UNA BUENA NOTICIA, UNA OPORTUNIDAD Y UN RIESGO…

 

Por José Antonio Artusi

El 24 de Agosto pasado integramos con Adriana Taller y Oscar Bragos el panel en el taller sobre instrumentos de gestión urbanística que tuvo lugar en la Universidad de Concepción del Uruguay, en el marco del proceso de revisión del código de ordenamiento urbano de la ciudad. Comencé mi presentación comentando una buena noticia, y señalando que ésta abría tanto una oportunidad como un riesgo. La buena noticia es la siguiente: “Avanzan en la remodelación integral del Boulevard Yrigoyen. La Municipalidad de Concepción del Uruguay anunció una inversión de 170 millones de pesos, realizada entre el municipio y el gobierno provincial”.

Cuál es la oportunidad? Que se aprovechen esta y otras obras como el eslabón inicial de una cadena que permita la recuperación y reinversión de la valorización de las parcelas que van a ser beneficiadas con esa inversión. Se lograría de esa manera poner en marcha un círculo virtuoso en el que la obra pública no genere “ganancias no ganadas” sino que pueda obtener recursos genuinos para financiar el desarrollo urbano sin tener que recurrir a impuestos y tasas regresivos y distorsivos que agobian a los contribuyentes, sobre todo a los que no se ven beneficiados directamente por tales inversiones. Y cuál es el riesgo? Precisamente la contracara de la oportunidad. Que el suelo se valorice como consecuencia de las acciones públicas sin que se recuperen dichas plusvalías generadas sin intervención ni esfuerzo de los propietarios. Y que se concrete el fenómeno del círculo vicioso que algunos autores denominan la “paradoja de las infraestructuras”. Esta consiste en un proceso que se retroalimenta y en el que las comunidades crean infraestructura para facilitar el desarrollo urbano; la infraestructura “infla” el precio del suelo bien servido; los precios más altos del suelo empujan a desarrollar suelo más barato, pero más alejado, y así sucesivamente; las comunidades van detrás de los nuevos desarrollos periféricos con más infraestructura, pero nunca alcanza. La dispersión resultante deteriora el ambiente, crea una enorme dependencia del automóvil, tensiona los presupuestos públicos, fomenta la especulación y encarece el suelo, empeorando las posibilidades de acceder a una vivienda digna y bien localizada.

En el Documento de Política Nacional Urbana de la República Argentina, de 2018, se señala con claridad meridiana que “la ausencia del Estado en la planificación y la gestión territorial ha contribuido a la expansión urbana de baja densidad y a la consolidación de un mercado de suelo urbano caracterizado por la usurpación, la especulación y la desigualdad. La escasez de instrumentos que regulen el mercado de suelo, junto con instrumentos de gestión local ineficientes e instituciones debilitadas, han favorecido el desarrollo de ciudades desiguales, socialmente excluyentes, espacialmente segregadas y ambientalmente insostenibles. En las últimas décadas, el déficit habitacional en Argentina se ha incrementado, los mecanismos de acceso al crédito han resultado insuficientes y los asentamientos informales se han convertido en la principal estrategia de acceso al suelo y a la vivienda de los sectores de menores ingresos. Asimismo, el surgimiento de barrios cerrados no sólo da cuenta de un modelo de ciudad fragmentado socio-espacialmente, sino que su localización en áreas ambientalmente frágiles y vulnerables ha generado un alto impacto ambiental”. El BID, por otra parte, enumera en un documento sobre ciudades emergentes una serie de problemas comunes en ciudades latinoamericanas, que en mayor o menor medida se presentan en la nuestra: crecimiento desordenado, falta de definición entre lo urbano y rural, ciudades poco densas, gran cantidad de vacíos urbanos, asentamientos marginales en áreas vulnerables, segregación e injusticia social, déficits de áreas verdes y espacio público, déficits de movilidad, agua y saneamiento, etc. En el mismo documento se plantea un esquema de lo que podría ser un círculo virtuoso del financiamiento del desarrollo urbano por recuperación de plusvalías, en el que la acción pública en inversiones en infraestructura y en acciones regulatorias genera un incremento en el valor del suelo. Estas plusvalías urbanas pueden, y deben, recuperarse a través de diversos instrumentos, tanto de tipo tributario como no tributario, permitiendo por lo tanto obtener recursos para nuevas inversiones en otros proyectos.

Es aquí donde el proceso de revisión del código de ordenamiento urbano de Concepción del Uruguay se muestra como una enorme oportunidad. Esta consiste en complementar los tradicionales indicadores que determinan condiciones para la subdivisión, ocupación y uso del suelo con un sistema de instrumentos de gestión urbanística que permitan “hacer que las cosas sucedan”, tal como se expresaba en la convocatoria al taller. Esta “caja de herramientas” podría constar de instrumentos tradicionales y de amplia aceptación y extendida utilización, tales como la contribución por mejoras o la penalización al suelo vacante en áreas consolidadas, y otros más disruptivos e innovadores, como la concesión onerosa y optativa de edificabilidad adicional o las cesiones de suelo por cambios en su clasificación. Es importante tener en cuenta que los instrumentos no deben utilizarse aislados, sino combinados de manera sistemática, y que cada uno responde a diferentes objetivos y situaciones. En conjunto deberían servir para financiar un fondo de desarrollo urbano para infraestructura, equipamiento, espacios verdes, movilidad y viviendas.   

La otra oportunidad que deberíamos aprovechar consiste en incluir en el propio texto del nuevo código un régimen institucional permanente del sistema de planificación y gestión del ordenamiento territorial, que evite que estemos cada tanto lamentándonos de que no planificamos y de que las normas han quedado desactualizadas, y que tengamos que recurrir por lo tanto de manera espasmódica a nuevos y discontinuos procesos de planificación. En el urbanismo, como en la salud, más vale prevenir que curar, y la salud se cuida y promueve todos los días. Concepción del Uruguay tiene todo para aspirar a tener uno de los códigos de ordenamiento territorial más innovadores y exitosos de la Argentina. Una importante tradición planificadora desde 1983, más allá de las interrupciones y de los fracasos, universidades, recursos humanos, una sociedad civil movilizada. No dejemos pasar esta oportunidad.-

Publicado en el diario La Calle el día 4 de Septiembre de 2022.- 

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NO NOS HAN VENCIDO

Por José Antonio Artusi

Itatí Schvartzman publicó en el semanario “Respuestas” una columna titulada “No lo han vencido”. Tras darnos una clase de historia y literatura que recomiendo leer, la autora finaliza expresando que “Salman Rushdie:  el niño nombrado en honor a Averroes – el mismo Averroes citado por Dante, por Jorge Luis Borges, por Eduardo Galeano y por el propio Rushdie – el autodenominado “ateo de línea dura”, el conocido dueño del infatigable humor, el amante de la vida que dedicó su obra a escribir sobre migraciones y discriminaciones, el valiente intelectual que combatió a Reagan, a Bush y a Trump tanto como a los fanatismos religiosos y a las falsificaciones extremistas del islam, el escritor que fundó el festival “Voces del Mundo” con el objetivo de romper la tendencia cultural hegemónica estadounidense, el intelectual que apoyó toda lucha libertaria y denunció la situación de las mujeres en los países bajo regímenes musulmanes el pasado 12 de agosto en Chautauqua, Nueva York en el escenario en el cual se presentó a abogar por otros escritores perseguidos y a solicitar se los asile, fue apuñalado por un simpatizante del gobierno iraní infectado de abominación y fanatismo. Mientras Salman Rushdie está peleando por su vida, mientras se desconoce si podrá volver a ver y a utilizar su mano con la que nos enseñó a luchar con palabras magistralmente enlazadas de historia, de magia y de humor a favor de la vida contra los esbirros de la muerte, su familia declaró “no le han quitado el humor, así que no lo han vencido”.” (https://semanariopreguntas.wordpress.com/2022/08/17/no-lo-han-vencido-itati-schvartzman/)

Rogelio Alaniz lo expresó con claridad: “Rushdie está luchando por su vida. Hay indicios de que los islamofascistas no se saldrán con la suya, pero las heridas infligidas a un hombre de 75 años dejarán sus huellas. Por lo pronto, el gobierno de Irán se hizo el desentendido, pero sus diarios y sus voceros festejaron el atentado criminal. Como uno de los ojos de Rushdie corre peligro, a un periodista iraní no se le ocurrió algo más espiritual que escribir "Se ha cegado a uno de los ojos de Satanás". Chicos dulces, piadosos y encantadores. Pero dejemos por un rato a los seguidores de Alá y volvamos a Occidente. La pregunta ya se hizo cuando el atentado criminal contra los editores de la revista Charlie Hebdo: ¿Acaso no es justo castigar a quienes se burlan de sentimientos religiosos profundos? Nuestro Papa dijo que si insultan a mi madre tengo derecho a defenderla con los puños. Cierta izquierda también se dio sus gustos. Como el enemigo es el imperialismo anglosajón, todo lo que vaya en contra del moderno Satanás está bien, incluido las variantes más feroces y reaccionarias del oscurantismo religioso. A veces establecen algunas mediaciones en su discurso, pero son prisioneros de una ideología alienada que niega valores constitutivos de una tradición de izquierda que alguna vez pretendió ser ilustrada”. (https://www.ellitoral.com/opinion/opinion-salman-rushdie-islam-atentado-ataque-brutal-herido-intento-asesinato-estados-unidos-islamico_0_HlbnINZYIG.html?fbclid=IwAR38jt6wdILnaXVi48Sb5QeJ025orMTtI0nK9IWSGjcV-5n7jqUgNy-XIVs)

Es imperioso recordar que, como señala Andrea Calamari, “cuando la condena apareció, el escritor publicó un comunicado en el que defendió su derecho a escribir historias. «Lamento no haber escrito un libro más crítico», dijo Salman Rushdie y defendió su derecho a contar las historias que le vienen en gana. No se disculpó y muchos se lo reprocharon. Le gusta meterse en problemas. Se lo buscó. Quiere llamar la atención. Es un provocador. Por lo bajo o en voz alta algunas personas, incluso colegas, apuntaron contra Rushdie y no contra Jomeiní… Al principio, la historia de Salman Rushdie, su libro y los lectores ofendidos, para muchos no fue más que un suceso puntual, una particularidad producto de una serie de malas decisiones, equívocos e interpretaciones literales. Nada que no se pudiera solucionar con una disculpa. Pero la condena a muerte a Rushdie fue el mirlo de una invasión. Lo dejamos posarse como si nada, vimos llegar a los que vinieron atrás y finalmente acá estamos: treinta y tres años después, un cuchillo atraviesa la garganta de un escritor, empuñado por la intolerancia teocrática y el integrismo religioso. Lo que pocos advirtieron en aquel momento, cuando se estaba terminando el siglo pasado, es que ese primer mirlo en el trepador no era un coletazo del pasado sino el augurio de estos tiempos”. (https://www.jotdown.es/2022/08/en-defensa-de-salman-rushdie/)

Suscribo las expresiones de los autores que he citado, que ponen en palabras mis propios pensamientos, pero siento la necesidad de manifestar algo más. Por un compromiso ineludible con la causa universal de los derechos humanos, pero también por interés. Porque quiero vivir en una sociedad en la que estas aberraciones se condenen como corresponde. Porque la indiferencia, y a veces hasta la complicidad y la justificación de la barbarie, pueden engendrar en todos lados, acá también, huevos de serpientes frente a los que hay que reaccionar a tiempo. Anhelamos y necesitamos que Salman Rushdie no esté solo. Es necesario que podamos decir que a nosotros tampoco nos han quitado el humor, así que no nos han vencido.-  

Publicado en el diario La Calle el día 28 de Agosto de 2022.- 

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ELIMINAR EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

Por José Antonio Artusi

Los datos publicados en la página oficial de la Provincia de Entre Ríos referidos a la ejecución presupuestaria del primer semestre nos permiten hacer algunos análisis y consideraciones que confirman, lamentablemente, algo que no constituye ninguna novedad, y que afirmábamos el año pasado: Entre Ríos es una provincia que recauda mal y gasta cada vez peor. Pero hoy nos centraremos en la recaudación.

Decíamos el año pasado que “uno de los datos novedosos es el insólito superávit que exhiben las cuentas públicas del fisco entrerriano”.  La provincia pudo exhibir un resultado financiero positivo de alrededor de 2000 millones de pesos en 2020, tras una década de déficits constantes, y de más de 18.500 millones en 2021. En el primer semestre del 2022 el superávit supera los 11.500 millones.

Decíamos también, y reiteramos ahora, que “este superávit es mentiroso porque se explica, entre otros factores, por el atraso salarial del sector público provincial y por la crónica subejecución de la inversión en obra pública y bienes de capital. Ambos tendrán consecuencias gravosas y repercutirán negativamente, afectando las posibilidades de emprender un camino de crecimiento y desarrollo sostenible”.

Volvamos a la cuestión de la recaudación. El impuesto a los ingresos brutos, el más regresivo y distorsivo de todos, representó en 2015 el 62,40 % de la recaudación de impuestos provinciales. Desde hace años, la incidencia de esta absurda gabela medieval en la recaudación propia muestra una tendencia a aumentar. Es así que en el primer semestre de este año significó el 67.41% de la recaudación propia, en términos absolutos unos $ 28.152 millones.      

En una publicación del Consejo Empresario de Entre Ríos se sostiene, con razón, que el impuesto a los ingresos brutos “es más regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso y más distorsivo desde el punto de vista de los incentivos a la producción y a la productividad. Perjudica la distribución del ingreso porque recae sobre los consumidores sin discriminar por su nivel de ingreso, perjudica la producción porque impone un sobreprecio no productivo a los bienes y servicios intermedios, y perjudica la productividad porque castiga la división del trabajo”.

En 2017 el diputado Eduardo Conesa presentó un proyecto de ley para implementar una profunda reforma tributaria, articulando los niveles nacional y provincial. En los fundamentos de esa iniciativa el Dr. Conesa afirmaba que “debido a su carácter multifásico y acumulativo a lo largo de toda la cadena productiva, el impuesto a los ingresos brutos genera discriminación en perjuicio de los bienes y procesos que requieren gran número de etapas, induciendo artificialmente a adoptar modos de organización empresarial que busquen economizar el impuesto a través de la reducción del número de etapas, es decir, a través de la integración vertical, en algunos casos en desmedro de la eficiencia y productividad. Desde el punto de vista económico, genera un efecto piramidal que incrementa el costo de los bienes y servicios y que, en definitiva, es soportado por los consumidores finales. Este efecto de piramidación se genera cuando los agentes económicos buscan mantener en términos relativos el mismo margen de utilidad respecto de sus costos, los cuales incluyen al impuesto. Si bien la posibilidad de que los agentes económicos mantengan el mismo margen de utilidad en términos porcentuales respecto del precio de compra dependerá del mercado (de la elasticidad precio de la demanda del bien), lo importante es resaltar que la piramidación es un resultado no deseado en economía… la eliminación del impuesto a los ingresos brutos en todas las jurisdicciones del país permitiría una rebaja promedio en los precios de los bienes de consumo del orden de un 6,13% con un máximo de 9% y un mínimo de 3,5% y un desvió estándar del 1,3%. Pero si ponderamos los rubros de la matriz insumo producto utilizando las ponderaciones que actualmente utiliza el INDEC para calcular el índice de Precios al Consumidor, el impacto en la canasta del IPC sería mucho mayor, alcanzando el 12,38%. Por consiguiente, se ratifica que la adopción de esta propuesta traería una considerable mejora en los salarios reales de los trabajadores del orden del 12% basada en una genuina mejora de la eficiencia y la productividad de la economía. Los impuestos a los ingresos brutos constituyen una carga que desalienta a los exportadores pues no se reintegra a ellos, como es caso del IVA… son gabelas que retrasan el crecimiento económico, disminuyen los salarios reales y frenan la actividad económica.” En su libro “Economia Política Argentina”, Eduardo Conesa agrega que “lo lamentable es que el nuevo gobierno asumido el 10 de Diciembre de 2019 autorizó a las provincias por ley a aumentar el impuesto a los ingresos brutos, lo cual significa bajar los salarios reales y desalentar las exportaciones… En otras palabras, el impuesto provincial a los ingresos brutos es un desastre regresivo antipopular y antidesarrollo”.

El consenso fiscal logrado por el gobierno del Presidente Macri en 2017 fue un evidente y notorio avance en este sentido, tendiente a reducir las alícuotas de este pésimo tributo. Lamentablemente el gobierno de Alberto Fernández ha revertido ese avance. Pero algún día habrá que eliminarlo, por completo y para siempre, para todas las actividades económicas. Y se puede, como podrá comprobar quien analice los argumentos y las cifras expuestos por el Dr. Eduardo Conesa en su proyecto de ley y en su libro.-

Publicado en el diario La Calle el día 14 de Agosto de 2022.- 

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CÓMO FINANCIAR EL DESARROLLO URBANO

Por José Antonio Artusi

La semana pasada exploramos las posibilidades que se podrían desprender de la utilización de un instrumento en particular, la movilización de grandes parcelas vacantes del Estado y su urbanización a través de planes parciales y convenios urbanísticos. En esta nos dedicaremos a mostrar el potencial de captación y reinversión de recursos de otra herramienta, la concesión onerosa y optativa de edificabilidad adicional, instrumento utilizado con éxito en Sao Paulo y otras ciudades brasileñas.

En Sao Paulo la construcción de edificios es gratuita hasta el límite definido por el Coeficiente Básico de cada zona de uso. Sin embargo, existe la posibilidad de construir por encima de lo permitido por el Coeficiente Básico hasta el límite del Coeficiente Máximo de cada zona mediante la Concesión Onerosa del Derecho de Construir. Los recursos de la concesión onerosa son dirigidos al Fondo de Desarrollo Urbano y son utilizados para la realización de obras en la ciudad como un todo. 

Lo que en Brasil se denomina Coeficiente de Aprovechamiento es el equivalente a nuestro Factor de Ocupación Total (FOT), vale decir el coeficiente que multiplicado por la superficie del lote nos da la superficie cubierta máxima a construir. La implementación de un sistema de concesión onerosa exige por lo tanto la determinación de un FOT básico (idealmente 1, uniforme en toda la ciudad), y un FOT máximo, establecido de acuerdo a características urbanísticas de cada zona (tamaño de las manzanas y las calles, dotación de infraestructuras y equipamientos, cobertura de transporte público, etc.). 

Camila Maleronka y Fernanda Furtado explican que “en la versión brasileña de este instrumento, el pago se vincula a la utilización concreta del beneficio, es decir, a la solicitud de realización de una construcción que sobrepase el CA básico. Así, el pago corresponde a una contraprestación y no a un tributo, siendo facultativo para el beneficiario la utilización del aprovechamiento edificatorio más allá del CA básico, y en la proporción de este aprovechamiento adicional”. Estas autoras enfatizan que “es un instrumento basado en esta misma idea de que es necesario aislar los efectos económicos de la zonificación urbanística, permitiendo que ese excedente económico sea recuperado por el poder público, en vez de ser apropiado por los propietarios del suelo. Estos últimos, durante la vigencia de la OODC, pueden aprovechar de forma gratuita solamente aquella porción del valor del terreno urbano que esté vinculada al derecho básico de uso de la propiedad urbana, el cual a su vez es definido por medio del CA básico.” Es relevante resaltar que “un resultado importante es que, al contrario del sentido común, la práctica viene mostrando que la OODC no es un motor de valorización, es decir, no aumenta el precio final de los inmuebles. Por ejemplo, la OODC aún no fue implementada en Rio de Janeiro, ciudad que registra el mayor índice de valorización en los últimos cinco años, alrededor de 200%, mucho más que São Paulo que ya acumula una década de aplicación del instrumento.”

La concesión es onerosa porque la mayor edificabilidad va a significar un mayor aprovechamiento de las infraestructuras de servicios públicos y de los equipamientos comunitarios, financiados con recursos públicos. Es en este sentido una de las formas más versátiles y multipropósito de recuperar y reinvertir la valorización del suelo generada por acciones públicas. De esta manera, se trata de un instrumento de carácter:

-          Recaudatorio: las contrapartidas obtenidas por los cargos de edificación adicional no deberían engrosar las rentas generales del municipio sino que deberían alimentar, como en Sao Paulo, un Fondo de Desarrollo Urbano, encargado de financiar diversas obras que de otro modo resultarían muy difíciles de costear: obras viales, infraestructura de servicios básicos, mejoramiento de barrios, construcción de viviendas y equipamientos comunitarios, etc.

-          Redistributivo: al recuperar – al menos parcialmente – la valorización del suelo generada por acciones del Estado, ya sea obras y/o decisiones administrativas, permite obtener recursos que se generan en áreas centrales, relativamente densas y consolidadas, bien cubiertas por servicios y equipamientos; y destinar tales recursos a cubrir déficits urbanos en otras áreas y a construcción de viviendas de interés social y mejora del hábitat.

-          De incidencia en el mercado de suelo. Al establecer un FOT básico igual a 1 en toda la ciudad se propicia una reducción en los precios del suelo, ya que estos dependen de la edificabilidad de cada parcela. Esto beneficia tanto a desarrolladores inmobiliarios en procura de suelo barato para construir y vender diversos productos inmobiliarios como a los pobladores interesados en adquirir lotes a precio razonable para construir su vivienda utilizando sólo el FOT básico.

-          De promoción del desarrollo urbano compacto: por lo explicado en el punto anterior, si la utilización voluntaria del instrumento es preferida por sobre la adquisición de suelo adicional, dada la mayor rentabilidad de la primer alternativa, se incentivaría la consolidación de áreas provistas de servicios, promoviendo la utilización del FOT máximo, y evitando de esa manera la ocupación de mayor superficie de suelo periférico y la consiguiente dispersión urbana.

Haríamos bien en incorporar estos temas al debate, tratando de que el tan mentado derecho a la ciudad deje de ser una consigna de moda para transformarse gradualmente en una realidad concreta para todos.-

Publicado en el diario La Calle el día 7 de Agosto de 2022.- 

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EL CENTRO CULTURAL URQUIZA PRESENTÓ SU INICIATIVA PARA CONCRETAR EL MUSEO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL

Tuvo lugar el pasado día Viernes en el salón del Club Social de Concepción del Uruguay el acto de presentación de la iniciativa del Centro Cultural Urquiza para concretar el Museo de la Organización Nacional en la casa que fuera del primer presidente constitucional argentino, Justo José de Urquiza.

En representación del Sr. Gobernador de la Provincia, Cdor. Gustavo Bordet, que hizo llegar una salutación a la que se dió lectura, se hizo presente la Secretaria de Cultura, Francisca D´Agostino. Concurrieron al acto, entre otras autoridades, el Presidente Municipal Dr. Martín Oliva, el ex Presidente Municipal Dr. José Eduardo Lauritto, funcionarios municipales e integrantes de todos los bloques del Honorable Concejo Deliberante local, intendentes de localidades vecinas, las diputadas nacionales Gabriela Lena y Sabrina Ajmechet y el diputado provincial Jorge Satto. También asistieron numerosos representantes de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad y la región. Ante una concurrencia que desbordó el salón, y tras las palabras de bienvenida por parte de la Presidenta del Club Social, Dra. Andrea Cabrera, se dio inicio formalmente al acto con las palabras del Dr. Fidel Rodríguez, Presidente de la sub comisión del Centro abocada a impulsar el proyecto del Museo, y del Lic. Hugo Barreto, Presidente del CCU, quien mencionó y agradeció a las más de 60 instituciones que hicieron llegar su apoyo explícito a la iniciativa. Posteriormente se brindó una presentación en la que la Profesora Luisa Baggio, con la ayuda de banners y audios, mostró algunos de los contenidos y temas que deberían dar vida al futuro museo. 

Cabe recordar que la propuesta del CCU para concretar el Museo cuenta con el aval de diversas iniciativas legislativas; un proyecto de declaración de la diputada nacional Gabriela Lena con dictamen favorable de la Comisión de Cultura, y sendos proyectos de declaración del diputado provincial Jorge Satto y de comunicación del Senador del Departamento Uruguay Horacio Amavet, aprobados por las respectivas cámaras. El Honorable Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay también se ha pronunciado a favor de la concreción del Museo de la Organización Nacional en la casa de Urquiza, declarándolo de interés municipal. La diputada Sabrina Ajmechet por su parte, tras el acto manifestó su apoyo al proyecto señalando que “la idea de este sueño es crear un museo en el que todos los argentinos tengamos un lugar para recordar los inicios de nuestra Patria”, y enfatizó que “lo queremos ver hecho realidad”.     

El Centro Cultural Urquiza agradece la presencia de quienes nos acompañaron y todas las adhesiones y salutaciones recibidas. Manifestamos un agradecimiento especial al Club Social y a las empresas que colaboraron desinteresadamente en la organización del acto, Río Uruguay Seguros y Multipago. Esos avales alientan y motivan a seguir redoblando esfuerzos en pos de concretar el sueño de tener en el centro de la Capital Histórica de Entre Ríos y Cuna de la Organización Nacional un museo digno de nuestras mejores tradiciones y a la vez un museo del siglo 22, un museo que nos ayude a construir el futuro de nuestro rico pasado.-     

 

 

Hugo Barreto

Presidente del Centro Cultural Justo José de Urquiza

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CÓMO DISMINUIR EL DÉFICIT HABITACIONAL SIN PONER UN CENTAVO DEL ESTADO

Por José Antonio Artusi

Tenemos un enorme déficit habitacional en Argentina. No sabemos exactamente el número, pero Se trata de  millones de familias privadas del acceso a una vivienda adecuada.

Es imposible revertir ese déficit habitacional haciendo más o menos lo que venimos haciendo desde hace décadas. Es imperioso cambiar de manera estructural, poniendo en marcha políticas públicas ambiciosas pero factibles, que articulen de la manera más eficaz posible los recursos ociosos que tenemos. 

Nos referiremos aquí a una herramienta específica, los convenios urbanísticos para la movilización de tierras fiscales en desuso.

Para el caso de Concepción del Uruguay hemos hecho cálculos rápidos estimativos para un ejemplo concreto, y las conclusiones pueden parecer sorprendentes: si la Municipalidad consiguiera que el Estado nacional le transfiera sólo 20 hectáreas contiguas a la trama urbana consolidada podría financiar la construcción de infraestructura, equipamiento comunitario, espacios verdes y 500 viviendas sociales, sin poner un centavo del presupuesto municipal. Adicionalmente se construirían alrededor de 500 viviendas, locales comerciales, oficinas y espacios para diversas actividades económicas a adquirir a precios de mercado.

La inclusión de usos rentables del suelo y vivienda de interés social, junto con la mixtura de usos permitiría evitar la excesiva segregación social y el carácter monofuncional que generalmente presentan los conjuntos de viviendas de los institutos provinciales, problemas mencionados reiteradamente año tras año en las auditorías del FONAVI.     

Cómo podría ser el trazo grueso de la secuencia del proceso que imaginamos?

1) El primer paso consistiría obviamente en conseguir el suelo. Hay disponibilidad de suelo vacante de diversos organismos nacionales, en buena ubicación. Es irracional, y hasta inmoral, naturalizar que ese suelo público quede ocioso para siempre, cuando existen tantas necesidades insatisfechas.

2) El segundo paso consistiría en hacer un plan de sector para la urbanización del área, previendo mixtura de usos del suelo, trazado integrado a la ciudad, espacios verdes, equipamiento comunitario, viviendas, comercios, oficinas, actividades económicas, deportivas, culturales, etc. El plan debería también prever densidades medias, para aprovechar adecuadamente el suelo y para abaratar el costo per cápita de la provisión de infraestructura de servicios públicos. Las compacidades y densidades así resultantes contribuirían a su vez a la eficiencia energética y a patrones de movilidad sostenible, favoreciendo desplazamientos no motorizados y aumentando la eficiencia de los sistemas de transporte público colectivo. La mayor edificabilidad también permitiría una mayor rentabilidad de la faz comercial del proyecto, y por lo tanto permitiría recuperar mayor valorización por parte del municipio para destinar a vivienda social y equipamiento comunitario.

3) El tercer paso consistiría en convocar a concursos de arquitectura para seleccionar los proyectos que en su conjunto conformarían el plan de sector. En el caso de las viviendas, tanto de mercado como sociales, debería procurarse diversidad tipológica, flexibilidad para ampliaciones e incorporación de actividades económicas, y eficiencia energética, tanto desde el punto de vista de la arquitectura pasiva como de la utilización de energías renovables y gestión adecuada de los recursos hídricos y los residuos domiciliarios.

4) El cuarto paso consistiría en convocar por licitación pública a desarrolladores inmobiliarios a participar en un convenio urbanístico encargado de financiar el proyecto. Los desarrolladores aportarían el capital financiero para afrontar los costos de la infraestructura y la construcción de viviendas y edificios.

5) Los desarrolladores obtendrían su utilidad de la diferencia entre las ventas totales de las viviendas de mercado, las oficinas, locales, etc. menos el costo total de construcción de infraestructura y edificios, incluyendo las viviendas sociales a entregar al municipio.

6) Los desarrolladores podrían obtener financiación para construir los proyectos de diversas fuentes, el crédito bancario (acá, obviamente, al igual que en el punto siguiente hay mucho por mejorar) o a través de los aportes de los propios interesados, en diversas modalidades tal como las que son usuales en el mercado.

7) Los interesados en adquirir las viviendas de mercado podrían optar entre las alternativas de financiación de los desarrolladores antes del inicio de las obras o durante la construcción, o bien obtener un crédito hipotecario y adquirir la vivienda terminada.

 8) El municipio obtendría las viviendas sociales sin poner un centavo, y las otorgaría a familias que no tienen recursos para adquirirlas en el mercado. Pero deberían pagarlas, a largo plazo.

9) Los recuperos de las cuotas de viviendas sociales deberían alimentar, junto a otras fuentes de ingresos, un fondo de desarrollo urbano que podría financiar un banco de tierras y la urbanización y construcción de viviendas y equipamiento comunitario en otras áreas.  El fondo de desarrollo urbano también podría, para casos de familias con menores ingresos, financiar la provisión de terrenos con servicios, aptos para programas de autoconstrucción vinculados con acciones de capacitación en oficios.

Proyectos de este tipo permitirían construir un número significativo de viviendas sociales pero también contribuiría a mejorar la asequibilidad para sectores medios, y reactivaría notablemente la construcción con todo lo que ello implica en términos de empleo y dinamización de la actividad comercial.-     

Publicado en el diario La Calle el día 24 de Julio de 2022.- 

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SIN INFRAESTRUCTURA NO HAY DESARROLLO

Por José Antonio Artusi

La Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción publicó un informe en el que analiza la evolución de la obra pública provincial en Entre Ríos entre 2009 y 2021.

Este artículo se limitará, casi, a reproducir textualmente algunos de los párrafos del informe, que el lector interesado podrá leer completo en su página web https://camarcoentrerios.org.ar/.

Cabe aclarar que “los valores son expresados en moneda homogénea por la metodología expresada, y pueden ser comparados entre sí”.

“La Obra Pública en la provincia de Entre Ríos ha tenido un proceso de reducción paulatina y continua, alcanzando niveles relativamente bajos comparativamente con años anteriores. En el 2014 por ejemplo, la ejecución de obra pública superó los $41,0 mil millones, mientras que el ejecutado de 2021 fue de $14,5 mil millones, lo que implica una tercera parte de lo ejecutado otrora.

También podemos analizar que la baja es constante, dado que en la ecuación de la línea de tendencia marca que, de la serie expuesta, existe una propensión a reducir $2.650 millones la ejecución de Obra Pública año tras año. Se remarca además que el porcentaje de ejecución de lo presupuestado ronda el 35% en promedio, siendo junto al inciso de “Activos Financieros” donde están las Viviendas, las únicas sub-ejecuciones significativas que manifiesta el presupuesto provincial. En el año 2021 por ejemplo, la sub-ejecución alcanzo al 31%, es decir que se presupuestaron $46.735 millones y se ejecutaron $ 14.457 millones.”

“El 61% de la obra ejecutada es para “Reparación y mantenimiento”, un 10% es de “Ampliaciones y

remodelaciones” y solo un 29% de la obra ejecutada es "Obra Nueva”. Si entendemos que el grueso de la obra que se ejecuta en la provincia es por reparaciones y mantenimiento de obras preexistentes, y que ésta en general ha sufrido la baja a la quinta parte de lo que se ejecutaba en otros años, podemos asegurar que la Provincia no está realizando las inversiones mínimas requeridas para mantener la infraestructura actual, produciéndose de esta manera un deterioro constante en las obras existentes. Esto es claramente verificable en los caminos rurales, el estado de las rutas provinciales, las escuelas, los hospitales, etc.”

“Si tomamos la población de Entre Ríos al censo 2010 y las variaciones intercensales y lo referenciamos a la Obra Pública ejecutada, se puede arribar a que en algún momento la provincia invirtió en obra pública $32.265 por habitante (año 2014), y en el ejecutado del 2021 de $10.805 por habitante, lo que nos da como resultado un tercio de siete años atrás”.

“La evolución de la obra pública con funcionalidad de “Rutas y caminos” tiene un comportamiento equivalente a la obra pública en general. Viene decreciendo al ritmo de $1.759 millones año a año. En el año 2009, por ejemplo, se invirtió (a precios actuales) $22.094 millones, mientras que en el 2021 se invirtió $6.437 millones, unas 3 veces menos. La ejecución promedia el 42% de lo presupuestado. También, entendiendo que más del 90% de la Obra en caminos es de “Reparación y mantenimiento” (gráfico 5 G5); se puede asegurar que la inversión en mantenimiento de caminos se ha reducido en más de 3 veces”.

“La evolución de la inversión en Vivienda de la provincia viene sufriendo una reducción paulatina que ronda los $680 millones todos los años en promedio, en relación al año anterior. En el ejercicio 2009 la inversión ejecutada en Viviendas alcanzo los $10.256 millones; mientras que en el 2021 alcanza los $2.429 millones, siendo un 24% del valor invertido hace 12 años”.

“Durante 2009, por ejemplo, se invirtieron en viviendas del IAPV $29.096 por cada vivienda existente; en el 2021, en cambio, la inversión por vivienda fue de $4.764. Es decir, se invierte más de 6 veces menos que 12 años atrás. Un análisis equivalente se puede hacer si tenemos en cuenta la inversión en vivienda por habitante”.

“Si comparamos el porcentaje de participación de la Obra Pública y de la Vivienda sobre lo ejecutado, podemos ver que estas participaron en un 4% y un 0,7% respectivamente sobre todo lo devengado en el año. Esta participación ha venido disminuyéndose presupuesto tras presupuesto.

Por ejemplo, en el año 2009, la Obra Publica representó un 9% de lo ejecutado en el año y la vivienda un 2,7%.”

En lo que respecta a viviendas la tendencia que muestra el informe coincide con la que se puede inferir de las auditorías del FONAVI. Sólo para dar un ejemplo, en 2019 el IAPV terminó sólo 399 viviendas, utilizando recursos del FONAVI y de programas federales; menos de un tercio de las 1353 que se terminaron en 2002, solamente con recursos del FONAVI.    

Saque el lector sus propias conclusiones. Que cada uno elabore su propio diagnóstico y sus propias propuestas alternativas para salir de esta situación enormemente deficitaria. Pero hay algo que es innegable: Es imprescindible revertir la tendencia. Con estos niveles de inversión real en obras públicas y viviendas es imposible aspirar a tener la infraestructura y el hábitat que los entrerrianos necesitamos para comenzar a acercarnos a las metas del desarrollo sostenible.- 

Publicado en el diario La Calle el día 17 de Julio de 2022.-

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EL MAL LLAMADO “SALARIO BÁSICO UNIVERSAL” ES UNA PÉSIMA IDEA

Por José Antonio Artusi

Legisladores oficialistas han presentado un proyecto de ley para crear lo que denominan, incorrectamente, “salario básico universal”. Comencemos por lo obvio; es imposible encarar un debate serio sin ponernos de acuerdo en el significado de las palabras. El SBU, contrariando su propio nombre, no es universal; además no es incondicional ni individual, y por lo tanto no tiene nada que ver con otra idea que sí tiene esos atributos esenciales, el ingreso básico universal o ingreso ciudadano. El SBU surge, más allá de los ropajes seudo progresistas con los que se lo viste, y más allá de las imposturas del lenguaje, de una matriz de pensamiento conservador y paternalista, antiliberal. Diseñar políticas públicas basadas en esa matriz populista y demagógica sólo llevará a profundizar nuestro atraso y a condenar a los pobres a situaciones de sometimiento y falta de oportunidades de verdadera integración y movilidad social ascendente.  Los privará de los beneficios de una democracia plena, entendida – siguiendo a Hipólito Yrigoyen – como aquella que no sólo garantiza las libertades políticas sino que entraña a la vez la posibilidad para todos de poder alcanzar un mínimum de felicidad siquiera. Y está claro que la posibilidad de alcanzar ese mínimo de felicidad está indisolublemente unida al acceso a las condiciones materiales de la libertad.

Afortunadamente han surgido algunas voces lúcidas a denunciar las falacias de la propuesta y a mostrar alternativas. Daniel Nieto sostiene que “la propuesta del “salario básico universal”, que empuja en estos días el Frente de Todos en el Congreso, no tiene otro objetivo que organizar en los márgenes del sistema económico la regimentación de los trabajadores informales en el marco de las propias organizaciones sociales, que pasarían a ocupar el rol de ser la contraparte patronal del “salario universal”. No hay nada de progresista en esta propuesta, más emparentada con la organización medieval del trabajo y con formas de dominación social pre modernas. Un modelo de este tipo es claramente disfuncional para la integración social de los sectores informales, ya que los aísla del mercado de trabajo formal y los condena a una existencia tutelada por las organizaciones”. (https://seul.ar/planes-sociales-organiz/). Hace casi un año, este mismo autor alertaba que “la tesis del “empleo garantizado” o de “salario universal” no es muy distinta a lo que ya fracasó en los modelos colectivistas construidos por el stalinismo en el siglo XX o las corporaciones de trabajo del medioevo en las que se inspiran los pensamientos eclesiásticos sobre el trabajo…” (https://seul.ar/planes-sociales/). 

Rubén Lo Vuolo, por su parte, argumenta “que este tipo de programas consolida la segmentación social, estigmatiza a las personas beneficiarias de asistencia, al tiempo que sigue construyendo mecanismos de control social que dividen y enfrentan a la propia fuerza laboral. Es un modo de regulación “estática” de la pobreza y el empleo precario que, en lugar de “integrar” la protección social de la fuerza laboral, fragmenta programas según criterios arbitrarios del poder político” (https://www.eldiarioar.com/opinion/salario-basico-universal-notas-proyecto-ley_129_9079871.html)   

El ingreso ciudadano – conceptualmente en las antípodas – es la verdadera alternativa al SBU y es mucho más que un programa temporario de ayuda, no es un "plan", ni una dádiva, ni un subsidio, sino una política pública permanente que responde a un derecho de ciudadanía, universal e incondicional, justificado de manera brillante por Thomas Paine a fines del siglo XVIII.

El empleo precario garantizado para algunos, que de eso se trataría el SBU, con remuneraciones que con suerte sólo permiten no caer en la indigencia, implica profundizar la dependencia y el clientelismo. Su implementación agravaría la segregación y la exclusión de los más vulnerables, además de hacerlos caer en la “trampa de la pobreza”, fenómeno que se advierte claramente cuando los beneficiarios de los “planes” son desalentados a buscar empleos formales, condición que los haría   perder el beneficio, condicionado precisamente a su permanencia como pobres o desocupados. Estar obligado a aceptar, para poder subsistir, un remedo de empleo, realizando alguna tarea poco productiva que puede probablemente automatizarse, en condiciones inseguras o insalubres, sujeto a la discrecionalidad del jefe de turno; es denigrante, no construye ciudadanía ni brinda posibilidades de desarrollo humano integral, y acerca al término “trabajo” a su ominoso origen etimológico, más que al significado virtuoso que tiene el trabajo productivo y socialmente útil: la palabra trabajo viene de trabajar y esta del latín tripaliare. Tripaliare viene de tripalium, un yugo hecho con tres palos en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos.

Aldo Isuani lo resumió así en Twitter: “Salario universal pero para pobres; asignación por hijo universal pero para pobres; la salud pública universal pero para pobres; la educación pública universal pero cada vez más para pobres. Qué concepto tan raro tiene el kirchnerismo sobre lo que es universal!”,

Un verdadero ingreso ciudadano, individual, universal en serio e incondicional, en cambio, promovería el trabajo digno – en sentido contrario a lo que generalmente se cree – y sería un instrumento eficaz al servicio de la posibilidad real de ejercer derechos económicos y sociales desde una perspectiva de autodeterminación y libertad.

Llamemos a las cosas por su nombre, para que los rótulos mentirosos no nos engañen. El SBU es una trampa. Cuanto antes nos demos cuenta, mejor.-

Publicado en el diario La Calle el día 10 de Julio de 2022.- 

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NUEVOS Y VIEJOS DESAFÍOS DE LOS MUNICIPIOS

 Por José Antonio Artusi

La cuestión del municipalismo argentino es quizás previa a nuestra historia como Nación independiente, pues en alguna medida  los municipios son herederos de los antiguos cabildos. Sarmiento sostuvo que lo local "...es la Municipalidad, es la sociedad en relación al suelo, es la tierra, las casas, las calles y las familias consideradas como una sola cosa. Todo lo que se liga, pues, a la localidad en que residimos es municipal”. Y, anticipándose a dilemas que se van a presentar luego en las provincias a la hora de diseñar los regímenes municipales, enfatizó lo siguiente: “La Municipalidad existe o debe existir donde quiera que hay habitantes. El Municipio o Ayuntamiento no tiene tamaño especial, ni lo traza el legislador. Existe antes que él, o se forma a su vista. Una ciudad capital es un municipio; una ciudad, una villa, una aldea son municipios, una campaña cultivada es un municipio; porque no se concibe que haya habitantes que no estén clasificados en demarcaciones municipales”.

Hoy podemos analizar los retos y desafíos de los gobiernos locales desde diversos puntos de vista, considerándolos como:

- Célula básica de la democracia representativa. La representación política se ejerce a todo nivel, local, provincial y nacional; pero es en el ámbito local donde la distancia entre representantes y representados es menor.  Las conductas y prácticas de los ciudadanos y de sus mandatarios municipales, así como de quienes se desempeñan como funcionarios y empleados de las administraciones locales, en la medida en que evolucionen y se perfeccionen, pueden constituir un ejercicio valioso de aprendizaje y capitalización de experiencias, que debería nutrir luego la mejora de la calidad de la representación política en otros niveles. 

- Ámbito más apropiado para la participación ciudadana. Si consideramos que la democracia representativa debe ser enriquecida y complementada (sin que se vea desvirtuada por prácticas corporativas), con instancias de democracia participativa, la escala local aparece como la más apropiada para instrumentar mecanismos concretos en tal sentido, tales como consultas populares, planificación participativa, presupuestos participativos, audiencias públicas, juntas vecinales, etc.

- Nivel del Estado más próximo a la ciudadanía. Vinculado con los puntos anteriores, y en momentos en que los Estados nacionales ven amenazada su capacidad de maniobra en el contexto de la globalización, el ámbito local aparece como un nivel adecuado para intentar reconstruir la legitimidad de las políticas públicas y mejorar los servicios que se deben brindar desde lo estatal, que en lo cotidiano atraviesan ineludiblemente las competencias locales.   

-  Escala territorial en la que se manifiestan de manera concreta los problemas sociales. Los problemas considerados a nivel provincial o nacional pueden considerarse abstracciones; el déficit habitacional, por ejemplo, es un par de números y de indicadores a nivel nacional, el déficit cuantitativo y el déficit cualitativo; pero esos números surgen de la sumatoria de realidades concretas que se corporizan en los territorios locales, ya sea urbanos o rurales, y que por ende, en general, están ubicados en territorios sujetos a la jurisdicción de algún gobierno local.    

- Escenario de tensiones entre autonomía política y dependencia fiscal y económica. La autonomía política e institucional, y la asignación de amplias competencias y funciones atribuidas a los gobiernos locales chocan muchas veces con la dependencia de otros niveles de gobierno derivada de la escasez de recursos financieros para hacer frente a tales competencias. Si bien los sistemas de coparticipación aseguran un mínimo de previsibilidad y disponibilidad de recursos, todavía se corre el riesgo de que desde los gobiernos provincial y nacional se utilicen la asignación de partidas y de proyectos como mecanismo de sometimiento político, que obviamente reduce en la práctica los márgenes de autonomía reconocidos formalmente en la Constitución y en las leyes.    

- Espacio de articulación entre lo global y lo local. En un mundo cada vez más interconectado en tiempo real, y con territorios cada vez más interdependientes, las tendencias globalizadoras impactan en la escala local, y se retroalimentan de manera muy compleja. Es por eso imprescindible que los municipios y aún las comunas se preparen para asumir desafíos derivados de los impactos que tales tendencias, para mal y para bien, van a generar en sus localidades.     

- Encargados de enfrentar viejos y nuevos desafíos. Cuando aún no están resueltos muchos de los viejos desafíos, aparecen nuevos, que en muchos casos complejizan y agravan los anteriores problemas. A las tradicionales funciones derivadas de ordenar el espacio público y el tránsito, regular las edificaciones, mantener la higiene urbana, etc., se han ido sumando nuevas funciones, que llevan a las administraciones locales a asumir un rol integral: vivienda, hábitat, salud, seguridad, educación, desarrollo económico local, etc.

Si queremos construir una sociedad más justa y democrática no habrá forma de lograrlo sin ciudades y territorios saludables y sostenibles, seguros y pujantes. En ese enorme desafío, los municipios tienen mucho que aportar.- 

Publicado en el Diario La Calle el día 3 de Julio de 2022 

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EL CRIMEN DE LA POBREZA

Por José Antonio Artusi

Henry George pronunció en 1885 una conferencia que fue publicada con el título “El crimen de la miseria”. En esa ocasión sostuvo que “… la miseria es un crimen… que la miseria es un mal, el más acerbo de los males, todos lo sabemos. Carlyle tenía razón al decir que el infierno que más espanta a los ingleses es el infierno de la miseria… El mal derivado de la miseria no se limita a los pobres únicamente; circula a través de todas las clases, aún de las muy ricas”.

Niveles altos de pobreza persistente como los que tenemos en la Argentina hacen imposible que quienes la sufren puedan desplegar libremente su potencial humano, y ofrecen un obstáculo poderoso para que sus derechos políticos y sociales puedan ejercerse en plenitud. Quienes no tienen garantizado cotidianamente lo mínimo para vivir de manera digna son presa fácil de demagogos y populistas, que aprovechan sus impostergables necesidades para convertirlos en prisioneros de prácticas clientelares basadas en el intercambio de dádivas y favores por apoyo político. Los niños pobres sufren especialmente las consecuencias de su privación de derechos; son los que acceden a peores condiciones de educación y salud, y quedan en situaciones muy desventajosas para encontrar cuando sean adultos oportunidades de movilidad social ascendente a través del trabajo. Sarmiento lo vislumbró claramente, cuando señaló que “lo primero que debe atenderse en todo el país es a proporcionar a la clase más numerosa y menos acomodada los medios de llenar sus primeras necesidades y particularmente aquellas que tienen directa influencia sobre la higiene y la salud”. Moisés Lebensohn, ya en el siglo XX, nos enseñó de manera elocuente que “la existencia de cada ser humano depende de la condición económica de su hogar. Es necesario que termine la inicua injusticia que marca una trayectoria de desigualdad desde el seno materno, puesto que la existencia del niño que se está gestando en el seno de la madre desnutrida, despojada de protección, que ve la vida con amargura y miedo, no es igual a la existencia del niño que se está gestando en el seno de la madre que mira la vida con alegría, con alborozo y sin temores”.

La pobreza y sus manifestaciones, la exclusión y la segregación social, se concentra en asentamientos humanos cada vez más aislados y degradados, en los que diversos déficits - de empleo, educación, salud, vivienda, seguridad, etc. - se encadenan y retroalimentan en un círculo vicioso de reproducción del hábitat de la pobreza.         

El crecimiento de la pobreza en Argentina no es producto de una maldición divina ni de una oscura conspiración de fuerzas malévolas extranjeras. Es producto de políticas públicas desacertadas, acumuladas a lo largo de décadas. Los pobres son víctimas, sobre todo, de las acciones de aquellos que los adulan con consignas falaces y los distraen con enemigos imaginarios para ocultar su verdadero rostro, el de la postergación sistemática de las respuestas a las necesidades de los más desposeídos. Algunos datos sirven como ejemplo para constatarlo: En 2021 el programa Previaje, o sea subsidios a las clases medias y altas para viajes turísticos recibió más fondos que el FISU (Fondo para la Integración Socio Urbana), destinado a la urbanización de villas y asentamientos informales. Entre 2010 y 2021 hubo sólo 4 años en los que el gasto social total superó el gasto en subsidios energéticos: 2017, 2018, 2019 y 2020. En los demás, el gasto en subsidiar el despilfarro energético a los que pueden hacerlo insumió más recursos que el gasto destinado a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. Paradojas de una sociedad que parecería disfrutar engañándose a ella misma.      

Tenemos una matriz tributaria basada en impuestos regresivos y distorsivos que gravan el consumo y desalientan el trabajo, la inversión y las exportaciones, con las consecuencias lógicas en las dificultades para generar empleo genuino.  Y tenemos además políticas sociales absurdas, basadas en una bizarra superposición de subsidios focalizados y condicionales que generan dependencia y clientelismo, y que no promueven condiciones para el ascenso social porque, entre otras razones,  caen en la “trampa de la pobreza”, o sea desalientan a sus beneficiarios a trabajar y progresar. Y tenemos a su vez un sistema de salud injusto e ineficiente, que discrimina y condena a los que menos tienen. Si le sumamos la crisis del sistema educativo y su cada vez mayor segregación por estratos sociales tenemos la tormenta perfecta.

Necesitamos ordenar la economía y crecer, obviamente; son condiciones necesarias, pero no suficientes. Necesitamos también una profunda reforma de nuestro sistema impositivo y de las políticas sociales, asignar mejor los recursos, y transformar las políticas públicas que deberían brindan universalmente educación y salud de excelencia para todos.       

Si la pobreza realmente nos preocupa en serio deberíamos ocuparnos, teniendo en claro al menos tres premisas fundamentales: 

La pobreza estructural es incompatible con la democracia genuina y con el desarrollo sostenible.

La pobreza no es un fenómeno natural, es una consecuencia de nuestra deficiente organización social, y por lo tanto puede y debe revertirse.

La lucha contra la pobreza debería ser la prioridad número uno del próximo gobierno nacional.

Publicado en el diario La Calle el día 26 de Junio de 2022.- 

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