciudades del país. La represión salvaje fue la respuesta lógica de una dictadura asesina que llevó al terrorismo de Estado y la violación más sistemática y aberrante de los derechos humanos a la máxima expresión conocida en nuestra historia, en una magnitud pocas veces vista en el mundo, que hizo que la palabra "desaparecido" sea conocida en nuestro idioma antes que en ningún otro. Ese día, en el marco de la represión, las "fuerzas del orden" mataron a un trabajador en Mendoza.

Recuerdo particularmente la fecha porque ese día cumplí 17 años, y lo festejé junto a un grupo de amigos en la quinta de mi abuelo, que quedaba pegada al Batallón de Ingenieros de Combato del Ejército, en Concepción del Uruguay. El clima era tenso. En nuestras conversaciones de adolescentes, tímidamente, se empezaba a colar la política.
2 días más tarde mi madre me despertó para ir al Colegio y me contó, con una preocupación y angustia imposibles de disimular, que habíamos invadido las Malvinas. Mi primera impresión, lo confieso, fue de alegría y entusiasmo. En el Colegio se vivió esa mañana un ambiente de excitación y euforia. Aparecieron algunas banderas y no tardaron en surgir los cánticos. Al rato ya estábamos dando una especie de "vuelta olímpica" por los históricos pasillos del Colegio del Uruguay, y cuando quisimos acordar nos habíamos escapado todos, rumbo a la Plaza Ramírez y de ahí al Diario La Calle, donde nos sacaron una foto que debe estar todavía en sus archivos. Al rato, entre aburridos y confundidos, volvimos al Colegio para ligarnos la justificada reprimenda. Cuando llegué a casa al medio día la cara de mi padre me hizo presagiar alguna desgracia. Sin embargo, los medios de comunicación y las voces del gobierno nos decían que todo iba bien, que era imposible que los ingleses tomaran las islas, y disparates por el estilo. Y nosotros, tremendos pelotudos, le creíamos. Sin embargo, Papá escuchaba - esos días más que nunca - Radio Colonia. Y Radio Colonia decía otras cosas...
Había unos pocos dirigentes políticos que también decían otras cosas. Raúl Alfonsín fue uno de ellos. Con lucidez y valentía - hoy parece obvio pero había que tener coraje para decirlo en ese momento - Alfonsín planteó la verdadera naturaleza de la aventura militar, un intento desesperado de un régimen sanguinario y opresor de su propio pueblo por retener el poder a cualquier precio, que costaría la vida a soldados argentinos enviados a una muerte absurda, y que de todos modos fracasaría estrepitosamente. Los hechos le dieron la razón.
La sociedad argentina todavía no ha hecho una autocrítica sincera sobre su actitud frente a aquel cínico intento de Galtieri y compañía por prolongar el avasallamiento de la soberanía popular invocando la soberanía territorial. El 30 de Marzo de 1982 hugo algunos miles de personas en la Plaza de Mayo, pero fueron muchos más - aunque no estuve físicamente allí quiero decir "fuimos", con vergüenza y dolor - los que festejamos la estúpidas e infantiles bravatas de Galtieri. El tema es que no fuimos nosotros, ni mucho menos Galtieri y los irresponsables que lo acompañaban, los que sufrieron las consecuencias de aquel delirio. Las víctimas fueron, mayoritariamente, soldados pobres de provincias períféricas. Aunque duela decirlo, fueron las últimas víctimas de la dictadura militar.
Y la realidad nos indica que - a 30 años de aquella locura - estamos mucho más lejos que antes de recuperar las Malvinas. Por eso, no tiene ningún sentido que el 2 de Abril sea feriado. Es una de las fechas más trágicas y ominosas de nuestra historia y sólo debería servir para recordar nuestros errores, de modo tal de lograr que nunca más volvamos a cometerlos.
El 2 de Abril, rindamos honor a los caídos, pero no hay nada que festejar...Leer más...

La discriminación de la provincia de Entre Ríos en los Programas Federales de Vivienda (2003-2010)

Por José Antonio Artusi
Hasta el año 2003, los institutos provinciales de vivienda dependían fundamentalmente de los recursos del FONAVI para financiar conjuntos de viviendas de interés social en sus respectivos territorios. El FONAVI asigna fondos a las provincias de manera automática, en virtud de un porcentaje que le corresponde a cada una, y que quedó fijado en la ley respectiva. Estos coeficientes, creados mediante una resolución en 1988 y ratificados por la ley 24.462 en 1995, fueron elaborados tratando de reflejar los déficits de vivienda en cada jurisdicción y debían actualizarse periódicamente, cosa que nunca se ha hecho. Más allá de la opinión que pueda tenerse acerca de la justicia o la equidad con la que estos índices reparten el total entre las provincias, este sistema cuenta con dos ventajas muy importantes: En primer lugar otorga previsibilidad. Los institutos provinciales de vivienda saben que pueden planificar sus propios presupuestos en función del presupuesto nacional, teniendo en cuenta que les corresponde un porcentaje fijo del FONAVI, que se nutre a su vez del 42% del impuesto a los combustibles. Por otro lado, al ser transferencias automáticas, previstas en la ley, elimina toda posibilidad de discrecionalidad por parte del gobierno nacional y fortalece de esta manera el sistema federal, asegurando la autonomía de los estados provinciales. 
Sin embargo, a partir de 2003, y con el loable propósito de reactivar los proyectos FONAVI paralizados, y como parte de una estrategia tendiente a crear empleo en la industria de la construcción, se crearon un conjunto de programas financiados por el tesoro nacional, generalmente denominados en su conjunto, programas federales de vivienda. Si bien tuvieron la virtud de derivar mayores recursos a la construcción de viviendas en todo el país – en momentos en que el crecimiento macroeconómico lo permitía - la ineficiencia en el gasto, la falta de una adecuada política de urbanismo y ordenamiento territorial, y las carencias de los institutos provinciales de vivienda para proveer terrenos bien localizados derivó en que, por un lado, los programas federales no tuvieran el impacto cualitativo esperado en la reducción del déficit habitacional, y por otro, en verdaderos desastres urbanísticos que han reforzado el crecimiento desordenado y caótico de las ciudades, han potenciado la segregación social urbana, y no han logrado dar respuesta efectiva a la demanda legítima de vivienda digna como un derecho para los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. A esas cuestiones, los aspectos cuantitativos y cualitativos de la política de vivienda, nos hemos referido antes y volveremos a hacerlo en próximas columnas. En esta nos referiremos a otra cuestión, a la discrecionalidad del gobierno nacional en la distribución de los recursos de los programas federales, y a la injusta discriminación a la que se ven sometidas algunas provincias, centrándonos en la provincia de Entre Ríos. Como resulta lógico, el mecanismo de los programas federales tiene la contracara de las ventajas del sistema del FONAVI; no es previsible, y condena a las provincias a la absoluta discrecionalidad de la Casa Rosada, con la consiguiente pérdida de autonomía y sometimiento político. Se trata, como otros instrumentos de las políticas públicas, de una formidable herramienta de disciplinamiento político y castigo de gobernadores “díscolos”. Siendo así, algún observador desprevenido podría suponer que la Provincia de Entre Ríos, con un Gobernador que se esmera en ser el más obsecuente e incondicional seguidor de los dictados de la Sra. Presidente, tendría que ser una de las provincias más beneficiadas en el reparto de esos recursos. Lamentamos desilusionar a ese hipotético lector. Nada más alejado de la realidad. El “federalismo de los recursos” es una más de las patrañas oficialistas. 
Veamos. Entre 2003 y 2010 se transfirieron a las provincias y la CABA un total de $13.266.100.674 por programas federales. En el mismo período las transferencias automáticas del FONAVI ascendieron a $7.951.236.884. Durante esos 8 años, el 62,52% del total de los recursos transferidos correspondió a programas federales. Entre Ríos recibió en el período analizado $ 379.928.791 por programas federales, el 2,86% del total. Debe tenerse en cuenta que este porcentaje es menor que el 3,90% que corresponde a la alícuota de Entre Ríos en el reparto del FONAVI. Si dividimos ese monto de dinero por los 1.235.994 habitantes que arrojó el Censo 2010 en nuestra provincia, obtendremos una inversión en 8 años de $ 307,39 / habitante, por debajo de la media nacional, $ 330,68 / habitante. Entre Ríos se encuentra en el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por habitante, sólo superada por San Luis, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Obsérvese que, salvo San Luis y Corrientes, se trata de los 4 distritos más poderosos y ricos del país, que cuentan con economías diversificadas y cuantiosos recursos propios. No es el caso, por supuesto, de Entre Ríos. En el otro extremo, el de las más favorecidas en este ranking de recursos por habitante, se encuentran, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, Santa Cruz, con $ 2.306,86 / habitante, Tierra del Fuego, con $ 1.956,74 / hab. y La Pampa, con $ 1.500,78 / hab. Vale decir que los santacruceños recibieron casi 7 veces más que los entrerrianos y 8 veces más que los correntinos. 
Se podrá argumentar que el índice de recursos por habitante no es el más adecuado para medir la equidad en estos casos, dado que un distrito grande puede tener un déficit habitacional relativamente bajo, y a la inversa, y que de lo que se trata es de revertir desequilibrios regionales y no perpetuar las diferencias que hoy existen entre distritos ricos y pobres. Es razonable. Tomemos entonces otro indicador, aquel que mide el monto de recursos transferidos en relación a la cantidad de viviendas deficitarias. Consideramos aquí vivienda deficitaria tanto aquella que es irrecuperable (y exige por lo tanto la construcción de una nueva) como aquella que es recuperable (y demanda por lo tanto mejoras y/o ampliaciones) como las que presentan hacinamiento crítico. (FUENTE: Fundación Apertura en base a cálculo del Ieral sobre datos de la EPH, y datos de población del Censo Nacional 2010). En este caso, para Entre Ríos nos da $ 3.118,49 / vivienda deficitaria. Entre Ríos se encuentra también en el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por vivienda deficitaria, sólo superada por las 6 ya nombradas. En el otro extremo, las mismas 3, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, con $66.434,99/vivienda deficitaria, $60.021,12/vivienda deficitaria y $47.601,02/vivienda deficitaria, respectivamente. En este caso, por cada vivienda deficitaria en Santa Cruz se transfirió 21 veces más que a Entre Ríos y a Corrientes. 
Dado que las alícuotas del FONAVI tampoco reflejan con ecuanimidad razonable en todos los casos la incidencia del déficit habitacional y la capacidad económica propia de las provincias, puede complementarse este análisis sumando a los recursos de los programas federales los transferidos de manera automática del FONAVI, calculando los totales y vinculando estos montos con la cantidad de viviendas deficitarias al 2010. De esta manera, si a los $ 379.928.791 que recibió Entre Ríos por programas federales entre 2003 y 2010 le sumamos los $ 315.657.464 por transferencias automáticas del FONAVI en dicho período, obtendremos un total de $ 695.586.255. Si dividimos dicho monto por la cantidad total de viviendas deficitarias nos dará $ 5.709,44/vivienda deficitaria. En este caso, Entre Ríos se encuentra en el 5º lugar de las provincias que menos recursos recibieron por vivienda deficitaria, solo superada por las 4 grandes: Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. En este caso, en la sumatoria de programas federales + FONAVI, Corrientes y San Luis recibieron más que Entre Ríos dado que se encuentran relativamente beneficiadas con la alícuota del FONAVI: 4,95% para Corrientes y 3,65% para San Luis, frente al 3.9% de Entre Ríos. Como el lector se imaginará, también en este caso en el otro extremo de la tabla están, pero en este orden, Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, con $ 110.620,47/vivienda deficitaria, $ 93.093,63/vivienda deficitaria y $ 63.392,94/deficitaria. Vale decir que, en la sumatoria de programas federales + FONAVI, se transfirieron a Santa Cruz 16 veces más que a Entre Ríos por vivienda deficitaria. Se han utilizado datos oficiales de las auditorías del FONAVI disponibles en la web www.vivienda.gov.ar  y de la Fundación Apertura http://www.fundacion-apertura.com.ar/documentos/trabajos_de_consultoria/archivos/informe%20habitat-o3.pdf . 
El artículo 25 de la Constitución de Entre Ríos establece que “el Estado promueve las condiciones para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados”. Para hacerlo realidad, y no mera declamación, harán falta recursos, voluntad política, y planes serios. Sin un genuino federalismo fiscal será difícil encontrar recursos suficientes. No avancemos tranquilos. Es hora de reaccionar, de involucrarse y de comprometerse en pos de un futuro mejor.- Leer más...