Por José Antonio Artusi
Concurrí ayer a la jornada que realizó el Foro de la Reforma Electoral en Concepción del Uruguay, que contó con una muy buena disertación del Dr. Marcelo Bermalén y que luego permitió un rico debate coordinado por funcionarios del Tribunal Electoral. Comparto aquí, ampliadas, algunas de las reflexiones que formulé en esa oportunidad.
En primer lugar, cabe saludar la iniciativa de desarrollar estos foros de discusión como método participativo de recibir inquietudes y puntos de vista que puedan enriquecer un proyecto del Poder Ejecutivo a enviar a la Legislatura. Los aportes de expertos con experiencia y trayectoria como el del Dr. Bermalén son muy útiles, porque generan un cúmulo de información y formación previas al debate, contribuyendo así a alejarlo de la "charla de café" o la catarsis colectiva que no acierta a diagnosticar las causas de los problemas ni mucho menos a proponer alternativas reparadoras con un mínimo rigor.
Digamos que una verdadera reforma política, acorde a las necesidades que tenemos de consolidar y perfeccionar la democracia representativa, dista mucho de ser sólo una mera modificación en el método de votación, como si la cuestión se limitara a optar entre la boleta única en papel o la boleta única electrónica, como parece desprenderse de cierto impacto de la cuestión en los medios de comunicación.
Cuando decimos "reforma política" pretendemos abarcar la reforma del sistema electoral, obviamente, pero a su vez vincularla con el régimen de partidos políticos - incluída su financiación - y otras cuestiones tales como el derecho al acceso a la información pública, la política de medios, la pauta publicitaria oficial, y la eliminación de prácticas clientelares con recursos del Estado. Y hasta podríamos decir que una reforma política que modifique en profundidad nuestras prácticas democráticas no puede escindirse de otras reformas, tales como la lucha contra la pobreza, la garantía de un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia consagrado en el artículo 24 de la Constitución (pero no aplicado), la mejora del sistema educativo, la construcción de un modelo de seguridad social para el siglo XXI, etc.. Todo ello en la medida en que la pobreza y la marginación social extremas son incompatibles con una democracia social en la que todos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de participar en la cosa pública.
Pero comencemos entonces, para no abarcar demasiado, con el régimen de partidos políticos. El artículo 29 de la Constitución, pendiente de reglamentación, establece claramente su carácter de "instituciones fundamentales del sistema democrático" a la vez que les otorga el monopolio de la postulación de candidatos para cargos públicos electivos. Consagra a su vez principios que deben regir su funcionamiento: democracia interna, representación proporcional de las minorías, financiamiento público, capacitación de sus afiliados, etc..
Una cuestión clave a definir, que condiciona otras como el método de votación, es si se mantiene el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (obligatoriedad que puede referirse tanto a los ciudadanos como a los partidos, aún en caso de presentación de listas únicas), o si se retorna al antiguo sistema de elecciones internas convocadas por los propios partidos, alternativa que a su vez admite la modalidad cerrada (reservada sólo a afiliados) o bien abierta (donde pueden participar los afiliados más los ciudadanos independientes, vale decir no afiliados a ningún partido). Como suele suceder en estos casos, cada alternativa tiene ventajas y desventajas, que deben sopesarse cuidadosamente. Las PASO otorgan mayor posibilidad de participación a los ciudadanos en general, a la vez que relativizan el rol de los afiliados, por lo que han sido criticadas por debilitar el sistema de partidos. Por otro lado, al ser un proceso con participación y controles del Tribunal Electoral otorga a todos los participantes mayores garantías frente a la posible manipulación de eventuales oligarquías partidarias. En el proyecto de ley que presentamos los diputados del bloque de la UCR en el año 2010 (autoría del diputado Marcelo López) optamos por proponer en ese momento la derogación de la ley de primarias, pero es una cuestión que admite una evaluación a la luz de los resultados de los últimos procesos electorales. La crisis de los partidos políticos y del sistema que conforman es una cuestión compleja y multicausal, y pecaríamos de simplistas si se la adjudicamos en exclusividad a la implantación de las PASO.
Otro aspecto crucial a definir gira en torno a la simultaneidad o separación de las elecciones provinciales frente a las nacionales. En el proyecto mencionado proponíamos fijar una fecha en la ley para las elecciones provinciales, en este caso el último Domingo de Septiembre, con lo que de hecho planteábamos la separación con respecto a las nacionales. La fijación por ley de la fecha del comicio quita la posibilidad de que el Poder Ejecutivo de turno especule en torno a sus propias conveniencias a la hora de determinarla; y la separación permite seguramente una mayor reflexión específica en relación a cada categoría de cargos por parte del ciudadano, disminuyendo así el efecto "arrastre". La simultaneidad genera menor cantidad de convocatorias y menores gastos, pero no parecen ser argumentos suficientes si de lo que se trata es de jerarquizar la democracia.
Parece conveniente adentrarse en el análisis de la cuestión del método de votación sólo después de haber dilucidado las anteriores disyuntivas, las que podríamos plantear, sintetizando, como "primarias vs. internas" y "simultáneas vs. separadas", o al menos analizarlas de manera conjunta. Ello permitirá, facilitando el proceso de toma de decisiones, que algunas opciones se descarten de manera casi automática. Por ejemplo, si nos inclinamos por el sistema de elecciones PASO, y optamos a su vez por que se efectúen de manera simultánea con las nacionales (para citar un caso, como el año pasado), queda claro que no estaremos en condiciones de adoptar el sistema de boleta única en papel como el que tiene la provincia de Córdoba, en el que la totalidad de la oferta electoral está presente en un mismo trozo de papel.
Yendo a los métodos de votación, y antes de abogar de manera terminante por una alternativa, digamos sin embargo algo que quedó absolutamente de manifiesto el año pasado: la boleta partidaria no va más. El proceso de diseño, impresión, distribución, disposición en el cuarto oscuro, control durante el comicio, escrutinio provisorio y escrutinio final fue un verdadero caos, quizás inédito o al menos pocas veces visto en la historia electoral, con todo lo que ello conlleva en términos de riesgo de distorsión de la voluntad popular. Genera, además, un derroche de papel absolutamente desaconsejado en términos económicos y ambientales. Descartado este sistema, que cumplió razonablemente un ciclo y aportó lo que tenía para dar, corresponde decidir con cual lo reemplazamos. Las alternativas que tenemos no son demasiadas, yo diría que básicamente 3: la boleta única en papel, la boleta única electrónica, y el voto electrónico o urna electrónica. Si dejamos de lado esta última opción, dados sus riesgos y la falta de garantías que todavía presenta, nos quedan dos, pero si consideramos que la boleta única en papel puede tener dos variantes volveríamos a tener tres; boleta única en papel para todos los cargos electivos (como en Córdoba), boleta única en papel para cada categoría de cargos (como en Santa Fe), o boleta única electrónica (como en la ciudad de Buenos Aires). En nuestro proyecto del año 2010 nos inclinábamos por la boleta única en papel que reúne la totalidad de la oferta electoral, al modo cordobés. Esta opción tiene la ventaja de la simplicidad, una única "boleta única", valga la redundancia, y una única urna, frente a cierta complejidad del modelo santafesino, con varias "boletas únicas", y varias urnas, por cada nivel o categoría de cargos. La boleta única electrónica, adoptada por la Ciudad de Buenos Aires, en principio con buenos resultados, admite sin embargo ciertas críticas que han sido formuladas en el debate de la reforma nacional, referidas por ejemplo a la posibilidad de identificar el voto con aplicaciones tecnológicas en los celulares, alimentando con ella la posibilidad de prácticas clientelares. Este sistema puede evaluarse en la medida en que estas críticas y precauciones sean lo suficientemente refutadas de manera contundente por la tecnología a aplicar y aceptadas en consecuencia por todos los partidos. De todos modos, la legislación porteña tuvo el mérito de incorporar en principio la boleta única, dejando abierta la posibilidad de acompañarla con dispositivos tecnológicos electrónicos.
Lo que debe quedar absolutamente claro es que la reforma política que necesitamos los entrerrianos demanda un debate profundo, abierto a la participación de todos, sin apuros ni imposiciones de ninguna naturaleza, y requiere para su éxito el logro de acuerdos amplios que la legitimen. Comprometemos nuestra voluntad política de trabajar arduamente en pos de esos acuerdos.-
José Antonio Artusi es diputado provincial del bloque Cambiemos y preside el Comité Departamental de la Unión Cívica Radical de Uruguay.-
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