Por José Antonio Artusi
Hace
exactamente treinta y cuatro años, el 28 de junio de 1992, Estonia aprobó su
nueva constitución. Lo hacía apenas un año después de haber declarado la
restauración de su independencia luego de medio siglo de ocupación soviética.
Era un país pequeño, de poco más de un millón de habitantes, sin recursos
naturales significativos, con una economía devastada y una institucionalidad
que había que reconstruir casi desde cero. El panorama, visto desde afuera, no
invitaba al optimismo.
Treinta
y cuatro años después, Estonia es un caso de estudio en casi todas las escuelas
de administración pública. No porque haya descubierto la pólvora, sino porque
tuvo la lucidez —y la voluntad— de aplicar ideas que otros países conocen, pero
evitan por las presiones de los intereses que esas ideas amenazan.
Cuando
Estonia inició su transición, una de las primeras decisiones estructurales fue
reformar el sistema impositivo en una dirección que pocos se animaban a seguir.
En 1994 introdujo un impuesto a las ganancias con alícuota uniforme que unificó
en una misma proporción la carga sobre todos los ingresos, sin alícuotas
progresivas por tramos. La tasa arrancó en el 26% y fue reduciéndose hasta
estabilizarse en el 20%, y hoy se ubica en el 24% por razones presupuestarias
vinculadas al gasto en defensa. Lo notable no es el porcentaje sino la lógica:
una regla simple, previsible, igual para todos, que elimina los incentivos
perversos a la evasión. Desde 2000, además, las utilidades corporativas
reinvertidas quedaron directamente exentas de impuesto a las ganancias, lo que
transformó el sistema en un poderoso estimulante de la inversión productiva.
Pero
la pieza clave de la matriz tributaria estonia es la que tiene mayor linaje
intelectual y mayor resistencia política en casi todo el mundo: el impuesto al
valor del suelo libre de mejoras. Mientras la mayoría de los países grava
indiscriminadamente la propiedad inmueble —tierra y edificaciones juntas—,
Estonia separa con precisión quirúrgica ambos componentes. El sistema
tributario estonio grava exclusivamente el valor del suelo, no el de las
construcciones ni el capital invertido en ellas. La diferencia no es un detalle
técnico: es una definición ideológica sobre qué debe ser gravado y qué no.
Gravar el valor del suelo —que no lo crea el propietario sino la comunidad en
su conjunto — es una forma de recuperar para el Estado la renta que la comunidad
misma generó. No gravar las mejoras significa no castigar a quien construye,
refacciona e invierte. Henry George, el economista norteamericano del siglo XIX
que popularizó esta idea, habría reconocido a los dirigentes de Estonia como algunos
de sus mejores alumnos
El
resultado ha sido un éxito notable. Estonia tiene el nivel más bajo de deuda
pública de toda la Unión Europea, equivalente a poco más del 20% del PBI,
frente a un promedio europeo que ronda el 90%. Estonia ha registrado algunas de
las tasas de crecimiento más altas de la Unión Europea desde su independencia.
Y acaso el dato más impactante para medir la transformación real: el PBI per
cápita de Estonia en 1995 (primeros datos fiables tras la estabilización
posterior a la introducción de la corona estonia en 1992) era de unos 3.1000 dólares
y en 2024 llegó a más de 31.000 dólares. Creció diez veces en tres décadas. No
es un milagro: es el resultado de decisiones consistentes, sostenidas en el
tiempo y blindadas contra el oportunismo político.
Además,
Estonia se ha consolidado como el número 1 en educación en toda Europa. y se
ubica en el top 5 a nivel mundial. Lo verdaderamente revolucionario de su
enfoque social no es solo el puntaje alto, sino la equidad del sistema
educativo, que registra uno de los márgenes más bajos del mundo en la brecha de
rendimiento entre los estudiantes de entornos vulnerables y los de entornos
favorecidos. En Estonia, el origen socioeconómico de un niño no determina su
futuro académico. Lograron esto manteniendo las escuelas públicas bajo gestión
local, con almuerzos, libros y transporte escolar gratuito para todos.
Si
el modelo tributario y el capital humano son la base del éxito estonio, la
transformación digital es su cara más visible e imitada —aunque rara vez con la
profundidad requerida. Estonia comprendió que el Estado puede generar
improductividad cuando sus trámites son lentos y discrecionales. La respuesta
no fue solo informatizar: fue rediseñar la arquitectura del Estado sobre la
base de la transparencia y la interoperabilidad.
El
eje de ese rediseño es la plataforma X-Road, un sistema de intercambio de datos
que conecta a todas las instituciones públicas y permite que cada ciudadano
interactúe con el Estado sin tener que repetir información que el Estado ya
posee. Con X-Road, implementado en etapas desde 2000, Estonia logró digitalizar
el 99% de los servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos, ahorrando el
equivalente al 2% de su PBI anual. En diciembre de 2024, según el propio
gobierno, cada servicio del Estado, salvo el matrimonio, se encontraba
completamente digitalizado, yendo hacia lo que las autoridades llaman un
"Estado 100% electrónico".
El
principio clave tiene nombre: "una sola vez". El ciudadano provee
cada dato al Estado una única vez en su vida, y el Estado no puede volver a
pedírselo. La consecuencia es que la burocracia pierde su poder de extorsión
silenciosa, ese poder que en muchos países se ejerce a través de la demora, la
ventanilla que no atiende y el formulario que siempre falta. En 2024, el
sistema X-Road procesó más de 2.700 millones de consultas de datos, eliminando
redundancias y papeleo entre agencias.
Una
encuesta de la OCDE de 2024 reveló que el 82% de los estonios expresó
satisfacción con los servicios públicos y que el 72% prefería acceder a los
servicios del Estado a través de canales digitales. Estos números son
extraordinarios para cualquier democracia occidental, y son el resultado de
décadas de inversión en confianza institucional.
La
pregunta que inevitablemente surge es por qué este modelo no se replica. La
respuesta honesta incomoda: porque las reformas que Estonia aplicó afectan
intereses muy concretos. El impuesto al valor del suelo libre de mejoras es
resistido por quienes lucran con la renta del suelo sin producir nada. La
alícuota uniforme en el impuesto a las ganancias elimina los nichos de evasión
que benefician a los que tienen acceso a asesoramiento tributario sofisticado.
La digitalización transparente del Estado quita poder a quienes medran con la
opacidad burocrática. Toda reforma inteligente tiene sus enemigos, y los
enemigos de estas reformas son, en general, poderosos.
Estonia
eligió desafiarlos en 1992, cuando tenía todo por construir y nada que perder.
El resultado es un país que multiplicó por diez el ingreso de sus habitantes,
que lidera los índices de gobierno electrónico y que encabeza el ranking de
competitividad tributaria de la OCDE hace más de una década. Nada mal para una
república que en 1991 salía de cincuenta años de comunismo soviético.
Algunos
dirán que son condiciones irrepetibles, que Estonia es pequeña, que tiene otra
cultura, etc. Son los mismos argumentos que se usan siempre para justificar el no
hacer nada. La historia del progreso, sin embargo, no se construye con excusas
sino con resultados.
Publicado
en el diario La Calle el 28 de junio de 2026.

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