EL MUNDO DEL REVÉS

Por José Antonio Artusi

Hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos en dos países separados (o unidos) por un río. El primero, A, tiene petróleo, gas, carbón, y usinas nucleares. El segundo, B, no tiene nada de eso. El potencial de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables como la hidráulica, la solar, la eólica y la biomasa es mayor en A que en B. En ese mundo imaginario, como es lógico, A exporta energía a B. Pero en el mundo real, que a veces se parece al mundo del revés, A es Argentina y B es Uruguay, y Uruguay es exportador neto de energía hacia nuestro país. 

En un mundo que se enfrenta a desafíos ambientales y económicos cada vez más apremiantes, la búsqueda de fuentes de energía sostenibles se ha convertido en una prioridad global. En América Latina, algunos países han tomado la delantera en el desarrollo de energías renovables, y un ejemplo que merece especial atención es la República Oriental del Uruguay. En este contexto, Entre Ríos se encuentra frente a una oportunidad única para desarrollar su propio potencial energético y seguir un camino similar a su vecino del este.

Uruguay ha sido elogiado internacionalmente por su audaz transformación en el sector energético. Durante la última década, el país ha aumentado significativamente su capacidad de generación de energía a partir de fuentes renovables.

En lo que va del año, con datos al 19 de Septiembre, Uruguay ha satisfecho su demanda de consumo eléctrico recurriendo a la energía eólica (38%), hidráulica (24,4%), térmica (10,5%), biomasa (8,3%), y solar (3,5%). Es especialmente relevante lo concerniente al desarrollo de la energía hidráulica, la eólica y la originada en la biomasa. Un 15,2% ha sido cubierto con importaciones de energía de Brasil, y un porcentaje despreciable con energía procedente de la Argentina. Vale decir que casi tres cuartos del total del consumo eléctrico provino de fuentes renovables propias. Y tendríamos un porcentaje mayor de renovables en general si consideráramos la participación de las renovables en esa cuota de energía procedente de Brasil. Uruguay ha sido en este período exportador neto de energía hacia la Argentina. Recordemos, por las dudas, que Uruguay no tiene ni los vientos de la Patagonia ni el sol de Cauchari, en Jujuy. Sí ha tenido políticas públicas consistentes, implementadas con continuidad en el tiempo, incluso por administraciones de distinto signo político. Recordemos también que la inversión privada estuvo acompañada de la permanencia en el ámbito estatal de empresas estratégicas como ANCAP o UTE.           

Una de las claves del éxito de Uruguay fue su compromiso con la diversificación energética. A través de políticas gubernamentales sólidas y una visión a largo plazo, el país ha fomentado la inversión en energías renovables, lo que ha llevado a una reducción de las emisiones de carbono y a la generación de empleo en el sector.

La inversión en infraestructura es fundamental para el desarrollo de fuentes de energía renovable. Uruguay ha construido parques eólicos, plantas solares y de biomasa de gran envergadura, lo que ha permitido que su capacidad de generación crezca considerablemente.

Uruguay ha aprovechado la cooperación regional para impulsar su desarrollo energético. La interconexión con Argentina y Brasil ha permitido la exportación e importación de energía según la demanda, optimizando el uso de recursos y fortaleciendo la seguridad energética.

Uruguay ha mantenido la sostenibilidad en el centro de su agenda energética. El país se ha comprometido a obtener el 100% de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2025.

El desarrollo del potencial energético de Entre Ríos es un desafío apasionante e ineludible. De acuerdo a la primera ley de la geografía, que nos enseña que las cosas más próximas en el espacio tienen una relación mayor que las distantes, las condiciones naturales del Uruguay no deberían ser demasiado diferentes de las nuestras; y tenemos todavía un enorme potencial de generación de energía desaprovechado. Obviamente, Entre Ríos no es un país; es una provincia autónoma en el marco de un país federal, que ha carecido lamentablemente en las últimas décadas de políticas públicas adecuadas para la promoción del desarrollo energético. Está claro que no somos una isla, dependemos del contexto nacional, pero de todos modos es posible y necesario encontrar caminos propios para marchar en la dirección correcta, mientras demandamos a su vez que las políticas nacionales corrijan los disparates energéticos de los últimos años y la falta de planificación estratégica en el sector.     

Una oportunidad inmensa para protagonizar una verdadera revolución energética en Entre Ríos radica en la posibilidad de recuperar recursos provenientes de la explotación de la represa de Salto Grande, que corresponden a la provincia. Tengamos en cuenta que la energía generada se paga a sólo el 45% del precio con el que se remunera a la que produce Yaciretá, y que la energía que ENERSA compra a CAMMESA es 18 veces más cara que la que CTM vende a CAMMESA. Recuperar regalías y excedentes que legítimamente le pertenecen a los entrerrianos permitiría poner en marcha, entre otros ítems, un ambicioso programa de promoción de energías renovables y de eficiencia energética.     

Uruguay nos muestra que es posible transformar una matriz energética dependiente de los combustibles fósiles en una impulsada por energías limpias y renovables. Para Entre Ríos, mirar a su vecino del otro lado del río como ejemplo; sin idealizar, aprendiendo tanto de los aciertos como de los errores, podría ser una de las claves para un futuro más próspero y sostenible.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 24 de Septiembre de 2023.-

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RIVADAVIA Y URQUIZA, O LA FALSA CONTRADICCIÓN FUNDAMENTAL EN LA ARGENTINA DEL SIGLO XIX

Por José Antonio Artusi

La historia argentina del siglo XIX está marcada por una serie de conflictos y tensiones políticas que a menudo se han interpretado como el choque entre unitarios y federales. Sin embargo, una mirada más profunda, más estructural, nos podría revelar que la verdadera contradicción fundamental subyacente en esa época consistiría en la dicotomía entre "Civilización y Barbarie", tal como lo tituló Sarmiento. En este contexto, Bernardino Rivadavia y Justo José de Urquiza, dos figuras clave de la historia argentina, emergen como figuras que, a pesar de sus diferencias políticas aparentes, superficiales, compartieron en lo relevante una visión común para construir una Argentina moderna y progresista bajo el amparo de una Constitución republicana y liberal.

Para comprender las similitudes entre Rivadavia y Urquiza es esencial situar sus acciones en el contexto histórico de la Argentina del siglo XIX. La nación estaba dividida en facciones políticas enfrentadas, pero el conflicto central no estaba dado entre unitarios y federales, sino que podríamos centrarlo en el desafío de construir la "Civilización" en un territorio caracterizado por la "Barbarie". La civilización representaba la idea de un Estado organizado, con instituciones democráticas, promoción de la educación pública y el establecimiento de una economía capitalista moderna que dejara atrás las bases coloniales del monopolio y el proteccionismo, mientras que la barbarie se asociaba con el caos, el desorden, el latifundio y el atraso, propio de estructuras feudales que han sido a menudo confundidas con las genuinas banderas del federalismo. Rosas y Quiroga, federales impostores, encarnan la barbarie de la reacción caudillista, autoritaria e integrista frente a la dimensión liberal y progresista de la Revolución de Mayo. Artigas y Ramírez, con sus sombras y sus luces, más allá de sus errores representan a su vez el genuino federalismo popular y republicano.    

En 1826 Rivadavia impulsó la sanción de una Constitución nacional que buscaba establecer un gobierno representativo y republicano pero centralizado, “en unidad de régimen”; aunque otorgaba a las provincias sus propias facultades y cierta autonomía, por lo que cabría calificarla como híbrida, y no unitaria pura. Aunque su propuesta fue rechazada y su presidencia breve, Rivadavia compartía una visión clara de la Argentina como una nación que anhelara el progreso y la superación.

Por otro lado, Urquiza desempeñó un papel fundamental en la sanción de la Constitución nacional de 1853, que aún rige en la actualidad, más allá de sucesivas reformas, que en poco la mejoraron. Con raíces federales, Urquiza fue un líder pragmático y de gran visión estratégica - virtudes que le faltaron al idealista Rivadavia - que entendió la necesidad de una nación unida, organizada e integrada, hacia adentro y hacia el mundo. La Constitución de 1853 reflejó este equilibrio al establecer un sistema federal con un gobierno central fuerte y garantizar derechos individuales y amplias libertades civiles y políticas. Urquiza compartía con Rivadavia la visión de promover la educación pública, el laicismo, la inmigración, la colonización, la agricultura, la industria y el libre comercio, todo bajo el imperio de la ley y las instituciones constitucionales de la República. 

Nicanor Molinas Leiva dirá, a propósito de las coincidencias fundamentales entre ambos textos constitucionales, que “todo lo que nuestra Constitución ha innovado sobre modelo americano hay que ir a buscarlo en esa Constitución de 1826.  Todo lo que se refiere a declaraciones, derechos y garantías, a los derechos individuales y a los derechos colectivos, a los derechos civiles y a los derechos políticos, a las garantías constitucionales que los protegen, todo lo que se refiere a las relaciones del Legislativo y del Ejecutivo,…, todo está tomado, copiado o calcado de esa ajusticiada Constitución rivadaviana de 1826.”      

La enfiteusis rivadaviana, tan poco comprendida, a la que nos hemos referido en “La vigencia del programa económica de Rivadavia”, perseguía en parte el mismo fin que la política de colonización que impulsó, en medio de grandes dificultades, Justo José de Urquiza; poner la tierra a disposición de aquellos que quieran trabajarla para explotar los recursos naturales al servicio del progreso individual y social.  Las colonias fundadas por Urquiza, el lema de Alberdi “gobernar es poblar”, y el de Sarmiento “cien Chivilcoy” no surgen de la nada. Tienen antecedentes en proyectos pioneros de Rivadavia que brindaban amplios derechos a los inmigrantes. “A los extranjeros que se dediquen al cultivo de los campos se les dará terreno suficiente y se los auxiliará para sus primeros establecimientos rurales, y en el comercio de sus producciones”, firmaba Rivadavia en 1812 como Secretario del Primer Triunvirato. Luego como ministro de Martín Rodríguez y como Presidente impulsará su innovador y original sistema de enfiteusis. Los resultados, lo sabemos, no estuvieron a la altura de aquellas nobles aspiraciones, pero los fracasos y su abandono obedecen a otras causas y no a los sabios principios que inspiraron la iniciativa; tienen otros responsables, entre ellos Rosas, y Mitre, que llegó al dislate de calificar al sistema de “comunista”.  

A pesar de las aparentes diferencias políticas entre el “unitario” Rivadavia y el “federal” Urquiza, ambos compartieron una visión común para construir una Argentina moderna y progresista. La clave interpretativa de su legado radica en comprender que la contradicción fundamental en la Argentina del siglo XIX no estuvo en el conflicto entre unitarios y federales, sino en el desafío de transformar un territorio marcado por la anarquía y el caudillismo en una nación organizada y próspera, integrada al mundo, donde imperen la libertad y la igualdad.-  

 

Publicado en el diario La Calle el día 17 de Septiembre de 2023.-

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A CADA UNO LO SUYO

 

El impuesto único y el ingreso ciudadano como faros para una sociedad mejor

Por José Antonio Artusi

Los anarquistas decían "la propiedad es un robo". Los anarcocapitalistas dicen "los impuestos son un robo". Qué deberíamos decir los liberales progresistas?

Thomas Paine, un inglés republicano que participó en la Revolución Francesa y que terminó siendo uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, en su influyente obra "Los Derechos del Hombre," argumentó que la propiedad privada debería estar garantizada, y a su vez vinculada al bienestar general de la sociedad. Desde esta perspectiva, podríamos abogar por la idea de que la propiedad privada, adquirida mediante el trabajo honesto, en ningún caso es un robo, pero tampoco debería ser un escudo para el enriquecimiento injusto a expensas de otros. En “Justicia Agraria” Paine recuerda algo que es obvio, en los inicios de la civilización la tierra y los recursos naturales eran de todos, y en algún momento la apropiación por parte de algunos significó la desposesión de los demás. Por eso es que propone indemnizar esa expropiación original a través de un sistema universal de pensiones que hoy se reconoce como uno de los antecedentes más importantes de la idea del ingreso ciudadano o ingreso básico universal.

Para John Stuart Mill, el gran pensador liberal inglés del siglo XIX, podemos enfocarnos en la noción de "daño a los demás" como un principio rector. Esto significa que, si bien se reconoce la importancia de la propiedad privada, los individuos también tienen la responsabilidad de no dañar a otros a través de sus acciones económicas. Por lo tanto, los impuestos no serían necesariamente un "robo", sino una contribución justa para financiar los servicios públicos que benefician a la sociedad en su conjunto.

Henry George, olvidado economista norteamericano de fines del siglo XIX, propuso eliminar todos los impuestos menos uno, el único que no sería un “robo”, sino una recuperación legítima por parte del Estado del fruto del esfuerzo colectivo, el que grava las rentas del suelo libre de mejoras y los recursos naturales.

Recordemos a su vez que el ultraliberal Milton Friedman consideró que el impuesto propuesto por Henry George era el “menos malo” y propuso una ingeniosa idea como el impuesto negativo a la renta, que podría consistir en una de las maneras más sencillas de implementar un ingreso ciudadano.   

El ingreso ciudadano es un concepto que aboga por proporcionar a todos los ciudadanos un ingreso regular, universal, incondicional, individual y uniforme, independientemente de su situación económica o empleo. Esto se ve como una medida para garantizar un nivel básico de bienestar y aliviar la pobreza. Los defensores argumentan que empodera a las personas al darles una red de seguridad financiera, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre su trabajo y vida. También puede promover la igualdad de oportunidades al reducir las desigualdades económicas iniciales. Pero el concepto central es que no se trata de una dádiva ni de un subsidio, sino simplemente dar “a cada uno lo suyo”, la participación igualitaria en la renta de los bienes comunes, retomando la idea de la indemnización por la desposesión originaria esbozada por Thomas Paine. 

Cómo financiar un ingreso ciudadano? Las respuestas han sido múltiples y no descartan los ahorros que generaría al prescindir de programas sociales ineficientes que caen en la trampa de la pobreza. Pero la clave está en una reforma tributaria que combine mecanismos como el propuesto por Milton Friedman con el concepto de desgravar lo más posible los ingresos del trabajo y la inversión de capital y gravar sobre todo las rentas del suelo y los recursos naturales.

La idea detrás del impuesto al valor del suelo, sin tener en cuenta las mejoras ni construcciones, es gravar la valorización que se deriva de factores naturales y de las acciones de la comunidad en lugar de las inversiones y el esfuerzo individual. Se argumenta que puede promover un uso más eficiente del suelo y desalentar la especulación de la tierra, ya que los propietarios pagarían impuestos más altos si mantienen tierras improductivas o subutilizadas.

La complementariedad entre estos instrumentos podría abordarse desde varias perspectivas:

Reducción de Desigualdades: El ingreso ciudadano podría proporcionar un sustento básico a todos, mientras que el impuesto al suelo podría ayudar a financiar este programa gravando el valor de la tierra que se genera por el esfuerzo colectivo. Esto podría contribuir a reducir las desigualdades económicas.

Incentivo para el Uso Eficiente de la Tierra: El impuesto al suelo podría crear un incentivo para que los propietarios de tierras utilicen sus propiedades de manera más productiva, ya que pagarían impuestos relativamente más altos por mantener tierras improductivas. Esto podría promover un desarrollo urbano y rural más sostenible y eficiente.

Asequibilidad al suelo y la vivienda: un ingreso ciudadano que no estuviera complementado por un impuesto al valor del suelo podría generar, al fomentar la demanda, un aumento de los precios, y finalmente terminaría siendo un subsidio indirecto a los propietarios de suelo. Esto ya lo observó genialmente Winston Churchill en 1909.

Financiamiento Sostenible: El impuesto al suelo podría proporcionar una fuente de ingresos estable para financiar el ingreso ciudadano, lo que permitiría al gobierno mantener el programa sin recurrir a impuestos adicionales sobre el trabajo o el capital.

Justicia Fiscal: La combinación de ambas herramientas podría ser vista como una forma de justicia fiscal, ya que redistribuiría ingresos de manera más equitativa y gravaría los recursos naturales comunes.

En última instancia, la complementariedad de estas dos ideas podría proporcionar un enfoque equilibrado que busca abordar tanto la protección de los derechos individuales como la promoción de la justicia social y la eficiencia económica. La interacción entre estos dos conceptos es un tema fascinante que merece un debate y una exploración más profundos.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 10 de Septiembre de 2023.-

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RIVADAVIA AND URQUIZA, OR THE FALSE FUNDAMENTAL CONTRADICTION IN 19TH CENTURY ARGENTINA

By Jose Antonio Artusi

The Argentine history of the 19th century is marked by a series of conflicts and political tensions that have often been interpreted as the clash between unitarios and federales. However, a deeper, more structural look could reveal that the true fundamental contradiction underlying that time could be found in the dichotomy between "Civilization and Barbarism", a concept expressed by Sarmiento. In this context, Bernardino Rivadavia and Justo José de Urquiza, two key figures in Argentine history, emerge as characters who, despite their apparent, superficial political differences, shared a common vision to build a modern and progressive Argentina under the protection of a republican and liberal Constitution.

To understand the similarities between Rivadavia and Urquiza, it is essential to situate their actions in the historical context of 19th century Argentina. The nation was divided into opposing political factions, but the central conflict was not between unitaries and federals, but rather could be centered on the challenge of carrying out "Civilization" in a territory characterized by "Barbarism." Civilization represented the idea of ​​an organized State, with democratic institutions, promotion of public education and the establishment of a modern capitalist economy that left behind the colonial bases of monopoly and protectionism, while barbarism was associated with chaos, disorder, latifundia and backwardness, typical of feudal and authoritarian structures that have often been confused with the genuine flags of federalism. Rosas and Quiroga, federal impostors, embody the barbarism of the caudillo, authoritarian and fundamentalist reaction against the liberal and progressive dimension of the May Revolution. Artigas and Ramírez, with their shadows and their lights, beyond their errors, embody genuine popular and republican federalism.

In 1826, Bernardino Rivadavia promoted the creation of a national Constitution that sought to establish a representative and republican but centralized government, "in regime unity"; although it granted the provinces their own powers and certain autonomy. Although his proposal was rejected and his presidency brief, Rivadavia shared a clear vision of Argentina as a nation that yearned for progress and improvement. These policies sought to transform Argentina into a modern and progressive country.

On the other hand, Justo José de Urquiza played a fundamental role in the sanction of the national Constitution of 1853, which still governs Argentina today, beyond successive reforms, which did little to improve it. With federal roots, Urquiza was a pragmatic leader with great strategic vision, who understood the need for a united, organized and integrated nation, within and towards the world. The Constitution of 1853 reflected this balance by establishing a federal system with a strong central government and guaranteeing individual rights and broad civil and political liberties. Urquiza shared with Rivadavia the vision of promoting public education, secularism, immigration, colonization, agriculture, industry and free trade, all under the rule of law and the institutions of the Republic.

Someone as closely linked to Urquiza as Nicanor Molinas will say, regarding the fundamental coincidences between both constitutional texts, that “everything that our Constitution has innovated on the American model must be found in that Constitution of 1826. Everything that refers to declarations, rights and guarantees, to individual rights and collective rights, to civil rights and political rights, to the constitutional guarantees that protect them, everything that refers to the relations of the Legislature and the Executive,..., everything is taken, copied or traced from that executed Rivadavian Constitution of 1826.”

The little-understood Rivadavian emphyteusis, which we have referred to in “The validity of Rivadavia's economic program,” partly pursued the same goal as the colonization policy promoted, in the midst of great difficulties, by Justo José de Urquiza; make the land available to those who want to work it to exploit natural resources at the service of individual and social progress. The colonies founded by Urquiza, Alberdi's motto "to govern is to populate", and Sarmiento's "one hundred Chivilcoy" do not arise from nowhere. They have a history in pioneering projects that provided broad rights to immigrants. “Foreigners who dedicate themselves to the cultivation of the fields will be given sufficient land and will be assisted for their first rural establishments, and in the trade of their productions,” signed Rivadavia in 1812 as Secretary of the First Triumvirate. Then as Minister of Martín Rodríguez and as President he will promote his innovative and original emphyteusis system. The results, we know, did not live up to those noble aspirations, but the failures are due to other causes and not to the wise principles that inspired the initiative.

Despite the apparent political differences between the “unitary” Rivadavia and the “federal” Urquiza, both shared a common vision to build a modern and progressive Argentina. The key to interpreting his legacy lies in understanding that the fundamental contradiction in 19th century Argentina was not in the conflict between unitary and federal, but in the challenge of transforming a territory marked by barbarism and caudillism into an organized and prosperous nation, integrated into the world, and where freedom and equality prevail.-

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NO HAY LIBERTAD NI MERCADO EN EL CAOS Y LA ANARQUÍA: EL DELICADO EQUILIBRIO PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO

Por José Antonio Artusi

En el debate en torno a la relación entre el mercado y el Estado se ha planteado una dicotomía entre la libertad de mercado y la acción gubernamental en la administración del Estado. Sin embargo, esta polarización no captura la complejidad de la interacción necesaria entre ambos elementos para alcanzar un progreso económico sostenible y una sociedad más justa y armónica. La libertad de mercado es esencial para fomentar la innovación, la competencia y el crecimiento, pero su éxito depende en gran medida de la presencia de un Estado eficiente que establezca un marco normativo adecuado y garantice un funcionamiento equitativo. La sinergia entre el mercado y el Estado es fundamental para mantener un equilibrio que promueva la libertad integral, en sentido amplio, y el desarrollo económico y social.

La libertad de mercado en sentido amplio, en el sentido de asegurar la competencia, la iniciativa privada y la apertura a los mercados es un pilar central de las economías modernas de países desarrollados. Permite que las empresas compitan en igualdad de condiciones, lo que estimula la innovación y la mejora constante de productos y servicios. Además, crea oportunidades para el emprendimiento y la inversión, lo que a su vez genera empleo y crecimiento económico. La capacidad de los individuos para tomar decisiones sobre cómo invertir, producir y consumir es fundamental para impulsar la prosperidad en una sociedad. A su vez, la ampliación de los mercados en el marco de la globalización brinda economías de escala y acceso a demandantes de gran poder adquisitivo, con la consiguiente mejora en la eficiencia y productividad de los actores económicos.

Pero es importante enfatizar que aunque la libertad de mercado es vital, su pleno potencial solo puede alcanzarse con un Estado eficiente que establezca y haga cumplir reglas claras y equitativas. El Estado tiene el papel de garantizar la competencia leal, prevenir abusos de poder y proteger los derechos de los consumidores. Sin regulaciones adecuadas, los mercados pueden volverse volátiles y propensos a crisis financieras que afectan a la estabilidad económica. Debe además el Estado brindar seguridad jurídica, previsibilidad y políticas tributarias inteligentes que premien el trabajo y la inversión de capital, y que castiguen la especulación y la apropiación rentística por parte de privados de toda valorización generada por el esfuerzo colectivo.   

La austeridad en el gasto público es otro componente esencial de este equilibrio. Un Estado que opera con eficiencia también debe ser responsable financieramente para evitar el agotamiento de recursos, el déficit fiscal y la inflación crónica que lamentablemente sufrimos en nuestro país, que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, la austeridad no debe significar la eliminación de inversiones en educación, salud, infraestructura y programas sociales universales que son fundamentales para el desarrollo a largo plazo, dada la relevancia del capital humano en la economía del conocimiento, cada vez más relevante. Un Estado austero, moderno, e innovador debe priorizar la asignación inteligente de recursos en áreas críticas mientras reduce el derroche y la burocracia innecesaria.

Casos históricos ofrecen ejemplos claros de cómo la relación entre el mercado y el Estado puede impulsar o entorpecer el progreso económico. Por un lado, naciones con un Estado robusto y regulaciones efectivas, como los países nórdicos europeos, han logrado altos niveles de bienestar y desarrollo humano. Por otro lado, situaciones en las que el Estado es ineficiente o está sometido a corrupción, como en algunos países atrasados, pueden frenar el crecimiento y perpetuar desigualdades.

El equilibrio entre la libertad de mercado y un Estado eficiente es fundamental para el progreso económico y la prosperidad. La libertad de mercado fomenta la innovación y el crecimiento, pero requiere un marco regulatorio sólido y una vigilancia gubernamental para funcionar de manera justa. La austeridad en el gasto público es esencial para la sostenibilidad financiera, pero debe aplicarse con cuidado para no comprometer inversiones críticas en el futuro. La interacción equilibrada entre el mercado y el Estado es un recordatorio de la complejidad inherente a la construcción y el mantenimiento de sociedades prósperas, democráticas, justas e igualitarias.

No hay libertad ni posibilidades de progreso y desarrollo en la anarquía, sino en el orden y el equilibrio garantizados por la vigencia plena de las instituciones de nuestro sabio texto constitucional gestado en 1853.-   

 

Publicado en el diario La Calle el día 3 de Septiembre de2023.-

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TO EACH HIS OWN

By José Antonio Artusi

The anarchists said "property is theft." The anarcho-capitalists say "taxes are theft." What should we progressive liberals say?

Thomas Paine, an English Republican who participated in the French Revolution and who ended up being one of the founding fathers of the United States, in his influential work "The Rights of Man," argued that private property should be guaranteed, and in turn linked to the general welfare of society. From this perspective, we could advocate the idea that private property, acquired through honest work, is in no way theft, but neither should it be a shield for unjust enrichment at the expense of others. In "Agrarian Justice" Paine recalls something that is obvious, at the beginning of civilization the land and natural resources belonged to everyone, and at some point the appropriation by some meant the dispossession of others. That is why he proposes to compensate that original expropriation through a universal pension system that today is recognized as one of the most important antecedents of the idea of citizen income or universal basic income.

For John Stuart Mill, the great English liberal thinker of the 19th century, we can focus on the notion of "harm to others" as a guiding principle. This means that while the importance of private property is recognized, individuals also have a responsibility not to harm others through their economic actions. Thus, taxes would not necessarily be "theft" but rather a fair contribution to finance public services that benefit society as a whole.

Henry George, forgotten American economist from the end of the 19th century, proposed eliminating all taxes except one, the only one that would not be a "theft", but a legitimate recovery by the State of the fruit of collective effort, the one that taxes the income of the unimproved soil and natural resources.

Let us remember in turn that the ultraliberal Milton Friedman considered that the tax proposed by Henry George was the "least bad" and proposed an ingenious idea such as the negative income tax, which could consist of one of the simplest ways to implement an income citizen.

Citizen income is a concept that advocates providing all citizens with a regular, universal, unconditional, individual and uniform income, regardless of their economic situation or employment. This is seen as a measure to ensure a basic level of well-being and alleviate poverty. Proponents argue that the UBI empowers people by giving them a financial safety net, allowing them to make more informed decisions about their work and life. It can also promote equality of opportunity by reducing initial economic inequalities. But the central concept is that it is not a gift or a subsidy, but simply giving "to each his own", the equal participation in the rent of common goods, retaking the idea of compensation for original dispossession outlined by Thomas Paine.

How to finance a citizen income? The responses have been multiple and do not rule out the savings that would be generated by dispensing with inefficient social programs that fall into the poverty trap, but in no case can a tax reform be dispensed with that combines mechanisms such as the one proposed by Milton Friedman with the concept of deduct income from work and capital investment as much as possible and tax rents from land and natural resources.

The idea behind the land value tax, regardless of improvements or construction, is to tax the appreciation that derives from natural factors and community actions instead of individual investment and effort. It is argued that it can promote more efficient land use and discourage land speculation, as landowners would pay higher taxes if they keep land unproductive or underutilized.

The complementarity between these instruments could be approached from several perspectives:

Reduction of Inequalities: The citizen income could provide a basic income to all citizens, while the land tax could help finance this program by taxing the value of the land that is generated by the collective effort. This could contribute to reducing economic inequalities.

Incentive for Efficient Land Use: The land tax could create an incentive for landowners to use their properties more productively, since they would pay relatively higher taxes for holding unproductive land. This could promote more sustainable and efficient urban development.

Affordability of land and housing: a citizen income that was not complemented by a land value tax could generate, by promoting demand, an increase in prices, and would ultimately end up being an indirect subsidy to land owners. This was already brilliantly observed by Winston Churchill in 1909.

Sustainable Financing: The land tax could provide a stable revenue source to finance citizen income, allowing the government to sustain the program without resorting to additional taxes on labor or capital.

Tax Justice: The combination of both tools could be seen as a form of tax justice, since it would redistribute income more equitably and tax common natural resources.

Ultimately, the complementarity of these two ideas could provide a balanced approach that seeks to address both the protection of individual rights and the promotion of social justice and economic efficiency. The interplay between these two concepts is a fascinating topic that deserves further discussion and exploration.-

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LAS FALACIAS ANARCOCAPITALISTAS (MAL LLAMADAS LIBERALES)

Por José Antonio Artusi

En el mundo de la economía, las teorías y las ideologías a menudo chocan en la búsqueda de soluciones para los desafíos fiscales y socioeconómicos. Uno de los debates perennes es el relativo a los impuestos y la reforma tributaria. En este contexto, el economista anarcocapitalista Murray Rothbard (1926-1995) ha argumentado en contra de la imposición de tributos, sugiriendo en su lugar una eliminación completa o drástica de los impuestos. Sin embargo, sus postulados - extrañamente en boga en Argentina y no aplicados por ningún país desarrollado - pasan por alto una alternativa arraigada en la historia del pensamiento económico liberal: la tributación al valor del suelo libre de mejoras.

Rothbard argumenta que cualquier forma de tributación es una coerción indebida sobre la propiedad y que la tributación del valor del suelo es en esencia un robo. Sin embargo, este argumento pasa por alto el hecho de que los aumentos en los valores del suelo no se deben a esfuerzos que pueda hacer el propietario sino a acciones de la comunidad, ya sea en obras o servicios públicos o privados. Es por ello que no recuperar por el Estado de alguna manera ese incremento constituye un “regalo” absolutamente injustificado y perjudicial para la sociedad en su conjunto.    

Murray Rothbard argumenta que un impuesto basado en el valor del suelo libre de mejoras es impracticable debido a la dificultad de valorar el suelo y las potenciales distorsiones. Sin embargo, este argumento pasa por alto los avances tecnológicos en la valoración del suelo y la realidad de su presencia en las tasaciones de bienes raíces. Además, diversos economistas desde Henry George hasta la actualidad han propuesto sistemas efectivos para implementar este tipo de impuesto, basados en tasaciones regulares y transparentes, combinado con la eliminación de la mayoría de los demás impuestos regresivos y distorsivos. En la versión ideal de Henry George, expuesta en su obra “Progreso y Miseria”, se trata en realidad de un “impuesto único”, que sustituye todos los demás tributos. La tributación al valor del suelo, debe recordarse, recae sobre un recurso fijo y no desplaza la producción ni la inversión, evitando distorsiones en la economía.

El liberalismo económico clásico, respaldado por pensadores como Adam Smith y John Stuart Mill, sugiere que las contribuciones al bienestar colectivo a través de impuestos son justificables, siempre y cuando se realicen de manera eficiente y equitativa. Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, reconoció la necesidad de financiar el gobierno a través de impuestos. Smith argumentó que la tributación al valor del suelo era un enfoque justo y menos perjudicial para la economía, ya que el valor del suelo no se debe al esfuerzo humano sino a factores naturales y la ubicación. Esto evita distorsiones y desincentivos en la inversión y el trabajo. A menudo citado por los defensores del anarcocapitalismo, Smith abogaba por la justicia tributaria y cuestionaba los impuestos que afectaban negativamente la economía. En este sentido, la tributación al valor del suelo libre de mejoras sigue esta lógica. David Ricardo y John Stuart Mill también expresaron su apoyo a la idea de gravar la renta del suelo.

Henry George, un economista del siglo XIX, propuso la idea de gravar únicamente el valor del suelo sin mejoras. George creía que esto era una forma justa de financiar el gobierno y prevenir la concentración de la riqueza, ya que el valor del suelo es el resultado de la comunidad y la ubicación, no del esfuerzo individual. Su enfoque tiene un fuerte respaldo teórico en la tradición liberal. George argumentaba que este impuesto era el único medio de garantizar un acceso justo a la tierra, desalentando la especulación y fomentando la producción.

Incluso economistas neoliberales del siglo XX, como Milton Friedman, reconocen que algunos impuestos son inevitables, pero deben ser diseñados de manera que causen el menor daño posible a la economía. En esta línea, el impuesto al valor del suelo libre de mejoras emerge como la opción "menos mala" al no distorsionar la actividad económica y alentar un uso eficiente de los recursos. Más recientemente, Mason Gaffney, Fred Foldvary y Fred Harrison son ejemplos de economistas contemporáneos que respaldan la tributación al valor del suelo como una forma de abordar desigualdades y promover una economía más equitativa y estable. Sus investigaciones sostienen que este enfoque puede generar ingresos públicos sin afectar la inversión y la producción.

Contrario a las afirmaciones de Rothbard, la tributación al valor del suelo libre de mejoras no solo es factible, sino que también es eficiente y equitativa. A diferencia de los impuestos que gravan el trabajo o la inversión, este impuesto no desincentiva la producción ni la inversión, ya que no penaliza el esfuerzo individual. Además, al capturar el valor creado por la sociedad y la ubicación, este enfoque promueve un reparto más equitativo de la riqueza generada por la comunidad.

Estas falacias anarcocapitalistas carecen de fundamento en la evidencia histórica y en la lógica económica. La propuesta de un impuesto al valor del suelo libre de mejoras tiene una sólida base liberal y está respaldada por destacados economistas a lo largo de la historia y en la actualidad. Como alternativa "menos mala", sustitutiva de gabelas que sólo castigan el trabajo y la inversión, y fomentan la especulación, este enfoque podría desempeñar un papel crucial en la creación de sistemas tributarios más justos y eficientes.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 27 de Agosto de 2023.-  

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EL OTRO CHURCHILL

Por José Antonio Artusi

Winston Churchill nació en Woodstock el 30 de Noviembre de 1874 y murió en Londres, el 24 de Enero de 1965.

Churchill fue miembro del Parlamento británico casi ininterrumpidamente desde 1900 a 1964, con la única y breve excepción del período 1922 – 1924. Es recordado sobre todo por su pertenencia al Partido Conservador, pero tuvo un paso por el Partido Liberal entre 1904 y 1924.    

Winston Churchill es ampliamente conocido por su papel como líder durante la Segunda Guerra Mundial, con un rol clave en el triunfo de las fuerzas aliadas contra el nazi-fascismo, pero su legado como dirigente liberal y defensor de políticas progresistas a menudo queda en segundo plano. Uno de los momentos cruciales en su carrera política fue su apoyo al Presupuesto del Pueblo en 1909 y su propuesta de implementar un impuesto al valor del suelo libre de mejoras. Estas medidas no solo reflejaron su compromiso con la equidad social, sino que también sentaron las bases para discusiones y políticas fiscales futuras.

A principios del siglo XX, el Reino Unido enfrentaba desafíos económicos y sociales significativos. La pobreza y la desigualdad eran rampantes, y la financiación para programas de bienestar y servicios públicos era insuficiente. En este contexto, el Presupuesto del Pueblo, presentado en 1909 por el entonces Ministro de Hacienda, David Lloyd George, y apoyado firmemente por Churchill, buscaba reformar el sistema fiscal británico para financiar políticas sociales y reducir las desigualdades económicas.

Uno de los aspectos más destacados del Presupuesto del Pueblo fue la propuesta de implementar un impuesto al valor del suelo libre de mejoras, siguiendo las ideas de economistas liberales tales como Adam Smith, David Ricardo y Henry George. Más tarde, Milton Friedman dirá que lo consideraba el menos malo de los impuestos. Esta idea, que Churchill respaldó de manera enérgica, buscaba gravar el valor no de las construcciones o mejoras en el terreno, sino del propio suelo en función de su ubicación y potencial de desarrollo. Esta medida tenía como objetivo redistribuir la riqueza y reducir las brechas económicas al imponer una carga más equitativa sobre los contribuyentes, recuperando y reinvirtiendo la valorización del suelo generada por la acción de la comunidad.

La propuesta generó un intenso debate tanto en el Parlamento como en la sociedad en general. Churchill defendió la medida no solo por su potencial para generar ingresos fiscales necesarios para financiar programas sociales, sino también por su capacidad para desincentivar la especulación inmobiliaria y promover un desarrollo urbano planificado y sostenible. Aunque la medida no se implementó en su totalidad en ese momento, sentó las bases para futuras discusiones sobre la equidad fiscal y el desarrollo urbano.

La defensa de Churchill del Presupuesto del Pueblo y su propuesta de impuesto al valor del suelo libre de mejoras subrayan su compromiso con los principios auténticamente liberales y su visión de un gobierno responsable de abordar las desigualdades y promover el bienestar social. A pesar de la controversia y las críticas que enfrentó, y aún a pesar de su propia deriva conservadora posterior, su defensa apasionada de estas medidas en ese momento resalta su dedicación a construir una sociedad más justa y equitativa, y mantiene plena vigencia.  

Recordémoslo con sus propias palabras, en fragmentos de un discurso que brindó el 17 de Julio de 1909 en el King's Theatre de Edimburgo:

“Es muy cierto que los incrementos no ganados en los valores del suelo no son la única forma de ganancia no ganada o inmerecida que los individuos pueden obtener; pero es la principal forma de incremento no ganado que se deriva de procesos que no sólo no son beneficiosos, sino que son positivamente perjudiciales para el público en general.

La tierra, que es una necesidad de la existencia humana, que es la fuente original de toda riqueza, que está estrictamente limitada en extensión, que está fijada en una posición geográfica. La tierra, digo, difiere de todas las demás formas de propiedad en estas condiciones primarias y fundamentales.

Espero que se entienda que, cuando hablo del monopolista de la tierra, me refiero más al proceso que al terrateniente individual. No deseo someter ninguna clase a la desaprobación pública. No creo que el hombre que hace dinero por incrementos no ganados en el valor del suelo sea moralmente peor que cualquier otro que recoge su ganancia donde la encuentra en este duro mundo bajo la ley y según el uso común. No es al individuo al que ataco, es al sistema. No es el hombre el que es malo, es la ley la que es mala. No es el hombre el culpable de hacer lo que la ley permite y lo que hacen los demás hombres, es el Estado el que sería censurable si no se esforzara por reformar la ley y corregir la práctica. No queremos castigar al propietario. Queremos cambiar la ley”.-

 

Publicado en el diario La Calle el día 20 de Agosto de 2023.-

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ONÉSIMO LEGUIZAMÓN

Por José Antonio Artusi

Onésimo Leguizamón nació en Gualeguay, Entre Ríos, el 15 de febrero de 1839 y murió en Buenos Aires el 20 de agosto de 1886.

Su padre fue el coronel Martiniano Leguizamón, que sirvió a las órdenes de Justo José de Urquiza, y su madre Paula Rodríguez, vinculada con lazos de parentesco con Francisco Ramírez. Sus hermanos Honorio y Martiniano tuvieron una destacada actuación en el campo educativo y literario respectivamente. Estudió en el Colegio del Uruguay. La leyenda señala que el propio Justo José de Urquiza hizo bolear su caballo cuando el joven Onésimo huía del colegio, procurando volver a la tranquilidad de su hogar. Siendo muy joven pudo estudiar en Europa gracias a una beca otorgada por el entonces Presidente Urquiza.

Tras el magnicidio de Urquiza Onésimo Leguizamón se opuso la elección de Ricardo López Jordán como gobernador y debió exiliarse en Buenos Aires. En 1870 intentó sin éxito buscar un acuerdo entre el gobierno nacional y el provincial, procurando el retiro de las fuerzas federales del territorio entrerriano, la no injerencia del gobierno nacional en la elección del gobernador; y la intervención de una nación amiga para garantizar las condiciones del acuerdo.

A pesar de su temprana muerte a los 47 años Onésimo Leguizamón tuvo una destacada e intensa actuación pública, como jurista, docente, periodista, escritor, y político; llegando a ocupar numerosas responsabilidades: secretario del Consejo de Instrucción Pública de Entre Ríos, diputado provincial, Ministro de Justicia e Instrucción Pública durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, entre 1874 y 1877, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 1877 y 1882, Presidente del Congreso Pedagógico, interventor en la Provincia de Catamarca, fundador y director del diario La Razón, y diputado nacional en tres oportunidades . En este último rol le tocó ser el gran defensor del proyecto que terminaría siendo, en 1884, la ley 1420 de educación común, laica, pública, gratuita y obligatoria, uno de los pilares de la Argentina moderna y republicana. El presidente y el ministro que firmaron el decreto promulgando esa ley, el 8 de Julio de 1884, habían sido, como Leguizamón, alumnos del histórico Colegio del Uruguay fundado por Urquiza, el primero laico del país: Julio Argentino Roca y Eduardo Wilde.    

Antes, como Ministro de Justicia e Instrucción Pública, tal como recuerda la Corte Suprema de Justicia en su reseña biográfica, “reorganizó y creó escuelas normales de mujeres, hizo una reforma del plan de estudios de los colegios nacionales, instituyó la Comisión Nacional de Escuelas y reglamentó el funcionamiento de las escuelas de agronomía. También inició un plan general para la educación común y señaló como bases fundamentales la división en grados, la instrucción obligatoria y el fondo escolar independiente, propiciando la secularización de la enseñanza y el desarrollo de la estadística escolar”.

En 1886 se encaminaba a ser candidato a gobernador de Entre Ríos y su muerte nos privó de lo que habría sido seguramente una administración extraordinariamente progresista. Sus condiciones, su formación y su experiencia así lo señalaban, pero el destino quiso otra cosa.  

A pesar de su enorme significación histórica, la figura de Onésimo Leguizamón permanece bastante olvidada y desconocida. Fue un gran impulsor de la educación pública, a punto tal de hacer confesar sus celos a Sarmiento: “tanto veo que elogian sus trabajos de educación, que empiezo a ponerme celoso”. En la hora dolorosa de su despedida final Eduardo Wilde dijo de él: "El aula de los colegios, la cátedra universitaria, la tribuna del parlamento, el gabinete ministerial, la alta magistratura, el foro y la prensa, repiten aún los ecos de su palabra honrada y laboriosa … Ha llevado su tarea en la tierra con honradez, con brillo y con talento. Apenas cabe en la extensión de su corta vida la abundancia de su trabajo. Fue el ardiente propagandista de las ideas avanzadas, el temible campeón de la libertad de conciencia y de los luminosos principios que abren las puertas de la Nación al progreso del mundo”. Avellaneda lo llamó “maestro de maestros”.

A poco de cumplirse 137 años de su muerte, recordemos y honremos a Onésimo Leguizamón rescatando del olvido sus propias palabras, en los memorables debates legislativos que antecedieron a la sanción de la ley 1420: 

“Sólo la educación forma a los pueblos, sólo la educación da carácter a sus resoluciones, sólo ella dirige de una manera segura el rumbo de sus destinos. Sólo los pueblos educados son libres. Tratándose de un gobierno como el nuestro, es decir un gobierno de forma republicana representativa, este principio es todavía más estricto y apremiante en sus conclusiones lógicas. No es posible, Señor Presidente, comprender siquiera las ventajas del sistema representativo republicano si el pueblo que lo ha de practicar es un pueblo inconciente de sus destinos y de sus derechos… Si la Constitución Argentina es tolerante, la escuela tiene necesariamente que ser tolerante. Si la Constitución ha proclamado la libertad más absoluta de conciencia para los ciudadanos, la escuela no puede venir a alterar los principios de la Constitución borrándolos en la práctica y a hacer obligatoria la enseñanza de una religión determinada en esa escuela a la que concurren los hijos de todos los habitantes…”.-      

 

Publicado en el diario La Calle el día 13 de Agosto de 2023.-

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JOHN STUART MILL

Por José Antonio Artusi

John Stuart Mill nació en Londres el 20 de mayo de 1806 y murió en Aviñón, Francia, el 8 de mayo de 1873. Fue un filósofo, político y economista británico, y se lo reconoce como uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico.

Defensor de las libertades individuales, feminista y antiesclavista, Mill es una figura intelectual cuya obra sigue siendo relevante en el siglo XXI. Sus ideas sobre la libertad continúan teniendo vigencia en el debate contemporáneo sobre el funcionamiento adecuado de las sociedades y las economías, y pueden servir como argumentos para rescatar al genuino liberalismo de las garras del conservadorismo reaccionario y de las falacias de las doctrinas económicas neoclásicas, teniendo como  Norte el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

Uno de los pilares fundamentales de la filosofía política de John Stuart Mill es la defensa de la libertad política. John Stuart Mill abogaba por la protección de las libertades individuales, la libertad de expresión y el derecho a disentir de las ideas dominantes. En el siglo XXI, estas ideas siguen siendo esenciales en un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado.

En la era de la información, la libertad de expresión y el acceso a la información son fundamentales para el desarrollo de una sociedad informada y participativa. No es descabellado aseverar que Mill argumentaría que la censura y la restricción del flujo de información son contrarias al progreso humano y coartan la capacidad de los individuos para tomar decisiones informadas y responsables.

Además, la protección de los derechos individuales frente a la tiranía de la mayoría sigue siendo un tema relevante en la actualidad. Mill sostenía que incluso si la mayoría de la sociedad apoya una determinada idea o política, si esta vulnera los derechos fundamentales de una minoría, debe ser rechazada. Esta visión es esencial en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

John Stuart Mill es ampliamente considerado como un economista clásico, junto con otros grandes pensadores como Adam Smith y David Ricardo. Los economistas contemporáneos han reconocido su papel en la síntesis y refinamiento de las ideas económicas clásicas. Mill tomó las ideas de sus predecesores y las desarrolló en su propia teoría económica, centrándose en temas como el valor, la distribución de la riqueza y el papel del gobierno en la economía.

En materia económica, las ideas de Mill siguen siendo valiosas y necesarias. Era un defensor de un capitalismo basado en la competencia y la libertad de mercado, en lugar de uno caracterizado por el monopolio y la especulación. En este sentido, consideraba que la especulación con los valores del suelo era uno de los males del capitalismo rentista y debía ser limitada para fomentar una economía más justa y equitativa.

En el siglo XXI, el capitalismo rentista se ha convertido en una preocupación relevante, con el aumento de la concentración de la riqueza y el poder económico en manos de unos pocos. La especulación y la extracción de rentas del suelo y de otros recursos naturales, privatizando en beneficio de unos pocos el producto del esfuerzo de la comunidad en su conjunto, han llevado a desigualdades crecientes y a la exclusión de amplios sectores de la sociedad en muchos países, incluso en los más desarrollados. Podemos recordar que Mill argumentaba que una economía basada en la libre competencia y la igualdad de oportunidades es fundamental para garantizar el bienestar tanto de los empresarios como de los trabajadores, y que descreía a su vez de las teorías comunistas y colectivistas porque precisamente destruían la libertad y los beneficios en términos de eficiencia de mercados transparentes, libres y competitivos. 

La siguiente frase de John Stuart Mill es elocuente en relación a su pensamiento:

“La tierra es limitada en cantidad, mientras que la demanda por ella, en una país próspero, está en constante crecimiento. La renta, por lo tanto, y el precio, que depende de la renta, aumenta progresivamente, no debido a ningún esfuerzo ni inversión del propietario, en cuyo caso no deberíamos hacer ninguna objeción, sino por el mero crecimiento de la riqueza y la población. Los ingresos de los propietarios del suelo crecen mientras están durmiendo, gracias a la prosperidad general producida por el trabajo y las inversiones de otras personas”.  

En línea con las ideas de Mill, es necesario promover políticas que fomenten la libre competencia que estimula la innovación, aumenta la calidad de los productos y servicios, y reduce los precios para el consumidor. Además, la promoción de la libre competencia beneficia tanto a los empresarios como a los trabajadores. Los verdaderos empresarios, no los seudo empresarios de la patria contratista o los que cazan en el zoológico al amparo de absurdas protecciones, tienen la oportunidad de competir en igualdad de condiciones, lo que estimula la creatividad y la eficiencia. Por otro lado, los trabajadores se benefician de la creación de empleo y de productos más baratos.

Las ideas de John Stuart Mill sobre la libertad política y económica y la oposición tanto  contra el capitalismo rentista como contra el colectivismo estatista siguen siendo relevantes en el siglo XXI. La protección de las libertades individuales, la promoción de la libre competencia y el combate contra la especulación y los monopolios son fundamentales para construir una sociedad más justa, equitativa y próspera. Siguiendo el legado de Mill podemos encontrar inspiración para trabajar por un mundo en el que todos tengan libertad e igualdad de oportunidades para alcanzar su máximo potencial.-   

Publicado en el diario La Calle el día 6 de Agosto de 2023.- 

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