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Se presentaron el viernes en el Aula Bari de la Universidad de Concepción del Uruguay los trabajos desarrollados en el marco del Seminario Taller "Una visión urbana de la vivienda social. Hacia la construcción de indicadores de sostenibilidad",que se realizó como parte de las actividades de la Cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
El Seminario estuvo organizado en la cátedra de Planificación Urbanística de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, contando con la asistencia de alumnos, docentes y graduados de esta Facultad. El objetivo consistió en abordar la problemática de la vivienda social, entendiendo por vivienda social las soluciones habitacionales provistas por el Estado, desde la óptica de la sostenibilidad urbana. A lo largo del Seminario se analizaron y evaluaron las intervenciones en vivienda social en Concepción del Uruguay a partir de una combinación de indicadores que se construyeron de manera consensuada adaptando experiencias internacionales al respecto. Se confeccionó además una guía con un conjunto de lineamientos de diseño que se utilizó para propuestas de intervención para mejorar conjuntos de viviendas existentes, así como una propuesta de nuevo conjunto de vivienda utilizando el inmueble de la ex Central Caseros.
Las presentaciones de los trabajos se realizaron recurriendo a nuevas técnicas, tales como videos, presentaciones en flas y power point, etc, así como también a herramientas más tradicionales como maquetas y láminas.
El seminario estuvo a cargo de la titular de la Cátedra, Arq. Graciela Falivene, contando con la colaboración de la Arq. Patricia Costa y el Arq. José Antonio Artusi. Los docentes resaltaron la importancia de generar ámbitos académicos de formación y debate en torno al tema de la vivienda social, como modo de generar conciencia acerca de la necesidad de impulsar políticas públicas de gestión del suelo que hagan realidad el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad para todos.- Leer más...
Se realizó el Sábado en Caseros una Charla Debate sobre el régimen municipal en la Constitución reformada en 2008 y la necesidad de una nueva ley orgánica de municipios, que contó con una exposición del Dr. Jorge D´Agostino
El evento estuvo organizado de manera conjunta por la Unión Cívica Radical y la Unión Vecinal de Caseros, y se desarrolló con una buena asistencia de participantes, que, desafiando la pertinaz lluvia de la jornada,se hicieron presentes en el Salón Margarita Thea de la Municipalidad de Caseros.
Dió comienzo a la actividad el Presidente del Comité Departamental Uruguay de la UCR, José Luis Gurne, quien agradeció el esfuerzo de los organizadores y puso de manifiesto el sentido político de la iniciativa. A continuación el Dr. D´Agostino se refirió a los avances verificados en la reforma constitucional de 2008 en lo referente al régimen municipal, aunque lamentó que no se haya respetado de manera integral para todos los municipios el principio de la autonomía plena. El Dr. Jorge D´Agostino manifestó que es necesario reglamentar las instituciones de los municipios y comunas con leyes que procuren la mayor autonomía posible, y que no retaceen los logros obtenidos en la nueva Constitución. Posteriormente se generó un rico debate acerca de los nuevos desafíos de las gestiones locales.
Participaron en esta jornada concejales, dirigentes y militantes de Caseros, Pronunciamiento, Primero de Mayo, Villa Mantero, Basavilbaso y Concepción del Uruguay. Pudo observarse la presencia del intendente local, Carlos Farías, del Intendente de Primero de Mayo, Aníbal Rottoli, y del diputado provincial José Antonio Artusi, entre otros dirigentes.- Leer más...
Por José Antonio Artusi
En Entre Ríos, como en el resto del país, el déficit de vivienda configura un grave problema, que muestra con contundencia la enorme brecha que existe entre la enunciación de algunos derechos de raigambre constitucional y su goce efectivo en la realidad cotidiana.
Buena parte de las angustias cotidianas de millones de compatriotas se desprenden de la circunstancia de no contar con la posibilidad cierta de acceder a una vivienda digna y adecuada. Viviendas mal localizadas, por lo general distantes de los centros urbanos, segregadas en verdaderos ghettos urbanos o suburbanos, con cobertura insuficiente de servicios públicos, sin adecuados equipamientos urbanos y espacios verdes, rodeadas de espacios públicos degradados e inseguros; son una realidad incontrastable que sufren a diario miles de personas en muchas de nuestras ciudades. Esto, cuando el Estado ha logrado al menos brindar lo que ampulosamente se exhibe como “solución habitacional”. En muchos otros casos, ni siquiera se accede a eso, y lo que aparece son asentamientos irregulares en terrenos fiscales, villas de emergencia, ocupaciones ilegales, construcciones precarias hechas por los propios pobladores, etc.. La inseguridad en la tenencia, la falta generalizada de una política integral de vivienda, y la cristalización de un patrón inequitativo de distribución de la riqueza, con vastos sectores de la población sumergidos en la pobreza o en la indigencia de manera estructural, impide que estas aproximaciones espontáneas a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda arrojen resultados demasiado alentadores, y configuran por lo general intentos desesperados por encontrar al menos “un lugar donde vivir”. Aún así, no se puede dejar de reconocer que sin estos esfuerzos espontáneos de los sectores marginales urbanos la crisis de la vivienda adquiriría dimensiones mucho mayores.
Tuve el honor de colaborar en su momento con el bloque de convencionales constituyentes de la Unión Cívica Radical, y propuse en relación a este tema un anteproyecto que varios convencionales radicales hicieron suyo y presentaron como proyecto de reforma. La redacción del artículo a incluir era la siguiente: "Quedan garantizados en la Provincia para todos sus habitantes los derechos a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivos estos derechos, planificando y regulando la utilización del suelo y promoviendo el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación y con miras al uso racional y equitativo del territorio y los recursos naturales. La comunidad participará en las plusvalías que genere la inversión de los entes estatales en obras de infraestructura de servicios públicos y equipamiento comunitario". El proyecto fue tratado junto con otros que se referían a la vivienda, y finalmente surgió un texto que dió origen al actual artículo 25 de la Constitución provincial, que establece textualmente: "El Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados". Como se puede apreciar, algunos conceptos quedaron, lamentablemente, en el camino, pero se consolidaron otros. No se pudo incorporar la mención a la obligación del Estado de la regulación del uso del suelo y el ordenamiento territorial ni la participaciónde la comunidad en las plusvalías o rentas extraordinarias que se generan en inmuebles de privados por efecto de las inversiones públicas, inspirado en la Constitución de España, entre otros textos constitucionales. Pero debe reconocerse que son positivas las incorporaciones de la prioridad a otorgar a los sectores de menores recursos y la concertación de políticas de vivienda entre la provincia, los municipios y las comunas.
En nuestra provincia, lamentablemente, las disposiciones constitucionales distan de tener un reflejo coherente en las políticas públicas. El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda se limita a administrar los planes del FONAVI y los planes federales del gobierno nacional; y difícilmente pueda segurarse que el "Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna", y mucho menos que las políticas tienen un sesgo "en especial destinado a los sectores de menores recursos". Un grave problema es la generalizada falta de coordinación y articulación entre los municipios y la provincia, y por lo general - con honrosas excepciones que confirman la regla - los municipios no implementan políticas de gestión del suelo, por lo que carecen de bancos de tierra que permitan alojar los nuevos conjuntos de vivienda en áreas adecuadas, de acuerdo a un proceso racional de planificación del desarrollo urbano. Las consecuencias están a la vista: conjuntos de vivienda cada vez más alejados, en tierras baratas pero muchas veces inadecuadas desde el punto de vista ambiental, en zonas prácticamente rurales, sin suficiente infraestructura y equipamiento. Esto refuerza una tendencia a la expansión urbana, con patrones de baja densidad, que encarecen cada vez más el tendido de redes de servicios públicos, que a su vez se transforma en un problema cada vez más acuciante para municipios desfinanciados. Se configura de esta manera un círculo vicioso, frente al que no se responde con políticas adecuadas. Por otro lado, los sectores más marginados de la sociedad, ante la falta de respuestas desde el Estado, optan por realizar asentamientos informales en tierras públicas o privadas, buscando condiciones mínimas de accesibilidad y centralidad.
Urge encontrar políticas adecuadas para enfrentar con racionalidad y equidad estos dilemas. Ni el crecimiento económico ni el mercado resolverán mágicamente el problema de la vivienda. Se necesita una acción articulada de todos los niveles del Estado, desde la Nación hasta los municipios. A nivel nacional es imprescindible contar con una ley marco de ordenamiento territorial y uso del suelo, y también es necesario tener una legislación de ese tipo a nivel provincial. Estamos abocados a la redacción de una propuesta en ese sentido. Por otra parte, es necesario que el gobierno nacional refuerce el programa FONAVI con sentido federal, y deje de lado la discrecionalidad arbitraria de los programas federales. A nivel provincial, es menester articular esfuerzos entre la provincia y los gobiernos locales, como manda la Constitución, para tener políticas de gestión del suelo que permitan tener viviendas dignas para todos, viviendas que construyan ciudad, y por ende ciudadanía.
Existen algunos pocos ejemplos de municipios, en nuestra provincia y en otras, que muestran cómo se puede tener políticas locales de gestión del suelo que permiten a las administraciones municipales hacerse de tierra bien localizada en áreas consolidadaes, evitando de esta manera la expansión descontrolada, con los consiguientes mayores costos y degradación de la estructura urbana. Es hora de aprender de esos ejemplos.-
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El diputado provincial entrerriano José Antonio Artusi (UCR) anunció que presentará un proyecto de resolución tendiente a solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que disponga acciones conducentes a lograr, en el menor plazo posible, la elaboración e implementación de planes, programas y proyectos que garanticen el tratamiento adecuado de los líquidos cloacales de la totalidad de las localidades que vuelcan los mismos al río Uruguay o a alguno de sus afluentes, en el tramo compartido entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
El presidente del bloque radical consideró que "la contaminación bacteriológica del río Uruguay en su tramo inferior, compartido entre nuestro país y el Uruguay, no es un dato novedoso. Uno de los factores que inciden negativamente en la persistencia de este problema es la falta de tratamiento de buena parte de los efluentes cloacales de las ciudades ribereñas, que son volcados crudos, directamente al río Uruguay o bien a algunos de los ríos y arroyos de su cuenca. La mayoría de las localidades carecen de plantas de tratamiento, con el consiguiente efecto perjudicial en la calidad de las aguas. Este deterioro ambiental viene siendo reconocido desde hace muchos años, tanto por los estudios periódicos que se hacían en el marco del Programa PROCON de la CARU como por estudios realizados por organismos municipales, provinciales y nacionales, a los que viene a agregarse recientemente un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial."
Artusi enfatizó que "está claro que el problema no tendrá solución hasta tanto no se tomen acciones contundentes y coordinadas, y que no puede esperarse alegremente que cada municipio, en un contexto de recursos escasos, resuelva por sí sólo el problema. Es menester en este caso asumir una visión propia del enfoque de la gestión integral de los recursos hídricos y hacerlo a nivel de cuenca, haciendo intervenir a todos los organismos y jurisdicciones involucrados. De otra manera, sin una visión y acción de conjunto, queda claro que no se podrá dar una respuesta acorde a la magnitud del problema. Se trata de una cuestión que excede los límites jurisdiccionales de cada localidad, puesto que la falta de tratamiento de los líquidos cloacales tiene un impacto en el entorno inmediato pero también repercute por lo general en los territorios y núcleos urbanos situados aguas abajo, en una y otra orilla del río".
El legislador uruguayense afirmó que "consecuentemente, el carácter binacional de la región transfronteriza del bajo río Uruguay es un factor adicional de complejidad, pero debe a la vez verse como una oportunidad. Es mucho lo que está en juego, la salud ambiental y humana, la posibilidad de que el río siga siendo el sostén de numerosas actividades productivas y de servicios como el turismo, etc.. Está claro también que no se trata del único problema ambiental del río Uruguay, afectado a su vez por industrias que no cumplen las normativas vigentes, por el impacto de una incorrecta gestión de los residuos, y por el uso inadecuado de productos agroquímicos en algunos casos, entre otros factores".
No obstante, el diputado Artusi señaló que "ello no debe ser un obstáculo para avanzar en la solución del problema que nos ocupa en este caso y que proponemos atacar decididamente, haciendo que la provincia, la Nación, los municipios y comunas, y las autoridades de la vecina orilla articulen acciones y asuman compromisos concretos para avanzar en una asignatura pendiente que ya ha sido demorada demasiado. Asignatura pendiente, por otra parte, de la que poco se habla, pero que constituye una grave y seria amenaza para las posibilidades de nuestra región de garantizar una perspectiva de desarrollo humano sustentable". Leer más...
Diputados provinciales de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de resolución por el que proponen solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que "reconozca la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA)".
En los fundamentos del proyecto, una iniciativa del presidente del bloque radical, José Antonio Artusi y que lleva también la firma de los diputados Mirta Alderete y Marcelo López,se sostiene que "la Central de Trabajadores Argentinos viene solicitando sin éxito desde el año 2004 el reconocimiento de su personería gremial". "Consideramos que la dilación del gobierno nacional constituye una flagrante violación a la libertad y a la democracia sindical"; consideraron los legisladores de la UCR.
A continuación, el texto completo del proyecto:
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.-. Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que reconozca la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio Nº 87 de la Organización Internacional del Trabajo.
ARTÍCULO 2°.- Solicitar a la H. Cámara de Senadores y a la H. Cámara de Diputados de la Nación que procedan a exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a obrar en el mismo sentido de lo solicitado en el Artículo 1° de la presente resolución.
ARTÍCULO 3º.- De forma.-
ARTUSI
FUNDAMENTOS
Honorable Cámara:
La Central de Trabajadores Argentinos viene solicitando sin éxito desde el año 2004 el reconocimiento de su personería gremial. Consideramos que la dilación del gobierno nacional constituye una flagrante violación a la libertad y a la democracia sindical. En tal sentido reproducimos a continuación parte de un documento que la propia CTA divulgó en su página web:
“La reciente visita de una Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pudo verificar en vivo y en directo la falta de libertad y democracia sindical que existe en nuestro país y las derivaciones que tiene la falta de apego del Gobierno argentino al Convenio 87 de la OIT para los trabajadores que sufren magros salarios, precarización laboral y persecución sindical. Hay una cuenta regresiva ante la respuesta negativa del Gobierno; es insostenible la posición oficial de seguir desconociendo los informes de la OIT, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la demanda de la CTA. La Central lleva desde su fundación, hace casi dos décadas, una lucha incesante por la libertad y la democracia sindical en la Argentina que se resume a, ni más ni menos, exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional. La discriminación a la que está sujeta la CTA y cientos de otros sindicatos es evidente y marca la consigna con la que más de 15 mil trabajadoras y trabajdores se movilizaron al Congreso Nacional el 6 de mayo: "En la Argentina no somos todos iguales". Los sindicatos simplemente inscriptos no pueden recaudar las cuotas de sus afiliados a través de la retención directa de la nómina salarial; no pueden participar en las elecciones de delegados del personal; no tienen fueros sindicales por la inacción de las autoridades en enviar al Congreso el proyecto de ley que adecue la ley argentina al Convenio de la OIT. Durante el año pasado se registraron 358 denuncias por violaciones a la libertad sindical en todo el país y el 37% de ellas fueron por "actos de violencia cometidos contra trabajadores con motivo de la realización de actividades gremiales". No hay justa distribución de la riqueza sin libertad y democracia sindical. El Gobierno persiste en desconocer el derecho de los trabajadores a organizarse sin ataduras de ninguna especie. El poder no quiere que se reconstruya la unidad de la clase obrera desde una perspectiva que cuestiona de raíz su fabulosa rentabilidad. Por eso se niega a permitir la elección de delegados en sus empresas. No es casual que el principal defensor del viejo modelo sindical sea Daniel Funes de Rioja, el emblemático abogado de la UIA. El Gobierno es partícipe necesario de esta estrategia de estigmatización del nuevo modelo sindical. Su negativa a otorgar la personería gremial a la CTA y a más de dos mil quinientas organizaciones sindicales simplemente inscriptas y a no conceder la simple inscripción gremial a cientos de nuevas organizaciones, no sólo es contraria a la Constitución Nacional. Extiende en el tiempo la indefensión de los trabajadores. Discutir la libertad y la democracia sindical no es un ejercicio retórico. No se trata de polemizar sobre modelos sindicales en abstracto. Por el contrario, remite a la vida concreta de miles de trabajadores que sufren en carne propia el atropello y la impunidad patronal.”
El 30 de Abril de 2010 los diputados nacionales Lozano, Basteiro, Giubergia, Cuccovillo, Iturraspe, Favario, Piemonte, Stolbizer, Gil Lozano, Merchan, Donda Pérez y Bonasso presentaron un proyecto de resolución por el que proponían “solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los organismos que correspondan, informe a esta Cámara sobre el estado del Trámite de personería gremial de la CTA iniciado en agosto del 2004, sin que hasta la fecha el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se haya pronunciado al respecto.” En los fundamentos de la iniciativa los legisladores sostenían que “atento el tiempo transcurrido sin haberse resuelto el tramite iniciado en 2004 para la obtención de la personería gremial por parte de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), es que los abajo firmantes venimos a solicitar al Poder Ejecutivo Nacional dé cuentas acerca del estado del tramite y las causas por las cuales el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no se ha expedido en relación al mismo. Han sido reiterados los reclamos efectuados por la Organización Internacional del Trabajo respecto de la necesidad de resolver, sin demora, la solicitud formulada por la CTA en el año 2004. Al respecto la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT para su informe a la 99ª reunión que se llevará a cabo en Ginebra en Junio del año 2010 se expidió en los siguientes términos: "La Comisión lamenta, una vez más, el largo tiempo transcurrido - más de cinco años - sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado en relación con el pedido de personería gremial de la CTA. En estas condiciones, teniendo en cuenta el perjuicio que produce esta situación en dicha organización sindical, la Comisión urge nuevamente al Gobierno a que sin demora se pronuncie al respecto y que informe sobre toda evolución en relación con esta cuestión." Cabe recordar que la personería gremial de la CTA fue solicitada en forma exclusiva teniendo en cuenta la personería gremial de sus sindicatos afiliados, sin requerir el cotejo con la Confederación General del Trabajo (CGT) ya que, en base a criterios establecidos en sede administrativa y judicial, las entidades de segundo y tercer grado pueden acceder a la personería gremial en concordancia con la que poseen sus sindicatos de base (sistema radial ascendente). La demora en resolver el trámite administrativo constituye una violación no sólo a los derechos sindicales de la CTA y los trabajadores que han optado por afiliarse a ella, tanto individualmente como a través de las organizaciones que la componen, sino que también implica un desconocimiento del derecho a un debido proceso, garantizado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Así, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el debido proceso debe ser respetado por cualquier autoridad pública, administrativa, judicial o legislativa, que a través de sus resoluciones determine el alcance de los derechos u obligaciones de las personas. En tal sentido, del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos se desprende que dentro del debido proceso se encuentra el derecho a obtener un pronunciamiento de la autoridad pública correspondiente en un plazo razonable. A su vez, este pronunciamiento debe estar fundado, y no puede estar sujeto al arbitrio del órgano estatal. La circunstancia de que el trámite iniciado por la CTA esté pronto a cumplir seis años sin resolución de ningún tipo da cuenta de la existencia de una afectación al debido proceso, que requiere ser subsanada a la brevedad por parte de la autoridad pública.”
A su vez el 5 de Mayo de 2010 los diputados nacionales Ciciliani, Fein, Viale, Barrios, Cuccolvillo y Cortina presentaron un proyecto de resolución, reproduciendo uno anterior del diputado nacional con mandato cumplido Hermes Binner, proponiendo “exhortar al Poder Ejecutivo a reconocer sin dilaciones la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio Nº 87 de la OIT, considerando que dicho reconocimiento consolidará el funcionamiento democrático del movimiento obrero argentino”. En los fundamentos, los legisladores mencionados consideran que “la Central de Trabajadores Argentina lleva seis años solicitando el otorgamiento de la personería gremial sin resultado alguno. La organización, pese a carecer de personería tiene cerca de un millón de afiliados y es reconocida en ámbitos nacionales e internacionales. Participa activamente en las instituciones del MERCOSUR, en el Consejo de Empleo, productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Su accionar gremial y su representatividad requieren un tratamiento jurídico acorde a su trascendencia, por ello hace años se viene reclamando el reconocimiento de la personería gremial que le posibilite ejercer sus funciones con plenitud de derechos y obligaciones. Consideramos que el gobierno argentino debe proceder en forma urgente a la concesión de la personería cumpliendo con el Convenio 87 de la OIT de libertad sindical y acatar las recomendaciones este organismo internacional ha formulado en el sentido de dar respuesta positiva a la solicitud interpuesta por la CTA. Este paso constituirá un aporte concreto hacia la construcción de un movimiento obrero democrático, con libertad sindical, lo que otorgará mayor capacidad de organización en defensa de los derechos de los trabajadores. Son las organizaciones sindicales las que juegan un rol decisivo para impulsar y avanzar hacia una mejor calidad del trabajo y un mayor y más estable empleo. En un país como el nuestro, donde la legislación laboral y los derechos de los trabajadores han sido devastados por la desregulación y las concepciones del neoliberalismo que han impuesto las reglas del mercado para tratar al trabajo como una mercancía más, los trabajadores deben poder participar en las organizaciones obreras con mayor libertad sindical. Este histórico reclamo debe ser atendido si queremos consolidar los cambios necesarios para revertir el negativo proceso gestado en las pasadas décadas contra los derechos de los trabajadores. La Central de Trabajadores Argentinos debe ser reconocida con la personería gremial correspondiente lo que sin duda alguna, fortalecerá al movimiento obrero y con ello, a los derechos de todos los trabajadores”.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos el pronto y favorable tratamiento del presente proyecto.
José Antonio ArtusiLeer más...
Se realizó el Sábado 15 en horas de la mañana en la sede del Comité Provincial de calle San Martín de Paraná la Asamblea sobre Educación organizada por el Instituto de Estudio, Investigación y Capacitación de la Unión Cívica Radical. Dieron la bienvenida a los presentes el Dr. Jorge Cura y el Rector del Instituto, Alvaro Guiffrey.
El seminario fue convocado para debatir acerca de un con junto de ideas que constituyan una propuesta sólida que impulse políticas de Estado en pos de una educación entrerriana que dé respuesta satisfactoria a las preocupaciones y demandas sociales impostergables.
Se trabajó en tres comisiones estructuradas alrededor de diferentes núcleos temáticos; “¿Qué Educación queremos?”, “Estructuras educativas” y “Problemáticas locales educativas”.
Se aportaron y discutieron numerosas ideas y planteos para la elaboración de políticas que deriven en planes, programas y proyectos que posibiliten a la UCR recuperar el prestigio de la escuela pública en nuestra provincia. Los organizadores expresaron que "resulta pertinente que el radicalismo, que es un partido que creció al calor de las luchas por la creación y extensión de la escuela pública en el país y en nuestra provincia, se reúna en asamblea para debatir alrededor de ejes que son fundamentales: Qué escuela queremos, qué pretendemos lograr a través de la educación, qué formación deseamos para nuestros niños y jóvenes, qué necesitan los adultos en materia educativa, cuáles son las prioridades de este tiempo, hacia dónde vamos o qué esperamos de la educación entrerriana en el corto, mediano y largo plazo."
Tras el trabajo en comisiones se reunió la asamblea en plenario y se comentaron las conclusiones. Se resolvió dejar constituida una Asamblea Permanente por la Educación Entrerriana, que seguirá trabajando, recibiendo aportes y propuestas, y se convino realizar una próxima jornada en una localidad del interior de la provincia.
Participaron del encuentro, entre otros dirigentes, el diputado nacional Jorge Chemes, la convencional constituyente (MC) Griselda De Paoli, y el diputado provincial José Antonio Artusi. Leer más...
El Gerente General de la empresa INVAP Sociedad del Estado, el Lic. Héctor Otheguy, brindó una conferencia en el Aula Magna de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional.
La disertación formó parte de los actos conmemorativos del 40° aniversario de la creación de la casa de estudios. Tras la presentación por parte del Ing. Mario Acuña y de la entrega por parte del Decano, Ing. Ansaldi, de la resolución que designa al Lic. Otheguy como Profesor Visitante de la Facultad, el Gerente General de INVAP brindó una reseña de la trayectoria de la empresa y brindó detalles acerca de algunos proyectos en marcha. "Exportando tecnología competititva desarrollada en Argentina: la experiencia de INVAP" fue el título de la presentación, que mostró como un modesto programa de investigación aplicada de la Comisión Nacional de Energía Atómica de principios de los '70 pudo convertirse luego en una empresa estatal, propiedad de la provincia de Río Negro, hasta convertirse en lo que es en la actualidad, una empresa líder en el mundo en reactores nucleares de investigación y radares, responsable de la mayor exportación de tecnología llave en mano de la historia argentina: el reactor OPAL vendido a la agencia nuclear australiana.
Ante un auditorio compuesto en su mayoría por estudiantes universitarios, de escuelas técnicas y docentes, Otheguy historió la evolución de la empresa y se refirió a los diversos campos en los actúa; el sector nuclear, el espacial, el industrial, la energía eólica, equipos para terapias oncológicas, etc..
Se hizo presente el diputado provincial José Antonio Artusi, presidente del bloque de la UCR, quien saludó y felicitó personalmente al Lic. Otheguy por los logros de la empresa, que, según señaló Artusi, "dejan bien parado en todo el mundo el prestigio de la ciencia y técnica argentina, y que demuestran que no estamos condenados a ser un mero exportador de productos primarios, sino que tenemos un enorme potencial de desarrollo industrial en sectores de tecnología de punta".- Leer más...
Sendos homenajes a la memoria de Enrique Pereira se realizaron el Viernes 14 de Mayo en Paraná, a un año de su muerte.
Posteriormente se realizó un homenaje en la Casa Radical organizado por el Comité Provincial de la UCR. Recordaron a quiene fuera el primer Rector del radicalismo entrerriano la Profesora Griselda De Paoli, su hijo Ramiro, y el diputado provincial José Antonio Artusi. Se leyeron numerosas adhesiones y mensajes de dirigentes radicales de todo el país.
El compromiso militante, la identificación plena y apasionada con los ideales y principios del radicalismo, la generosidad y el humor de Enrique fueron tópicos que fueron surgiendo reiteradamente de las expresiones de los oradores.
Posteriormente se descubrió una placa y se dejó inaugurada una muestra de libros, cuadros, fotos, y objetos históricos que forman parte del inmenso patrimonio histórico y documental que Enrique fue atesorando a lo largo de los años.Leer más...
Por Jorge Riani
Las manchas del dulce de membrillo sobre las fotocopias ahí estaban como indeleble evidencia del descuido. De algún modo se ingeniaba para que el membrillo de las facturas fuera a parar a las páginas de los libros, pero esa mañana de sol luminoso dieron de lleno en unas fotocopias.
No era el descuido más evidente ese día: la remera al revés saltaba a la vista general con la etiqueta hacia afuera desafiando el orden establecido. Cuando alguien le advirtió la situación, Enrique no dudó nada; se quitó la prenda en el salón repleto de clientes y se la calzó al derecho.
Por momentos quedó con el torso desnudo ante decenas de personas, y a la falta de rubor propio, las tonalidades encendidas alumbraron el rostro de todos lo que compartíamos mesa con él.
De ese modo desacartonado y decidido era Enrique. Capaz de acomodar las cosas sin reparar en las formas ni en convencionalismos. Si hasta ese momento alguien no se había dado cuenta de que tenía la remera al revés, pronto supo, al menos, que ese señor casi calvo, con una corona de pelo blanco absoluto era capaz, en el céntrico café, de ponerse en situación de bañista sin aviso previo.
Esa mañana estaba eufórico por la nota que EL DIARIO había publicado sobre su esmerado diccionario enciclopédico de la Unión Cívica Radical. Llegó a la hora acordada con la fotocopia de una nota firmada por Fabián Reato a la que luego añadió su marca personal de dulce de membrillo y me las dio. Acordamos que yo las leyera antes de escribir un pequeño artículo para “La Nación” sobre ese desvelo, su desvelo, que fue tomando cuerpo tímidamente hasta convertirse en un soberbio trabajo de investigación referido al más antiguo partido político de la República Argentina.
Enrique Pereira era un estudioso con modales de cómico. Hace hoy un año optó por dejarnos su recuerdo, en una decisión que condensa su condición de hombre profundamente apasionado y decidido.
Con él se fue un baluarte de un modo, casi extinguido, de vivir la política. La política como movilizador social, pero también como motor de superación personal.
No fue esa mañana, la de la remera al revés, la última vez que estuve con Enrique. Algunos días más tarde me convocó a su escritorio atiborrado de libros y fetiches políticos para hablar de algo que lo ocupaba mucho por esas horas: la condición ruinosa de dos periodistas. Estaba muy preocupado porque esos amigos pagaban caro cierto desaire al poder, que había intentando en vano alquilar sus lenguas y comprar sus dedos de dactilógrafos.
Lo de Enrique no era testimonio hueco; encaró una acción concreta que le hizo ganar algunos disgustos y enojos con los que respondía al desinterés general, a la indolencia vigente. Es probable que haya aderezado su carácter personal y sus decisiones solidarias con algunas experiencias inspiradoras.
Alguna vez contó que cuando la sombra de la dictadura le tocó el hombro, se le abrieron las puertas de EL DIARIO como salvaguarda para los días difíciles que le esperaban al país y su gente.
No habían pasado muchas semanas desde el golpe de Estado de 1976. Él regresaba con Luz de su viaje de bodas en Buenos Aires y lo primero que encontró al atravesar el umbral de su casa fue un telegrama de despido. Tachado como “peligroso” por el régimen, debió dejar su puesto en el Estado provincial. Tenía tres meses de casado y un horizonte de incertidumbre por delante, cuando lo llamó para integrarse a esta Redacción el doctor Arturo J. Etchevehere.
Conoció Enrique el fragor del cierre en madrugadas aceleradas. Abrazó la causa de un diario que nació oponiéndose al fascismo que comenzaba a pendular sobre la humanidad en los albores del siglo XX. Y se sintió como en casa en este diario, cuando afuera amenazaba otra nueva tormenta.
Una noche, Don Arturo lo comisionó para que vaya a recibir un premio comercial en nombre de EL DIARIO, en un acto del Club Social donde no faltaría algún paniaguado que vaya luego a contar a los usurpadores del poder que “el peligroso Pereira” estaba representando al diario de la ciudad. Fue un salvoconducto que le valió a Enrique para entonces y hasta el final de la noche larga.
De él, las reseñas biográficas aludirían a los cargos que ocupó en el radicalismo nacional y provincial, al premio “Manuel Hazaña” que le otorgaron en Madrid por su defensa a la causa republicana, a las notas en la revista “Todo es historia”, a su paso por la Embajada Argentina en España y a muchas otras cosas. Todo eso es cierto, pero Enrique era más todavía.
Era un polemista nato. Irónico, sesudo, documentado, dedicó buena parte de su vida a enfrentar a los enemigos de la democracia con su letra aguda y precisa. Es probable que haya sido el paranaense que más hizo enojar a los historiadores fascistas de los últimos lustros y que discutió públicamente con los añoradores del franquismo, por caso.
Su nombre era demonizado en los nidos escondidos de tacuaras que cantan loas a los tiranos.
Con su muerte, la conmoción pegó en varios lugares. Recuerdo haber recibido una cadena de correo con la expresión incrédula y conmovida de la lúcida Pilar Rahola, otro de Jaime Naifleisch, desde Barcelona.
Supimos que Enrique se había ido, y nos llevó un año advertir cuántas cosas se fueron con él: se fue un lector incurable, un estudioso activo, un documentalista comprometido con las causas justas, la memoria de lo que no hay que olvidar. Se fue un amigo.
Fuente: El Diario, Paraná
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